Ernesto Josafat Ruiz Gutierrez
Expediente 325/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 325/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ernesto Josafat Ruiz Gutierrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto; agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, ambos signados por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, a través de los cuales, en lo medular se informa que el titular de ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado, para conocer de la demanda de amparo que dio origen al juicio de garantías 325/2019-VII-B, del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente cuaderno como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por ultimo como lo dispone el Punto Vigésimo, fracción I, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, deberá procederse a su destrucción.
- Principal
Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, mediante el cual, en atención al requerimiento que le fue formulado por oficio 5887/2019-VII-B, de dieciséis de abril del año en curso, informa que los autos del juicio de amparo 325/2019-VII-B, del que deriva el cuaderno en que se actúa, fueron turnados al Juzgado Tercero de Distrito con sede en esa ciudad, en razón de que este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías con que se formó ese expediente; y para acreditar su dicho, remite copia de la boleta de turno correspondiente al indicado juicio de amparo. Por lo anterior, atentamente solicítese al aludido homólogo federal se sirva informar si aceptó o no la competencia declinada en el referido juicio de garantías, para estar en posibilidad de proveer lo que en derecho corresponda dentro de los presentes autos.
- Principal
SE REMITE EN INCOMPETENCIA
- Principal
MESA VII SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE: Vista la demanda de garantías formulada por Ernesto Josafat Ruíz Gutiérrez, contra actos del Juez Primero del Ramo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Mérida; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, y regístrese con el número 325/2019-VII-B. INCOMPETENCIA Las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia; por tanto, se debe establecer si este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, tiene competencia legal o no, para conocer de la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con el artículo 37, de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías, por las razones siguientes: El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente:. Por su parte, el artículo 37, de la Ley de Amparo, establece:. De las hipótesis normativas que dichos preceptos prevén, se colige que la competencia por razón del territorio de un Juez de Distrito se determina de acuerdo con tres reglas, a saber: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, y c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior se advierte que para establecer la competencia de un juez de distrito, cuando el acto reclamado conlleva ejecución material, debe atenderse al lugar en que se materializa o se pretende hacerlo. Así, la ejecución material debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio palpable, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende sólo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En ese orden de ideas, se concluye que lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamados no requieren ejecución material y, lo que hace la diferencia entre aquéllas (primera y segunda), no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora bien, se tiene que, en el caso, el quejoso Ernesto Josafat Ruíz Gutiérrez reclama del Juez Primero del Ramo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Mérida, lo siguiente: ".De la Autoridad señalada como responsable, reclamo La orden de Inmovilización y/o de Congelar, la cuenta Número: 25600238743, Clave Interbancaria (CLABE) 044910253662387430, de la Sucursal 17003, de la Institución de Crédito SCOATIABANCK INVERLAT, S.A., dictada dentro del expediente Ejecutivo Mercantil Número de Expediente 369/2019, que es propiedad del suscrito, sin respetar la garantías y derechos humanos de audiencia." Al respecto, cabe precisar que el embargo de una cuenta bancaria tiene eficacia necesariamente en el lugar en que se materializa o ejecuta el mandamiento relativo, es decir, el lugar en que se encuentre la sucursal bancaria que corresponde a la cuenta; lo anterior es así, pues la orden de embargo no produce por sí misma un cambio material en el orden fáctico, dado que con ella no se ve modificada la situación del particular, sino que es hasta el momento en que propiamente se realiza el embargo en la sucursal correspondiente, cuando se actualiza dicho perjuicio. En esa misma línea se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 70/2011, en la que sostuvo lo siguiente: ".En ese sentido, cabe concluir que para determinar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer del juicio de amparo promovido contra los artículos 40, fracción III, y 145-A del Código Fiscal de la Federación que autorizan el aseguramiento de bienes, con motivo de su aplicación consistente en la orden de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución material verificada en una misma localidad, debe atenderse al lugar en que tiene ejecución tal mandato, y no al de su emisión. Consecuentemente, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, debe fincarse a favor del Juez del lugar en que se materialice la orden, pues ahí es donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo fáctico. Por otra parte, debe significarse que si bien técnicamente en el caso no puede aplicarse el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se está en la hipótesis de que el acto reclamado haya comenzado a tener ejecución en un distrito y siga ejecutándose en otro, puesto que las consecuencias de las órdenes de aseguramiento de cuentas bancarias se materializaron en un mismo lugar, sí puede ser útil la regla que contiene relativa a que cuando sean competentes varios Jueces de Distrito por la naturaleza misma de la ejecución material, cualquiera de ellos, a prevención, conocerá de la demanda, cuando la orden de aseguramiento se materialice en diversos lugares. Lo anterior obedece a que el primero que haya conocido de la demanda con semejantes matices y que tenga jurisdicción sobre alguno de los lugares en donde se materialice la orden de aseguramiento, puede conocer de ella, en comunión con el principio de concentración que campea en el juicio de amparo; de lo contrario, el particular tendría que controvertir la ejecución ante cada Juez de Distrito en donde se ubiquen las cuentas embargadas o inmovilizadas. En otras palabras, se obligaría a presentar innecesariamente múltiples demandas de amparo sobre una misma orden de aseguramiento, con los inconvenientes no sólo económicos sino jurídicos que con ello pudieran generarse como el dictado de sentencias opuestas o la solución jurídica diversa sobre un mismo problema de derecho, que justifica que la competencia recaiga en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute la orden de aseguramiento, a prevención, es decir, que haya conocido inicialmente del juicio de amparo y al mismo tiempo deba tener ejecución el mandato de aseguramiento." De lo anteriormente destacado, se advierte que en dicha contradicción de tesis la aludida Segunda Sala del Máximo Tribunal del País analizó la competencia para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida contra los artículos 40, fracción III, y 145 A del Código Fiscal de la Federación, que autorizan el aseguramiento de bienes, con motivo de su aplicación consistente en la orden de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución material verificada en una misma localidad, concluyendo que para determinar la competencia debe atenderse al lugar en que tiene ejecución tal mandato, y no al de su emisión. De ahí que, estimó la Superioridad, la competencia para conocer de la demanda de amparo, debe fincarse a favor del juez de distrito del lugar en que se materialice la orden, pues en éste es donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo fáctico. De igual forma, señaló, que si bien técnicamente en el caso no puede aplicarse el párrafo segundo del artículo 36, de la abrogada Ley de Amparo -texto similar al segundo párrafo del artículo 37, del ordenamiento en vigor-, en virtud de que no se está en la hipótesis de que el acto reclamado haya comenzado a tener ejecución en un distrito y siga ejecutándose en otro, puesto que las consecuencias de las ordenes de aseguramiento de cuentas bancarias se materializaron en un mismo lugar, sí puede ser útil la regla que contiene relativa a que cuando sean competentes varios jueces de distrito por la misma naturaleza de la ejecución material, cualquiera de ellos, a prevención conocerá de la demanda, cuando la orden de aseguramiento se materialice en varios lugares. Ello lo estimó así, porque el juzgador que primero que haya conocido de la demanda con semejantes matices y que tenga jurisdicción sobre alguno de los lugares en donde se materialice la orden de aseguramiento, puede conocer de ella, en comunión con el principio de concentración que impera en el juicio de amparo; de lo contrario, el particular tendría que controvertir la ejecución ante cada Juez de Distrito en donde se ubiquen las cuentas embargadas o inmovilizadas. En otras palabras, en dicha contradicción de tesis la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que cuando se reclama un aseguramiento o embargo de una cuenta bancaria, no se está en la hipótesis de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y continúe en otro, es decir, que sea de tracto sucesivo, sino que dicho acto se materializa en un sólo lugar. De ahí que sea dable concluir que la regla de competencia que establece que cuando el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el Juez de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, es decir, el que conozca a prevención, sólo se actualiza cuando se embargan varias cuantas bancarias que se ubican en diversos lugares. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que en la especie el acto reclamado destacado se hace consistir en la orden de embargo e inmovilización de la cuenta bancaria ****, con clabe interbancaria ****, de la institución bancaria Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, y su ejecución; mandamiento que, afirma el impetrante, fue emitido en el juicio ****, del índice del juzgado responsable. Controvertido al que aduce el disconforme no haber sido formalmente llamado y de cuya existencia tuvo conocimiento el veintiuno de marzo del año en curso, al acudir a una sucursal de la referida institución bancaria Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, ubicada en Tampico, Tamaulipas, en donde le informaron que no podía realizar transacción alguna debido a que la misma se encontraba inmovilizada con motivo de la orden de embargo que reclama. . Asimismo, de dicho libelo se aprecia que, a consideración del quejoso, este Juzgado de distrito resulta competente para conocer del presente asunto, debido a que su domicilio se encentra ubicado en ".****, y tratándose de actos que no requieran ejecución material, como es el caso, en que se realiza mediante un sistema electrónico, es juez de distrito competente ante quien se presente la Demanda." Por otra parte, para acreditar la titularidad de la referida cuenta banacaria, el promovente anexó a su demanda de amparo una impresión del estado de la referida cuenta bancaria, relativo al periodo comprendido del veinticinco de enero al veinticinco de febrero de dos mil diecinueve; documental a la que se le concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículo 79, 197 y 203, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley del Amparo, de la cual se advierte que la sucursal de la cuenta bancaria que defiende la parte quejosa en su demanda de amparo, es la identificada con el número 1****, de a la aludida institución financiera, la cual se encuentra ubicada en la calle ****, número ****, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Sobre esa base, se desprende que el acto que se reclama por esta vía, es de naturaleza positiva, entendiéndose como tales, aquellos que para perfeccionarse y crear plenamente sus consecuencias jurídicas, el órgano de gobierno tiene ante sí un hacer derivado del mismo acto reclamado. Asimsimo, se advierte que la cuenta bancaria en cuestión corresponde a la sucursal número ***, de la institución bancaria Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, radicada en la ciudad de Mérida, Yucatan. Por tanto, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 37, de la Ley de Amparo y conforme a los lineamientos establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la aludida contradicción de tesis 70/2011, se considera que este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Ciudad Madero, carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues ésta le corresponde al Juez Distrito que ejerce jurisdicción en donde se materializó la inmovilización de la citada cuenta, es decir, en la ciudad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que se aperturó la misma, a saber, en Mérida, Yucatan. Ello es así, debido a que como fue destacado en la presente determinación, conforme al criterio sostenido por el Máximo Tribunal del País, la orden de inmovilización no produce por sí misma un cambio material en el mundo fático, y sólo se materializa cuando el particular se ve imposibilitado para realizar movimientos, disponer de sus fondos o incluso cancelar su cuenta bancaria, ya que la sucursal en donde se aperturó ha recibido la instrucción de la autoridad responsable, para no permitir tales acciones. Sin que se óbice a lo anterior, que en la citada ejecutoria se hayan analizado disposiciones del Código Fiscal de la Federación, pues las consecuencias del embargo o aseguramiento de una cuenta bancaria en las materias fiscal y común -civil y mercantil- son las mismas, esto es, que el titular no pueda disponer de la cantidad que obra en numerario. Por tanto, si el quejoso reclama el mandamiento por el que se embarga e inmoviliza su cuenta bancaria ****, con clabe interbancaria ****, de la institución bancaria Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, la cual, según lo manifestado por el impetrante en su demanda de amparo, así como lo advertido de la documental que acompañó a la misma, es la identificada con el número ***, ubicada en calle ***, número ***, en la ciudad de Mérida, Yucatán, es inconcuso que quien debe de conocer de la presente demanda de amparo en el Juez de Distrito residente en dicha ciudad, pues es ahí en donde fue aperturada la cuenta bancaria del impetrante y, por ende, el lugar en el que se materializó el indicado mandamiento de embargo. No se soslaya lo indicado por el quejoso en el sentido de que, a su consideración, este Juzgado de Distrito es quien resulta legalmente competente para conocer del presente asunto, en virtud de que él tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción, esto es, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y en donde también se ubica la sucursal bancaria en la que fue informado de la existencia del acto reclamado Pues, tal como ha quedado establecido con anterioridad, la ejecución de la orden de embargo reclamada no es de tracto sucesivo, sino que la misma se materializa en sólo acto, en el lugar donde se encuentra ubicada la sucursal bancaria ante la que se apertura, que en la especie lo es la ciudad de Mérida, Yucatán. De ahí que no pueda sostenerse que su ejecución continua materializándose en el lugar en que afirma residir el quejoso y en donde pretendió realizar transacciones en dicha cuenta bancaria, sin poder hacerlo debido al embargo que pesa sobre la misma, pues ello se trata de los efectos o consecuencias inherentes a dicho embargo, pero no de su ejecución, la cual, se itera, se materializa en un solo acto. Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Madero, declara carecer de competencia legal, para resolver del presente juicio de amparo; declinándola en favor del Juez de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en turno, por ser quien tiene jurisdicción en el lugar donde se ejecutó el acto reclamado. Por lo anteriormente determinado, fórmese cuaderno de antecedentes y una vez que la parte quejosa se encuentre debidamente notificada del presente proveído, remítase este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, para que a su vez lo haga llegar al órgano jurisdiccional que corresponda, a fin de que se encuentre en condiciones de acordar lo procedente; a quien se le solicita que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la demanda de amparo de que se trata, informe si acepta o no la competencia declinada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, de la Ley de Amparo. Sin que sea el caso de proveer respecto de la suspensión de los actos reclamados, conforme lo dispuesto en la parte final del primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparoe, ya que no se trata de ninguno de los actos mencionados en el citado precepto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen como autorizados de la parte quejosa en los términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Hugo Alberto Barrios Gallegos, Vicente Valle Miranda y Juan José Hernández Rubio, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos del Poder Judicial de la Federación; y como sus autorizados en término de la última parte del segundo párrafo del precepto legal antes citado, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Carlos Eloir Ramos Loredo, Luis Antonio Barrios Gallegos y Oscar Arturo Hernández Torres, por no contar con cédula profesional registrada en dicho sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.
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