Ernesto Jiménez Gómez

Expediente 287/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
287/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Ernesto Jiménez Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto de trece de marzo de la presente anualidad, en el que se desechó la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese la razón del Actuario Judicial de la adscripción, en la que hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el auto de trece de los actuales, por las razones que indica. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto señale diverso domicilio para ello dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez) o de su zona conurbada (Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan). Notifíquese y por lista a la parte quejosa la determinación de trece de los actuales, y las subsecuentes, aún las de carácter personal. SÍNTESIS DEL PROVEÍDO DE TRECE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS: "ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida por Ernesto Jiménez Gómez, por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 287/2023-VI, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sobre el particular se aplica, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". En ese sentido, es pertinente destacar que del análisis integro de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: a) La omisión de verificar que las construcciones terminadas o en proceso, de la gasolinera ubicada en Carretera Río Hondo - Huixquilucan, kilometro ochenta y dos punto veintidós y/o Boulevard Loma Real número cinco, lote cinco, manzana trece, colonia Conjunto Urbano Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México, cuenten con los permisos, licencias y autorizaciones correspondientes. b) La omisión de evitar la consolidación de la construcción de la gasolinera ubicada en Carretera Río Hondo - Huixquilucan, kilometro ochenta y dos punto veintidós y/o Boulevard Loma Real número cinco, lote cinco, manzana trece, colonia Conjunto Urbano Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México, que ponga en peligro a las personas o sus bienes. c) La omisión de imponer las infracciones y sanciones a la gasolinera ubicada en Carretera Río Hondo - Huixquilucan, kilometro ochenta y dos punto veintidós y/o Boulevard Loma Real número cinco, lote cinco, manzana trece, colonia Conjunto Urbano Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México, cuando la propia autoridad ha reconocido que no cuenta con licencia municipal de construcción. Hecha tal precisión, respecto a los actos reclamados precisados, este Juzgado de Distrito considera que se actualizan de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en las fracciones XII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I, párrafos primero y segundo, y 6°, párrafo primero, de la propia Ley Reglamentaria. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los referidos artículos, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés 6 legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.).". "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.).". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.).". Como se puede observar del contenido sustancial de los artículos transcritos, el presupuesto generador indispensable de un reclamo a través del juicio de amparo, es la afectación real y actual a la esfera jurídica del impetrante, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lógicamente, cualquier persona física o jurídica-colectiva puede aducir dicha afectación con motivo de una norma, acto u omisión violatoria de los derechos humanos; sin embargo, tal afirmación no es suficiente para considerar que fue quebrantado el orden constitucional en perjuicio de la parte quejosa, sino que tal aseveración debe estar acompañada de una identificabilidad clara de la especial situación de la parte quejosa en el orden jurídico frente al acto de autoridad para en su momento acreditar la vulneración aducida; pues solo de esa forma resulta viable el juicio constitucional para lograr la reparación efectiva. Pensar de otro modo, conduciría al absurdo de afirmar que cualquier persona (lato sensu) puede obtener a través del juicio de amparo, los productos de sus pretensiones, independientemente de si se vio o no afectada en su esfera jurídica con motivo de los actos de autoridad tildados de inconstitucionales. Acotado lo anterior, es menester destacar que la afectación a la esfera jurídica de las personas (lato sensu), puede verificarse a través de un espectro de razonabilidad definido en dos vertientes, la primera relativa a la lesión de un interés jurídico, y la segunda a través de un interés legítimo. Así pues, el interés jurídico puede definirse como el interés derivado del cúmulo de derechos reconocidos por las normas en beneficio de una persona determinada, es decir, presupone la existencia de la tutela jurídica de ciertos bienes (lato sensu), y por lo tanto, la coexistencia de los mecanismos jurídicos para lograr su defensa y protección, a fin de lograr las posibles reparaciones de los perjuicios que les irrogó su desconocimiento o violación. De esta manera, el interés jurídico no puede ser dimensionado de forma correcta sin tomar en consideración uno de los conceptos jurídicos fundamentales, a saber, el derecho subjetivo. El derecho subjetivo puede definirse como la facultad de exigir de una persona (lato sensu) una conducta positiva o negativa, es decir, de hacer o no hacer. El deber jurídico del que se habla presupone un elemento ontológico (persona), un elemento jurídico (la protección de ciertos bienes o derechos a través de preceptos normativos de observancia general), y el elemento fáctico (las circunstancias que en determinado momento pueden incidir de manera perniciosa en el ejercicio libre de dichos valores jurídicamente tutelados). En ese tenor, el interés jurídico encierra en su concepción dichos elementos, a fin de hacer razonable el ejercicio de los mecanismos idóneos para la protección de los derechos tutelados en las normas jurídicas; por lo que es inconcuso que la inexistencia de un derecho subjetivo, evidentemente acarrea la inexistencia de un interés jurídico, y por lo tanto, la persona que aduce el supuesto derecho, no tendrá la capacidad otorgada por el orden jurídico para imponerse efectivamente a otro sujeto (lato sensu) a fin de lograr el respeto y protección del derecho argüido. Para efectos del juicio de amparo, podríamos entender el interés jurídico como la existencia de un derecho jurídicamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de la autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano de control de constitucionalidad para demandar el cese de esa violación y su reparación integral. Es aplicable, la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 35 del Núm. 60, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de 1992, Octava Época, materia común, con número de registro 217651, que establece: "INTERES JURIDICO, NOCION DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Así como la diversa jurisprudencia VI. 3o. J/26, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 117 del Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de 1991, Octava Época, materia común, con número de registro 220965, que establece: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías.". Por otro lado, la diversa vertiente de protección de los derechos fundamentales y humanos se denomina interés legítimo. Inicialmente, debe precisarse que para la procedencia del juicio de amparo, el interés del que se habla, fue estatuido a partir de la reforma al artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, que se vio condensada en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil doce; ya que antes, solo la afectación al interés jurídico podía constituir el motivo de procedencia del juicio constitucional. El interés del que se habla consiste en la existencia de un vínculo jurídico entre ciertos derechos fundamentales y humanos, y una persona que comparece al proceso constitucional aduciendo la afectación de aquéllos en su perjuicio, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresa e identificablemente de manera directa por el orden jurídico. Por tal motivo, el agravio aducido en tal sentido, debe constituir uno diferenciado del resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto aducido como lesivo, produzca un beneficio o efecto positivo en la esfera jurídica del impetrante. En otras palabras, para que se pueda aducir un interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no solo como una simple posibilidad, es decir, debe existir un vínculo jurídico entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, un eventual fallo protector implique la obtención de un beneficio determinado, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la sentencia que en su caso llegue a dictarse. En ese sentido, no se debe confundir el interés legítimo del que se habla, con el interés simple, pues este último deriva de una generalización popular y su manera de concebir los conflictos de naturaleza jurídica o política que acontecen en su entorno social y que le despiertan curiosidad o interés, en tanto que el interés legítimo deriva de una afectación a cuestiones jurídicamente relevantes abstractamente protegidas por el orden jurídico en beneficio de los impetrantes, bajo ciertas condiciones fácticas. Asimismo, es relevante mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la distinción entre el interés simple y el interés legítimo, precisando que el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige a la parte quejosa que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal y tangible para el interesado, pues ello no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 690, Libro 33, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, con número de registro 2012364, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Explicitados los parámetros conceptuales anteriores, es menester precisar que en el presente asunto, la parte quejosa aduce tácitamente acudir en defensa de un interés legítimo, haciéndolo derivar en exclusiva de su calidad de residente o habitante del municipio de Huixquilucan, en el Estado de México, interesado en que las autoridades ejerzan las facultades que se encuentran obligadas a desplegar con el objeto de garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y a gozar de un ambiente sano. Por tal motivo, como se adelantó, resulta manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo instado, al tenor de los siguientes razonamientos. En principio, no se debe pasar por alto el contenido normativo de los artículos 5° y 6° de la Ley de Amparo, para dimensionar de forma correcta la procedencia del juicio de amparo, y atribuir la técnica interpretativa correcta a la fracción XII del artículo 61 de la ley reglamentaria en comento. En síntesis, las porciones normativas en comento, acogen uno de los principios o reglas fundamentales del juicio de amparo, a saber, el de "agravio personal y directo", que como se ha dicho, puede explicarse desde las vertientes destacadas con antelación. debe acreditar el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, en lo que interesa al planteamiento constitucional que se aborda, cabe destacar los elementos constitutivos del interés legítimo que consisten en demostrar: a) Que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad, por lo que en caso de obtener un fallo constitucional favorable, accederá de manera cierta a beneficios directos e identificables en su esfera jurídica. Es particularmente relevante lo anterior, en virtud de que, de la interpretación armónica y sistemática entre la Constitución Federal y la Ley de Amparo, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique los actos y/o las omisiones y/o las normas que se reclamen, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esas porciones normativas, que lo reclamado cause perjuicio o afecten la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica a la parte impetrante, ésta debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. De esta manera, se resalta como requisito indispensable del interés legítimo la existencia de una afectación indirecta en la esfera jurídica del individuo, por lo cual, el legislador empleó la frase "especial situación frente al orden jurídico" con un sentido de racionalidad, esto es, refiriéndose a situaciones concretas o excepcionales que guarden características diferentes a las generales en que pueden encontrarse los gobernados frente al orden jurídico, por lo cual es esa circunstancia la que debe apreciarse en cada caso concreto para determinar si existe o no un interés legítimo, el cual exige, como requisito mínimo, que el particular resienta un perjuicio real y actual en sus derechos, aun cuando la norma no le dé un derecho subjetivo o la potestad para reclamarlo directamente. Por lo que, teniendo en consideración los anteriores elementos, se estableció que las notas distintivas del interés legítimo previsto en la fracción I del artículo 107 constitucional, son las siguientes: a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple; es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos; en otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso; dicho de otra forma, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica; es decir, el criterio contenido no constituye un concepto cerrado o acabado sobre el interés legítimo, sino que contiene los elementos suficientes para adaptarse a diversas situaciones, así como notas distintivas para no confundirse con otros tipos de interés. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Las anteriores conclusiones del Más Alto Tribunal del País dieron origen al siguiente criterio jurisprudencial P./J. 50/2014 (10a.), de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, visible en la página 60, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Por tanto, en el caso, respecto de los actos reclamados que se analizan, se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I, párrafos primero y segundo, y 6°, párrafo primero, de la propia Ley Reglamentaria; toda vez que de la lectura integral de la demanda se desprende clara e inequívocamente que la parte quejosa carece de interés legítimo en función de su situación particular frente a las omisiones reclamadas; lo anterior, ya que el solicitante de amparo sostiene en la demanda de cuenta, que por el sólo hecho de ostentar la calidad de habitante o residente de Huixquilucan, en el Estado de México, se encuentra legitimado para obligar a las autoridades que ejerzan las facultades que se encuentran obligadas a desplegar, con el objeto de garantizar la seguridad de las personas, sus bienes y gozar de un ambiente sano. En ese tenor, es posible concluir desde este momento y sin lugar a dudas, que la parte quejosa guarda una situación genérica no especial frente a las omisiones que tilda de inconstitucionales por sí y por virtud de sus vicios propios y sus efectos; es decir, tales actos no afectan en modo alguno su esfera jurídica ni se desarrollan como una posible afectación a su interés legítimo, toda vez que la parte quejosa si bien, con la copia simple de su credencial para votar, acredita de manera presuntiva, ser residente del municipio de Huixquilucan, no aduce y menos avala ser vecino, colindante o que forme parte del entorno adyacente del domicilio ubicado en Carretera Río Hondo - Huixquilucan, kilometro ochenta y dos punto veintidós y/o Boulevard Loma Real número cinco, lote cinco, manzana trece, colonia Conjunto Urbano Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México, lugar donde se encuentra ubicada la gasolinera, a la cual presume que la autoridad ha sido omisa de exigirle los permisos correspondientes y aplicarle las sanciones respectivas; lo anterior, sin que se soslaye que el quejoso, refiera que dicho domicilio es parte de la ruta que toma a diario para llegar a su domicilio; no obstante, tal situación no demuestra que resienta el posible agravio que presuntamente se genera con las omisiones reclamadas; pues adoptar una postura en ese sentido, implicaría que todos aquellos que transitan por esa ruta tengan legitimación para reclamar diversos actos u omisiones derivados de la construcción de aquella gasolinera. Por tanto, se concluye que el quejoso acude al juicio de amparo enarbolando únicamente un interés simple, lo que torna desde luego improcedente el juicio de amparo intentado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 8/2022 (11a.), de la Onceava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 846, con número de registro , que establece: "JUICIO DE AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL. USO DEL "ENTORNO ADYACENTE" COMO CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DEL INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLO POR PERSONAS FÍSICAS. Hechos: Dos personas físicas promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron diversos actos y omisiones destinadas a autorizar y realizar el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, aduciendo que las autoridades responsables no garantizaron el derecho humano a un medio ambiente sano, pues no evaluaron de manera integral diferentes aspectos relacionados con el impacto ambiental que podría ocasionar el desarrollo de dicho proyecto y su modificación en el Área Natural Protegida con carácter de Parque Marino Nacional denominado "Sistema Arrecifal Veracruzano". El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que las quejosas no tenían interés legítimo, en tanto no demostraron que se vieran directamente beneficiadas por el ecosistema respectivo, en contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el "entorno adyacente" de un ecosistema, entendido como su área de influencia delimitada a partir de los servicios ambientales que presta, puede ser utilizado como criterio para verificar el interés legítimo en los juicios de amparo ambientales. De ahí que en esos casos se puede acreditar dicho interés con la existencia de un vínculo entre quien alega ser titular del derecho ambiental y de los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado; vínculo que surge, por ejemplo, cuando la parte quejosa demuestra habitar o utilizar su "entorno adyacente". Justificación: La Primera Sala sostuvo en el amparo en revisión 307/2016 que el interés legítimo para promover un juicio de amparo en materia ambiental depende de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientales. De ahí que uno de los criterios para identificar esa relación entre la persona y los servicios ambientales, es el concepto de "entorno adyacente", conforme al cual son beneficiarios ambientales aquellos que habitan o utilizan tal entorno o las áreas de influencia de un determinado ecosistema. Dichas áreas se refieren a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. Cada ecosistema tiene diversas áreas de influencia dependiendo de la naturaleza de los servicios ambientales que presta; la identificación o el reconocimiento de este espacio geográfico permite entender que cualquier persona que utiliza o habita el área de influencia o el "entorno adyacente" de un ecosistema, es beneficiario de sus servicios ambientales y, por tanto, está legitimado para promover el juicio de amparo en su defensa. Sin que para ello resulte necesario demostrar que el daño al medio ambiente efectivamente existe, pues atendiendo al principio de precaución, tal circunstancia debe constituir la materia de fondo del juicio de amparo.". En efecto, la parte quejosa no tiene como propósito subyacente de la promoción del juicio de amparo instado, salvaguardar derechos y/o proteger intereses jurídicamente cualificados y diferenciados del resto de la población del municipio de Huixquilucan, o incluso, de quienes transitan por aquel lugar, con motivo de las omisiones reclamadas; por tanto, como ya se ha explicado, resulta patente que el interés que se advierte en la demanda, constituye únicamente un interés simple similar al que tiene casi todo gobernado del municipio de Huixquilucan, Estado de México, frente a las multicitadas omisiones reclamadas; pues como ya se expuso, los efectos de aquéllas no son susceptibles de generarle un perjuicio real y actual en su esfera jurídica a la parte quejosa, y por ende, un eventual e hipotético fallo protector tampoco podría generarle un beneficio directo e identificable. Sin que sea necesario mayor análisis para concluir lo anterior, pues como se explicitó en acápites anteriores, la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación estableció que basta la ausencia de alguno de los elementos constitutivos del interés legítimo para que el juicio de amparo intentado sea improcedente. Así pues, si resulta palmario del análisis de la demanda que la parte quejosa no es vecino, colindante o que forme parte del entorno adyacente del domicilio ubicado en Carretera Río Hondo - Huixquilucan, kilometro ochenta y dos punto veintidós y/o Boulevard Loma Real número cinco, lote cinco, manzana trece, colonia Conjunto Urbano Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México, lugar donde se encuentra ubicada la gasolinera, de la cual presume que la autoridad ha sido omisa en exigirle los permisos correspondientes y aplicarle las sanciones respectivas; y de ello se concluye inequívocamente que no podría obtener un fallo favorable que le genere algún beneficio directo, identificable e inmediato derivado de la sentencia en la que se conceda el amparo; es menester concluir que acudió en defensa de un interés simple no tutelable a través del juicio de amparo, resultando manifiesta e indudable la improcedencia del juicio constitucional intentado. Ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1078, Tomo II, Junio de 2017, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2014433, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En ese sentido, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en las fracciones XII y XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I, párrafos primero y segundo, y 6°, párrafo primero, de la propia Ley Reglamentaria; procede desechar de plano la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su escrito de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Se autoriza a las personas que refieren en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con relación al correo electrónico que proporciona, se tiene por señalado a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de marzo de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida por Ernesto Jiménez Gómez, por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 287/2023-VI, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. (...) Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · 8,346 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano