Ernesto Javier Rojas Morales

Expediente 222/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
222/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/04/2021

Partes del expediente

  • Ernesto Javier Rojas Morales

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por el que acusa recibo de juicio de amparo 222/2021, del índice de este Juzgado; y hace del conocimiento que se avocó al conocimiento del asunto quedando registrado como juicio de amparo directo 150/20201; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso b) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se dicto una resolución sin decidir en lo principal y que se da por concluido. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el escrito signado por el quejoso ***, por el que desahoga el requerimiento formulado en proveído de diez de marzo del año en curso. INCOMPETENCIA Al respecto, conviene mencionar que los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: --- I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. --- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. --- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. --- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. --- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; --- II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. --- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De la interpretación de estas disposiciones se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas las que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido. Asimismo, prescriben que el juicio de amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, así como el trámite que se debe realizar a una demanda en materia de amparo directo. Pues bien, en el caso a estudio el acto reclamado consiste en la resolución del recurso de reclamación de nueve de diciembre de dos mil veinte, emitida por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, que confirma el desechamiento de la demanda de nulidad registrada con el número de expediente 74/2020 promovida por el aquí quejoso. En ese tenor, dicha determinación constituye una resolución que pone fin al juicio de nulidad promovido por el quejoso, pues sin entrar al estudio de lo planteado en la demanda de nulidad resolvió desecharla por improcedente. Al respecto, resulta aplicable por las razones que la informan la tesis de instancia Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 22-288, visible en la octava época, Tomo: Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, página 260, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "DEMANDA DE NULIDAD. EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE NULIDAD CONSTITUYE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ANTE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, UNA RESOLUCION QUE PONE FIN AL JUICIO. En términos del artículo 107, fracción V, inciso b) de la Constitución General de la República, 46 y 158 de la Ley de Amparo y 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigentes a partir del quince de enero de 1988, son competentes tratándose de juicio de amparo directo, los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando el acto reclamado lo constituya una sentencia definitiva, un laudo o una resolución que ponga fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario, por el cual puedan ser modificados o revocados. En el caso concreto, el acto reclamado en esta vía, se puede encuadrar en los supuestos competenciales establecidos para los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de amparo directo debido a que, el acuerdo de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto dictado por la Magistrada instructora que tuvo por no presentada la demanda de nulidad, confirmando dicho auto y desechando la demanda respectiva, se puede ubicar como resolución que pone fin al juicio. Para demostrar la aseveración anterior, es necesario partir de la finalidad que se persiguió al reformar los preceptos relativos a la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en el conocimiento de juicios de amparo directo. Con anterioridad a la reforma en comento, el amparo directo se promovía ante los Tribunales Colegiados de Circuito, únicamente contra sentencias definitivas o laudos, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ya fuera que la violación alegada se hubiera cometido durante el procedimiento o en la sentencia misma, entendiéndose por sentencias definitivas aquellas resoluciones que decidieron el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedieran ningún recurso ordinario, en virtud del cual pudieran ser revocadas o modificadas. Así, aquellas resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, que ponían fin al juicio pero que no lo resolvían en lo principal (entre ellas el sobreseimiento), por exclusión, se debían combatir a través del juicio de amparo indirecto, prolongándose innecesariamente la tramitación del mismo. En efecto, en el juicio de amparo indirecto la instancia ante el Juez de Distrito comprende la realización de un procedimiento posterior, con una etapa de instrucción cuya finalidad es colocar el asunto en estado de sentencia, implicando un periodo probatorio (ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas) y alargando con ello la tramitación y sustanciación del juicio de amparo, respecto a resoluciones judiciales o jurisdiccionales (entre ellas el sobreseimiento), que por su naturaleza no necesitaban de un procedimiento posterior, para colocar el asunto en estado de sentencia. En este orden de ideas, con la finalidad precisamente, de evitar la innecesaria instancia ante el Juez de Distrito, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de juicios de amparo directo comprendió, en virtud de la reforma comentada, el supuesto de la procedencia del mismo, contra resoluciones que pongan fin al juicio (entendiéndose por éstas, aquellas que lo dan por concluido porque el juzgador advierte la existencia de un obstáculo jurídico que impide decidir sobre el fondo de la controversia), dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario, por el que puedan ser revocadas o nulificadas, dicho en otras palabras, con la reforma se precisó que contra todas aquellas resoluciones jurisdiccionales o judiciales de carácter definitivo que no requieran por su naturaleza de un procedimiento posterior (con la consabida etapa de instrucción), para colocar el asunto en estado de sentencia, procede el juicio de amparo directo, es decir una sola instancia, independientemente que resuelvan o no la controversia principal motivada por la litis. Al tenor de los razonamientos que anteceden, el acto que en esta vía se impugna y que constituye la resolución de la Sala responsable del Tribunal Fiscal de la Federación, que resuelve el recurso de reclamación y tiene por no presentada la demanda de nulidad, constituye para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo ante Tribunales de Circuito, "una resolución que pone fin al juicio", debido a que no se requiere de una etapa de instrucción para colocar el asunto en estado de sentencia, porque la misma ya se llevó a cabo durante la tramitación del recurso de reclamación interpuesto en contra del acuerdo de la Magistrada instructora que tuvo por no presentada la demanda de nulidad, donde se ofrecieron y desahogaron las pruebas pertinentes. Así, al constituir el acto reclamado en esta vía, una resolución jurisdiccional dictada por un tribunal administrativo, que no requiere de una etapa posterior de instrucción para colocar el asunto en estado de sentencia, y no procede en su contra ningún recurso en virtud del cual pueda ser revocada o modificada, la sustanciación del juicio de amparo debe hacerse de conformidad a las reglas previstas tratándose de amparo directo, surtiéndose en consecuencia, la competencia de este Tribunal Colegiado." En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, la suscrita juzgadora estima que es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, debido a que el acto impugnado es una resolución que pone fin a juicio, que sin decidirlo en lo principal lo da por concluido. En ese sentido, toda vez que se encuentra dentro de los supuestos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, es procedente impugnarla a través del amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P./J. 6/2015, publicada en la página noventa y cinco, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Consecuentemente, remítanse las actuaciones al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en Turno, así como las copias de traslado de demanda y escrito aclaratrio, para lo que ha bien tenga acordar, en virtud de que en ese órgano de control constitucional estima radica la competencia legal para conocer de este asunto. Asimismo, es ilustrativo a lo anterior la tesis de jurisprudencia por contradicción número P./J. 40/97, publicada en la página seis, Tomo V, Junio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Conforme a lo dispuesto en los artículos 158 de la Ley de Amparo y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán del juicio de amparo directo en los términos de lo señalado en el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose, en términos del artículo 46 de la ley de la materia, por sentencias definitivas, las que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún medio de defensa ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, ante la presentación de una demanda de amparo de la que deba conocer un Juez de Distrito, el Tribunal Colegiado deberá ajustar su actuación a lo previsto por el artículo 47, tercer párrafo, de la referida ley reglamentaria, declarando su incompetencia de plano y remitiendo la demanda de cuenta, con sus anexos, al Juzgado de Distrito correspondiente, no pudiendo, en consecuencia, ni siquiera por economía procesal, desechar la demanda por estimar que ésta es improcedente, habida cuenta de que las cuestiones de procedencia o improcedencia del juicio de amparo corresponde decidirlas únicamente al tribunal competente. Además, si bien es cierto que compete al Tribunal Colegiado conocer del amparo indirecto en grado de revisión, según se advierte de los artículos 83, 84 y 85 de la ley en cita, también lo es que su competencia no es absoluta, pues sólo opera cuando se plantean cuestiones de legalidad, dado que si se controvierten aspectos de constitucionalidad, el conocimiento del recurso compete a la Suprema Corte, de modo que con la alteración de la competencia que implicaría esa facultad para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado estaría decidiendo la competencia del máximo tribunal en segunda instancia." Cuaderno de antecedentes Así las cosas, con copia de la papeleta de turno, de la demanda de amparo y un tanto del presente proveído fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza Segundo Mercantil de Pachuca, Hidalgo, acusando recibo del oficio en el que se remitieron las copias certificadas del expediente, circunstancia de lo cual queda enterado este juzgado. Notifíquese

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