Ernesto Jacob Carrasco Bernal

Expediente 1025/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1025/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
26/01/2018

Partes del expediente

  • Ernesto Jacob Carrasco Bernal

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de enero de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que en atención a lo que establece el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su fracción III, último párrafo relativa del punto vigésimo primero del Acuerdo General en cita, es susceptible de depuración toda vez que se decretó la suspensión de plano en este asunto; por tanto, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1025/2017, promovido por Ernesto Jacob Carrasco Bernal, contra actos del Comité Técnico del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad (denominación correcta), y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el siete de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló que se violan en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto de esa fecha se decretó la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, se solicitó al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, su informe en cumplimiento a dicha suspensión, y se admitió a trámite la demanda bajo el orden 1025/2017; se solicitó a las responsables su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo con fundamento en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al numeral 74, fracción I, de la ley de la materia y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis de todos los elementos de la demanda, así como de las constancias que integran el presente expediente, se precisa que los actos reclamados son la orden de traslado, y su ejecución, que se atribuyen a las siguientes autoridades: a) Director; Comité Técnico; Subdirector Técnico; y Subdirector de Seguridad, los cuatro anteriores del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; y b) Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno. Todos de esta ciudad. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que desvirtuara esas negativas. En tal virtud, debido a la inexistencia de los actos reclamados de las autoridades responsables, se sobresee en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 63, 65, 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ernesto Jacob Carrasco Bernal, contra los actos consistentes en la orden de traslado, y su ejecución, que se reclaman del Director; Comité Técnico; Subdirector Técnico; y Subdirector de Seguridad, los cuatro anteriores del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente; y Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno, todos de esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero.

  3. Principal

    Ciudad de México, a once de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, en atención al contenido de los seis primeros, se tienen por rendidos los informes en cumplimiento a la suspensión de plano y justificados que en ellos se contienen, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, con apoyo en los preceptos 9 y 28 fracción I, de la ley de la materia, ténganse como delegados a las personas que mencionan y como domicilio para recibir notificaciones el que señalan. Por otro lado, en cuanto a los restantes comunicados, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno, en virtud de que a dichas autoridades oficiantes no se les requirió el informe en cumplimiento a la suspensión de plano.

  4. Principal

    Ciudad de México, a siete de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de cuenta promovida por Ernesto Jacob Carrasco Bernal, contra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 1025/2017. Dado que de la lectura integral de la demanda se advierte que se reclama, la orden de traslado, fuera de procedimiento, en el caso se considera pertinente citar el contenido del precepto 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Por tanto, con apoyo en dicho numeral, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO para el efecto de que se suspenda la ejecución de dicho acto, asimismo, el quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional por cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar en que se encuentra interno, y a disposición de la referida autoridad, en cuanto a su integridad personal. La suspensión no surtirá efecto alguno si la orden de referencia obedece al cumplimiento de una sentencia ejecutoria o a una cuestión de competencia definida, pues en estos supuestos se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público conforme al precepto 128, fracción II, de la ley de la materia, ya que la sociedad tiene interés en que se cumplan las determinaciones jurisdiccionales que han causado ejecutoria y se encuentran firmes, porque ello da certeza a la sociedad y al sistema jurídico; de igual forma no surtirá efectos, tratándose de traslados de carácter provisional que tengan como finalidad la práctica de alguna diligencia de carácter ministerial o judicial, pues de concederse la suspensión en esos supuestos, se paralizaría el procedimiento correspondiente y se impediría dar cumplimiento a una determinación judicial o ministerial, y la sociedad está interesada que tanto las autoridades investigadoras como judiciales cumplan con sus funciones de investigación, persecución de delitos o impartición de justicia; sin que esto dé lugar a considerar que en el evento de llegarse a realizar algún traslado por alguno de los motivos precisados en este párrafo, como en el anterior, la autoridad que lo realice, pueda efectuar las conductas consistentes en la incomunicación, tortura o cualquier otra análoga a éstas, ya que se encuentran prohibidas por el artículo 22 constitucional; tampoco surtirá efecto, si en su caso está sustentada por razones de seguridad en las prisiones; atendiendo en las características del hecho imputado, a las circunstancias personales del inculpado y otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso, si se trata de actos posteriores a su concesión o si los actos reclamados proceden de autoridades distintas de las señaladas como responsables. Por tanto, requiérase al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, por ser la autoridad que tiene bajo su resguardo al quejoso, para que en el plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, informe a este juzgado sobre el cumplimiento de la medida cautelar decretada; apercibido que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a diez veces la Unidad de Medida y Actualización, previsto en el precepto 59, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de abuso de autoridad, de conformidad con el diverso 209 de la ley de la materia. Por otro lado, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo. I. Se admite dicha demanda. II. Se señala el ocho de enero de dos mil dieciocho, a las diez horas con cuarenta minutos, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. III. Pídase a la(s) autoridad(es) responsable(s) rinda(n) informe justificado en el plazo de quince días, contado a partir de que quede(n) notificada(s) de este proveído, al que deberá(n) acompañar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que apoyen dicho informe; apercibida(s) que de no hacerlo, de conformidad con el diverso 117 de dicha legislación, se presumirá ciertos los actos reclamados, asimismo, se les sancionará con multa por el equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en términos de la fracción II del numeral 260 del ordenamiento invocado. En el entendido que este órgano de control constitucional, a fin de fijar la litis en el presente juicio y en su caso dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, estima que de la lectura integral de la demanda los actos reclamados son los siguientes: - La orden de traslado, y su ejecución. Asentado lo anterior, hágase del conocimiento del promovente de amparo que de no hacer alguna manifestación al respecto en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este auto, se sustanciará el juicio acorde con la interpretación realizada por este juzgado. IV. Sin que se tramite incidente de suspensión, pues el acto reclamado en la presente controversia constitucional, fue materia de la suspensión de plano, y se vinculó a su cumplimiento a aquella autoridad que tiene a su disposición al quejoso. Dese la intervención que corresponde a la representación social de la adscripción, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64, párrafo primero, de la ley reglamentaria de referencia, requiérase a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se les impondrá multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, acorde con el numeral 251 de la ley de la materia. Por otro lado, téngase por autorizada únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a la persona mencionada, no así para los efectos del primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes de que puede ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado; asimismo, practíquense las notificaciones que deban realizarse de manera personal en el centro de reclusión en que se encuentra el quejoso y, las demás, mediante lista, en razón de la autorización señalada. En cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, y con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el numeral 8° de la ley en cita, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva a que en las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como en las constancias del expediente, se supriman los datos sensibles que puedan contener. Finalmente, se autoriza al secretario para que firme los oficios de este juicio.

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