Ernesto Iván Arias Álvarez

Expediente 219/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 32 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
219/2019
Año
2019
Actuaciones
32
Última actuación
02/07/2021

Partes del expediente

  • Ernesto Iván Arias Álvarez
  • Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Nayarit, Con Sede En Esta Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el escrito signado por Francisco José García Barbosa, autorizado de la parte quejosa, a través del cual, solicita que se realice pronunciamiento respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido Ahora bien, visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de la autoridad responsable y sus anexos, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente, a fin de que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el trece de marzo de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: "[.] la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, emita el pronunciamiento que corresponda congruente al escrito recibido el nueve de febrero de dos mil dieciocho (visible a fojas 5 y 17), en el que solicitó copia certificada de todas y cada una de las condiciones generales de trabajo (Contrato colectivos laborales y/o convenios colectivos) actualmente vigentes y que se encuentren registrados ante dicho ente y se la notifique oportunamente al ahora quejoso, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, es decir, su respuesta puede ser favorable o desfavorable a los intereses del accionante de garantías, según sea procedente conforme a derecho, debiendo fundar y motivar adecuadamente la determinación a la que arribe; ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a resolver en determinado sentido[.]" Luego, por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve se dio vista al quejoso con el cumplimiento dado por el tribunal responsable. Asimismo, mediante determinación de once de junio de dos mil diecinueve este órgano jurisdiccional determinó tener por cumplida la presente ejecutoria. Inconforme a lo anterior el quejoso interpuso recurso de inconformidad en contra del proveído que declaro cumplido el fallo protector. Así pues, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, dentro del recurso de inconformidad 51/2019, en ejecutoria de catorce de mayo del dos mil veinte, declaró fundado el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa; para los efectos siguientes: "[.]Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, emita el pronunciamiento que corresponda congruente al escrito recibido el nueve de febrero de dos mil dieciocho (visible a fojas 5 y 17), en el que solicitó copia certificada de todas y cada una de las condiciones generales de trabajo (Contrato colectivos laborales y/o convenios colectivos) actualmente vigentes y que se encuentren registrados ante dicho ente y se la notifique oportunamente al ahora quejoso." En acatamiento al fallo protector, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, mediante oficio 926/2021-A, remitió a este órgano de control constitucional el acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, por el que ordenó expedir copias certificadas del convenio colectivo laboral que celebran el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit, de fecha treinta de octubre de dos mil trece, mismas que fueron entregadas al aquí quejoso el día catorce de mayo del año en curso, según se advierte de la constancia de notificación que adjunta la autoridad. De igual manera, mediante oficio 1213/2021-A el tribunal laboral responsable adjuntó la determinación de diez de junio de dos mil veintiuno, de la que se advierte que ordenó expedir copias certificadas del convenio colectivo laboral que celebran el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit, con el Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, del año dos mil once, manifestando que únicamente remitió los contratos vigentes, omitiendo los inactivos. Finalmente, mediante oficio 1374/2021-A y en cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable adjuntó el auto de veintiuno de junio del año actual, en el cual se advierte lo siguiente: Que recibió el escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, por Ernesto Iván Arias Álvarez, en el que pidió sea cumplimentada su petición consistente en que se le expidan copias certificadas de todas y cada una de las condiciones generales de trabajo (contratos colectivos laborales y/o convenios colectivos) actualmente vigentes y que se encuentran registrados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje Determinó que una vez revisada la totalidad de los documentos de tal índole que obran en el resguardo de ese tribunal, se desprendía que se tenían registrados diversos contratos (los que vienen insertos en dicho acuerdo y no se transcriben por economía procesal, pero se tiene a la letra como si estuvieran insertos); Estableció que en atención a la ejecutoria de amparo 219/2019, dio vista a **, haciéndole de su conocimiento que la información solicitada se encuentra preparada y recopilada en el área de archivo de ese tribunal, por lo que requirió al aquí quejoso para que dentro de un término de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, compareciera a sus instalaciones a obtener a su costa las copias solicitadas, las que se entregarías previo acuse de recibo que de deje en autos. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por la autoridad responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento a la sentencia amparatoria dictada en el presente juicio; toda vez que atendió a todos los lineamientos descritos en el fallo protector, esto es, dieron respuesta por escrito a la parte quejosa ***, respecto de la petición que formuló el nueve de febrero de dos mil dieciocho en la que solicitó copia certificada de todas y cada una de las condiciones generales de trabajo (Contrato colectivos laborales y/o convenios colectivos) actualmente vigentes y que se encuentren registrados ante el ente responsable, de manera congruente, completa, debidamente fundada y motivada; pues de las constancias allegadas por la responsable, se advierte que atendió su petición, exponiendo los razonamientos lógicos jurídicos que le permitieron llegar a esa determinación y se le notificó oportunamente. Sin que pase desapercibido que en el auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se haya indicado que se atendía al escrito que presentó Ernesto Iván Arias Álvarez el diecisiete de junio de dos mil veintiuno; sin embargo, tal petición se realizó en los mismos términos que en la diversa de nueve de febrero de dos mil diecinueve, que fue la que motivó la tramitación de la presente instancia constitucional; por tanto, ello es que se estime que el fallo se encuentra cumplido; aunado, a que en dicho proveído indicó que se daba la vista al interesado en cumplimiento al fallo protector; por tanto, es que se tenga por cumplido el fallo protector. Del mismo modo, tampoco se soslaya de parte de este órgano de control constitucional que el proveído de veintiuno de junio del año en curso, no contenga fundamento legal alguno, empero, tratándose de determinaciones jurisdiccionales no es necesario que se cumpla con esa exigencia, pues estará en la excepción, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, que en el caso, resultan de aplicación los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por esas razones es que cumplimiento de la responsable cumpla con los requisitos de una debida fundamentación y motivación. Tiene aplicación al caso por las razones que la sustentan la tesis aislada P. CXVI/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, Agosto de 2000, Tomo XII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Tampoco es obstáculo a lo anterior, que Francisco José García Barbosa, en su carácter de autorizado del quejoso en atención a la vista del auto de veintiuno de junio del presente año, haya presentado un escrito en el que realizó diversas manifestaciones de inconformidad sobre el cumplimiento, referentes a: Que en el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, la responsable es contradictoria e incongruente con lo que previamente había informado en los diversos acuerdos de once de enero, trece de mayo y diez de junio, todos del año dos mil veintiuno, en los que indicó que se encontraban registrados solo algunos convenios colectivos y ordenó que al notificarse respectivamente cada auto se hiciera entrega de los mismos. Que la responsable es evasiva, pues estableció una condición para atender su petición, consistente en que el quejoso acudiera a las instalaciones de la responsable a recoger las copias certificadas a su costa, desatendiendo las reglas para la expedición de la información solicitada en términos del artículo 391 Bis, de la Ley Federal de Trabajo, aplicada supletoriamente al estatuto jurídico de la materia, así como de los numerales 44 y 53 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando en el caso, se encuentra en la hipótesis establecida en el último numeral que indica que, la falta de respuesta a una solicitud de acceso en los términos y plazos que fija el dispositivo 44 se entenderá resuelta en sentido positivo, por lo que la dependencia o entidad quedara obligada a darle acceso a la información en un período no mayor a diez días hábiles, cubriendo todos los costos generados por la reproducción del material informativo. Pues, en relación a lo indicado en el inciso a), si bien es cierto que la responsable en los proveídos de once de enero, trece de mayo y diez de junio, todos del año dos mil veintiuno, indicó que se encontraban registrados solo algunos convenios colectivos y ordenó que al notificarse cada auto se hiciera entrega de los mismos; sin embargo, esa orden de entrega de los documentos indicados no constituye parte de los efectos del fallo protector, ya que de ordenar a la responsable que entregue a la parte quejosa las copias que solicitó en el escrito de nueve de febrero de dos diecinueve, implicaría modificar los alcances que tuvo la sentencia protectora contraviniendo la figura de la cosa juzgada. Por otro lado, respecto a las manifestaciones indicadas en el inciso b), se consideran ineficaces para desvirtuar el debido cumplimiento del fallo protector, partiendo de la base de que el escrito de nueve de febrero de dos diecinueve, no surgió de una solicitud de acceso a la información en términos artículo 391 Bis, de la Ley Federal de Trabajo, aplicada supletoriamente al estatuto jurídico de la materia, así como del numeral 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sino de una petición ante la responsable en términos de los artículos 8, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se indica a continuación: ".Por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido en el artículo 8, 17 y 123 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 133 fracción V y demás relativos y aplicables del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, le solicito tenga a bien expedir a mi favor copia certificada de todas y cada una de las condiciones generales de trabajo (Contratos colectivos laborales y/o convenios colectivos) actualmente vigentes y que se encuentren registrados ante esa H. Autoridad Laboral, manifestando el desconocimiento de su número de expediente o registro por no ser parte del mismo." Por tanto, atendiendo al escrito que motivó la tramitación del juicio de amparo que nos ocupa, la responsable no se encontraba obligada a responder en los términos de los artículos que precisa el quejoso, ya que el fallo protector no indicó que la respuesta fuera atendiendo dichos preceptos, sino lo que ordenó fue que se emitiera una respuesta de manera congruente, completa, debidamente fundada y motivada, lo que en el particular quedo acreditado. En ese orden de ideas, los argumentos de inconformidad vertidos por la parte quejosa sobre el cumplimiento de la sentencia, resultan ineficaces para establecer que la responsable ha incumplido con el fallo protector; por esas razones, se determina que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Sin soslayar, que la autoridad responsable no haya remitido la notificación del proveído de veintiuno de junio del año en curso; sin embargo, es evidente que el impetrante de amparo tuvo conocimiento pleno de tal proveído al hacer manifestaciones en torno a la vista de veinticuatro de junio del presente año, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, las cuales fueron desestimadas en párrafos anteriores. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados; asimismo, no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el escrito signado por Francisco José García Barbosa, autorizado de la parte quejosa, a través del cual, solicita que se realice pronunciamiento respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido Ahora bien, visto el estado de los autos de los que se advierte que mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de la autoridad responsable y sus anexos, mediante el cual informó el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente, a fin de que en el término de tres días hábiles manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". En ese sentido, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el trece de marzo de dos mil diecinueve, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: "[.] la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, emita el pronunciamiento que corresponda congruente al escrito recibido el nueve de febrero de dos mil dieciocho (visible a fojas 5 y 17), en el que solicitó copia certificada de todas y cada una de las condiciones generales de trabajo (Contrato colectivos laborales y/o convenios colectivos) actualmente vigentes y que se encuentren registrados ante dicho ente y se la notifique oportunamente al ahora quejoso, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, es decir, su respuesta puede ser favorable o desfavorable a los intereses del accionante de garantías, según sea procedente conforme a derecho, debiendo fundar y motivar adecuadamente la determinación a la que arribe; ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a resolver en determinado sentido[.]" Luego, por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve se dio vista al quejoso con el cumplimiento dado por el tribunal responsable. Asimismo, mediante determinación de once de junio de dos mil diecinueve este órgano jurisdiccional determinó tener por cumplida la presente ejecutoria. Inconforme a lo anterior el quejoso interpuso recurso de inconformidad en contra del proveído que declaro cumplido el fallo protector. Así pues, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, dentro del recurso de inconformidad 51/2019, en ejecutoria de catorce de mayo del dos mil veinte, declaró fundado el medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa; para los efectos siguientes: "[.]Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, emita el pronunciamiento que corresponda congruente al escrito recibido el nueve de febrero de dos mil dieciocho (visible a fojas 5 y 17), en el que solicitó copia certificada de todas y cada una de las condiciones generales de trabajo (Contrato colectivos laborales y/o convenios colectivos) actualmente vigentes y que se encuentren registrados ante dicho ente y se la notifique oportunamente al ahora quejoso." En acatamiento al fallo protector, el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, mediante oficio 926/2021-A, remitió a este órgano de control constitucional el acuerdo de trece de mayo de dos mil veintiuno, por el que ordenó expedir copias certificadas del convenio colectivo laboral que celebran el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit, de fecha treinta de octubre de dos mil trece, mismas que fueron entregadas al aquí quejoso el día catorce de mayo del año en curso, según se advierte de la constancia de notificación que adjunta la autoridad. De igual manera, mediante oficio 1213/2021-A el tribunal laboral responsable adjuntó la determinación de diez de junio de dos mil veintiuno, de la que se advierte que ordenó expedir copias certificadas del convenio colectivo laboral que celebran el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Nayarit, con el Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit, del año dos mil once, manifestando que únicamente remitió los contratos vigentes, omitiendo los inactivos. Finalmente, mediante oficio 1374/2021-A y en cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable adjuntó el auto de veintiuno de junio del año actual, en el cual se advierte lo siguiente: Que recibió el escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, por Ernesto Iván Arias Álvarez, en el que pidió sea cumplimentada su petición consistente en que se le expidan copias certificadas de todas y cada una de las condiciones generales de trabajo (contratos colectivos laborales y/o convenios colectivos) actualmente vigentes y que se encuentran registrados ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje Determinó que una vez revisada la totalidad de los documentos de tal índole que obran en el resguardo de ese tribunal, se desprendía que se tenían registrados diversos contratos (los que vienen insertos en dicho acuerdo y no se transcriben por economía procesal, pero se tiene a la letra como si estuvieran insertos); Estableció que en atención a la ejecutoria de amparo 219/2019, dio vista a **, haciéndole de su conocimiento que la información solicitada se encuentra preparada y recopilada en el área de archivo de ese tribunal, por lo que requirió al aquí quejoso para que dentro de un término de tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de ese acuerdo, compareciera a sus instalaciones a obtener a su costa las copias solicitadas, las que se entregarías previo acuse de recibo que de deje en autos. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por la autoridad responsable, se advierte que dio cabal cumplimiento a la sentencia amparatoria dictada en el presente juicio; toda vez que atendió a todos los lineamientos descritos en el fallo protector, esto es, dieron respuesta por escrito a la parte quejosa ***, respecto de la petición que formuló el nueve de febrero de dos mil dieciocho en la que solicitó copia certificada de todas y cada una de las condiciones generales de trabajo (Contrato colectivos laborales y/o convenios colectivos) actualmente vigentes y que se encuentren registrados ante el ente responsable, de manera congruente, completa, debidamente fundada y motivada; pues de las constancias allegadas por la responsable, se advierte que atendió su petición, exponiendo los razonamientos lógicos jurídicos que le permitieron llegar a esa determinación y se le notificó oportunamente. Sin que pase desapercibido que en el auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se haya indicado que se atendía al escrito que presentó Ernesto Iván Arias Álvarez el diecisiete de junio de dos mil veintiuno; sin embargo, tal petición se realizó en los mismos términos que en la diversa de nueve de febrero de dos mil diecinueve, que fue la que motivó la tramitación de la presente instancia constitucional; por tanto, ello es que se estime que el fallo se encuentra cumplido; aunado, a que en dicho proveído indicó que se daba la vista al interesado en cumplimiento al fallo protector; por tanto, es que se tenga por cumplido el fallo protector. Del mismo modo, tampoco se soslaya de parte de este órgano de control constitucional que el proveído de veintiuno de junio del año en curso, no contenga fundamento legal alguno, empero, tratándose de determinaciones jurisdiccionales no es necesario que se cumpla con esa exigencia, pues estará en la excepción, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, que en el caso, resultan de aplicación los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por esas razones es que cumplimiento de la responsable cumpla con los requisitos de una debida fundamentación y motivación. Tiene aplicación al caso por las razones que la sustentan la tesis aislada P. CXVI/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, Agosto de 2000, Tomo XII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Tampoco es obstáculo a lo anterior, que Francisco José García Barbosa, en su carácter de autorizado del quejoso en atención a la vista del auto de veintiuno de junio del presente año, haya presentado un escrito en el que realizó diversas manifestaciones de inconformidad sobre el cumplimiento, referentes a: Que en el proveído de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, la responsable es contradictoria e incongruente con lo que previamente había informado en los diversos acuerdos de once de enero, trece de mayo y diez de junio, todos del año dos mil veintiuno, en los que indicó que se encontraban registrados solo algunos convenios colectivos y ordenó que al notificarse respectivamente cada auto se hiciera entrega de los mismos. Que la responsable es evasiva, pues estableció una condición para atender su petición, consistente en que el quejoso acudiera a las instalaciones de la responsable a recoger las copias certificadas a su costa, desatendiendo las reglas para la expedición de la información solicitada en términos del artículo 391 Bis, de la Ley Federal de Trabajo, aplicada supletoriamente al estatuto jurídico de la materia, así como de los numerales 44 y 53 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando en el caso, se encuentra en la hipótesis establecida en el último numeral que indica que, la falta de respuesta a una solicitud de acceso en los términos y plazos que fija el dispositivo 44 se entenderá resuelta en sentido positivo, por lo que la dependencia o entidad quedara obligada a darle acceso a la información en un período no mayor a diez días hábiles, cubriendo todos los costos generados por la reproducción del material informativo. Pues, en relación a lo indicado en el inciso a), si bien es cierto que la responsable en los proveídos de once de enero, trece de mayo y diez de junio, todos del año dos mil veintiuno, indicó que se encontraban registrados solo algunos convenios colectivos y ordenó que al notificarse cada auto se hiciera entrega de los mismos; sin embargo, esa orden de entrega de los documentos indicados no constituye parte de los efectos del fallo protector, ya que de ordenar a la responsable que entregue a la parte quejosa las copias que solicitó en el escrito de nueve de febrero de dos diecinueve, implicaría modificar los alcances que tuvo la sentencia protectora contraviniendo la figura de la cosa juzgada. Por otro lado, respecto a las manifestaciones indicadas en el inciso b), se consideran ineficaces para desvirtuar el debido cumplimiento del fallo protector, partiendo de la base de que el escrito de nueve de febrero de dos diecinueve, no surgió de una solicitud de acceso a la información en términos artículo 391 Bis, de la Ley Federal de Trabajo, aplicada supletoriamente al estatuto jurídico de la materia, así como del numeral 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sino de una petición ante la responsable en términos de los artículos 8, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se indica a continuación: ".Por medio del presente escrito y con fundamento en lo establecido en el artículo 8, 17 y 123 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 133 fracción V y demás relativos y aplicables del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, le solicito tenga a bien expedir a mi favor copia certificada de todas y cada una de las condiciones generales de trabajo (Contratos colectivos laborales y/o convenios colectivos) actualmente vigentes y que se encuentren registrados ante esa H. Autoridad Laboral, manifestando el desconocimiento de su número de expediente o registro por no ser parte del mismo." Por tanto, atendiendo al escrito que motivó la tramitación del juicio de amparo que nos ocupa, la responsable no se encontraba obligada a responder en los términos de los artículos que precisa el quejoso, ya que el fallo protector no indicó que la respuesta fuera atendiendo dichos preceptos, sino lo que ordenó fue que se emitiera una respuesta de manera congruente, completa, debidamente fundada y motivada, lo que en el particular quedo acreditado. En ese orden de ideas, los argumentos de inconformidad vertidos por la parte quejosa sobre el cumplimiento de la sentencia, resultan ineficaces para establecer que la responsable ha incumplido con el fallo protector; por esas razones, se determina que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. Sin soslayar, que la autoridad responsable no haya remitido la notificación del proveído de veintiuno de junio del año en curso; sin embargo, es evidente que el impetrante de amparo tuvo conocimiento pleno de tal proveído al hacer manifestaciones en torno a la vista de veinticuatro de junio del presente año, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, las cuales fueron desestimadas en párrafos anteriores. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados; asimismo, no se exhibió billete de depósito o garantía alguna sobre la cual se tenga que proveer su destino. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el escrito signado vía electrónica por el autorizado de la parte quejosa ***, mediante el cual, en atención al auto veinticuatro de los cursantes, realiza diversas manifestaciones en relación con el acatamiento dado a la sentencia concesoria de amparo por la autoridad responsable; por lo tanto, con fundamento en el ordinal 196 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que aducen, en la inteligencia de que las mismas se analizarán al momento de resolver sobre el cumplimiento aludido. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, y anexos certificados que acompaña, mediante los cuales informa el cumplimiento dado al fallo protector; Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, a efecto de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibidas que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Juzgado Federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector; sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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