Ernesto Hernández Pérez

Expediente 668/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
668/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Ernesto Hernández Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado de este circuito judicial; atento a su contenido, hágase del conocimiento de dicho tribunal lo siguiente: 1. El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo con el laudo de diecinueve anterior, dictado por la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. 2. El veintiocho de noviembre posterior, con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, se ordenó dictar la resolución relativa a dicho cumplimiento. 3. En determinación de veinticinco de marzo de esta anualidad, se declaró cumplida la ejecutoria de mérito. 4. Finalmente, por auto de veintiséis de abril posterior, dicha determinación causó estado. Como se solicita, remítase copia certificada de las constancias que acrediten lo antes precisado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Eduardo Iván Ortiz Gorbea, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Ahora, en atención a la Jurisprudencia 2a./J. 5/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD EN AMPARO DIRECTO. DEBERES DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ANTE LA OBLIGACIÓN DE ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO INTEGRAL EN LOS JUICIOS RELACIONADOS CUANDO EXISTAN SENTENCIAS PROTECTORAS QUE ORDENEN SU RECÍPROCA OBSERVAN"; se hace la precisión que vistas las actuaciones que integran el amparo directo 667/2017, asunto que se encuentra relacionado con el expediente en que se actúa, se advierte que en esta fecha se ordenó su archivo, en razón de que transcurrió el término a que se refiere el citado precepto 202 de la ley de la materia, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado en contra de la determinación que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con el cual se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 89), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 155). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de trece de septiembre de dos mil dieciocho, este Órgano Colegiado resolvió conceder a Ernesto Hernández Pérez, la protección constitucional para los efectos siguientes: "I. Deje insubsistente el laudo reclamado. II. Emita otro en el que: 1. Reitere: a) La aplicación de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente. b) Las consideraciones en que se sustentó para declarar improcedente las excepciones de falta de conservación de derechos, así como la de carencia de acción y de derecho; y, con esto, su determinación de que el actor reúne los requisitos para el reconocimiento de la pensión de cesantía en edad avanzada. c) Las condenas al pago de incrementos, aguinaldo y asignaciones familiares. d) Que las condenas deben ser a partir del veintinueve de marzo de dos mil quince, al haber operado la excepción de prescripción. e) La absolución del reclamo de ayuda asistencial; y, f) Las razones que expuso para dejar a salvo los derechos de la parte demandada respecto a la excepción de retención de impuestos. 2. Con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, tomando en cuenta lo resuelto en el amparo directo relacionado 667/2017, determine el número de semanas de cotización que deben servir de base para la cuantificación de la condena al pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, y hecho lo anterior, individualice las condenas decretadas" (foja 65). Cabe destacar que el presente asunto está relacionado con el 667/2017, promovido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual, en la misma sesión, se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Emita otro en el que reitere: a) Las condenas decretadas en contra del Instituto por conceptos de reconocimiento y pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, incrementos, aguinaldo, asignaciones familiares y asistencia médica; b) Que operó la excepción de prescripción, por lo que la condena es a partir del veintinueve de marzo de dos mil quince; c) La absolución respecto del reclamo de ayuda asistencial; d) La conclusión de dejar a salvo los derechos en relación a la excepción de retención de impuestos. 3. Exponga las razones que funden y motiven la determinación respecto del salario que debe tomarse en consideración para cuantificar las condenas; y con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda" (foja 152). Del examen de las copias certificadas remitidas por el Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, este Tribunal Colegiado aprecia que mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el laudo de diecisiete de abril de dos mil diecisiete y ordenó turnar los autos a su auxiliar para formular el proyecto de resolución correspondiente (foja 74); lo que sucedió el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 80 a 89). En lo que interesa estableció lo siguiente: 1. Reiteró: a) La aplicación de la Ley del Seguro Social anterior a la vigente (foja 81). b) Las consideraciones en que se sustentó para declarar improcedentes las excepciones de falta de conservación de derechos, así como la de carencia de acción y de derecho; esto es, tomó en consideración la documental consistente en la autorización permanente para recibir atención médica en circunscripción foránea expedida por la Jefatura de Servicios Técnicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (copia al carbón que determinó hace presumir la existencia del documento original), del cual se advierte que el actor se encontraba cotizando al régimen obligatorio de la seguridad social, en el año de mil novecientos setenta y cuatro, con el número de seguridad social 13-09-3 (foja 82). En consecuencia, determinó que el actor reúne los requisitos para el reconocimiento de la pensión de cesantía en edad avanzada (foja 83). c) Las condenas al pago de incrementos, aguinaldo (foja 87), asignaciones familiares (foja 83 vuelta) y asistencia médica (fojas 87). d) Las condenas a partir del veintinueve de marzo de dos mil quince, al haber operado la excepción de prescripción (foja 83). e) La absolución del reclamo de ayuda asistencial (foja 83 vuelta). 2. Con libertad de jurisdicción, tomando en cuenta lo resuelto en el amparo directo relacionado 667/2017, la Junta determinó que el número de semanas de cotización que deben servir de base para la cuantificación de la condena al pago de la pensión por cesantía en edad avanzada es de dos mil doscientas ochenta y ocho; por tanto procedió a la individualización de las condenas decretadas (fojas 82 vuelta y 85 a 87). Además, en relación al salario, señaló que el actor en su escrito de ampliación de demanda manifestó que el promedio de las últimas doscientas cincuenta semanas cotizadas, fue de trescientos ochenta pesos, el cual estimó inverosímil, atento a la desproporción evidente que el mismo refleja en relación al promedio de los que sirven de base normalmente para el otorgamiento de pensiones a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social en la zona económica de Tlaxcala, sin que de autos se advierta alguna constancia que demuestre que el asegurado realizó un trabajo especializado, peligroso o, en general, que requiera habilidades especiales que justificaran una remuneración de tal magnitud. En ese orden de ideas, la Junta destacó que de la consulta a la tabla de salario mínimo general promedio, se desprende que el salario mínimo general vigente del área geográfica A, desde el primero de enero de dos mil quince, anualidad a partir de la cual fue decretada la condena al pago de la pensión de cesantía en edad avanzada, ascendió a setenta pesos con diez centavos diarios, el que tomó en consideración para la cuantificación de las condenas (fojas 84 vuelta y 85). Ahora bien, no pasa inadvertido que la autoridad responsable omitió reiterar el pronunciamiento relativo a la conclusión de dejar a salvo los derechos en relación a la excepción de retención de impuestos, en razón de no ser la autoridad competente para conocer de ello; empero, atendiendo al sentido de dicha determinación, el proceder de la responsable no causa afectación alguna respecto de lo que fue materia de estudio en la ejecutoria de mérito. De lo anterior se concluye que, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre anterior, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. Finalmente, agréguese para los efectos legales procedentes, la copia certificada de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 667/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, la cual guarda relación con el expediente en que se actúa.

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