Ernesto Hernández Pérez

Expediente 401/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
401/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
31/05/2016

Partes del expediente

  • Ernesto Hernández Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido el auto once de mayo de dos mil dieciséis (fojas 44 a 48), en el cual se decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Agréguense los oficios y anexos signados por el Presidente y Secretario de Acuerdos adscritos a la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; por el cual en cumplimiento al proveído de tres de mayo de dos mil dieciséis, remiten diversas constancias que integran el expediente laboral 237/2016, por lo que se ordena agregarlos a los presentes autos para los efectos legales correspondientes. Lo expuesto pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues al emitir el acuerdo correspondiente a la radicación de la demanda y señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones respecto de la demanda presentada el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis por Ernesto Hernández Pérez, cesó la omisión reclamada; circunstancia que impone sobreseer el juicio fuera de la audiencia de ley. Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente la parte quejosa, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el Presidente y Secretario de Acuerdos adscritos a la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitieron copia certificada del proveído de once de abril de dos mil dieciséis (fojas 19 y 22), por medio del cual se acordó la demanda promovida por Ernesto Hernández Pérez señalando día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones respecto de la demanda presentada el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, mismo que le fue notificado al quejoso, previo citatorio, el día cuatro de mayo de dos mil dieciséis, circunstancia que se acredita con las copias certificadas del referido acuerdo y su respectiva constancia de notificación. De lo anterior se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que el once de abril de dos mil dieciséis, se proveyó lo conducente en torno a la demanda promovida por Ernesto Hernández Pérez señalando día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones respecto de la demanda presentada el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, mismo que le fue notificado al quejoso, previo citatorio, el cuatro de mayo del año en curso. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado por Ernesto Hernández Pérez, sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa, dado que no podría desvirtuar la causal de improcedencia. Por tanto, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo establecido en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes quejosa y tercera interesada se impongan del informe y anexo rendido por la autoridad responsable, Secretario y Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, del acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciséis. En consecuencia, al no haber transcurrido los ocho días de anticipación a que alude el artículo en cita con relación a la celebración de la audiencia de ley, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de la materia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS.

  4. Principal

    Vistos los oficios de cuenta y anexos correspondientes, y atento a su contenido, se tiene al Secretario y Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala; respectivamente, rindiendo sus informes justificados, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con el contenido de los mismos dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. De igual forma, se tienen por ofrecidas las documentales que anexan tanto el Presidente como el Secretario de la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, a los oficios de cuenta, consistentes en la copia certificada del auto de once de abril de dos mil dieciséis, la cual será relacionada en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior y derivado de los informes justificados referidos en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsable, Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala y Secretario General de Acuerdos que integra la mencionada Junta, para que en el improrrogable término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, remitan a este órgano jurisdiccional las constancias de notificación a las partes del acuerdo de once de abril de dos mil dieciséis que refieren en sus informes justificados, toda vez que se estiman necesarias para resolver el presente juicio conforme a derecho, apercibidas que de no hacerlo dentro de la temporalidad concedida, o de no informar por escrito el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de ciento veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con la reforma al inciso a) de la base II del artículo 41, y párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123; y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo que establece la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la contradicción de tesis 8/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 1997, en sesión de fecha diez de febrero de mil novecientos noventa y siete, cuyos rubro y texto son los siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto".

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