Ernesto Hernández Martínez
Expediente 336/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 336/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/05/2017
Partes del expediente
- Ernesto Hernández Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy el quejoso no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto al quejoso, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Ahora bien, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, el expediente es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental; y, de depuración el original del incidente, pues se negó y concedió la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Asimismo, devuélvanse a la responsable, los anexos que remitió en autos, sin que sea necesario acusar de recibo.
- Principal
Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo 336/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, turnado al siguiente día a este juzgado; el quejoso Ernesto Hernández Martínez solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio. Por auto de seis de marzo de dos mil diecisiete, este juzgado admitió y registró la demanda bajo el número 336/2017; requirió a las autoridades responsables su informe justificado; dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación; y, fijó día y hora para la audiencia constitucional. Acontecido lo anterior y previo diferimiento, tuvo verificativo la citada audiencia en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; pues se reclaman actos emitidos y ejecutados dentro de la jurisdicción en que este Juzgado ejerce competencia y la parte quejosa se ostenta tercera extraña. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como responsables al Juez Segundo Civil de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México y Ejecutor adscrito, de quienes se reclama: La orden de desocupación y entrega emitida en el juicio ordinario civil 883/2013, promovido por Hipólito Roberto Monroy Robles en contra de Gloria Isabel Rivas Ventura, respecto del inmueble ubicado en Avenida Morelos Oriente, número 7, exterior 14, del Callejón de la libertad, Municipio de Atlacomulco, Estado de México; y, su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Dichas responsables, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto reclamado (f. 20, 22 y 23). Lo cual se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario civil 883/2013, a las que se les otorga valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, de ahí que se tenga plena certeza de los actos que se les atribuye. CUARTO. Antecedentes. De las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierten los antecedentes siguientes: En autos del juicio ordinario civil sobre acción reivindicatoria, promovido por Hipólito Roberto Monroy Robles, en contra de Gloria Isabel Rivas Ventura y Carlos Monroy Rivas, se emitió sentencia en favor de la parte actora. Mediante proveído de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, el juez responsable turnó los autos a la Ejecutora de su adscripción, para requerir a la demandada cumplimiento voluntario del resolutivo tercero de la sentencia definitiva de siete de marzo de dos mil dieciséis (modificada por la Segunda Sala Civil de Toluca en sentencia de cinco de mayo de dos mil dieciséis), consistente en que ésta, restituyera al actor, el inmueble ubicado en callejón de la libertad, número catorce, que forma parte del inmueble ubicado en José María Morelos Oriente, número siete, colonia centro, Municipio de Atlacomulco, Estado de México (f. 2 de las copias certificadas del expediente 883/2013). En diligencia de diez de febrero de dos mil diecisiete, se puso en posesión material y jurídica al actor del inmueble materia de la Litis (f. 8-15 ídem). No obstante, por acuerdo de trece de febrero de la misma anualidad, se dejó sin efectos la aludida diligencia, por carecer de requerimiento a la parte demandada (f. 19-22 ídem) En consecuencia, por acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, la responsable señaló fecha y hora para que el actor, la demandada y la depositaria, se presenten en el local del juzgado a fin de constituirse en el inmueble materia de la Litis y, en principio, la depositaria entregue los bienes que quedaron bajo su resguardo en diligencia de diez de febrero del año en curso; después, el actor restituyera a la demandada el inmueble que le fue puesto en posesión en la referida diligencia; y, finalmente, la demandada entregue nuevamente al actor el inmueble descrito en párrafos que anteceden (f. 56-58 y 79-80 ídem). Siendo éste el estado procesal que guardaban los autos del juicio de origen, a la fecha en que fue presentada la demanda de amparo indirecto. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia que propongan las partes o que este juzgador advierta de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. La fracción XII del artículo en cita literalmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Ahora bien, en términos del artículo 5º, fracción primera, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, cuando se reclamen actos procedentes de tribunales jurisdiccionales, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; esto es, deberá demostrar la afectación al interés jurídico. Dicho interés presupone la existencia de un derecho subjetivo protegido por la ley, que es violado o desconocido, con lo cual se infiere un perjuicio a su titular, facultándolo para acudir ante los órganos jurisdiccionales a demandar que esa transgresión cese; afectación que debe probarse fehacientemente. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, con número de registro 170500, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, tomo XXVII, enero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4°. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." La parte quejosa acude a instar juicio de amparo en contra de las autoridades responsables, argumentando que se le pretende privar de la posesión del inmueble ubicado en Avenida Morelos Oriente, número 7, exterior 14, del Callejón de la libertad, Municipio de Atlacomulco, Estado de México; y, su ejecución, cuya causa generadora de posesión (justo título) que tiene sobre el bien litigioso y del cual se le pretende desposeer, sin haber sido oído y vencido en el juicio del cual emana el acto reclamado, tiene su génesis en la celebración del contrato de arrendamiento con Hipólito Roberto Monroy Robles. No obstante, para que la posesión sea objeto de protección del juicio de amparo, es necesaria la existencia de un título, sustentado en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia P./J.1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo XV del mes de febrero de dos mil dos, visible en la página cinco, que establece: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esta institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca convicción de que tiene el derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Para demostrar el interés jurídico, el quejoso exhibió el contrato privado de arrendamiento celebrado el trece de febrero de dos mil diecisiete con Hipólito Roberto Monroy Robles, en su calidad de arrendador, pasado ante la fe del Notario Público número ciento cincuenta y cuatro del Estado de México, con residencia en San Felipe del Progreso (f. 9-11). Asimismo, se aprecia que el referido arrendador es la parte vencedora en el juicio de origen, con motivo de la sentencia definitiva de siete de marzo de dos mil dieciséis, firme a través de la resolución de alzada emitida el cinco de mayo de dos mil dieciséis. Y, no obstante que el contrato descrito contiene fecha cierta de dos de marzo de dos mil dieciséis -data en que el fedatario público hizo constar su cotejo con el original que tuvo a la vista-; lo cierto es que tales condiciones son insuficientes para tener por acreditado el interés jurídico de Ernesto Hernández Martínez, respecto del inmueble cuya posesión defiende. En efecto, debe recordarse que mediante diligencia de diez de febrero de dos mil diecisiete, la parte actora obtuvo la posesión material y jurídica del inmueble reclamado; empero dicha diligencia quedó sin efectos en proveído de trece de febrero de dos mil diecisiete y por tal motivo, en acuerdo de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete se requirió al actor Hipólito Roberto Monroy Robles la restitución del inmueble en favor de la demandada. De ahí que, el contrato de arrendamiento se considere de fecha posterior al proveído que originó la orden de restitución del inmueble que el quejoso reclama. Se expone tal aserto, pues la fuerza convictiva de un título privado que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada su celebración (en el caso, trece de febrero de dos mil diecisiete), con lo que se evita que se lleven a cabo operaciones desleales, ya que si bien es cierto que dicho acuerdo de voluntades es eficaz para obtener el uso y disfrute del inmueble en controversia, también lo es que para efectos de acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo de una persona que se ostenta tercera extraña, debe partirse de la fecha en que el fedatario público lo tuvo a la vista, con el objeto de que adquiera eficacia jurídica frente a terceros. Es conveniente citar la jurisprudencia 1a./J. 33/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, de agosto de dos mil diez, página trescientos catorce, cuyo epígrafe y texto establecen lo siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él." En este sentido, es inconcuso que el documento con el cual el quejoso Ernesto Hernández Martínez, pretende acreditar su interés jurídico, es insuficiente para tal fin; pues no demuestran que la posesión del bien que defiende, así como la causa generadora fuesen de fecha anterior al proveído en que se ordenó al actor la restitución del inmueble materia de la Litis, en favor de la demandada. Aunado a que durante la secuela procesal del presente juicio de amparo y hasta la celebración de la audiencia constitucional, fue omiso en ofrecer prueba fehaciente para acreditar que el acto reclamado transgrede su esfera jurídica, máxime que le correspondía demostrar tal circunstancia, debido a la carga de la prueba. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, publicada en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, Novena Época, formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 187777, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción "1", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en si mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Así, no es suficiente que el quejoso se ostente como poseedor del bien afectado, sino que debió acreditar de manera fehaciente con prueba idónea, que el derecho de posesión que defiende, hubiese surgido con anterioridad a la orden de restitución que originó el acto reclamado, y que éste fuese oponible a terceros, pues el interés jurídico debe probarse de manera fehaciente y no con base en presunciones. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el tomo 82, página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octubre 1994, con el número de registro 198284, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.". En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, procede el sobreseimiento en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución por no reclamarse por vicios propios. No se soslaya que en autos no obre el emplazamiento de Hipólito Roberto Monroy Robles y Gloria Isabel Rivas Ventura, pues dado el resultado de esta sentencia, no se les irroga perjuicio alguno. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Ernesto Hernández Martínez, contra el acto que reclamó de las autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia.
- Incidental
Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse en un tanto las copias que solicita, previa razón de recibo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba las documentales que anexa el Juez oficiante y fórmese el anexo uno. Para dar tiempo a que transcurra el plazo referido en líneas precedentes, la audiencia constitucional prevista para las once horas con treinta minutos del siete de abril del año en curso, se transfiere y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de abril de dos mil diecisiete para su celebración.
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