Ernesto Hernandez Hernandez

Expediente 530/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
530/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Ernesto Hernandez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó de plano la demanda de amparo... se declara que ha causado estado para todos los efectos procedentes... archívese este juicio como asunto concluido.

  2. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Ernesto Hernández Hernández, por derecho propio, contra actos de Francisco Hernández Saldívar, en su carácter de comisariado ejidal de la comunidad de Llano de en Medio, del municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Radicación. Intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número de registro 530/2023. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad para la tramitación de este juicio la aplicación del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE; razón por la cual en términos del artículo 263 de dicho acuerdo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento de la demanda. Esta juzgadora procede a examinar la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, que dice: [A]rtículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Conforme a esa tesis, la improcedencia de la acción de amparo que permita desechar la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable, pues ello supone que el juzgador, con la mera lectura del escrito inicial y de sus anexos, considera probada la correspondiente causal de improcedencia sin lugar a dudas, sea porque los hechos sobre los que descansa hayan sido manifestados claramente por el demandante o porque estén probados con elementos de juicio indubitables, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido. En otras palabras, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Establecido lo anterior, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...). De los dispositivos antes reproducidos, se advierte que, para efectos del juicio de amparo, la autoridad responsable es el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Para ello, se atiende a la clasificación que la teoría general del derecho hace de: - Las relaciones jurídicas de coordinación; - Las de supra a subordinación; y, - Las relaciones jurídicas de supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional lo es el juicio de amparo. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Conforme a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto, bien puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa y jurisdiccional, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, el acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Lo anterior, quedo establecido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo dispone, por regla general, que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, entendiéndose por ésta el ente jurídico que tenga frente al particular, imperio y, como norma especial, la figura jurídica de los actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que originen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que debieran realizar en ese sentido; siempre y cuando las funciones del particular estén determinadas por una norma general." Así, el término legal que da pauta a los actos de particulares para considerarse como de autoridades, es que aquéllos sean equivalentes a los de éstas. De esta forma, si bien es verdad que los actos provenientes de particular, por regla general, no son susceptibles de control constitucional por vía de amparo, lo cierto es que dichos actos de particular, por excepción, sí pueden ser materia del juicio constitucional cuando su contenido pueda equipararse a los actos de una autoridad, y de la interpretación sistemática de lo señalado en el precepto 5, fracción II, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que esa situación equiparable se presenta cuando se crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas de forma unilateral u obligatoria. Así, los elementos esenciales para reconocer autoridad al comportamiento de los particulares susceptible de control constitucional por vía del amparo, se presentan cuando un particular en agravio de otro le crea, modifica o extingue situaciones; además, esas situaciones creadas por el particular respecto del otro tienen un contenido jurídico, es decir, se basan en el marco normativo, y además son impuestas de forma unilateral y obligatoria. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado y autoridad, los siguientes. De Francisco Hernández Saldívar, en su carácter de comisariado ejidal de la comunidad de Llano de en Medio, del municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz: La orden dada a un grupo de personas, de abrir una brecha para paso de servidumbre, en el predio de la parcela ejidal número 000000186367, propiedad del quejoso, como ejidatario del ejido de Zapotal perteneciente al municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, sin su consentimiento y sin autorización de la asamblea general de la comunidad; hechos acontecidos el quince de mayo del año en curso. En ese contexto, se tiene que Francisco Hernández Saldívar, en su carácter de comisariado ejidal de la comunidad de Llano de en Medio, del municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, carece del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Esto es así, pues de acuerdo con los artículos 21, fracción II, 22, 32 y 33, todos de la Ley Agraria, el comisariado ejidal es uno de los órganos del ejido encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea no del Estado, así como de la representación y gestión administrativa de aquél. Entre sus facultades, se encuentran las de representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. En ese sentido, si bien la Ley Agraria confiere al comisariado diversas facultades, también es que, ello no implica que deba considerársele como autoridad; pues únicamente funcionan como órgano representativo y de ejecución respecto del Ejido y hacia su interior. Máxime que del contenido de los artículos 22, 32 y 33 invocados, se advierte que dicho órgano de representación del ejido, no cuenta con atribuciones para vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de sus actos, los cuales es una característica propia de una relación de supra a subordinación, en tanto releva la existencia de un sujeto cuyos actos gozan de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, lo que en la especie no acontece. Además de que, sus relaciones con los sujetos del ejido, por ejemplos, los avecindados, así como los propios ejidatarios -carácter con el que se ostenta el aquí quejoso-, son de coordinación, ya que las diferencias que entre ellos se susciten deben ser resueltas mediantes los procedimientos jurisdiccionales, como el juicio agrario, en términos del artículo 163 de la invocada legislación; incluso, el artículo 33 fracción I, de la legislación agraria dispone que las facultades del comisariado se equiparan a las de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas. De modo que, los actos emitidos por el Comisariado, no se ubican en una posición de supra a subordinación, sino de coordinación, al tratarse de cuestiones entre particulares sin imperio, coerción o unilateralidad. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis aislada sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 237168, visible en la página diecisiete, Volumen 205-216, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. Aun cuando el artículo 22, fracciones II y III, de la Ley Federal de Reforma Agraria incluyen a los comisariados ejidales y a los consejos de vigilancia entre las autoridades de los núcleos de población ejidal, relacionadas con las atribuciones que los diversos artículos 48 y 49 de la misma ley les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección y vigilancia, respectivamente, de los ejidos correspondientes: en consecuencia, aun en el supuesto de que éstos intervengan en los hechos que se le imputan, realizan actos de particulares que en todo caso caen bajo la sanción de las leyes comunes, por lo que en contra de dichas autoridades no cabe el juicio constitucional. Así como, la diversa tesis aislada, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 232366, Materias(s): Administrativa, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación. Volumen 175-180, Primera Parte, visible en la página 13, de rubro y texto: AGRARIO. COMISARIADO EJIDAL. NO TIENE EL CARACTER DE AUTORIDAD, AUNQUE INTERVENGA EN LA APLICACION DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. Aun cuando aparezca que el comisariado ejidal, señalado como autoridad responsable, aplicó los artículos 434, 435, 436 y 437 de la Ley Federal de Reforma Agraria impugnados de inconstitucionales, no puede estimarse que dicha aplicación de la ley sea un acto de autoridad para los efectos de la procedencia del juicio de garantías, sino que se trata de actos de particulares que no pueden ser objeto del juicio de amparo. Respecto de problemas similares, esta Suprema Corte ha sostenido reiteradamente que los actos efectuados por los comisariados ejidales en cumplimiento de las atribuciones que les confiere la Ley Federal de Reforma Agraria, no son actos susceptibles de reclamarse en la vía constitucional, por ser actos de particulares, ya que dichos órganos actúan únicamente como representantes del núcleo de población ejidal y como administradores de los bienes agrarios, salvo el caso en que ejecuten o pretendan ejecutar acuerdos u órdenes de las autoridades agrarias que afecten o puedan afectar derechos agrarios individuales de los ejidatarios. El comisariado ejidal no aplica la ley como autoridad sino como simple particular, cuando interviene en el procedimiento que establecen los artículos 434, 435, 436 y 437 de la Ley Federal de Reforma Agraria, como simple conciliador en la disputa suscitada entre la quejosa y tercera perjudicada por la posesión de una parcela ejidal, y su actuación se reduce a proponer una solución práctica de avenimiento a las partes en pugna con el objeto de evitar que tengan la necesidad de ocurrir al trámite contencioso agrario que determinan los artículos 438 al 440 de la Ley Federal de Reforma Agraria. En consecuencia, estos actos del comisariado ejidal no son actos de autoridad que lesionen los derechos agrarios de la quejosa y, por consiguiente debe sobreseerse en el juicio, en este aspecto, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Además, la tesis aislada VI.3o.A.27 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, con registro digital: 189776, Materias(s): Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Mayo de 2001, página 1099, de rubro y texto: COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..."; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria. Por otro lado, y de manera destacada, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, publicada en la página cuatrocientos sesenta y tres del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo siguiente: "... si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución ..."; o sea que de acuerdo con el criterio de la Corte para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea. Máxime que, el comisariado señalado como autoridad responsable, pertenece a otro ejido (Llano de en medio) distinto del que dice ser el quejoso (Zapotal); de manera que, ello corrobora aún más que sus actos son de un particular. En estas circunstancias, es evidente que el acto combatido, no se traduce en un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues el comisariado ejidal de la comunidad de Llano de en Medio, del municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, señalado como responsable en el presente asunto, no se ubica en una posición de supra a subordinación con el aquí quejoso, en su carácter de ejidatario del ejido Zapotal, del mismo municipio, sino en uno de coordinación, por lo cual, sus actos y las consecuencias, no se tratan de actos de autoridad, pues son órganos del ejido, no del Estado, por lo que en el caso, se está ante una controversia de derecho agrario que, en su caso, debe ser sometida ante la Tribunal Agrario competente mediante el juicio correspondiente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, acorde al numeral 113 de la legislación en comento, se desecha de plano la demanda de amparo intentada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis número 749, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 505, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, de epígrafe y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA." Sin que la presente determinación implique que este Juzgado Federal desconozca la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."; toda vez que, como ya se señaló, el acto reclamado no fue emitido por una autoridad, en términos de la Ley de Amparo, ni por un particular que realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. De ahí, que si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos; es de señalar que tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general. Al respecto, se invoca la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1224, Libro 11, Tomo II, octubre de 2014, Plenos de Circuito, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]." Tampoco es óbice a la determinación anterior, el hecho de ser un asunto agrario, que el quejoso aduzca tener el carácter de ******************** y hablar la lengua ********************; pues lo que aquí se analiza es la procedencia del amparo en relación con el acto que combate. Y si bien, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo se suple la deficiencia de la queja en toda su amplitud, lo cierto es que, para ello debe ser procedente el juicio de amparo. Notificación a la parte quejosa. En términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista de acuerdos que se publica electrónicamente en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación Autorizados. Con fundamento en la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como facultados únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a ********************, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Habilitación de días y horas inhábiles. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. Asimismo, se instruye al actuario para que, en caso de que alguna autoridad se niegue a recibir un oficio de notificación, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; esto es, informarle que, no obstante dicha circunstancia, se tendrá por hecha la notificación correspondiente. Copias. Toda vez que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente ya que será el expediente electrónico el que tenga validez para consulta de las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que rige la tramitación del presente juicio, se hace del conocimiento de las partes autorizadas (con firma electrónica vigente) que podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el presente expediente ya que, cuando éstas incluyen la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, sin necesidad de hacer mayor gestión. Protección de datos personales. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente electrónico conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

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