Ernesto Hernández Galindo
Expediente 1237/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1237/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ernesto Hernández Galindo
- Ernesto Hernández Galindo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de febrero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio electrónico signado por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito, por medio del de cual comunica que aceptó la competencia planteada por este juzgado federal y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por *******************. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental. Por tanto, de conformidad el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte1, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Ahora bien, toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa, coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25 del Acuerdo General el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del oficio por el que este juzgado federal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Ernesto Hernández Galindo, Administrador Único de la quejosa Dianeri Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable; registrándolo con el número de amparo directo civil 4/2022; e informa que se reserva a proveer en relación a la incompetencia planteada, hasta en tanto cuente con la información solicitada a la autoridad responsable. Téngase al tribunal de cuenta informando lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, con el cual en cumplimiento al requerimiento hecho en autos, remite copia certificada en disco óptico que contiene las audiencias celebradas el quince y diecinueve de julio de dos mil veintiuno, inherentes a la carpeta administrativa 1202/2021 de su índice. Atento a lo anterior, deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos; de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida y admitida la prueba que remite la autoridad en cita, la que se desahoga dada su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de dar nueva cuenta de ella en la audiencia constitucional. Finalmente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la indicada ley conforme a su artículo 2º, se da vista a las partes con la documental por el término continuo y genérico de ocho días. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso B) Y 29 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citatorio y se procede notifica a la parte quejosa, DEL ACUERDO DE NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en virtud de que no acudió a notificarse personalmente a este juzgado. Y que lo conducente dice: "... Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito firmado por ***********************, por el que desahoga la prevención formulada en autos; en consecuencia se provee: Vista la demanda de amparo que promueve ************************, contra el acto de la Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla, del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Tlalnepantla, Estado de México, que lo hace consistir en: Acto reclamado La resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala responsable en el toca de apelación ************/2021, por la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa en contra del auto de veintitrés de septiembre del año en curso, dictado en el expediente **********/2019, del índice del Juzgado Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que declaró la caducidad del juicio, modificando el auto recurrido para acordar lo relativo a unas personas autorizadas. DECLINATORIA DE COMPETENCIA Una vez realizado un estudio integral de la demanda de amparo y precisado el acto reclamado, se estima que Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en términos de los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley." De los preceptos antes transcritos se advierte que en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo, procede el amparo directo. Luego, si la parte quejosa reclama en esta vía biinstancial la resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala responsable en el toca de apelación 627/2021, por la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa en contra del auto de veintitrés de septiembre del año en curso, dictado en el expediente 285/2019, del índice del Juzgado Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que declaró la caducidad del juicio, modificando el auto recurrido para acordar lo relativo a unas personas autorizados; entonces dicha determinación constituye una resolución definitiva, en contra de la cual procede el amparo directo. En esa virtud, debe decirse que el acto reclamado por la parte quejosa y que hace consistir en la resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala responsable en el toca de apelación 627/2021, por la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa en contra del auto de veintitrés de septiembre del año en curso, dictado en el expediente 285/2019, del índice del Juzgado Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que declaró la caducidad del juicio, modificando el auto recurrido para acordar lo relativo a unas personas autorizadas; en modo alguno puede ser materia del juicio de amparo indirecto, ya que en tratándose de actos como los que en la especie se analizan, es competente el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito que corresponda por turno, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, por tratarse de una resolución que sin decidir el fondo del asunto pone fin al juicio. Luego, si se tiene en cuenta que de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, se infiere que es procedente el juicio de amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando el acto reclamado se hace consistir en sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio; y que en la especie el acto que se reclama consiste en la resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Sala responsable en el toca de apelación 627/2021, por la que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa en contra del auto de veintitrés de septiembre del año en curso, dictado en el expediente 285/2019, del índice del Juzgado Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que declaró la caducidad del juicio, modificando el auto recurrido para acordar lo relativo a unas personas autorizados, por ende, es claro que procede amparo directo, al tratarse de un proveído en el que el juez de origen puso fin al juicio sin decidirlo en lo principal pues lo dio por concluido. En consecuencia, este órgano de control constitucional se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior la tesis IV.2o.A.77 K (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO DE SU ANÁLISIS SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN UNA SENTENCIA DEFINITIVA, ASÍ COMO LAS VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 172, FRACCIONES I Y VI, DE LA LEY DE LA MATERIA, QUE SE PRESENTÓ DENTRO DEL PLAZO DE 15 DÍAS Y EL QUEJOSO FUE PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, DEBE CONSIDERARSE QUE HUBO ERROR EN LA VÍA Y ORDENAR QUE SE TRAMITE EN LA DIRECTA. En términos de los artículos 34, 170 y 171 de la Ley de Amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito es el órgano competente para conocer de los juicios de amparo directo que se promuevan contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Asimismo, tiene facultades para analizar las violaciones a las leyes del procedimiento que se hagan valer en dicha demanda, una vez que hayan sido preparadas por el quejoso mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y siempre que trasciendan al resultado del fallo; con excepción de los amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Por ello, dicho órgano jurisdiccional tiene atribuciones para estudiar, entre otras violaciones procesales, las previstas en las fracciones I y VI del artículo 172 del ordenamiento mencionado, que se refieren a cuando no se emplaza a juicio al quejoso o se le cita en forma distinta de la prevenida por la ley, y en el caso de que no se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley. Lo anterior es así, pues respecto a la violación procesal prevista en la fracción I de este último precepto, su reclamación supone necesariamente que el quejoso tuvo conocimiento, por cualquier medio, del juicio seguido en su contra y que, en consecuencia, se apersonó o compareció a éste, aun cuando no haya sido emplazado o el emplazamiento haya sido ilegal, dado que quien puede reclamarla es aquel que fue parte en el juicio y obtuvo una resolución desfavorable a sus intereses, máxime que la violación indicada no constituye un acto de imposible reparación contra el que proceda el amparo indirecto, al haber tenido el particular la oportunidad de comparecer a juicio porque, en ese supuesto, aún podrá ofrecer pruebas para desvirtuar la acción intentada en su contra, promover incidentes e interponer los recursos previstos por la ley que rige el acto, de manera que esa violación debe impugnarla en amparo directo. Por lo que respecta al plazo para promover la demanda de amparo, el artículo 17 de la propia ley prevé que contra las determinaciones inicialmente señaladas será de 15 días, el cual, acorde con el artículo 18 de la misma normativa, se computará a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En consecuencia, si se promueve amparo indirecto, pero del análisis de la demanda se advierte que se reclaman una sentencia definitiva, así como las violaciones a las leyes del procedimiento establecidas en el artículo 172, fracciones I y VI, aludido; aquélla se presentó dentro del plazo de 15 días y el quejoso fue parte en el procedimiento de origen, debe considerarse que hubo un error en la vía, por lo cual, en aras de agilizar el trámite respectivo y, por ende, de una justicia pronta y expedita, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe ordenarse que se tramite como juicio de amparo directo y llevarse a cabo las prevenciones que se estimen oportunas en términos de los artículos 177, 178 y demás relativos de la citada ley de la materia." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 34 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional respetuosamente considera que de la presente demanda de amparo corresponde conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno. Por tanto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para que tenga bien determinar lo que en derecho proceda. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO EN ASUNTOS TRAMITADOS EN AMPARO INDIRECTO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO. Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de garantías contra una resolución que haya puesto fin al juicio, como la resolución en que el Magistrado Instructor del Tribunal Fiscal de la Federación haya tenido por no interpuesta la demanda de nulidad, el juez se declarará incompetente para conocer de dicha demanda, y será el Tribunal Colegiado en Pleno al que competa el conocimiento de la misma y, con fundamento en el artículo 49 de la Ley de Amparo, decida si confirma o no la resolución del a quo y, en su caso, si se avoca al conocimiento del asunto. En ese tenor, fórmese cuaderno de antecedentes y solicítese al Tribunal Colegiado que tenga a bien conocer el acuse de recibo correspondiente y en su oportunidad informe lo que haya tenido a bien acordar respecto a lo planteado. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Cabe indicar a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, por lo que las partes deberán manifestarlo expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en el entendido que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se emitan se aplique sin supresión de datos, conforme a lo dispuesto en el numeral 21 de la última ley en cita. Notifíquese por oficio vía ordinaria a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, personalmente al quejoso y por lista al resto de las partes.
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