Ernesto Hasbach Lugo

Expediente 886/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
886/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
07/03/2023

Partes del expediente

  • Ernesto Hasbach Lugo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se asentó: "[.] con el escrito de cuenta se exhibió un pagaré por la cantidad de $100.000.00 (Cien mil pesos 00/100 moneda nacional), el cual se guarda en el seguro del juzgado. [.]". Siendo lo correcto: "[.] con el escrito de cuenta se exhibió un cheque por la cantidad de $100.000.00 (Cien mil pesos 00/100 moneda nacional), el cual se guarda en el seguro del juzgado. [.]". Aclaración que se realiza sin que altere el contenido del auto aludido, sino únicamente para especificar el documento recibido. Ahora, también del estado de autos se advierte que el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la resolución dictada en autos, ordenándose el archivo del presente expediente; asimismo, se pusieron a disposición de la parte quejosa los documentos exhibidos sin especificar que entre ellos se encuentra el cheque aludido. En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que acuda al local de este Juzgado, dentro de un plazo de noventa días, a recoger el título valor citado, apercibido de que en caso de no hacerlo, será destruido junto con el expediente. Mientras tanto, glósese a los autos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte quejosa, la determinación de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele por medio de lista esa determinación, este auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA DETERMINACIÓN DE VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, SEÑALA: "Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que el juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, el ambiente o gestión ambiental; que no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de temas de trascendencia jurídica, política, social o económica, el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo. El cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó las suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. Conforme a lo dispuesto por el Acuerdo Plenario citado, mediante notificación personal para la parte quejosa y vía electrónica para el tercero interesado, requiéraseles para que acudan al local de este Juzgado, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibieron, apercibidos de que en caso de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA."

  3. Principal

    Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que el juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, el ambiente o gestión ambiental; que no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de temas de trascendencia jurídica, política, social o económica, el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el numeral 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo. El cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó las suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su archivo, deberá depurarse debiendo conservarse, únicamente las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. Conforme a lo dispuesto por el Acuerdo Plenario citado, mediante notificación personal para la parte quejosa y vía electrónica para el tercero interesado, requiéraseles para que acudan al local de este Juzgado, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibieron, apercibidos de que en caso de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con diez minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 886/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los cuales las autoridades responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento de la parte tercera interesada; asimismo se da cuenta con el estado procesal de autos. En este acto se da cuenta con el escrito con registro 19813 y una comparecencia. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. Por otro lado, visto el estado procesal de autos, del que se advierte que el tercero interesado manifestó su oposición expresa a la publicación de sus datos personales, por lo que en términos del artículo 6º, apartado A, fracción II, de la Constitución Federal; y 23, 68, fracciones I y II, 115 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, serán considerados como confidenciales; asimismo, agréguese a los autos el ocurso del tercero interesado por medio del cual, se le tiene objetando de falsedad los documentos exhibidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, consistentes en el cheque número ..., de Banco ..., por la cantidad de $... moneda nacional), así como el contrato de depósito con garantía de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós, suscrito por Jesús Estrada Cárdenas en representación de "...." y el quejoso ... sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento en relación al citado ocurso, en virtud de la comparecencia que se glosa al presente expediente, de la que se advierte desiste a su entero perjuicio de dicha objeción, por lo que como lo solicita, se dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer en la vía y forma conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la parte quejosa y tercera interesada ofrecieron diversas documentales. Al efecto se acuerda. Se admiten y desahogan las probanzas aludidas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló; sin embargo el tercero interesado invocó diversas causales de improcedencia y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 886/2022, promovido por ..., contra actos del Juez Sexagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México, así como del Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos considerados violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. El veintiséis de agosto siguiente, se admitió la demanda, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirieron los informes justificados; y, se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. La representación social Federal adscrita no formuló intervención, se tuvieron por rendidos los informes de ley, se emplazó a la parte tercera interesada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los numerales 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la ley de la materia, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado del orden común residente dentro al ámbito territorial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, como acto reclamado se tiene que: El quejoso se ostenta tercero extraño auténtico al juicio ordinario civil 347/2015 del índice del Juez Sexagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México; reclama la falta de llamamiento y particularmente la actuación de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, que ordenó poner a disposición el billete de depósito por la cantidad de $97,684.00 (noventa y siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), suma que fue embargada a la demandada. Tercero. Existencia. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, como se corrobora de las copias certificadas remitidas, de valor probatorio pleno, acorde a los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley aplicable. Cuarto. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio antes de las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. El juicio es improcedente, por falta de interés jurídico del promovente, acorde al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio real y actual que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de la persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad, debe referirse en primer término, a la existencia de un derecho subjetivo (interés jurídico); y en segundo, que éste se vea real y directamente afectado con la actuación de la autoridad (agravio). Al respecto se invoca la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 199-204, Primera Parte, página 135, que es del tenor literal siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". Resulta aplicable a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 51/2019 (10a.), publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." El interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE."1 En la especie, el quejoso se ostenta tercero extraño auténtico al juicio ordinario civil 347/2015 del índice del Juez Sexagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México y reclama la falta de llamamiento y particularmente la actuación de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, que ordenó poner a disposición el billete de depósito por la cantidad de $97,684.00 (noventa y siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), suma que fue embargada a la demandada. Entonces, conforme a lo expuesto sobre el interés jurídico, es indispensable que acredite la afectación de los derechos que invoca con motivo de los actos reclamados; lo que no aconteció. Lo anterior es así, porque el peticionario no allegó prueba alguna que revele -ni de manera indiciaria- un derecho a su favor, pues únicamente refirió que entre él y la Iglesia .... existe una relación contractual derivada de un pacto que denominaron como "contrato de depósito con garantía"2. En dicho acuerdo de voluntades únicamente se precisó que el peticionario realizó un depósito por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional) en la cuenta de dicha persona moral, pero sin identificar el número e institución bancaria. Por otra parte, se refirió que el quejoso recibió en garantía un cheque para asegurar la devolución del monto depositado, y si bien ahí se identificó la cuenta de la que se expidió ese documento, lo cierto es que no se manifestó que en ella fuera donde el peticionario hizo el depósito de dinero, ni que sea una condición necesaria que el dinero entregado deba ser reintegrado exclusivamente de esa cuenta bancaria. Aunado a lo anterior, por las condiciones propias del documento aludido, es viable calificar el tipo de depósito efectuado como irregular, al haberse entregado al depositario una cosa de la cual podía disponer (dinero), teniendo la obligación de devolver otro tanto de la misma especie, calidad y cantidad. Así, dada la posibilidad de agotar el bien dado, con la única condicionante de devolverlo en la misma cantidad y especie, es posible afirmar que el depositario durante el tiempo que tiene la cosa, se convierte en propietario. Se cita al respecto, la tesis I.8o.C.43 C (10a.), de la Décima Época, emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "DEPÓSITO DE DINERO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS. SU NATURALEZA. La ley contempla tanto el depósito regular como el irregular, llamándose depósito regular al contrato por el que una persona (depositante) entrega una cosa a otra (depositario) para que ésta la conserve en su poder y la restituya cuando aquél se lo según se desprende del artículo 2516 del Código Civil Federal. Los elementos de que se compone un contrato de depósito regular son la entrega de la cosa, la obligación de guardarla y la obligación de restituirla; en la inteligencia de que en esa clase de contratos el depositario no adquiere, desde luego, la propiedad de los bienes que recibe en depósito, sino que se obliga a conservarlos y devolverlos, lo que significa que no los puede usar, pero sobre todo no los puede consumir ni disponer de los mismos; por ello, ordinariamente el depósito regular se constituye sobre un bien no fungible, es decir, que no puede ser substituido o representado por otro del mismo género, calidad y cantidad. En cambio, recibe el nombre de depósito irregular el contrato por virtud del cual se entrega al depositario una cosa de la cual puede precisamente disponer, teniendo el depositario la obligación de devolver otro tanto de la misma especie, calidad y cantidad, en virtud de que se constituye sobre bienes fungibles y se convierte, pues, el depositario, no en tenedor, sino en propietario de los efectos que le han sido confiados. Este depósito irregular, contemplado, entre otros preceptos, en el artículo 267 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se distingue, por tanto, porque el depositario adquiere la propiedad de los bienes que recibe y puede disponer libremente de ellos, lo que significa que es deudor no de cuerpo cierto, sino de un género. En ese sentido, los contratos de depósito de dinero en instituciones financieras revisten la calidad de depósito irregular, pues al celebrarse sobre un bien fungible, como lo es el dinero, transfieren la propiedad de éste a la institución financiera (depositaria), quien sólo adquiere la obligación de restituir la suma depositada, en la misma especie." Conforme a lo anterior, es posible afirmar que la existencia de un contrato de depósito irregular -como el exhibido por el quejoso-, no tiene el alcance, ni siquiera indiciario, de dotarle un derecho para conceder el amparo que traiga como consecuencia suspender la ejecución de un mandamiento surgido en un procedimiento donde no es parte. Ello es así, pues las cuestiones inherentes al cumplimiento de ese contrato, generan obligaciones y derechos entre el quejoso y la persona moral con quien lo celebró, pero ello no implica la posibilidad de hacer oponible alguna prerrogativa surgida de ese pacto, a las partes en el juicio de origen. En suma, los efectos del contrato exhibido generan cargas entre las partes respecto a una cosa en especie, y únicamente constituye un acuerdo de voluntades en cuanto a la obligación de devolver el numerario, más no que deba reintegrar aquel que constituyó el depósito primigenio, por lo que es insuficiente para generar convicción del derecho que defiende frente a los actos reclamados. Tampoco es óbice que el quejoso haya ofrecido como medio probatorio el cheque número 16716851, expedido a su favor por el representante legal de la Iglesia del .... de la cuenta número ..., del Banco ..., dado que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, no encontrándose adminiculado con otros medios de convicción que acrediten la existencia de algún derecho en favor de la parte quejosa. Máxime, que el documento ofrecido como prueba es insuficiente para tener por acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, porque la fecha en que fue celebrado es posterior al inicio del juicio de origen. Por tanto, no puede estimarse que el medio probatorio aportado por la parte quejosa resulte idóneo y eficaz para demostrar la afectación a su interés jurídico, y que sea causa jurídica suficiente para vincularla al proceso natural. Por lo cual, el reclamo efectuado por el accionante no puede ser objeto de la protección constitucional, ya que es necesario acreditar la existencia de la fuente jurídica que le otorga el derecho que defiende; y que por sus características sea oponible a terceros, pues sólo así se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. Sin que ello aconteciera, debido a que el quejoso prescindió de exhibir un contrato de fecha cierta, a fin de ser oponible a terceros, como sería un documento considerado así: a) A partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; o bien cuando éste lo tiene a la vista con motivo de las funciones que desempeña; b) A partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; o, c) Desde la muerte de los que firmaron. Además, aunque la narración de antecedentes del acto reclamado y fundamento de los conceptos de violación se haga bajo protesta de decir verdad, alegue que no fue llamado al juicio natural y que es quien resiente la afectación en detrimento de su patrimonio, dicha manifestación no acredita el interés jurídico del promovente, pues debe ser demostrado en forma indefectible y no con base en meras afirmaciones, que en todo caso constituyen presunciones. Sirve de apoyo la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés."3 Tampoco impide llegar a la presente determinación, las actuaciones judiciales del proceso de origen que fueron allegadas en vía de informe justificado por el Juez responsable y que en el caso se haya tenido por probada la existencia del acto reclamado, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico, máxime que en el caso, se ostenta como tercera extraña a juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO LO ACREDITA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Cuando alguna autoridad emite un acto que el gobernado estime violatorio de sus garantías individuales, y lo impugne a través del medio de defensa instituido para atacar tales violaciones, como lo es el juicio de amparo, deberá observar las reglas que para su procedencia establece la ley respectiva. Así tenemos que para acudir al juicio de amparo, es necesario que exista un acto autoritario que, según la apreciación subjetiva del gobernado, sea violatorio de sus derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Ahora bien, no basta que exista el acto autoritario para que prospere el juicio de garantías, sino que es necesario que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Lo anterior es así ya que, entre otros requisitos de procedencia del juicio de garantías, el artículo 107 constitucional, en su fracción I, reglamentada por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, señala que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que equivale a decir que no basta que el acto autoritario exista, sino que es necesario, para efectos de procedencia del juicio de amparo, que transgreda un derecho subjetivo que le otorgue nuestra Carta Fundamental al quejoso."4 Consecuentemente, al no afectarse el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia y con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse el juicio de amparo. Dado el motivo de sobreseimiento actualizado es innecesario entrar al análisis de los conceptos de violación, planteados, conforme a la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, Séptima Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." El sobreseimiento decretado, se hace extensivo a los actos que se reclaman del ..., en su calidad de ejecutor, dado que no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo, la de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Localizable en la página 339, Tomo VI, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial 1917-1995, de rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS." No impide el sentido de la presente determinación, que la demanda haya sido admitida y que se hubiese seguido su trámite hasta culminar con la audiencia, porque las causales de improcedencia son de orden público y deben estudiarse en cualquier etapa del juicio, si éstas se encuentran plenamente probadas de las constancias que obran en el expediente, sea que lo aleguen o no las partes. Tiene sustento, el criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional."5 Tampoco es óbice que la parte tercera interesada invocara la improcedencia del presente juicio bajo diversas causales, empero, no existe necesidad de emprender un análisis adicional, cuando ya existe probado el sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 54/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, de agosto de 1998, página 414, en materia común, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE el juicio de amparo 886/2022, promovido por ... contra actos del Juez Sexagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México, así como del Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, por los motivos expuestos en este fallo. NOTIFÍQUESE.

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