Ernesto Gómez Romo

Expediente 1370/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1370/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Comandante de la Policía Civil del Estado de Coahuila
  • Ernesto Gómez Romo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Juicio de amparo 1370/2021-lV Sentencia definitiva Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez Juez Primero de Distrito en la Laguna, asistido de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, Secretaria que da fe, la declaró abierta sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta con la demanda de amparo promovida por la parte quejosa y con los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables, así como la constancia de notificación del Agente del Ministerio Público del Federación adscrito. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias de que se trata. Asimismo, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de once de enero de dos mil veintidós, se dio vista personal a la parte quejosa a efecto que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo sobre los fundamentos y motivos de los informes justificados, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto; en tales condiciones, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia, y se celebra la audiencia constitucional en el presente juicio en los términos planteados en el escrito inicial de demanda, al haber transcurrido en exceso el término para ello; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Se abre el periodo probatorio. Se da cuenta al Juez con las pruebas existentes en este juicio y con las ofrecidas por la autoridad responsable. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tiene por recibidas y desahogadas las probanzas de que se trata, las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno, con lo que concluye la etapa que nos ocupa. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que no se formularon alegatos en este asunto. El Juez: Ténganse por perdido el derecho de las partes sobre el particular. Con lo anterior, se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación del juicio de amparo. Mediante escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, recibido al día siguiente en este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, Ernesto Gómez Romo, solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos humanos que, en su concepto, se transgredieron son los contenidos en el artículo 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. La demanda de amparo se recibió en este Juzgado Federal y por acuerdo de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, previa aclaración, se admitió la demanda de amparo, y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 1370/2021-IV, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado correspondiente, se aperturó el incidente de suspensión y se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Seguido que fue el juicio por las fases procesales respectivas, tuvo verificativo la audiencia constitucional relativa, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los puntos primero, segundo y cuarto, todos fracción VIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aunado a que el acto reclamado en este juicio, incumbe a la vía indirecta, y se reclama a autoridades judiciales, residentes en el territorio donde este juzgado ejercerse jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a fijar el acto reclamado en este juicio, el cual es el siguiente: La orden de clausura y decomiso de cerveza del negocio con nombre Cantina Ejidal Colón. Su ejecución. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la hoy impetrante, lo procedente es examinar la existencia del acto que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables Director de Seguridad Pública Municipal y Director de Protección Civil, de Francisco I. Madero, Coahuila, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron categóricamente los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa aportara pruebas a fin de demostrar su existencia. En efecto, ante la negativa precisa externada por la autoridades responsables antes mencionadas al rendir sus respectivos informes justificados, en torno a los actos reclamados a ellas atribuidos, a la parte quejosa incumbe demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia, básicamente porque en esas condiciones dicha autoridad se halla en una imposibilidad jurídica de acreditar la negación de un hecho, en concreto, la certeza de los actos que se trata. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin". En ese sentido, si las autoridades negaron la certeza de los actos que se trata y la parte promovente no desvirtuó tal negativa, es evidente que subsiste para efectos de este juicio de amparo; por lo cual, sin duda, son inexistentes los actos que nos ocupan. De modo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, por lo que respecta a los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas con antelación. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 284, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Sexta Época, tomo VI, común, página 236, que señala lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Presidente Municipal, Director de Alcoholes, y Secretario del Ayuntamiento todos de Francisco I. Madero, Coahuila, pues así se advierte de su informe justificado, lo cual, sin duda, constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrado el acto que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Igualmente, cabe decir que al no haber rendido su informe justificado la autoridad responsable Comandante de la Policía Civil del Estado de Coahuila, de Francisco I. Madero, Coahuila, no obstante haber sido debidamente notificada del proveído en que se les hizo tal solicitud, según la constancia de notificación que obra en autos, se surte la presunción de certeza de los actos reclamados a la misma, a que se refiere el artículo 142 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, no hay duda que en este juicio de amparo quedó plenamente demostrada la existencia del acto reclamado por la parte gestora del amparo, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. Ahora bien, analizadas que son las constancias que integran los presentes autos, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, en virtud que en contra de los actos reclamados, procede juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza; y, que la parte quejosa debió agotar previo al ejercicio de la acción constitucional. Para demostrar la certeza de tal afirmación, debe traerse a cuenta el contenido de los artículos 107, fracción IV, Constitucional y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que por su orden son del texto siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria sin exigir mayores requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal forma que, de existir algún medio ordinario de defensa sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos humanos que la Constitución Federal otorga a los gobernados, por lo que, lógicamente, antes de promoverlo el peticionario del amparo debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente establecidos. Asimismo, el reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los Órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando el acto autoritario impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija. Sentado lo anterior, para determinar si la parte quejosa tenía la obligación de cumplir con el principio de definitividad en estudio, resulta necesario invocar el contenido del artículo 168-A de la Constitución Política del Estado de Coahuila, el cual establece: "Artículo 168-A. El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, es un organismo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establecerá su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. Es competente para resolver las controversias que se susciten entre la administración pública del Estado y los municipios y los particulares; imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades; y fincar el pago de indemnizaciones y sanciones pecuniarias derivadas de los daños y perjuicios a la hacienda pública del estado o de los municipios, o al patrimonio de los entes públicos estatales y municipales. Estará integrado al menos por 5 magistrados, designados por el Gobernador del Estado, y ratificados por las dos terceras partes de los miembros presentes del Pleno, o de la Diputación permanente del Congreso del Estado, la duración de su encargo será de 15 años improrrogables y sólo podrán ser removidos del mismo por las causas graves señaladas por la ley." No obstante ello, tal disposición se encontraba condicionada en cuanto a su vigencia, a la designación de Magistrados para el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, pues así lo establecía el primer párrafo del Artículo Undécimo transitorio de la reforma a la Constitución Estatal, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante decreto 903 del catorce de julio del dos mil diecisiete; aunado a ello, en el Artículo Duodécimo Transitorio del citado decreto, se impuso que la designación de tales magistrados, se tendría que realizar en un plazo no mayor de treinta días naturales, de la entrada en vigor del propio decreto; los citados numerales señalan lo siguiente: "UNDÉCIMO.- Las disposiciones relativas a la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza y las relacionadas con el Tribunal Contencioso administrativo del Poder Judicial del Estado, entrarán en vigor una vez que los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza sean nombrados por el Titular del Ejecutivo y ratificados por el Congreso del Estado. DUODÉCIMO.- Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza deberán ser designados en un plazo no mayor a treinta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto." En esa virtud, en cumplimiento a esta última disposición, en sesión solemne efectuada el once de agosto de dos mil diecisiete, el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza realizó la designación de los Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, por lo que a partir del doce de agosto de dos mil diecisiete, quedó conformado el citado Tribunal, lo que origina que ante el mismo se puedan dilucidar las controversia que se susciten entre la administración pública del Estado y los municipios y los particulares. En mérito de lo anterior, resulta necesario precisar el contenido del artículo 2° de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como también de artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, mismos que disponen lo siguiente: "Artículo 2.- Procede el juicio contencioso administrativo previsto por la presente Ley contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Las autoridades de la Administración Pública, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios o recursos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: Los decretos y acuerdos de carácter general diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; Las dictadas por autoridades fiscales estatales y organismos fiscales autónomos estatales y municipales en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales; Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales; Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores; Las que se dicten en materia de pensiones, sea con cargo al erario estatal o al Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Dirección de Pensiones para los Trabajadores de la Educación o los organismos públicos descentralizados para la administración de las pensiones de los servidores públicos municipales o a la Dirección de Pensiones para los Trabajadores de la Educación; Las que se originen por fallos en licitaciones públicas y la interpretación y cumplimiento de contratos públicos, de obra pública, de adquisiciones, de arrendamientos y de servicios celebrados por las dependencias y entidades de la administración pública estatal o municipal, ya sea centralizada, paraestatal y paramunicipal, así como las que estén bajo responsabilidad de los entes públicos estatales y municipales; Las que nieguen la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, declaren improcedente su reclamación o cuando habiéndola otorgado no satisfaga al reclamante. También, las que por repetición, impongan la obligación a los servidores públicos de resarcir al Estado el pago correspondiente a la indemnización, en los términos de la ley de la materia; Las que requieran el pago de garantías a favor del Estado o de sus municipios, así como de sus entidades paraestatales o paramunicipales; Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de las leyes aplicables; Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo; Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Coahuila de Zaragoza, y demás disposiciones aplicables, así como las que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos estatales, municipales y de los organismos públicos autónomos, en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos; Las resoluciones de la Contraloría Interna del Instituto Electoral de Coahuila que impongan sanciones por faltas administrativas no graves, en términos de las disposiciones aplicables; Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza; Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa. El Tribunal conocerá también de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, cuando se consideren contrarias a la ley." En relación con lo anterior, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, contiene un capítulo VI, que regula lo relativo a la Suspensión de la Ejecución del Acto Impugnado, en el cual se contienen los artículos 59 al 66, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 59. La suspensión de la ejecución de los actos que se impugnan, sólo podrá ser decretada por el Pleno o las Salas Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza en el ámbito de sus competencias, quien lo hará del conocimiento inmediato de las autoridades demandadas para su cumplimiento. Artículo 60. La suspensión podrá ser solicitada por el actor en cualquier etapa del juicio, y tendrá por efecto evitar que se ejecute el acto impugnado, o que se continúe con su ejecución ya iniciada. Tratándose de actos en los que no se haya analizado el fondo de la cuestión planteada, la suspensión podrá abarcar los actos que dieron origen a tal resolución. No se otorgará la suspensión, si es en perjuicio del interés público o si se contravinieren disposiciones del orden público. La suspensión también podrá consistir en la orden de custodia del folio del predio, al Registro Público del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuando se trate de un juicio de nulidad o lesividad, relacionados con el desarrollo urbano, construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan la ejecución de la sentencia que resuelva el fondo del asunto y la protección del patrimonio de terceros. Artículo 61. El Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, podrá decretar la suspensión con efectos restitutorios, en cualquiera de las fases del procedimiento hasta antes de la sentencia respectiva, cuando los actos que se impugnan hubieren sido ejecutados y afecten a los demandantes impidiéndoles el ejercicio de su única actividad o el acceso a su domicilio particular, lo cual deberán acreditar y en su caso, podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes. Cuando se solicite la suspensión para la realización de actividades reguladas, que requieran de concesión, licencia, permiso, autorización o aviso y el demandante no exhiba dicha documental no se otorgará la misma. Artículo 62. En contra del incumplimiento de las autoridades a la suspensión concedida, procederá el recurso de queja ante el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. La suspensión podrá ser revocada cuando se acredite que variaron las condiciones bajo las cuales se otorgó. Artículo 63. Tratándose de créditos fiscales, se concederá la suspensión, debiéndose garantizar el importe ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, en alguna de las formas y con los requisitos previstos en el Código Fiscal del Estado de Coahuila de Zaragoza. Si la suspensión fue concedida, dejará de surtir sus efectos si la garantía no se otorga dentro de los cinco días siguientes al en que quede notificado el auto que la hubiere concedido. Artículo 64. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el demandante otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Para que surta efectos la suspensión, el actor deberá otorgar la garantía mediante billete de depósito o fianza, hipoteca, prenda o en cualquier otra forma que garantice la reparación de los daños y perjuicios. Artículo 65. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efecto si el tercero da a su vez garantía en las formas permitidas en el artículo 64. En este caso se restituirán las cosas al estado que guardaban antes de la suspensión y procederá el pago de los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la garantía que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el demandante. Artículo 66. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión a que se refieren los artículo 64 y 65, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala correspondiente, dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia, a cual dará vista a las demás partes por un término de cinco días y citará a una audiencia de pruebas y alegatos dentro de los cinco días siguientes, en la que dictará la sentencia que corresponda. Contra la resolución procede el recurso de reclamación ante el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza." De la intelección de los ordinales mencionados, se advierte que cuando el acto se reclame provenga de una autoridad administrativa y entre otros, se impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales, la parte afectada debe interponer juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, en vía de nulidad. En ese sentido, es el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, el que constituye el medio de defensa ordinario que pudiera nulificar el acto que se reclama la quejosa, previo a la interposición del juicio de amparo. Al respecto, se cita en lo conducente, la tesis 2a./J. 104/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, agosto de dos mil cuatro, visible en la página cuatrocientos quince, que es del siguiente tenor: "PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. LAS RESOLUCIONES QUE DICTA PARA RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN DEBEN IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 143 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, derogado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de febrero de 2004, establecía que "contra la resolución emitida para resolver algún recurso no procederá otro". Por su parte, las fracciones III, XIII y XIV del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establecen la procedencia del juicio de nulidad ante dicho órgano jurisdiccional, para impugnar las resoluciones dictadas al resolver el recurso de revisión con motivo de la imposición de multas o sanciones derivadas de la infracción a disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, o de aquellas que ponen fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelven un expediente; este medio ordinario no exige mayores requisitos para la suspensión del acto que los previstos en la Ley de Amparo, de conformidad con las tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97 y 2a./J. 155/2002, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos V, marzo de 1997 y XVII, enero de 2003, páginas 395 y 576, respectivamente, de rubros: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS." y "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS.". Acorde con dichas disposiciones y en términos de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, se concluye que el juicio de garantías es improcedente contra esa clase de resoluciones dictadas por la Procuraduría Federal del Consumidor, pues previamente debe agotarse el juicio de nulidad." Como se advierte, la parte quejosa debió agotar primeramente el juicio contencioso administrativo antes de acudir al juicio de amparo, ya que en términos de la fracción IV, del artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, dicho tribunal conoce entre otros, de los actos de autoridades administrativas que, como en el caso concreto, lo son los actos administrativos en que se impongan multas por infracción a las normas administrativas estatales y municipales. Ello es así, pues debe precisarse que los actos reclamados, se tratan de actos de autoridad administrativa que no obstante, no se advierte se haya impuesto una multa por la infracción a las normas administrativas municipales, lo cierto es que, como ya se precisó, los actos reclamados se tratan de actos de autoridad administrativa; por lo que, dada la fecha del mismo, según lo expresado en la demanda, y la existencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, se concluye que en su contra procede el juicio contencioso administrativo. Máxime, que a través de la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. En efecto, debe tomarse en cuenta que, los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, que regula lo relativo a la Suspensión de la Ejecución del Acto Impugnado, no establecen mayores requisitos a los previstos para tal efecto en el juicio de amparo. Del análisis comparativo de los artículos 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y 128, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo se concluye lo siguiente: i. Que en ambas legislaciones, cuando la suspensión es solicitada al promover la demanda, es suficiente que la autoridad competente determine si están satisfechos los presupuestos para otorgarla. ii. Tanto el artículo 60, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como el diverso 130 de la Ley de Amparo permiten al interesado solicitar la medida suspensional sin algún límite procesal más que el dictado de la resolución respectiva. iii. Conforme al artículo 59, el Pleno o las Sala Unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, deberá conceder o negar la paralización de la ejecución del acto impugnado, mientras que en el juicio de amparo, el órgano jurisdiccional competente para resolver al respecto es aquel que conoce del juicio, acorde con lo dispuesto por los diversos 125 y 138 de la Ley de Amparo, en cuanto a que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición de parte en los casos de la competencia de los jueces de distrito, los que decidirán en la audiencia incidental sobre la concesión o la negativa de dicha medida. iv. Tanto el artículo 60 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, como los artículos 128, fracción II, 131 y 139 de la Ley de Amparo, exigen para el otorgamiento de la medida que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, lo que en la Ley de Amparo se traduce en la demostración del interés para obtener la paralización por parte del solicitante, lo cual conforme a la citada Ley de Amparo debe acreditar. v. Ambos ordenamientos consignan, esencialmente, que si la concesión de la medida cautelar es susceptible de causar daños o perjuicios a terceros, se concederá condicionada al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía bastante para reparar el daño e indemnizar al tercero, en el evento que no obtenga resolución favorable. vi. El artículo 63, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y el artículo 135 de la Ley de Amparo, prevén que en las demandas de nulidad que involucren cobro de créditos tributarios, la suspensión de la ejecución del acto impugnado surtirá efectos si se constituye garantía del interés fiscal por cualquiera de los medios permitidos por las leyes hacendarias. vii. Conforme a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre siguiente, en relación con el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, tratándose del amparo en materia administrativa, no será necesario agotar previamente el medio ordinario de defensa si establece un plazo mayor que el previsto por la ley reglamentaria del juicio constitucional para el otorgamiento de la suspensión provisional (artículo 107, fracción IV, primer párrafo). En términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 139 de la Ley de Amparo, el juzgador cuenta con el término de veinticuatro horas para resolver si admite o desecha la demanda de amparo y, además, decidir si concede o niega la paralización de los actos reclamados, esto es, dentro del lapso de veinticuatro horas debe proveer sobre la admisión y también sobre el otorgamiento de la medida cautelar. Por otro lado, de conformidad con el artículo 51, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, tratándose del juicio contencioso administrativo, el magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar, dentro del término de veinticuatro horas desde el momento en que le fue turnada la demanda. "Artículo 51.- Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde el momento en que la demanda sea turnada, el Magistrado que corresponda concederá o negará la suspensión en caso de haber sido solicitada; asimismo la admitirá, prevendrá o en los siguientes casos la desechará: I. Si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y II. Si siendo oscura o irregular, y prevenido el demandante para subsanarla en el término de cinco días no lo hiciere; la oscuridad o irregularidades subsanables, solo versarán respecto de los requisitos a que se refieren las fracciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 46. Contra los autos de desechamiento a que se refiere el presente artículo, procede el recurso de reclamación." Del análisis comparativo entre ambas instituciones se desprende que, los requisitos para otorgar la suspensión en el juicio de amparo son similares a aquellos que prevé la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para la paralización de la ejecución del acto impugnado; consecuentemente, la parte quejosa puede solicitar la medida una vez que promueva el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, o durante su tramitación, hasta en tanto no se dicte sentencia firme. Por tanto, es claro que la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto combatido. Esta consideración, encuentra sustento por identidad de razón en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.27/2016, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, consultable en la página 1194, de rubro y texto siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Asimismo, se debe considerar aplicable por la identidad en las cuestiones que resuelve, la jurisprudencia 2a./J.130/2013, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, visible en la página 1446, de rubro y texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Máxime, que en el caso no se actualiza alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues en la especie, a la parte quejosa no le reviste el carácter de persona extraña a juicio. Además, de que la ley por la cual se puede nulificar el acto reclamado no exige mayores requisitos ni plazo legal para suspenderlo, que los previstos en la Ley de Amparo, como ya quedó precisado; los actos reclamados no son del orden penal, no se está en alguno de los casos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; aunado a que no se reclama la inconstitucionalidad de alguna ley, pues del análisis de la demanda no se observa que alegue la inconstitucionalidad de algún ordenamiento diverso. No pasa inadvertido para este órgano judicial que la parte quejosa aduce violaciones a los artículos 14 y 16, constitucionales; sin embargo, si bien es cierto que el principio de definitividad, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, admite como una de sus excepciones aquella que opera cuando solamente se aleguen, en contra del acto reclamado, violaciones directas a ese ordenamiento, también lo es que no tiene aplicación cuando tales argumentos se mezclan con alegatos relativos a la transgresión a preceptos secundarios. Ello es así, puesto que, si al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, se hace valer la transgresión directa de preceptos constitucionales, el afectado no queda relevado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria aplicable, pues, de lo contrario, imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Ley Fundamental, junto con la transgresión a preceptos secundarios podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. En efecto, aunque hay ocasiones en las que el afectado no tiene obligación de agotar previamente a la promoción del amparo los recursos ordinarios que la ley del acto prevé, ello ocurre cuando únicamente aduce violaciones directas a la Constitución Federal; sin embargo, si no alega solamente ese tipo de violaciones, sino también la de preceptos legales, es incuestionable que no se está en el caso de excepción al principio de definitividad mencionado, toda vez que sólo se carece de la oportunidad de hacer valer recursos ordinarios cuando en el acto de molestia no se precisan los motivos que lo originan ni se cita disposición legal alguna. Por ello, si la parte quejosa conoce cuál es la ley que se le está aplicando, y sabe exactamente de qué autoridad emanan los actos reclamados, entonces no se encuentra en el estado de incertidumbre que lo autoriza a dejar de observar el principio de definitividad que rige en la materia; destacándose que en el caso, la parte quejosa refiere que la retención del bien mueble que aduce es de su propiedad, es con motivo de un infracción de tránsito impuesta por la dependencia señalada como autoridad responsable, lo cual evidencia el conocimiento integral de los aspectos ya señalados. Resulta aplicable por las consideraciones que expresa, la Jurisprudencia XXI.2o. J/6, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la Página 87, del Tomo 83, de noviembre de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." En consecuencia, la parte quejosa estaba obligada a observar el principio de definitividad, pues de la demanda de amparo, se advierte que está en aptitud de procurarse una adecuada defensa ante la potestad común. En tales condiciones es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, lo que conlleva a sobreseer en este juicio de garantías conforme a lo que dispone el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada fue actualizada de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Y la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo por los razonamientos expresados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; a veintiocho de enero de dos mil veintidós. Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/29/2022 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en el cual se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de este órgano jurisdiccional y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; por lo cual, se regresa al esquema de trabajo en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Audiencia constitucional. Atento a lo anterior, se hace del conocimiento de las partes, que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia constitucional, la cual podrá practicarse mediante el uso de herramientas tecnológicas como las videoconferencias, sin menoscabo de que pueda llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, de conformidad con los artículos 5°, fracción II, 25 y 26, todos del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Reitérese al actuario judicial que le corresponda la entrega de los oficios respectivos, que deberá atender las recomendaciones preventivas que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido por los servidores públicos que realizan actividades fuera del órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a once de enero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, y al analizar en su integridad el contenido del informe justificado rendido por las autoridades responsables Presidente Municipal y Director de Alcoholes del Municipio de Francisco I Madero, Coahuila, se desprende que los actos reclamados en esta instancia son meramente administrativos. Vista ampliación de demanda. Por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 117, último párrafo, de la ley de Amparo, se ordena dar vista a la misma para que dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo, sobre los fundamentos y motivos de los informes justificados; en la inteligencia de que la ampliación deberá colmar los requisitos del numeral 108 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo, en el plazo que para tal efecto se otorga, se continuará con el trámite del presente juicio de amparo en los términos planteados en su escrito inicial de demanda. Diferimiento. En tales condiciones, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se fijan las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Juicio de Amparo 817/2019-VII En esta fecha, el secretario da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste.Torreón, Coahuila de Zaragoza; a ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Por carecer de relevancia documental, este expediente es susceptible de depuración, salvo la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, y el proveído en que se ordena su archivo como asunto concluido, mismos que deberán conservarse en términos del numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

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