Ernesto Gómez Bautista
Expediente 773/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ernesto Gómez Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Nezahualcóyotl, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintidós. I. Recepción de oficio. Téngase por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, con el que remite los autos originales del juicio de amparo en el que se actúa, así como copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja Q.A. 298/2021, en la cual declaró infundado dicho medio de impugnación; infórmese su recepción. II. Cuaderno de antecedentes. III. Orden de archivo. IV. Acuerdo de destrucción. VI. Información reservada. VII. Devolución de documentos. Notifíquese y por oficio al Tribunal oficiante. Así lo proveyó y firma el licenciado RODOLFO MEZA ESPARZA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl ante Sonia Karen Jiménez Garrido, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, en el que informa sobre la recepción de las copias certificadas del expediente del juicio de amparo en que se actúa, así como el original y copia del escrito de agravios, a efecto de substanciar el recurso de queja promovido por la parte quejosa; asimismo informa que dicho órgano colegiado admitió el recurso de queja en trato, el cual quedó registrado bajo el número Q.A. 298/2021-III; circunstancia de la que se toma conocimiento.
- Principal
Téngase por recibido a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación el escrito que remite Fernando Reyes León, atendiendo a su contenido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 a 103 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del acuerdo de veintiocho de junio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. No se da vista. Dada la naturaleza del proveído contra el cual se interpone el recurso de queja, no es necesario poner a la vista de las partes, por el plazo de tres días, el expediente en que se actúa para que señalen las constancias que en copia certificada serán remitidas al tribunal revisor. Constancias para la substanciación del medio de impugnación. Para que la superioridad esté en posibilidad de resolver el recurso de mérito, se remiten las constancias necesarias para ello, mismas que consisten en lo siguiente: . . . Se rinde informe. En términos del artículo 101 de la Ley de Amparo, se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto impugnado, toda vez que este juzgado de Distrito dictó el proveído de veintiocho de junio del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo 773/2021-III, promovida por Ernesto Gómez Bautista, contra actos de Afore XXI BANORTE, al considerar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6° de la Ley de Amparo y con el numeral 107, fracción I, este último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones ahí expuestas. Remítanse constancias. Conforme con lo anterior, previa copia simple que del escrito de expresión de agravios que se deje en autos, con el informe que se rinde en el presente auto, envíense al Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, las copias reseñadas y el escrito del recurso, atendiendo al procedimiento previsto en el artículo 101 del ordenamiento legal invocado, solicitando de la manera más atenta comunique la recepción de las constancias que se remiten. No se suspende procedimiento. Se hace del conocimiento que al haberse desechado la demanda de amparo, no ha lugar a suspender el procedimiento, con fundamento en el artículo 102 de la Ley de Amparo.
- Principal
AVISO PRINCIPAL. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO LA CUAL DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo, aparentemente promovida por Ernesto Gómez Bautista, por propio derecho, contra actos de Afore XXI BANORTE, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 773/2021-III. Del contenido de la demanda, se desprende que el promovente, señaló como acto reclamado: "Se me liquide el sado total de mi cuenta afore y se deposite en mi cuenta bancaria de pensionado." En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, deben analizarse de manera preferente las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. En el caso, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6° de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo anteriormente referido es premisa indispensable para instar el juicio de amparo, ya que sin la promoción del gobernado no es dable que se dé inicio a dicho procedimiento constitucional, ni que se restablezca el orden constitucional afectado, ni se deje inválido el acto de autoridad trasgresor de los derechos fundamentales de la parte quejosa. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, o en su caso por el defensor público o privado del quejoso, cuando el acto reclamado derive de un proceso penal; en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede; en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En ese orden de ideas, recibida la demanda de amparo en el órgano jurisdiccional, el juzgador tiene la obligación de pronunciarse en el sentido que en derecho proceda; sin embargo, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una manifestación de la voluntad, sino sólo aquel en la que revele la misma para promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado, en ciertos casos la impresión de la huella dactilar o, como ya se dijo, la evidencia criptográfica al enviarse por medios electrónicos. En ese sentido, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo, el artículo 3° de la Ley de Amparo, dispone que la firma electrónica es el medio que permite a la parte quejosa el ingreso al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, en los que quien promueve sea parte. Asimismo, dicho artículo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Sobre este tema, el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, prevé que al presentar demanda de amparo indirecto de forma electrónica, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción y que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica que corresponderá a la firma electrónica, en la que se mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, siempre que el certificado sea reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas y esté vigente. Asimismo, en el citado artículo se señala que tales datos deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente. En la especie, la demanda de amparo presentada vía electrónica, es promovida aparentemente por Ernesto Gómez Bautista, sin embargo, la firma electrónica que presenta corresponde al autorizado Fernando Reyes León, sin que se advierta evidencia criptográfica respecto del quejoso. Circunstancia que se corrobora con la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, así como de la impresión digital fidedigna obtenida del Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE), de la demanda que obra en el expediente que se actúa. Así, no se advierte la manifestación de voluntad de la parte promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio el amparo en línea que se pretende promover, con la firma electrónica (evidencia criptográfica) las partes expresan la voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con ésta se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley. Sostiene el criterio anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2018943, que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." En ese orden de ideas, es dable concluir que ante la falta de firma electrónica, no puede decirse que exista voluntad de ejercitar la acción de amparo. Sirve de apoyo, la tesis aislada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página trescientos catorce, en el tomo X, del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 218141, que señala: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." De ahí que se desecha la demanda de amparo, ante lo notorio y manifiesto de su improcedencia. Cobra aplicación también, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página trescientos quince, en el tomo X, del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos, octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218142, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada." Así como, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página quinientos ocho, del tomo VI, segunda parte-2, correspondiente al mes de julio a diciembre de mil novecientos noventa, octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 225,017, que establece: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Sin que se esté en el supuesto de excepción que prevé el último párrafo, del artículo 3°, de la Ley de Amparo, para que sea procedente la demanda de amparo sin el requisito de la Firma Electrónica (evidencia criptográfica), toda vez que de la lectura integra de la demanda, no se advierte que se trate de actos que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No es inadvertido el periodo excepcional de actividades; sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal, en Acuerdo General 7 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, estableció la regulación aplicable para las causas en que se promoviera de la forma en que se pretende, de donde se obtiene que la presentación de la demanda vía electrónica no exime a los promoventes del cumplimiento a los requisitos del artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, así como del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura en sus artículos 3 fracción I, 6, 10 y 14 segundo párrafo, de ahí que, se estime improcedente la demanda, no obstante su presentación vía electrónica. Atendiendo a que el domicilio que señala el promovente del amparo se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado Federal, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena realizar las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional. Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo al sentido de este proveído, se comisiona al Actuario Judicial de esta adscripción a fin de que notifique a la parte quejosa de manera personal el presente auto. Respecto del correo electrónico y numero telefónico que proporciona el promovente, se tienen por señalados únicamente con el alcance a que se refiere el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-191; esto es, como una forma especial y expedita de contacto no procesal, para la lograr la práctica de notificaciones y desahogo de las diligencias que se ordenen desahogar en este asunto; cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Se tienen por autorizados de la parte quejosa en términos del artículo 24 de la Ley de la Materia, a las personas que menciona, por acreditar contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.
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