Ernesto Gómez Amaya
Expediente 488/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 488/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ernesto Gómez Amaya
Actuaciones
- Principal
Se declara que el auto a través del cual se desechó la demanda ha causado estado.
- Principal
Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que causó estado el desechamiento parcial decretado en auto de diez de junio del año en curso (fojas 16 a 22), para los efectos legales correspondientes. Asimismo, tomando en cuenta que transcurrió el término para que la parte solicitante de derechos humanos cumpliera con lo ordenado en dicho proveído en relación con la prevención ahí efectuada. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito y se tiene por no presentada la demanda origen de este juicio.
- Principal
Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que causó estado el desechamiento parcial decretado en auto de diez de junio del año en curso (fojas 16 a 22), para los efectos legales correspondientes. Asimismo, tomando en cuenta que transcurrió el término para que la parte solicitante de derechos humanos cumpliera con lo ordenado en dicho proveído en relación con la prevención ahí efectuada. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito y se tiene por no presentada la demanda origen de este juicio.
- Principal
"...Fórmese expediente y regístrese con el número 488/2019-II. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta potestad federal tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de causas de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizarán a continuación. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Es menester atender lo previsto en el precepto 107, fracción IV de la ley de la materia, el cual establece que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. (.)." En ese sentido, en relación con el acto reclamado que el quejoso hace consistir en "LA CITACIÓN PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN", el juicio de amparo indirecto es improcedente en términos de la Jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 239, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Materia Común, Penal, Registro 2018828, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Por otra parte, respecto a los actos reclamados a diversos Fiscales de la Unidad Integral de Procuración de Justicia consistentes en: "C) LA OMISIÓN Y NEGATIVA DEL FISCAL O MINISTERIO PÚBLICO PARA HACERME DEL CONOCIMIENTO LA EXISTENCIA DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA O INVESTIGACIÓN MINISTERIAL O CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN MI CONTRA Y PRONUNCIARSE RESPECTO A MI SOLICITUD A QUE SE ME CITE Y PUEDA COMPARECER Y RINDA ENTREVISTA CON EL CARÁCTER DE INDICIADO. D) LA NEGATIVA Y OMISIÓN DE APORTAR PRUEBAS DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O INVESTIGACIÓN MINISTERIAL O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, PRUEBAS PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS QUE ME IMPUTAN." Se considera opera la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 21 constitucional, 61, fracción XXIII, y con el precepto 107, fracción VII (interpretada a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, al tenor de los siguientes argumentos. El precepto 21 aludido, estipula: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (.)". Por otra parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con esto, se atiende al diverso 107, fracción VII, de la ley de la materia, que prevé el juicio de amparo procede: "VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El artículo 21 constitucional dispone, entre otras cosas, que el Ministerio Público está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar su correspondiente investigación. Asimismo, el inicio de la carpeta correspondiente, o incluso el desahogo de las diligencias tendentes a su integración, no causan daño o perjuicio por ser de orden público según lo establece la Carta Magna, siempre y cuando en ellas no se ordene que se prive a la parte quejosa de sus posesiones, derechos o defensas. El precepto 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, señala los casos en que procede el amparo indirecto contra actos del Ministerio Público, los cuales son: a) Omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; b) Resoluciones de reserva y no ejercicio de la acción penal; c) Desistimiento de la acción penal; o, d) Suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. De lo anterior, se sigue que contra actos del Ministerio Público distintos de los antes señalados, no procede el juicio de amparo indirecto, pues como se dijo, el artículo 21 constitucional lo faculta llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos e integrar la correspondiente carpeta de investigación. Sin obligación de darlas a conocer a los indiciados. Situación que no veda sus derechos, porque la autoridad ministerial una vez decida es necesaria la presencia del indiciado o considere llevar el asunto ante el Juez, estará obligada a darle a conocer el contenido de la carpeta de investigación. No antes. Por ende, es claro que la demanda que ahora se intenta contra la omisión de citar a la parte quejosa, y consecuente posibilidad de aportar pruebas dentro de la investigación respectiva, son cuestiones que no se encuentran dentro de los supuestos de procedencia del amparo indirecto a que se refiere el artículo 107, fracción VII, de la ley de la materia (previamente enumerados). ...En las relatadas consideraciones, se concluye que del análisis de lo reclamado que en esta vía se combate, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con las fracciones IV y VII del diverso 107 (interpretada a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en el dispositivo 113 de la citada ley, se desecha parcialmente la demanda de amparo origen de este asunto. PREVENCIÓN...Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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