Ernesto Gallardo Vazquez
Expediente 868/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 868/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ernesto Gallardo Vazquez
Actuaciones
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; la certificación secretarial de cuenta, así como el estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto en el que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de agosto de dos mil veintiuno. Vista; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Ernesto Gallardo Vázquez, por propio derecho, contra actos de la Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, adscrita a la Unidad de Investigación Número 1, y de otra autoridad responsable. Regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado con el número 868/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y fórmese expediente. Ahora bien, es preciso decir que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, dicho numeral establece que para desechar una demanda de amparo no basta que el juzgado haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Así, para demostrar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, es preciso mencionar que la demanda de amparo carece de firma autógrafa del promovente, lo que se corrobora con lo asentado en ésta por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, por lo que a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza de manera patente y cierta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, que literalmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De la interpretación a lo transcrito se obtiene que las causas de improcedencia factibles de actualizarse en el juicio de amparo no se limitan a las hipótesis previstas en las primeras XXII fracciones del citado numeral 61 de la Ley de Amparo, dado que su fracción XXIII posibilita la improcedencia de la instancia constitucional en comento en razón de cualquier otro motivo derivado de la Constitución General de la República o de la ley, uno de los cuales es el que deriva de lo ordenado por el artículo 6 de la ley de la materia, de acuerdo con el cual, el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 del ordenamiento legal en cita, pudiendo promoverlo por sí, a través de su representante o apoderado legal, por su defensor, algún pariente e inclusive, por persona extraña, siempre que la ley de la materia así lo permita. De tal suerte que al carecer el escrito inicial de demanda de la firma autógrafa del quejoso, con la que acredite al órgano jurisdiccional quien promueve la instancia de amparo, se contraviene lo dispuesto en el referido artículo 6 de la Ley de Amparo, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial de cualquier acto jurídico que debe constar por escrito o vía electrónica, y que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover un medio de defensa. Resulta aplicable al caso concreto la tesis pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 315, tomo X, correspondiente a octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, la cual textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". En consecuencia, por las consideraciones vertidas en párrafos precedentes, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA POR EL IMPETRANTE ERNESTO GALLARDO VÁZQUEZ; ello en razón de que se actualiza de manera notoria, plena e indubitable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo que dispone en el diverso numeral 6, de la propia ley de la materia. Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el indicado en su escrito de demanda; como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos Macedonio Galindo, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como Licenciados en Derecho. De igual forma, téngasele proporcionando correo electrónico y número telefónico para establecer contacto. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Se hace saber a las partes que, el tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en el que se establecen los postulados al tenor de los cuales se regirá la actividad jurisdiccional durante el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte (directrices que fueron adoptadas y continúan vigentes en el diverso acuerdo 6/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con vigencia hasta el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno), y se determinó expresamente que durante ese período, deberá procurarse que el desahogo de las diligencias, alegatos y audiencias se realicen utilizando las videoconferencias como regla general, sin menoscabo de los casos en los que, como suele ocurrir con las audiencias constitucionales o incidentales, pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Pues resulta claro que las partes pueden comparecer por escrito a las audiencias; lo anterior, siempre y cuando no existan pruebas que ameriten especial desahogo en el expediente en que se actúa, o se trate de alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; y se les requiere para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que les surta efectos la notificación de este acuerdo, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. Asimismo, se reitera a las partes que los escritos que se presenten de manera electrónica deberán contar con la evidencia criptográfica a que se refieren los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del nueve de junio de dos mil veinte, a fin de darles el mismo tratamiento que a las diversas presentadas en formato impreso con firma autógrafa. En consecuencia, las promociones o escritos que no cuenten con la citada evidencia criptográfica, deberán ser exhibidos de manera física, y podrán ser recibidos en las instalaciones que ocupa el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, Guerrero, en un horario comprendido de las nueve a las quince horas en la oficialía de partes común. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Juan Manuel Acevedo Mejía, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Mariella Jaramillo Pineda Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTOS, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; diez de agosto de dos mil veintiuno. Vista; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Ernesto Gallardo Vázquez, por propio derecho, contra actos de la Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, adscrita a la Unidad de Investigación Número 1, y de otra autoridad responsable. Regístrese en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado con el número 868/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y fórmese expediente. Ahora bien, es preciso decir que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora bien, dicho numeral establece que para desechar una demanda de amparo no basta que el juzgado haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Así, para demostrar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, es preciso mencionar que la demanda de amparo carece de firma autógrafa del promovente, lo que se corrobora con lo asentado en ésta por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, por lo que a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza de manera patente y cierta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, que literalmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De la interpretación a lo transcrito se obtiene que las causas de improcedencia factibles de actualizarse en el juicio de amparo no se limitan a las hipótesis previstas en las primeras XXII fracciones del citado numeral 61 de la Ley de Amparo, dado que su fracción XXIII posibilita la improcedencia de la instancia constitucional en comento en razón de cualquier otro motivo derivado de la Constitución General de la República o de la ley, uno de los cuales es el que deriva de lo ordenado por el artículo 6 de la ley de la materia, de acuerdo con el cual, el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 del ordenamiento legal en cita, pudiendo promoverlo por sí, a través de su representante o apoderado legal, por su defensor, algún pariente e inclusive, por persona extraña, siempre que la ley de la materia así lo permita. De tal suerte que al carecer el escrito inicial de demanda de la firma autógrafa del quejoso, con la que acredite al órgano jurisdiccional quien promueve la instancia de amparo, se contraviene lo dispuesto en el referido artículo 6 de la Ley de Amparo, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial de cualquier acto jurídico que debe constar por escrito o vía electrónica, y que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover un medio de defensa. Resulta aplicable al caso concreto la tesis pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 315, tomo X, correspondiente a octubre de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, la cual textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada". En consecuencia, por las consideraciones vertidas en párrafos precedentes, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA POR EL IMPETRANTE ERNESTO GALLARDO VÁZQUEZ; ello en razón de que se actualiza de manera notoria, plena e indubitable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo que dispone en el diverso numeral 6, de la propia ley de la materia. Téngase como domicilio procesal de la parte quejosa el indicado en su escrito de demanda; como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Carlos Macedonio Galindo, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como Licenciados en Derecho. De igual forma, téngasele proporcionando correo electrónico y número telefónico para establecer contacto. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la sentencia definitiva que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Se hace saber a las partes que, el tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, en el que se establecen los postulados al tenor de los cuales se regirá la actividad jurisdiccional durante el período del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte (directrices que fueron adoptadas y continúan vigentes en el diverso acuerdo 6/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con vigencia hasta el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno), y se determinó expresamente que durante ese período, deberá procurarse que el desahogo de las diligencias, alegatos y audiencias se realicen utilizando las videoconferencias como regla general, sin menoscabo de los casos en los que, como suele ocurrir con las audiencias constitucionales o incidentales, pueden llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Pues resulta claro que las partes pueden comparecer por escrito a las audiencias; lo anterior, siempre y cuando no existan pruebas que ameriten especial desahogo en el expediente en que se actúa, o se trate de alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; y se les requiere para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que les surta efectos la notificación de este acuerdo, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo. Asimismo, se reitera a las partes que los escritos que se presenten de manera electrónica deberán contar con la evidencia criptográfica a que se refieren los artículos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente a partir del nueve de junio de dos mil veinte, a fin de darles el mismo tratamiento que a las diversas presentadas en formato impreso con firma autógrafa. En consecuencia, las promociones o escritos que no cuenten con la citada evidencia criptográfica, deberán ser exhibidos de manera física, y podrán ser recibidos en las instalaciones que ocupa el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Acapulco, Guerrero, en un horario comprendido de las nueve a las quince horas en la oficialía de partes común. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Juan Manuel Acevedo Mejía, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de Mariella Jaramillo Pineda Secretaria que autoriza. Doy fe."
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