Ernesto Franco Romero

Expediente 118/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
118/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Ernesto Franco Romero

Actuaciones

  1. Principal

    AGRÉGUESE A LAS PRESENTES ACTUACIONES EL COMUNICADO Y ANEXOS REMITIDOS POR LA JUEZ Y SECRETARIOS EJECUTORES ADSCRITOS AL JUZGADO CUARTO DE LO MERCANTIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL DESAHOGAN EL REQUERIMIENTO EFECTUADO POR ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN RELACIÓN A LA EJECUTORIA DE AMPARO EMITIDA EN EL PRESENTE JUICIO CONSTITUCIONAL. EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO, SE ORDENA DAR VISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA CON DICHAS CONSTANCIAS. NOTIFÍQUESE POR LISTA FÍSICA Y ELECTRÓNICA Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA.

  2. Principal

    EN ZAPOPAN, JALISCO, A LAS ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO 694/2020, AL ESTAR EN AUDIENCIA PÚBLICA FABIOLA MORENO PÉREZ, JUEZ DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, ASISTIDA DE JOSEMARÍA SALCEDO DE ALBA, SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, LA DECLARÓ ABIERTA SIN LA ASISTENCIA PERSONAL DE NINGUNA DE LAS PARTES NI DE PERSONA QUE LEGALMENTE LAS REPRESENTE. ACTO CONTINUO, EN ACATAMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A HACER RELACIÓN DE CONSTANCIAS Y EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS. LA JUEZ ACUERDA: DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS NUMERALES 117, 119 Y 123 DE LA LEY DE AMPARO, SE REITERA LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO QUE EMITIERON LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES (EXCEPTO LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER) ASÍ COMO LA ADMISIÓN Y DESAHOGO DE LA PRUEBAS DOCUMENTALES PÚBLICAS RELATIVA A LAS CONSTANCIAS QUE REMITIERON EN APOYO AL MISMO, Y LAS DOCUMENTALES QUE ALLEGÓ LA PARTE QUEJOSA, LO CUAL SERÁ TOMADO EN CONSIDERACIÓN EN LA SIGUIENTE ETAPA PROCESAL. SE ABRE EL PERIODO DE PRUEBAS. ACTO CONTINUO, SE ABRE EL PERIODO PROBATORIO Y SE ADMITEN LAS PRUEBAS RELACIONADAS CON ANTERIORIDAD, MISMAS QUE SE DESAHOGA POR SU PROPIA Y ESPECIAL NATURALEZA AHORA BIEN, TODA VEZ QUE NO EXISTEN PRUEBAS PENDIENTES POR RECIBIR, SE CIERRA EL PRESENTE PERÍODO PROBATORIO. PERIODO DE ALEGATOS. POR LO QUE SIN ESCRITO QUE TENER POR REPRODUCIDO EN TAL VÍA Y SIN PEDIMENTO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO, SE CIERRA DICHO PERÍODO. AL NO HABER DILIGENCIA PENDIENTE POR DESAHOGAR SE CONCLUYE LA PRESENTE AUDIENCIA DE LEY, Y SE PROCEDE A DICTAR LA SENTENCIA QUE EN DERECHO CORRESPONDA. V I S T O S, PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 694/2020, PROMOVIDO POR POR DERECHO PROPIO Y COMO ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO DE , CONTRA LOS ACTOS QUE RECLAMA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS LEGALES Y DIRECTORA DE ÁREA ADSCRITA A ESA DIRECCIÓN, DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, DEL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA VICEPRESIDENCIA DE PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN DE ATENCIÓN A AUTORIDADES D DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT Y R E S U L T A N D O: PRIMERO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. TURNADA QUE FUERA LA DEMANDA A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A LA QUE LE CORRESPONDIÓ EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 694/2020, POR ACUERDO DE DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, SE ADMITIÓ A TRÁMITE LA DEMANDA PROPUESTA, SE SOLICITÓ A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES RINDIERAN SU INFORME CON JUSTIFICACIÓN, SE ORDENÓ DAR VISTA AL REPRESENTANTE SOCIAL DE LA ADSCRIPCIÓN, QUIEN NO FORMULÓ PEDIMENTO SE SEÑALÓ HORA Y FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR AUTO DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, SE TUVO A LA PARTE QUEJOSA AMPLIANDO LA DEMANDA DE AMPARO EN CUANTO A ACTOS RECLAMADOS DEL TITULAR Y DIRECTORA DE ÁREA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS LEGALES, AMBOS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ASÍ COMO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES D DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, POR LO QUE SE LES REQUIRIÓ POR SU INFORME JUSTIFICADO. FINALMENTE, LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL TUVO VERIFICATIVO EN TÉRMINOS DEL ACTA PRECEDENTE. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. ESTE JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA, CIVIL Y DE TRABAJO EN EL ESTADO DE JALISCO, TIENE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER Y RESOLVER EL JUICIO DE AMPARO, CON FUNDAMENTO EN LOS NUMERALES 103, FRACCIÓN I Y 107, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1, 37, 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO Y 52, FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL ACUERDO GENERAL 41/2018, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA Y ADICIONA EL SIMILAR 3/2013, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO POR TRATARSE DE UN AMPARO EN MATERIA ADMINISTRATIVA VIRTUD DE UN BLOQUEO DE CUENTAS A EJECUTARSE EN LA JURISDICCIÓN DE ESTE JUZGADO. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO1, SE PROCEDE A LA FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS2. EN ESAS CONDICIONES, DEL ANÁLISIS INTEGRAL DEL ESCRITO DE DEMANDA SE DESPRENDE QUE EL QUEJOSO RECLAMA: 1. DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: EL PROCESO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON LA CREACIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA FINANCIERA Y SE EXPIDE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS, ESPECÍFICAMENTE LA ADICIÓN DE LOS PÁRRAFOS NOVENO, DÉCIMO Y DÉCIMO PRIMERO DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 2. DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: EN EL RESPECTIVO ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LA EMISIÓN, ORDEN DE PUBLICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, ESPECÍFICAMENTE DE LAS REGLAS 70A, 71A, 72A Y 73A. 3. DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: LA EMISIÓN DEL ACUERDO A TRAVÉS DEL CUAL SE INCLUYÓ AL QUEJOSO EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS ASÍ COMO LA ORDEN DE BLOQUEO DE LAS CUENTAS BANCARIAS - NÚMERO DE CLABE - DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y, - NÚMERO DE CLABE - DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT ASÍ COMO LA ORDEN DE INMOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS CONTENIDOS EN LAS MISMAS 4. DEL DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS LEGALES DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, DEL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA VICEPRESIDENCIA DE PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y DE SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT: LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS PRECISADOS EN EL PUNTO TRES PRECEDENTE. 5. DEL TITULAR Y DIRECTORA DE ÁREA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS LEGALES, AMBOS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: LA EMISIÓN DEL OFICIO - DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, A TRAVÉS DEL CUAL SE MATERIALIZÓ LA INSTRUCCIÓN DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA CONTENIDA EN EL ACUERDO -. 6. DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES D DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES: EL OFICIO - EXPEDIENTE - DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL VENTE, MEDIANTE EL CUAL SE MATERIALIZÓ LA INSTRUCCIÓN DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA CONTENIDA EN EL ACUERDO -. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. NO SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS A LAS AUTORIDADES TITULAR DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO LOS DIVERSOS ATRIBUIDOS AL DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS LEGALES Y A LA DIRECTORA DE ÁREA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS LEGALES, AMBOS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y AL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA VICEPRESIDENCIA DE PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS AL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN RAZÓN DE QUE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, NEGARON SU EXISTENCIA Y LA PARTE QUEJOSA NO APORTÓ PRUEBA EN CONTRARIO QUE DESVIRTÚE LA NEGATIVA. ADEMÁS, RESPECTO DE LAS AUTORIDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, SU INEXISTENCIA SE CONFIRMA PORQUE EN EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO EN FORMA CONJUNTA SE ATRIBUYE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO AL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES D DE DICHA COMISIÓN. ANTE LA INEXISTENCIA, PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO, CONFORME AL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON LOS ACTOS ATRIBUIDOS AL DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS LEGALES, A LA DIRECTORA DE ÁREA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS LEGALES, AMBOS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL TITULAR DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO AL VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y AL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA VICEPRESIDENCIA DE PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. COBRA APLICACIÓN LA SIGUIENTE JURISPRUDENCIA. REGISTRO: 227634 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. SON CIERTOS LOS ACTO QUE SE RECLAMAN A LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, DEL MEXICANOS, DEL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUES LA EXISTENCIA DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS RESPONSABLES EN EL PROCESO DE CREACIÓN DEL MISMO, SE ENCUENTRA ACREDITADA CON SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, LO CUAL CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE INVOCARSE DE OFICIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO, POR DISPOSICIÓN EXPRESA DE SU ARTÍCULO SEGUNDO. ASIMISMO, SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS AL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y AL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, CONSISTENTES EN LA EMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN PARTICULAR LAS REGLAS 70, 71ª, 72ª Y 73ª. DE IGUAL FORMA, SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS AL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES D DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, ASÍ COMO A SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, PUES ASÍ SE DESPRENDE DEL CONTENIDO ÍNTEGRO DE SU INFORME JUSTIFICADO. LA EXISTENCIA SE CONFIRMA CON LAS COPIAS CERTIFICADAS DEL ACUERDO - Y DEL OFICIO NÚMERO A LAS QUE SE CONCEDE VALOR PROBATORIO PLENO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 129, 197 Y 202 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO. APOYA LO ANTERIOR, LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 226, ESTABLECIDO POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, VISIBLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, TOMO VI, DEL APÉNDICE 1995, PÁGINA 153, QUE ESTABLECE: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. POR ÚLTIMO, SE PRESUMEN CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, TODA VEZ QUE FUE OMISA EN RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, NO OBSTANTE DE HABÉRSELE REQUERIDO CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA, TAL Y COMO SE CONSTATA DE AUTOS. QUINTO. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. EN LA ESPECIE, LA SUSCRITA, DE OFICIO, ADVIERTE QUE RESPECTO A LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO AL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMBATE EL REFRENDO Y LA ORDEN DE PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS, POR VICIOS PROPIOS. LAS FRACCIONES NORMATIVAS EN MENCIÓN DISPONEN LO SIGUIENTE: DE LOS PRECEPTOS TRANSCRITOS SE OBTIENE QUE EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO EL SUPUESTO DERIVE DE LA PROPIA LEY DE AMPARO ADEMÁS, QUE TRATÁNDOSE DE AMPAROS CONTRA NORMAS CON EFECTOS GENERALES, A LAS AUTORIDADES QUE HAYAN INTERVENIDO EN EL REFRENDO O EN LA PUBLICACIÓN DEL DECRETO RESPECTIVO, SÓLO LES ASISTE EL CARÁCTER DE RESPONSABLES CUANDO LA PARTE QUEJOSA IMPUGNA POR VICIOS PROPIOS DICHOS ACTOS LO QUE EN LA ESPECIE NO ACONTECE, PORQUE LA PARTE QUEJOSA ÚNICAMENTE LLAMÓ A JUICIO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y AL DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, POR HABER TENIDO PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO LEGISLATIVO DE CREACIÓN DE LAS NORMAS RECLAMADAS, SEÑALANDO ÚNICAMENTE QUE LLEVARON A CABO EL REFRENDO Y PUBLICACIÓN PESE A QUE TALES ORDENAMIENTOS SON INCONSTITUCIONALES, PERO SIN QUE EXISTA CAUSA DE PEDIR SUFICIENTE PARA DESTRUIR LA PRETENSIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD, ESPECÍFICAMENTE POR UNA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD FORMAL DE ESOS ACTOS. EN CONSECUENCIA, AL NO COLMARSE LA EXIGENCIA A QUE SE REFIERE EL ALUDIDO PRECEPTO LEGAL, ES INCONCUSO QUE NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE AMPARO, PARA SOMETER A ESCRUTINIO CONSTITUCIONAL EL REFRENDO Y PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS COMBATIDAS LO QUE IMPONE SOBRESEER EN EL JUICIO POR DICHOS ACTOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ASIMISMO, EL PRESENTE ASUNTO EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA DECIDIR SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LO RECLAMADO A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y DE SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, PORQUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL PRECEPTO 1, FRACCIÓN I, 5, FRACCIÓN II Y 108, FRACCIÓN III, TODOS DE LA LEY DE AMPARO, CUENTA HABIDA QUE ÉSTE TIENE POR OBJETO RESOLVER LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN POR NORMAS GENERALES, ACTOS U OMISIONES DE AUTORIDAD QUE VULNEREN LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS POR LA CARTA MAGNA. LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN I, 5, FRACCIÓN II Y 108, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, DISPONEN: ARTÍCULO 1. EL JUICIO DE AMPARO TIENE POR OBJETO RESOLVER TODA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE: I. POR NORMAS GENERALES, ACTOS U OMISIONES DE AUTORIDAD QUE VIOLEN LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS Y LAS GARANTÍAS OTORGADAS PARA SU PROTECCIÓN POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO POR LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE. ARTÍCULO 5. SON PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO: (.) II. LA AUTORIDAD RESPONSABLE, TENIENDO TAL CARÁCTER, CON INDEPENDENCIA DE SU NATURALEZA FORMAL, LA QUE DICTA, ORDENA, EJECUTA O TRATA DE EJECUTAR EL ACTO QUE CREA, MODIFICA O EXTINGUE SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA U OMITA EL ACTO QUE DE REALIZARSE CREARÍA, MODIFICARÍA O EXTINGUIRÍA DICHAS SITUACIONES JURÍDICAS. PARA LOS EFECTOS DE ESTA LEY, LOS PARTICULARES TENDRÁN LA CALIDAD DE AUTORIDAD RESPONSABLE CUANDO REALICEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD, QUE AFECTEN DERECHOS EN LOS TÉRMINOS DE ESTA FRACCIÓN, Y CUYAS FUNCIONES ESTÉN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL.. ARTÍCULO 108. LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO DEBERÁ FORMULARSE POR ESCRITO O POR MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LOS CASOS QUE LA LEY LO AUTORICE, EN LA QUE SE EXPRESARÁ: (.) III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. EN CASO DE QUE SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES, EL QUEJOSO DEBERÁ SEÑALAR A LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE ESTADO A LOS QUE LA LEY ENCOMIENDE SU PROMULGACIÓN. EN EL CASO DE LAS AUTORIDADES QUE HUBIEREN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO PROMULGATORIO DE LA LEY O EN SU PUBLICACIÓN, EL QUEJOSO DEBERÁ SEÑALARLAS CON EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ÚNICAMENTE CUANDO IMPUGNE SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. POR SU PARTE, EL ARTÍCULO 103 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVO A LO QUE DEBE ENTENDERSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, ESTABLECE: ARTÍCULO 103. LOS TRIBUNALES DE LA FEDERACIÓN RESOLVERÁN TODA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE: I. POR LEYES O ACTOS DE LA AUTORIDAD QUE VIOLEN LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES II. POR LEYES O ACTOS DE LA AUTORIDAD FEDERAL QUE VULNEREN O RESTRINJAN LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS O LA ESFERA DE COMPETENCIA DEL DISTRITO FEDERAL Y III. POR LEYES O ACTOS DE LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS O DEL DISTRITO FEDERAL QUE INVADAN LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD FEDERAL. DE LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS TRANSCRITOS, SE COLIGE QUE PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL CONCEPTO DE AUTORIDAD RESPONSABLE CONVERGE EN ESTABLECER QUE ES AQUELLA QUE -CON INDEPENDENCIA DE SU NATURALEZA FORMAL- DICTA, ORDENA, EJECUTA O TRATA DE EJECUTAR EL ACTO QUE CREA, MODIFICA O EXTINGUE SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA. ASIMISMO, DE DICHOS PRECEPTOS DERIVA QUE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTÁ SUPEDITADA A QUE LOS ACTOS QUE SE RECLAMEN PROVENGAN, PRECISAMENTE, DE UNA AUTORIDAD. CABE PRECISAR QUE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DETERMINÓ QUE LAS NOTAS QUE DISTINGUEN A UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, SON LAS SIGUIENTES: A) LA EXISTENCIA DE UN ENTE DE HECHO O DE DERECHO QUE ESTABLECE UNA RELACIÓN DE SUPRA A SUBORDINACIÓN CON UN PARTICULAR B) QUE ESA RELACIÓN TENGA SU NACIMIENTO EN LA LEY, LO QUE DOTA AL ENTE DE UNA FACULTAD ADMINISTRATIVA, CUYO EJERCICIO ES IRRENUNCIABLE, AL SER PÚBLICA LA FUENTE DE ESA POTESTAD C) QUE CON MOTIVO DE ESA RELACIÓN EMITA ACTOS UNILATERALES A TRAVÉS DE LOS CUALES CREE, MODIFIQUE O EXTINGA POR SÍ O ANTE SÍ, SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTEN LA ESFERA LEGAL DEL PARTICULAR Y, D) QUE PARA EMITIR ESOS ACTOS NO REQUIERA ACUDIR A LOS ÓRGANOS JUDICIALES, NI PRECISE DEL CONSENSO DE LA VOLUNTAD DEL AFECTADO. EL CRITERIO EN COMENTO, FUE SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA 2A/J. 164/2011 EMITIDA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NOVENA ÉPOCA, CONSULTABLE EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, TOMO XXXIV, SEPTIEMBRE DE 2011, DE RUBRO Y TEXTO: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. DICHA JURISPRUDENCIA ES ORIENTADORA PARA DETERMINAR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUÁLES ACTOS DE PARTICULARES PUEDEN SER CONSIDERADOS COMO ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. EN ESA TESITURA, EL BLOQUEO, INMOVILIZACIÓN Y SUSPENSIÓN DE OPERACIONES DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE REFIERE LA PARTE QUEJOSA EN SU DEMANDA DE AMPARO, EN RELACIÓN CON LA AFECTACIÓN QUE GENERAN EN SU ESFERA DE DERECHOS, DERIVA DE ACTOS DONDE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS NO ACTÚAN RESPECTO A AQUÉLLA EN UN PLANO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN, PORQUE NO EXISTE POTESTAD DE AUTORIDAD, TANTO QUE SU RELACIÓN DERIVA DE UN ACUERDO DE VOLUNTADES, POR VIRTUD DEL CUAL, ÉSTAS ADMINISTRAN LAS CUENTAS ABIERTAS EN DICHAS INSTITUCIONES Y LA DECISIÓN DE INMOVILIZAR LAS CUENTAS PRECISADAS, NO SON PROPIAS DE LOS ENTES FINANCIEROS SEÑALADOS COMO RESPONSABLES, SINO DE UNA AUTORIDAD A QUIEN SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A OBEDECER, ES DECIR, SÓLO COADYUVAN CON ELLA. EFECTIVAMENTE, CONFORME A LOS NOTAS ESTABLECIDAS POR EL MÁS ALTO TRIBUNAL DEL PAÍS, SE PUEDE OBTENER QUE LAS ANOTADAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO AL INMOVILIZAR LAS CUENTAS DE LA PARTE QUEJOSA NO DESPLIEGAN FACULTADES DE IMPERIO, PUESTO QUE DICHOS ACTOS NO DERIVAN DE DECISIONES PROPIAS, SINO DE UN ENTE PÚBLICO DIVERSO AL CUAL SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A OBEDECER, DE AHÍ QUE DICHOS ACTOS RECLAMADOS, NO CORRESPONDEN AL EJERCICIO DE ATRIBUCIONES O FACULTADES PROPIAS QUE SE ENCUENTRAN EXPRESAMENTE PREVISTAS EN LA LEY EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES CREDITICIAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. EN ESAS CONDICIONES, NO ES EL EJERCICIO O POTESTAD LEGAL DE ÉSTAS EN QUE SE MATERIALIZA PARA DETERMINAR LO CONCERNIENTE, NI ES IRRENUNCIABLE, POR NO SER LA FUNCIÓN PÚBLICA LA FUENTE DE SU POTESTAD, DE MANERA QUE UNILATERALMENTE NO CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN POR SÍ MISMAS, SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTEN LA ESFERA LEGAL DE LA PARTE PROMOVENTE, PUESTO QUE ÚNICAMENTE CUMPLEN UNA ORDEN DE UNA AUTORIDAD FINANCIERA. LO CUAL, PATENTIZA QUE NO EXISTE UNILATERALIDAD AL INMOVILIZAR LAS CUENTAS DE LA QUEJOSA, DADO QUE FUE DIVERSA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE (TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO) LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDA DE ESA FUERZA LEGAL, LA QUE PUEDE CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR UNA SITUACIÓN PARTICULAR DE DERECHO QUE SE ENCUENTRA RELACIONADA CON LA ESFERA LEGAL DE ÉSTE COMO GOBERNADO, POR LO QUE, DEFINITIVAMENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO EN CALIDAD DE IMPERIO. EN ESTA LÍNEA DE PENSAMIENTO, ESTE JUZGADO FEDERAL SOSTIENE QUE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, A EFECTO DE DETERMINAR SU NATURALEZA, RESULTA QUE NO PUEDEN CONSIDERARSE NI EQUIPARARSE A ACTOS DE AUTORIDAD, EN FUNCIÓN DE QUE COMO SE HA DICHO, NO SE INTEGRAN EN ÉSTOS, TODAS LA NOTAS DISTINTIVAS DE LOS ACTOS PROPIOS DE AUTORIDAD, ESTO ES, NO SE DICTARON EN UN PLANO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN, APOYADO EN LA NORMA QUE LES FACULTE DIRECTAMENTE PARA ELLO, AUNADO A QUE DICHO EJERCICIO DE TAL ATRIBUCIÓN NO TIENE SU ORIGEN EN LA FUENTE PÚBLICA, Y POR ELLO, NO SON UNILATERALES, PORQUE NO DERIVAN DE LOS PROPIOS BANCOS, SINO DE UNA AUTORIDAD FINANCIERA, QUIEN IMPONE SU CUMPLIMIENTO, POR CONSECUENCIA NO SON ESAS PERSONAS MORALES QUE SE SEÑALARON COMO RESPONSABLES QUIENES CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES DE DERECHO. POR LO CUAL, ES SUFICIENTE PARA DETERMINAR QUE NO SE SURTEN LOS SUPUESTOS ACORDES CON LOS CRITERIOS SOSTENIDOS POR EL MÁXIMO TRIBUNAL DEL PAÍS PARA ESTABLECER QUE LOS ACTOS RECLAMADOS EN ESTA INSTANCIA A LAS REFERIDAS INSTITUCIONES SON ACTOS DE AUTORIDAD. EN ESAS CONDICIONES, AL NO SER DABLE OTORGARLES EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES AL QUEDAR ESTABLECIDO QUE LES REVISTE LA NATURALEZA DE PARTICULAR, Y ACTÚAN EN AUXILIO DE LA AUTORIDAD HACENDARIA EN UN ACTO DE EJECUCIÓN A SU FAVOR, CARECIENDO DE IMPERIO POR ENDE, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE RESULTA DE RELACIONAR LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN I, 5, FRACCIÓN II, Y 61 FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE AMPARO. CONSECUENTEMENTE, AL ACTUALIZARSE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA ANALIZADAS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO SEÑALADAS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES. POR OTRA PARTE, SE ESTIMA QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO FORMULA CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CONCRETOS QUE CONTROVIERTAN LAS REGLAS 70ª, 71ª, 72ª Y 73ª DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. PARA CORROBORAR EL ANTERIOR ASERTO, SE DEBE TENER EN CUENTA LO ESTABLECIDO POR DICHOS ARTÍCULOS QUE SEÑALAN: ARTÍCULO 61. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE: (.) XXIII. EN LOS DEMÁS CASOS EN QUE LA IMPROCEDENCIA RESULTE DE ALGUNA DISPOSICIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, O DE ESTA LEY. ARTÍCULO 108. LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO DEBERÁ FORMULARSE POR ESCRITO O POR MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LOS CASOS QUE LA LEY LO AUTORICE, EN LA QUE SE EXPRESARÁ: (.) VIII. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. DE LOS PRECEPTOS LEGALES REFERIDOS SE DESPRENDE QUE UNO DE LOS REQUISITOS DEL ESCRITO DE DEMANDA, LO CONSTITUYE EL SEÑALAMIENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE IRROGUEN A LA PARTE QUEJOSA LOS ACTOS RECLAMADOS, SIENDO QUE SU AUSENCIA OCASIONA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, AL ENCONTRARSE IMPOSIBILITADO EL JUZGADOR PARA CONOCER LAS RAZONES POR LAS CUALES DICHOS ACTOS LE CAUSAN AGRAVIOS. EN EFECTO, PARA QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS, ES NECESARIA LA EXPOSICIÓN DEL RAZONAMIENTO JURÍDICO CONCRETO CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO O CONTRA LA AUSENCIA DE ELLOS, PARA PONER DE MANIFIESTO QUE DICHO ACTO ES CONTRARIO A LA LEY, O A LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE LA MISMA, YA SEA PORQUE SIENDO APLICABLE DETERMINADA DISPOSICIÓN LEGAL NO SE APLICÓ O BIEN, PORQUE NO SE HIZO UNA CORRECTA INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE LA LEY, O PORQUE LA SENTENCIA RECLAMADA NO SE APOYÓ EN PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO, CUANDO NO HAYA LEY APLICABLE AL CASO. SIRVE DE APOYO A LO ANTERIOR, LOS CRITERIOS SOSTENIDOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO3, Y POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO4, QUE A LA LETRA DICEN: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LA AUSENCIA O FALTA DE. DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. AL RESPECTO, ES NECESARIO TOMAR EN CUENTA QUE EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, HA DEFINIDO QUÉ DEBE ENTENDERSE POR CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, EN LA JURISPRUDENCIA P/J. 68/20005, DE RUBRO: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. DE LO ANTERIOR, SE DESPRENDE QUE PARA QUE SE TENGAN POR VERTIDOS LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y, POR ENDE, SATISFECHO EL REQUISITO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE LA MATERIA, SE REQUIEREN SIMPLES RAZONAMIENTOS ADUCIDOS EN LA DEMANDA DE AMPARO, EN LOS QUE SE EXPRESEN CON CLARIDAD: A) LA CAUSA DE PEDIR, B) LA LESIÓN O AGRAVIO CON QUE LA QUEJOSA ESTIMA SE LE VULNERÓ SU ESFERA JURÍDICA CON EL ACTO, LEY O RESOLUCIÓN RECLAMADA C) LOS MOTIVOS QUE ORIGINARON ESE AGRAVIO D) CUANDO SE RECLAME LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SE TIENE QUE PRECISAR O ESPECIFICAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES QUE CONTRAVIENE. UNA VEZ EXPUESTO LO ANTERIOR, EN EL CASO DE LA LECTURA DEL ESCRITO DE LA DEMANDA DE AMPARO, SE APRECIA QUE LA PARTE QUEJOSA FUE OMISA EN FORMULAR CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN CONTRA DE LAS REGLAS 70, 71, 72 Y 73 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CIERTAMENTE, YA QUE DE UN ANÁLISIS DEL ESCRITO DE DEMANDA, SE ADVIERTE QUE SÓLO EXPRESÓ CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PARA CONTROVERTIR EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, ASÍ COMO LA EMISIÓN DEL ACUERDO - EN DONDE SE INCLUYE AL QUEJOSO EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS EN EL SISTEMA BANCARIO MEXICANO E INSTITUCIONES DE CRÉDITO, COMO PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. DE LO QUE SE PUEDE CONCLUIR, QUE RESPECTO LAS REFERIDAS REGLAS 70, 71, 72 Y 73 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, NO SE SEÑALAN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUES NO EXPRESA ARGUMENTOS TENDIENTES A CONTROVERTIRLAS. DE AHÍ, QUE EN RELACIÓN A ESAS REGLAS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XXIII, DEL ARTÍCULO 61, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE AMPARO. CON MOTIVO DE LO ANTERIOR, RESULTA OCIOSO EL ESTUDIO DE LA DIVERSA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE HACE VALER LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN RELACIÓN CON LAS REGLAS ALUDIDAS. SEXTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA INFUNDADAS. LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HACE VALER LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 61 FRACCIÓN XXIII Y 107 FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, AL ADUCIR QUE EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, EN TANTO QUE LA PARTE QUEJOSA NO AGOTÓ EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO REGULADO POR EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y REGLAS 70 A 75 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL. DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ES INFUNDADA. EN LA ESPECIE, LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CONSISTENTE EN EL ACUERDO - NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA, SINO UNA MEDIDA CAUTELAR, CUYAS CONSECUENCIAS SON DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SEGÚN LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN III, INCISO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 107, FRACCIÓN III, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO QUE IMPLICA LA PRIVACIÓN DEL DERECHO DE DISPONER DE LOS FONDOS CORRESPONDIENTES Y TAL CIRCUNSTANCIA DE NINGUNA MANERA SERÁ REPARADA CON ALGUNA ACTUACIÓN POSTERIOR, EN TANTO QUE EL GOBERNADO NO PUEDE SER RESTITUIDO DEL TIEMPO QUE DURE LA INMOVILIZACIÓN DE LAS CUENTAS, LO QUE LO POSIBILITA A IMPUGNAR CONSTITUCIONALMENTE DICHO ACTO, SIN TENER QUE ESPERAR A LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. POR ELLO, SI EN EL CASO, EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL BLOQUEO Y/O INMOVILIZACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PROPIEDAD DE LA PARTE QUEJOSA, ESTE ES UN ACTO QUE POR SU NATURALEZA IRROGA UN PERJUICIO EN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE DIRIGEN, MÁXIME QUE LOS EFECTOS DE AQUELLA DECISIÓN NO DESAPARECERÁN AUN SI OBTUVIERA RESOLUCIÓN FAVORABLE, LO QUE HACE PROCEDENTE EL JUICIO CONSTITUCIONAL DE AHÍ LO INFUNDADO DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INVOCADA. MÁXIME QUE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY EN VIRTUD DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, ES OPTATIVO PARA EL INTERESADO EL INTERPONER O NO LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE AQUÉL, DE MANERA QUE SI OPTA POR RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DESDE LUEGO NO OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. POR LO TANTO, RESULTA INCONCUSO QUE LA PARTE QUEJOSA NO SE ENCONTRABA CONSTREÑIDA A AGOTAR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL PUNTO 73 DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, EN VIRTUD DE QUE A TRAVÉS DE SU DEMANDA DE AMPARO CUESTIONÓ LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE ESTA ÚLTIMA PORCIÓN NORMATIVA. POR OTRA PARTE, EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, POR CONDUCTO DE LA DIRECTORA GENERAL, ADUCE QUE EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONFORME AL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE AMPARO, AL TRATARSE DE ACTOS CONSENTIDOS, PUESTO QUE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA SE REALIZÓ EL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE Y QUE A TRAVÉS DEL ACUERDO - DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE INCORPORÓ A A LA LISTA DE PERSONA BLOQUEADAS, DE AHÍ QUE SOSTIENE QUE EL AMPARO NO SE PROMOVIÓ DENTRO DEL PLAZO DE LEY. DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ES INFUNDADA ATENTO A LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES. PARA ASÍ EVIDENCIARLO, ES NECESARIO SEÑALAR QUE EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL JURISPRUDENCIA P/J. 115/2010, DETERMINÓ QUE EL MOMENTO EN QUE LA PARTE QUEJOSA DE UN JUICIO DE AMPARO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO, DEBE CONSTAR PROBADO DE MODO DIRECTO Y NO INFERIRSE CON BASE EN PRESUNCIONES. TAL JURISPRUDENCIA SE CONSULTA CON LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN, RUBRO Y TEXTO SIGUIENTES: REGISTRO: 186084 ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ASÍ, LOS MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA ADUCIDOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA SE ESTIMAN INFUNDADOS, PUESTO QUE EL HECHO DE QUE A TRAVÉS DEL ACUERDO - DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE HAYA INCORPORADO AL QUEJOSO A LA LISTA DE PERSONA BLOQUEADAS, EN MODO ALGUNO SE DEMUESTRA QUE ÉSTE HUBIESE TENIDO CONOCIMIENTO COMPLETO Y EXACTO DE LOS ACTOS QUE RECLAMA EN ESTE PROCEDIMIENTO CONSTITUCIONAL, DESDE ESA DATA O ANTERIOR A LA INDICADA EN LA DEMANDA DE AMPARO, ES DECIR EL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. EN OTRO ORDEN DE IDEAS, EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES D DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES AFIRMA QUE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, PORQUE SU ACCIÓN CONSISTIÓ ÚNICAMENTE EN RETRANSMITIR A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LA DETERMINACIÓN TOMADA POR OTRA AUTORIDAD, DE AHÍ QUE CARECE DE LAS CARACTERÍSTICAS NECESARIAS PARA QUE SEA CONSIDERADO COMO UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA EN ESTUDIO. EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO ESTABLECE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES PARTE EN EL JUICIO DE AMPARO, TENIENDO TAL CARÁCTER, CON INDEPENDENCIA DE SU NATURALEZA FORMAL, LA QUE DICTA, ORDENA, EJECUTA O TRATA DE EJECUTAR EL ACTO QUE CREA, MODIFICA O EXTINGUE SITUACIONES JURÍDICAS EN FORMA UNILATERAL Y OBLIGATORIA U OMITA EL ACTO QUE DE REALIZARSE CREARÍA, MODIFICARÍA O EXTINGUIRÍA DICHAS SITUACIONES JURÍDICAS. EN TALES CONSIDERACIONES, SE DESESTIMA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA HECHA VALER POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES D, TODA VEZ QUE TAL Y COMO LO MANIFIESTA EN SU INFORME JUSTIFICADO, ACEPTÓ QUE EJECUTÓ EL ACTO RECLAMADO, CON LO CUAL QUEDA EN EVIDENCIA SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 5, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. ASIMISMO, EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES D SOSTIENE QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL 108, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO, TODA VEZ QUE EL PROMOVENTE OMITIÓ FORMULAR CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN SU CONTRA. EL MOTIVO DE IMPROCEDENCIA RESULTA INFUNDADO. AL RESPECTO, SE TIENE PRESENTE QUE LOS ARTÍCULOS DE REFERENCIA ESTABLECEN LO SIGUIENTE: DE LA LECTURA SISTEMÁTICA DE AMBOS PRECEPTOS, SE ADVIERTE QUE EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL DEMANDANTE DEL AMPARO NO EXPRESE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PRECISADO LO ANTERIOR, LO SIGUIENTE ES DETERMINAR QUÉ SE ENTIENDE POR CONCEPTO DE VIOLACIÓN PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO Y CON ESE PROPÓSITO SE TOMA EN CUENTA EL CRITERIO QUE INFORMA LA JURISPRUDENCIA SUSTENTADA POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, TOMO VIII, SEPTIEMBRE DE 1998, PÁGINA 323, DE RUBRO Y CONTENIDO SIGUIENTE: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. DEL CRITERIO INSERTO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, SE ADVIERTE QUE POR CONCEPTO DE VIOLACIÓN SE DEBE ENTENDER EL ARGUMENTO EN EL QUE SE MENCIONE LA LESIÓN O AGRAVIO QUE EL QUEJOSO CONSIDERA LE CAUSA EL ACTO RECLAMADO Y LOS MOTIVOS QUE ORIGINARON ESE AGRAVIO. EN EL CASO CONCRETO, DE LA LECTURA INTEGRAL DE LA DEMANDA SE ADVIERTE QUE EN SENTIDO CONTRARIO A LO QUE ARGUMENTA LA AUTORIDAD, LA PARTE QUEJOSA SÍ EXPUSO CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN CONTRA DEL ACTO RECLAMADO DE AHÍ POR LO QUE SE CONSIDERA INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PROPUESTA. AL NO EXISTIR DIVERSAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PROPUESTAS POR LAS PARTES, NI LA SUSCRITA ADVERTIRLAS DE OFICIO, SE PROCEDE AL ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS QUE POR ESTA VÍA CONTROVIERTE LA PARTE QUEJOSA. SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD O INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS. I. FIJACIÓN DE LA LITIS6. EN PRINCIPIO, ES NECESARIO SEÑALAR QUE LA LITIS EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, SE CENTRA EN DETERMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL BLOQUEO DE CUENTAS REALIZADO A TRAVÉS DEL ACUERDO -. II. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. PREVIO AL ESTUDIO DE LOS MOTIVOS DE DISENSO HECHOS VALER, ES CONVENIENTE DAR NOTICIA DE LOS ANTECEDENTES DEL CASO PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DEL ASUNTO. DE LA DEMANDA DE AMPARO Y DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO, SE ADVIERTEN LOS SIGUIENTES DATOS: 1. EL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, LA QUEJOSA MANIFESTÓ QUE TUVO CONOCIMIENTO DE QUE SUS CUENTAS BANCARIAS, SE ENCONTRABAN BLOQUEADOS POR LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA. III. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. LA PARTE QUEJOSA EXPONE COMO CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, EN ESENCIA, LOS SIGUIENTES: A) ADUCE, QUE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO RESULTA INCONSTITUCIONAL, YA QUE EL SUPUESTO FÁCTICO PARA QUE UNA PERSONA SEA INCLUIDA EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, CONSISTE EN QUE LA AUTORIDAD HACENDARIA DETERMINE LA EXISTENCIA DE ALGUNA CONDUCTA RELACIONADA CON LOS DELITOS DE TERRORISMO Y/O LAVADO DE ACTIVOS LO CUAL INVADE LA ESFERA DE FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DE LOS JUECES DE CONTROL PARA AUTORIZAR MEDIDAS CAUTELARES, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE AHÍ QUE NO ES COMPETENTE EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PARA INVADIR FACULTADES EXCLUSIVAS DE DIVERSA AUTORIDAD. B) REFIERE, QUE DICHO PRECEPTO EXTIENDE LAS FACULTADES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO HASTA EL GRADO DE PERMITIRLE LA INVESTIGACIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS E IMPONER MEDIDAS CAUTELARES, COMO LO ES, LA CREACIÓN DE LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS ASEGURANDO SUS CUENTAS BANCARIAS. C) EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO TRANSGREDE EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 1 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUES SE TENÍA LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR SUS DERECHOS HUMANOS. IV. DECISIÓN DE LA LITIS CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FORMULADOS, TENDENTES A COMBATIR DICHO ACTO, SON INOPERANTES EN ATENCIÓN A LAS CONSIDERACIONES QUE SE VIERTEN A CONTINUACIÓN. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RESOLVER EL AMPARO EN REVISIÓN SE PRONUNCIÓ RESPECTO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS PORCIONES RECLAMADAS DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, Y EN LO TOCANTE SOSTUVO, EN PRINCIPIO, QUE LA FACULTAD DE INCLUSIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS SE ERIGE COMO UNA MEDIDA CAUTELAR QUE ES DE ÍNDOLE ADMINISTRATIVO. LO ANTERIOR, PORQUE DICHA ATRIBUCIÓN NO DERIVA DE UNA RESOLUCIÓN MINISTERIAL O JUDICIAL EN MATERIA PENAL, SINO DE LA ORDEN DICTADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA PROTEGER EL SISTEMA FINANCIERO. ENTONCES, ASEGURÓ QUE LA SECRETARÍA PUEDE ESTABLECER MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS PARA PREVENIR Y DETECTAR ACTOS QUE FAVOREZCAN PARA LA COMISIÓN DE DELITOS DE TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO O DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, EMPERO, SI SE SURTEN LOS SUPUESTOS JURÍDICOS NECESARIOS, EL MINISTERIO PÚBLICO RETOMARA LA INFORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. POR OTRA PARTE, PRECISÓ QUE LAS MEDIDAS CAUTELARES SIEMPRE DEBEN ESTAR VINCULADAS A UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO, PRECISAMENTE, POR SU CARÁCTER PROVISIONAL Y ACCESORIO. LUEGO, ARRIBÓ A LA CONCLUSIÓN QUE EL BLOQUEO DE CUENTAS CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO DEBE TENER ORIGEN EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCIÓN O PRONUNCIAMIENTO DE UN ORGANISMO INTERNACIONAL, COMO LO ES, EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, O BIEN, DERIVE DE UNA RESOLUCIÓN U OBLIGACIÓN DE CARÁCTER BILATERAL O MULTILATERAL ASUMIDA POR EL ESTADO MEXICANO, A EFECTO DE QUE NO EXISTA UNA TRASGRESIÓN AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. LO ANTERIOR, PORQUE DICHA MEDIDA RESPONDE A UN PROCEDIMIENTO INTERNACIONAL ADQUIRIDO POR EL PAÍS, ENTENDIDO COMO UNO ESPECÍFICO (EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES QUE HA ADQUIRIDO NUESTRO PAÍS) LO CUAL, ES ACORDE AL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. POR CONSIGUIENTE, DETERMINÓ QUE DICHA MEDIDA ES ACORDE CON EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA SÓLO CUANDO EL BLOQUEO DE CUENTAS SE REALIZA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE UN TRATADO INTERNACIONAL ADQUIRIDO POR EL PAÍS, NO PARA CUESTIONES ESTRICTAMENTE NACIONALES, PORQUE ANTE ESE SUPUESTO NO SE IMPONDRÍA CON SUSTENTO EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O JURISDICCIONAL ESPECÍFICO. EXTREMO QUE NO IMPLICA QUE EL MARCO NORMATIVO SEA INCONSTITUCIONAL, PUES DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME SE PUDE INTERPRETAR QUE DICHA ATRIBUCIÓN DE BLOQUEO DE CUENTAS A LOS USUARIOS ES UNA MEDIDA CAUTELAR RELACIONADA CON PROCEDIMIENTOS EN CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS INTERNACIONALES CUANDO: A) EXISTA UNA OBLIGACIÓN BILATERAL O MULTILATERAL DEL ESTADO MEXICANO QUE EXPRESAMENTE ESTABLEZCA UNA OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTAR ESA MEDIDA ANTE UNA SOLICITUD DE AUTORIDAD EXTRANJERA. B) ANTE EL CUMPLIMIENTO DE UNA DETERMINACIÓN DE UN ORGANISMO INTERNACIONAL O AGRUPACIÓN INTERGUBERNAMENTAL RECONOCIDA POR EL PAÍS CONFORME A ALGUNA NORMA CONVENCIONAL, COMO LO ES, EN MATERIA DE TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. POR TANTO, LA CITADA ATRIBUCIÓN NO PUEDE EJERCERSE CUANDO EL MOTIVO DEL BLOQUEO TENGA UN ORIGEN ESTRICTAMENTE NACIONAL, ES DECIR, NO SE ACTUALICE ALGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS QUE ANTECEDEN, DADO QUE NO TENDRÍA RELACIÓN CON UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O JURISDICCIONAL ESPECÍFICO, LO QUE SERÍA CONTRARIO AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. DE LAS CONSIDERACIONES PRECEDENTES DERIVÓ LA JURISPRUDENCIA DE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN, RUBRO Y TEXTO SIGUIENTES: REGISTRO DIGITAL: 2016903 ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). EN TAL VIRTUD, ES CLARO QUE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN YA DETERMINÓ EN CRITERIO OBLIGATORIO QUE DICHO PRECEPTO NO INVADE LAS FACULTADES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PORQUE LA MEDIDA CAUTELAR DERIVA DEL EJERCICIO DE ATRIBUCIONES PROPIAS, QUE A LA POSTRE PUEDEN SER INVESTIGADAS POR ÉSTE. ASIMISMO, DICHA MEDIDA CAUTELAR DEBE ENTENDERSE DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO CUANDO DERIVE DE UN COMPROMISO DE CARÁCTER INTERNACIONAL, ESTO ES, ATIENDA A UNA OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTAR DICHO BLOQUEO DERIVADO DE UNA SOLICITUD DE AUTORIDAD EXTRANJERA O, DE UNA RESOLUCIÓN DE UN ORGANISMO INTERNACIONAL RECONOCIDO CONVENCIONALMENTE. CONSIGUIENTEMENTE, AL EXISTIR JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE RESPECTO DE ESE TÓPICO, CUALQUIER ARGUMENTO RELACIONADO CON ÉL, SE VUELVE INOPERANTE, TODA VEZ QUE ATENDIENDO AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL NO PUEDE ARRIBAR A UNA CONCLUSIÓN DIVERSA Y CON DICHA JURISPRUDENCIA SE DA RESPUESTA AL TEMA DE FONDO PLANTEADO. ROBUSTECE LA CONSIDERACIÓN ANTERIOR, LA JURISPRUDENCIA DE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN, RUBRO Y TEXTO SIGUIENTES: REGISTRO DIGITAL: 198920 AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. EN LAS RELATADAS CONSIDERACIONES, AL RESULTAR INOPERANTES LOS ARGUMENTOS VERTIDOS POR LA PARTE ACCIONANTE DE AMPARO EN CONTRA DE LAS PORCIONES IMPUGNADAS DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, SE IMPONE NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN SOLICITADO EN CONTRA DE ÉSTE. V. DECISIÓN DE LA LITIS CONSTITUCIONAL SOBRE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. NO OBSTANTE LA CONSIDERACIÓN ANTERIOR, EN EL CASO, SE ESTIMA QUE ASISTE RAZÓN A LA PARTE QUEJOSA RESPECTO AL ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA, AL AFIRMAR QUE LA DETERMINACIÓN DE ASEGURAR SUS CUENTAS BANCARIAS ES VIOLATORIA DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA FUNDADA NI MOTIVADA, AL NO ESTABLECER LAS RAZONES QUE LLEVÓ A LA RESPONSABLE A EJERCER ESAS FACULTADES. EN EFECTO, AL RESOLVER EL AMPARO EN REVISIÓN DEL CUAL DERIVÓ LA JURISPRUDENCIA 2A/J. 46/2018, CUYO RUBRO Y TEXTO HAN SIDO TRANSCRITOS, DICHA SALA SOSTUVO QUE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, A EFECTO DE SER ACORDE CON EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE SEGURIDAD JURÍDICA, DEBE INTERPRETARSE DE LA SIGUIENTE MANERA: A) LA ATRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CONSISTENTE EN EL BLOQUEO DE CUENTAS A LOS CLIENTES Y USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, ÚNICAMENTE PUEDE EMPLEARSE COMO MEDIDA CAUTELAR RELACIONADA CON LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS EN NUESTRO PAÍS, LO CUAL SE ACTUALIZA ANTE DOS ESCENARIOS: 1. POR EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER BILATERAL O MULTILATERAL ASUMIDA POR MÉXICO, EN LA CUAL SE ESTABLEZCA DE MANERA EXPRESA LA OBLIGACIÓN COMPARTIDA DE IMPLEMENTAR ESTE TIPO DE MEDIDAS ANTE SOLICITUDES DE AUTORIDADES EXTRANJERAS. 2. POR EL CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCIÓN O DETERMINACIÓN ADOPTADA POR UN ORGANISMO INTERNACIONAL O POR UNA AGRUPACIÓN INTERGUBERNAMENTAL, QUE SEA RECONOCIDA CON TALES ATRIBUCIONES POR NUESTRO PAÍS A LA LUZ DE ALGÚN TRATADO INTERNACIONAL (A MANERA DE EJEMPLO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES QUE EN MATERIA DE TERRORISMO Y PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EMITE EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS). B) LA CITADA ATRIBUCIÓN NO PUEDE EMPLEARSE CUANDO EL MOTIVO QUE GENERE EL BLOQUEO DE LAS CUENTAS TENGA UN ORIGEN ESTRICTAMENTE NACIONAL, ESTO ES, QUE NO SE REALICE PARA EL CUMPLIMIENTO DE UN COMPROMISO INTERNACIONAL, PUES EN TALES SUPUESTOS EL BLOQUEO, AL NO ENCONTRARSE RELACIONADO CON ALGÚN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O JURISDICCIONAL ESPECÍFICO, SÍ RESULTARÍA CONTRARIO AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA. EN EL CASO PARTICULAR, DEL ACUERDO - POR EL QUE SE DESIGNAN PERSONAS PARA SER INCORPORADAS A LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS7, SE ADVIERTE QUE LA IMPOSICIÓN DE DICHA MEDIDA CAUTELAR DERIVA DE CUESTIONES ESTRICTAMENTE NACIONALES, COMO LO ES, QUE EL QUEJOSO INCORPORÓ RECURSOS ECONÓMICOS AL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL MEDIANTE MULTIPLICIDAD DE ACTOS QUE INCLINARON A LA AUTORIDAD A ESTABLECER QUE PROBABLEMENTE TIENEN UNA PROCEDENCIA ILÍCITA Y SE EFECTUARON CON EL OBJETIVO DE OCULTAR SU ORIGEN Y DESTINO FINAL. ESTO ES, DE LOS ELEMENTOS QUE OBRAN EN AUTOS SE ADVIERTE CLARAMENTE QUE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, NO UTILIZÓ LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO PARA DAR I) CUMPLIMIENTO A UNA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER BILATERAL O MULTILATERAL ASUMIDA POR MÉXICO, EN LA CUAL SE ESTABLEZCA DE MANERA EXPRESA LA OBLIGACIÓN COMPARTIDA DE IMPLEMENTAR ESTE TIPO DE MEDIDAS ANTE SOLICITUDES DE AUTORIDADES EXTRANJERAS, O II) POR EL CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCIÓN O DETERMINACIÓN ADOPTADA POR UN ORGANISMO INTERNACIONAL O POR UNA AGRUPACIÓN INTERGUBERNAMENTAL, QUE SEA RECONOCIDA CON TALES ATRIBUCIONES POR NUESTRO PAÍS A LA LUZ DE ALGÚN TRATADO INTERNACIONAL. POR EL CONTRARIO, CONFORME A LO EXPUESTO SE DESPRENDE QUE EL ACUERDO POR EL QUE SE INCLUYÓ AL QUEJOSO EN LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS NO TUVO COMO BASE LOS SUPUESTOS PRECISADOS POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA SU LEGÍTIMO EJERCICIO. ESTABLECIDO LO ANTERIOR, SE DEBE PRECISAR QUE MEDIANTE EL OFICIO - SIARA EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, SOLICITA SUSPENDER DE FORMA INMEDIATA LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER ACTO, OPERACIÓN O SERVICIO, ASÍ COMO IMPOSIBILITAR ABRIR NUEVAS CUENTAS COMO LA CANCELACIÓN DE LAS VIGENTES, ASÍ COMO IMPEDIR LA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS QUE ESTAS ÚLTIMAS CONTENGAN, INCLUYENDO LOS CASOS EN QUE (REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL QUEJOSA) APAREZCA COMO TITULAR, COTITULAR, FIRMANTE Y/O AUTORIZADO, FIDEICOMITENTE, REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO ADEMÁS EN LOS QUE SE IDENTIFIQUE COMO BENEFICIARIO Y/O FIDEICOMISARIO: LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO - AL CONSIDERAR SUSTANCIALMENTE QUE LA FALTA DE CERTEZA SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A LA QUE SE DEDICA, CON LA QUE ADQUIERE RECURSOS Y HACE USO DEL SISTEMA FINANCIERO, DIFICULTA CONOCER LA PROCEDENCIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA, POR LO QUE SE PRESUMIÓ QUE DICHO QUEJOSO PODRÍA ESTAR VINCULADO O HABER APOYADO LAS ACTIVIDADES DE DOS GRUPOS DELINCUENCIALES QUE SE DEDICAN PRINCIPALMENTE AL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES. DE LO ANTERIOR, SE ADVIERTE, ADEMÁS, QUE EL ACTUAR DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ES INCONSTITUCIONAL, PUES CON MOTIVO DE LA INCLUSIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA MORAL QUEJOSA, A LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS DEL SISTEMA FINANCIERO, BLOQUEÓ SUS OPERACIONES CON LAS DIVERSAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO, PERO SIN HABER DEMOSTRADO MEDIANTE PRUEBA IDÓNEA, COMO YA SE HIZO NOTAR, LA ACTUALIZACIÓN DE UNA SOLICITUD, RESOLUCIÓN O PRONUNCIAMIENTO, POR PARTE DE UNA AUTORIDAD EXTRANJERA, ORGANISMO O AGRUPACIÓN INTERNACIONALES, DE LAS CUALES EL ESTADO MEXICANO ESTÉ OBLIGADO A CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES. DICHA AUTORIDAD APLICÓ EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO EN PERJUICIO DE LA MORAL QUEJOSA AFECTANDO SU ESFERA JURÍDICA, EN PARTICULAR SU PATRIMONIO, SIN OBSERVAR EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, PUES, COMO SE ADVIERTE DEL CONTENIDO DEL ACUERDO - DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA POR EL QUE DESIGNAN PERSONAS PARA SER INCORPORADAS A LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, DE CONFORMIDAD CON LOS PARÁMETROS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL QUE SE INDICAN QUE COMBATE, ÉSTE NO TIENE RELACIÓN CON ALGÚN PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO, MUCHO MENOS DE CARÁCTER INTERNACIONAL, POR LO QUE LA DETERMINACIÓN DE REALIZAR EL CONGELAMIENTO DE CUENTAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD QUEJOSA, NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LA EJECUTORIA QUE DIO ORIGEN A LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 2A/J. 46/2018, PREVIAMENTE CITADA. LA ATRIBUCIÓN DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, CONSISTENTE EN EL BLOQUEO DE CUENTAS A LOS CLIENTES Y USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, SE REITERA, NO PUEDE EMPLEARSE VÁLIDAMENTE CUANDO EL MOTIVO QUE GENERE EL BLOQUEO DE LAS CUENTAS TENGA UN ORIGEN ESTRICTAMENTE NACIONAL, COMO LO FUE EL PRESENTE CASO, CON MOTIVO DE LA INCLUSIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA QUEJOSA CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DEL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. NO RESULTA INADVERTIDO QUE EN EL ACUERDO RECLAMADO SE HAYA ASENTADO QUE EL MISMO TIENE SU ORIGEN A FIN DE RESPONDER A LA SOLICITUD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL QUE SE LLEVÓ A CABO ENTRE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y LA DEA (ADMINISTRACIÓN PARA EL CONTROL DE DROGAS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) FORMALIZADA MEDIANTE OFICIO FIRMADO POR EL DIRECTOR REGIONAL ADJUNTO SUPLENTE DE DICHA AGENCIA SIN EMBARGO AL IMPONERSE DEL MISMO -PUES OBRA AGREGADO EN AUTOS- SE OBTIENE QUE NO ES SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR QUE EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS OBEDECIÓ AL SUPUESTO DE VALIDEZ RECONOCIDO POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO TRATARSE DE UNA PETICIÓN EXPRESA DE REALIZAR EL BLOQUEO DE CUENTAS DE LA PARTE QUEJOSA, EMITIDA POR AUTORIDADES EXTRANJERAS U ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE, ACORDE CON ALGÚN TRATADO BILATERAL O MULTILATERAL, CUENTEN CON ATRIBUCIONES EN LA MATERIA Y CON COMPETENCIA PARA REALIZAR UNA SOLICITUD DE TAL ÍNDOLE SINO QUE DE DICHA DOCUMENTAL SÓLO SE DESPRENDE QUE EL ALUDIDO DIRECTOR REGIONAL ADJUNTO SUPLENTE DE LA DEA, SOLICITÓ AL TITULAR DE DICHA DEPENDENCIA INFORMACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA QUEJOSA, EN APOYO A UNA INVESTIGACIÓN CONJUNTA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS, PRESUMIBLEMENTE RELACIONADA CON UNA CÉLULA CRIMINAL Y CON DISTINTOS OPERATIVOS DEL GOBIERNO DE MÉXICO INFORMACIÓN RELACIONADA, ENTRE OTRAS COSAS, CON ACTIVIDADES DE CUENTAS BANCARIAS. BAJO ESAS CONDICIONES, AL RESULTAR ILEGAL EL ACUERDO RECLAMADO, SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA SÓLO POR LOS ACTOS DE APLICACIÓN QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, EN LA INTELIGENCIA QUE ESTO TAMBIÉN COMPRENDE TODO AQUELLO QUE DE ÉSTOS DERIVÓ. EN CONSECUENCIA, ANTE EL INDEBIDO BLOQUEO DE CUENTAS E INCLUSIÓN A LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS, LO PROCEDENTE ES CONCEDER LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL A LA PARTE QUEJOSA RESPECTO AL ACUERDO - SIGNADO POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL QUE A SU VEZ DERIVÓ EL OFICIO CONCESIÓN QUE SE HACE EXTENSIVA AL OFICIO EMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES D, DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE OFICIO - EXPEDIENTE - DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL VENTE, POR TRATARSE DE ACTOS QUE DERIVAN DIRECTAMENTE DEL ACUERDO AL HABER RESULTADO FUNDADO Y SUFICIENTE EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN ANALIZADO PARA OTORGAR EL AMPARO SOLICITADO, RESULTA INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DIVERSOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LA AHORA QUEJOSA, TODA VEZ QUE SU ANÁLISIS EN NADA VARIARÍA LA DETERMINACIÓN TOMADA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. RESULTA APLICABLE AL CASO, EN LO CONDUCENTE, LA TESIS NÚMERO II.3.J/5, CONSULTABLE EN LA PÁGINA 89, DEL TOMO IX, MARZO DE 1992, OCTAVA ÉPOCA, PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN QUE SEÑALA LO SIGUIENTE: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. EN ESAS CONDICIONES, AL HABER SIDO FUNDADO EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN ESTUDIADO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE AMPARO, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL SOLICITADO, PARA EL EFECTO DE QUE LAS RESPONSABLES TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES D, DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, DICTEN UNA NUEVA DETERMINACIÓN EN LA CUAL DEJEN INSUBISTENTES LOS ACTOS QUE SE LES ATRIBUYE, ÚNICAMENTE RESPECTO DE LA AQUÍ PARTE QUEJOSA Y, EN EL MISMO ACTO GIREN A LAS ENTIDADES, DEPENDENCIAS, AUTORIDADES, INSTITUCIONES DE CRÉDITO, SOCIEDADES OPERADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN, DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE FONDOS DE INVERSIÓN, SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES, SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS, ORGANISMOS DE OPERACIÓN FINANCIERA RURAL, LAS ÓRDENES, MANDAMIENTOS, INSTRUCCIONES, OFICIOS O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE RESULTE NECESARIO A FIN DE QUE DEJEN INSUBSISTENTES LAS ÓRDENES PREVIAMENTE RECIBIDAS Y DERIVADAS DE LOS ACTOS AQUÍ DECLARADOS INCONSTITUCIONALES, ES DECIR, QUE PROCEDAN A LA INMEDIATA LIBERACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA AQUÍ PARTE QUEJOSA. POR LO EXPUESTO, FUNDADO Y CON APOYO, ADEMÁS, EN LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN IV, 74, 75, 77 Y 217, DE LA LEY DE AMPARO SE: R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR CONTRA LOS ACTOS QUE RECLAMAN DEL DIRECTOR GENERAL DE PROCESOS LEGALES, DE LA DIRECTORA DE ÁREA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROCESOS LEGALES, AMBOS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL VICEPRESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, DEL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA VICEPRESIDENCIA DE PROCESOS PREVENTIVOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, ASÍ COMO A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Y SCOTIABANK INVERLAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO, POR MOTIVOS EXPUESTOS EN EL PUNTO CUATRO ROMANO DEL CONSIDERANDO SÉPTIMO DE ESTA DETERMINACIÓN. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A CONTRA LOS ACTOS QUE RECLAMAN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, ASÍ COMO DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO, POR LOS RAZONAMIENTOS VERTIDOS EN EL PUNTO CUATRO ROMANO DE LA PARTE CONSIDERATIVA SÉPTIMA. TERCERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A - CONTRA LOS ACTOS QUE RECLAMAN DE LA, CONTRA LOS ACTOS QUE RECLAMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ATENCIÓN A AUTORIDADES D, DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, POR LOS MOTIVOS Y PARA LOS EFECTOS EXPUESTOS EN EL CONSIDERANDO OCTAVO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. NOTIFÍQUESE POR LISTA FÍSICA Y ELECTRÓNICA.

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