Ernesto Fernández Terouanne

Expediente 842/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
842/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/12/2023

Partes del expediente

  • Ernesto Fernández Terouanne

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, siete de diciembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al que acompaña los autos del juicio de amparo citado al rubro y la resolución dictada en el amparo en revisión 722/2022, sin que haya lugar a acusar el recibo correspondiente por así haberlo señalado expresamente. En ese sentido, hágase del conocimiento que el tribunal colegiado, resolvió: "[.] PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ******, respecto de los actos reclamados consistentes en el artículo 130, fracción II, numeral 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente para dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, así como los Acuerdos de Carácter General por los que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial para los ejercicios fiscales dos mil veinte y dos mil veintiuno, por los motivos expuestos en las consideraciones octava y novena, para los efectos precisados en la última consideración de esta ejecutoria. Notifíquese; [.]" De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones en el libro de control electrónico. Glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, a este cuaderno principal. Requerimiento de cumplimiento de ejecutoria Ahora, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el R.A. 722/2022, concluyó revocar la sentencia emitida por este juzgado y, en lo que interesa, concedió el amparo y protección de la justicia Federal, para los siguientes efectos: "[.] De acuerdo con las consideraciones expuestas, lo procedente es conceder la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los efectos siguientes: a) Se desincorpore de la esfera jurídica la quejosa, el precepto reclamado, por lo que respecta a los actos de aplicación relativos a los ejercicios fiscales 2018 y 2019. b) Para el pago del impuesto predial correspondiente a los citados ejercicios fiscales, se permita a la parte quejosa aplicar la mecánica del cálculo contenida en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, limitándose a sustituir el valor de la cuota fija del rango en que se ubique su inmueble -rango O- por el importe de la cuota fija reducida prevista en el rango "D" de la fracción II del mismo precepto, sin afectar en lo demás la mecánica de cálculo del impuesto predial prevista en la fracción I mencionada. c) La cantidad que resulte se restará al tributo que se pagó y el resultado será el monto a devolver debidamente actualizado. d) Por cuanto hace a los acuerdos de carácter general para 2020 y 2021, las autoridades fiscales competentes del Gobierno de la Ciudad de México deberán ubicar al quejoso en el rango que le corresponde de la tabla establecida en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, con base en el valor catastral del inmueble. e) Una vez obtenido el impuesto a cargo, del resultado del monto a pagar se le deberá descontar el 25% -veinticinco por ciento-, correspondiente al subsidio previsto para el rango G del inciso b) del artículo segundo de los acuerdos reclamados. f) La cantidad obtenida se restará al monto del tributo que se pagó y el resultado será el monto a devolver, debidamente actualizado. [.]" Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, como autoridad vinculada al cumplimiento, así como a la mencionada secretaría en su carácter de superior jerárquico, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, acrediten con documentos fehacientes haber cumplido con los extremos del fallo protector que fueron precisados con antelación. Asimismo, se requiere a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios para que dentro de ese plazo y bajo el mismo apercibimiento, informe qué Administración Tributaria, será la encargada de realizar la devolución de la cantidad que resulte con motivo del ajuste al cálculo de valor catastral relativo al inmueble en que tributa el quejoso en la cuenta predial ****************. A efecto de que las autoridades requeridas se impongan del contenido de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión citado, remítaseles copia simple de esta ejecutoria, así como del estado de cuenta predial del inmueble materia de este juicio. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizara´ lo siguiente: a) Se impondrá a cada una de las autoridades una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización vigente, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258, todos de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la ley de la materia. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se hace referencia en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen su puesto seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos del artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido de que: 1. Las autoridades vinculadas al cumplimiento deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando la autoridad lleve a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo y b) los procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo, lo anterior, tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se le impondrán las sanciones previstas en la propia ley, esto es, una multa y, en su caso, la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Notifíquese y vía electrónica al quejoso.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en autos de treinta de noviembre y dos de diciembre, ambos del año en curso, se otorgó a las partes el plazo de tres días a efecto de que señalaran las constancias que en copia certificada se deben remitir al órgano colegiado que conozca de los recursos de queja interpuestos por el Director General Adjunto de Administración, por sí y en representación del Director de Recursos Humanos, Gerente de Personal y Gerente de Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, y por la parte quejosa, en contra de la resolución dictada en el incidente por defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el sumario en que se actúa y dado que de autos se advierte que no se ha realizado manifestación alguna respecto al plazo señalado, como se advierte en la certificación de cuenta, en consecuencia, se tiene por precluido su derecho para hacerlo. Atento a lo anterior, ya que se cuenta con la totalidad de las constancias relativas a los recursos de queja, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, comuníquese al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, al que se turnen los recursos en comento, que son ciertos los actos que se impugnan, cuya emisión se apoya en las consideraciones contenidas en la resolución y acuerdo impugnados y al efecto se remite el original y copia del oficio y escrito de expresión de agravios; asimismo, copia certificada de las constancias que integran la totalidad del incidente de suspensión en que se actúa, para resolver los citados recursos. Asimismo, se hace del conocimiento del Tribunal Colegiado que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado, ya que se han incorporado a éste todas la promociones, documentos, autos y resoluciones, el cual está a su disposición en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE); por tanto, se instruye al personal adscrito a este juzgado, encargado de ese sistema, para que realice las gestiones necesarias para ese efecto. Finalmente, se hace del conocimiento al Tribunal de Alzada que el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México admitió a trámite diversos recursos de queja y los registró con los número 1579/2021 y 1580/2021. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Ciudad de México, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido vía juicio en línea en representación de la autoridad responsable Presidente de la República, por medio del cual solicita copia simple de las resoluciones dictadas en el incidente en revisión 1349/2020 y 1350/2020 del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, remítase la copia que solicita la autoridad oficiante. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la citada autoridad responsable a las personas que refiere y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. En otro orden, como lo solicita, con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura y Declaratoria de cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, publicado este último el siete de julio de dos mil veintiuno, se autoriza las notificaciones y consulta del presente expediente vía interconexión. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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