Ernesto Federico Mondragón Ojeda

Expediente 1423/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1423/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Ernesto Federico Mondragón Ojeda

Actuaciones

  1. Principal

    II. De la certificación de cuenta, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por identidad jurídica, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE En términos del artículo 34 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, ya citado: archívese este asunto como concluido y dese cumplimiento a las circulares 2/2020 y 8/2023, con la finalidad de que se prepare el acta de destrucción.

  2. Principal

    II. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días, concedido al quejoso, para dar cumplimiento al requerimiento inserto en auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés sin que así lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado el proveído de referencia y, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros de control.

  3. Principal

    II. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Toluca del Poder Judicial del Estado de México y otras autoridades; se ordena formar el expediente electrónico e impreso; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno, con el número de juicio 1423/2023-II. Se comisiona a la Secretaria la revisión e integración del expediente en los términos establecidos en el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19. Por lo cual se hace saber a las partes que este expediente sólo se tramitará de manera electrónica; por lo que únicamente se agregarán al expediente físico lo siguiente: *Promociones que se entreguen físicamente. *Constancias de notificación que se realicen de manera física. *Demás documentos entregados físicamente, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. DIGITALIZACIÓN En términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. El expediente electrónico deberá ser integrado de manera distribuida, por el secretario judicial encargado del expediente, el actuario judicial, el oficial judicial "C", el oficial de partes y la oficial judicial "A". No obstante, las anotaciones en el libro electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, deberán realizarse de forma concentrada por el oficial judicial "A" en términos del artículo 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. IRREGULARIDADES En el artículo 108 de la Ley de Amparo se establecen los requisitos para la formulación de la demanda de amparo indirecto. Y, el diverso 114 de la Ley de Amparo prevé los supuestos en los que se mandará requerir al promovente para que aclare la demanda en caso de actualizarse alguna de las irregularidades descritas en el artículo señalado en párrafo anterior. Así, los preceptos transcritos facultan a este órgano de control constitucional para prevenir a la parte quejosa a fin de que realice las aclaraciones pertinentes, siempre que dentro de su escrito de demanda se advierta alguna irregularidad o se haya omitido alguno de los requisitos que señala el citado artículo 108 de la propia ley. PREVENCIÓN Con fundamento en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, realice lo siguiente: PRIMERO.- Como parte de los antecedentes del acto reclamado y a fin de determinar la competencia de este Juzgado de Distrito, "bajo protesta de decir verdad" deberá precisar el domicilio exacto, en el cual refiere que se presentaron dos personas del sexo masculino que refirieron ser elementos de la Policía Federal Ministerial. Lo anterior, resulta indispensable, porque la competencia es un presupuesto procesal de estudio prioritario a efecto de que de ser procedente la admisión de su demanda, el asunto sea resuelto por la autoridad que legalmente tiene la competencia para emitir dicha determinación, tal y como lo prevén las reglas de la competencia previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Máxime que según su dicho, "dos sujetos del sexo masculino" le manifestaron que tenía varias órdenes de aprehensión en Tlalnepantla, Estado de México. APERCIBIMIENTO PENAS Por ende, deberá proporcionar dicha información, apercibido de las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)" APERCIBIMIENTO MULTA Asimismo, se le apercibe que de señalar de mala fe un domicilio o autoridad que no lo sea, con el fin de dar competencia a este juzgado Federal, se le impondrá una multa de cincuenta a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del propio ordenamiento legal, que dice: Artículo 248. Se impondrá multa de cincuenta a quinientos días a quien para dar competencia a un juez de distrito o tribunal unitario de circuito, de mala fe designe como autoridad ejecutora a quien no lo sea, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Así como con lo establecido en los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. SEGUNDO.- ACLARE SU ACTO RECLAMADO. Lo anterior es así, porque en el apartado correspondiente al IV ACTO RECLAMADO, el quejoso señaló como tal una orden de aprehensión, detención o comparecencia dictada en su contra, y su ejecución, como se advierte a continuación: Sin embargo, de los antecedentes del acto reclamado, los cuales manifiesta bajo protesta de decir verdad, se advierte que se duele de una orden de aprehensión dictada en su contra, porque refiere que el veintisiete de agosto se presentaron dos sujetos que refirieron ser elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes querían entrevistarse con él, con el argumento de que existen varias órdenes de aprehensión dictadas en su contra, como se muestra enseguida: Lo anterior causa incertidumbre, porque la orden de aprehensión, es el mandamiento judicial (juez) en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye. Por otra parte, la comparecencia representa un aviso de que debe presentarse ante la autoridad jurisdiccional o ministerial a efecto continuar con la investigación de un delito. De ahí, que deberá precisar el acto que en concreto reclama de las autoridades responsables. TERCERO.- Precise el acto que en concreto reclama del Juez de Distrito en Funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en el municipio de Almoloya de Juárez (Altiplano). Lo anterior es así, porque si bien señala como actos reclamados la orden de aprehensión, detención o comparecencia dictada en su contra, y su ejecución, cierto es que la autoridad señalada con antelación carece de facultades para emitir las órdenes reclamadas, de conformidad con la fracción II, del artículo 2 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga el similar que regula los Centros de Justicia Penal Federal y reforma disposiciones de diversos acuerdos generales, en relación con la administración de estos órganos jurisdiccionales, refiere que el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, es el funcionario responsable del trámite no jurisdiccional de los asuntos que se tramitan en el centro de justicia a su cargo, así como de la atención de las necesidades de orden administrativo, de esos órganos jurisdiccionales, como se advierte de la reproducción siguiente: Artículo 2. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por: (.)II. Administrador: Administrador del Centro de Justicia Penal Federal, funcionario responsable del trámite no jurisdiccional de los asuntos que ahí se tramitan, así como de la atención de las necesidades de orden administrativo de estos órganos jurisdiccionales conforme al ámbito de su competencia; Por lo expuesto, el quejoso deberá precisar el acto que en concreto reclama al Administrador del Centro de Justicia Federal, que señaló como autoridad responsable. APERCIBIMIENTO Se apercibe al quejoso que de no cumplir con los requerimientos indicados, con apoyo en el ordinal 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. AUTORIZADOS De la certificación de cuenta, se desprende que *****, cuentan con su cédula profesional registrada en el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; por ende, se les tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. De igual manera, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tienen a las restantes personas como autorizados para oír y recibir notificaciones por así solicitarlo expresamente el quejoso. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en los estrados de este juzgado Federal. Esto es así, porque el quejoso señaló los estrados para oír y recibir notificaciones y éstos no están previstos en la Ley de Amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En tal virtud, de conformidad con los artículos 96 y 97 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; así como lo dispuesto lo dispuesto en el artículo 3° de la ley de la materia y el numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19; se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario ****. Se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este órgano jurisdiccional, a fin de que proceda a aperturar los campos necesarios. Asimismo, el Actuario adscrito deberá verificar que los campos para la consulta del expediente electrónico estén habilitados y asentar la razón correspondiente al juicio. USO DE MEDIOS DE ELECTRÓNICOS En ese sentido, hágase del conocimiento de la quejosa que a partir de esta fecha se le permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debiéndose glosar constancia en autos de dicha circunstancia. LEY DE TRANSPARENCIA Conforme a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; en términos de los artículos 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.

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