Ernesto Estrada Rebullosa

Expediente 166/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
166/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
10/08/2015

Partes del expediente

  • Ernesto Estrada Rebullosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y anexo, mediante el cual devuelve sin diligenciar, el despacho 161/2015, del índice de este Juzgado de Distrito; sin dictar mayor proveído al respecto, toda vez que por auto de seis de los actuales, causo estado el proveído de veinte de julio del año en curso mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Así entonces, acúsese recibo a la autoridad oficiante, y dése de baja la comunicación oficial de que se trata en el libro respectivo.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, para interponer recurso de revisión contra el proveído de veinte de julio de dos mil quince, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, le transcurrió a la parte quejosa del veintitrés de julio al cinco de agosto de dos mil quince, con excepción de los días veinticinco y veintiséis de julio y uno y dos de agosto del año en curso, por haber sido inhábiles. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte lo siguiente: Mediante escrito presentado ante este Juzgado de Distrito el veintitrés de febrero de dos mil quince, Ernesto Estrada Rebullosa promovió juicio de amparo indirecto, contra los actos y la autoridad responsable siguiente: Autoridad responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Sabinas, Coahuila de Zaragoza. Por el acto reclamado siguiente: "EL ACTO RECLAMADO: La resolución incidental dictada por la autoridad responsable de fecha 22 de enero del año 2015". Asimismo, de veinticuatro de febrero del presente año (fojas 8 a 11), se previno a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, precisara el acto que reclama de la autoridad responsable, proveído que le fue notificado a través del despacho 57/2015 orden 303, girado al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, desahogando dicha prevención mediante ocurso presentado ante este juzgado el veinticinco de marzo del año en curso, sin embargo se reservó proveer lo conducente, toda vez que en esa fecha aún no obraba en autos las constancias relativas a la comunicación antes mencionada (fojas 15 a 18). Posteriormente, mediante acuerdo de catorce de abril de dos mil quince (fojas 30 a 32), se tuvo por recibido debidamente diligenciado 57/2015, por lo tanto, en esa misma fecha se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de dicha ley, la cual por ende, acarrea el sobreseimiento en el juicio de amparo. En el caso, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, se advierte de manera indudable la actualización de una de ellas, la cual se invoca previamente a la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, visible a página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: En efecto, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, dado que al oficio número 253/2015, que remitió la autoridad antes referida (fojas 36 a 42), adjuntó copia certificada del auto de veinticuatro de abril del presente año, en el cual hace constar que dentro de los autos del expediente laboral 323/2014, el nueve de abril del mismo año, comparecieron los apoderados legales de Ernesto Estrada Rebullosa (aquí quejoso), y de la empresa Transportistas Unidos de la Región Carbonífera, Asociación Civil e ingeniero Gilberto Bravo García (terceros interesados) y exhibieron convenio de terminación voluntaria de la relación de trabajo y desistimiento de acciones, en el cual acordaron entregar al aquí quejoso la cantidad de $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), de la siguiente manera: el diez de abril de dos mil quince, la cantidad de $27,000.00 (veintisiete mil pesos 00/100 moneda nacional), y la cantidad restante de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 moneda nacional), el doce de mayo de dos mil quince, por lo que la autoridad responsable aprobó y sancionó dicho convenio, elevándolo a la categoría de laudo ejecutoriado y consentido por las partes comparecientes. Posteriormente, mediante proveído de doce de junio de dos mil quince, se tuvo por recibido el diverso oficio 359/2015, remitido por los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y anexos (fojas 53 a 56), de los que se advierte que las partes antes mencionadas comparecieron ante dicha Junta, a dar cumplimiento total al convenio celebrado, ordenándose el archivo de dicho expediente laboral como asunto total y definitivamente concluido, circunstancia con la cual se dio vista a la parte quejosa, por el término de tres días, a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin haber hecho manifestación alguna. Documental pública a la que se le concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , en términos de su numeral 2° , por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, con número de registro 394182, bajo el rubro y texto siguiente: Al respecto, se trae a colación el contenido de los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a guisa de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de amparo contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo; la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera de motu proprio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus garantías, como si se le hubiera concedido el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal mencionada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: Así, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es de invocarse en apoyo de lo anterior, la jurisprudencia número 59/99, propugnada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 193758, que dice: La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XVI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En efecto, la parte quejosa reclamó la resolución incidental dictada por al autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, de veintidós de enero de dos mil quince, dentro de los autos del expediente laboral 323/2015. En el caso, como se estableció en párrafos anteriores, de las constancias que en copia certificada remitió la autoridad responsable, ese advierte que dentro de los autos del expediente laboral 323/2014, el nueve de abril del mismo año, comparecieron los apoderados legales de Ernesto Estrada Rebullosa (aquí quejoso), y de la empresa Transportistas Unidos de la Región Carbonífera, Asociación Civil e ingeniero Gilberto Bravo García (terceros interesados) y exhibieron convenio de terminación voluntaria de la relación de trabajo y desistimiento de acciones, por lo que dicha autoridad responsable aprobó y sancionó dicho convenio, elevándolo a la categoría de laudo ejecutoriado y consentido por las partes comparecientes. Asimismo, mediante proveído de doce de junio de dos mil quince, se tuvo por recibido el diverso oficio 359/2015, remitido por dicha autoridad responsable, y anexos (fojas 53 a 56), de los que se advierte que las partes antes mencionadas comparecieron ante dicha Junta, a dar cumplimiento total al convenio celebrado, ordenándose el archivo de dicho expediente laboral como asunto total y definitivamente concluido; lo que implica la desaparición total del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable, restituyó con ello, en el pleno goce de sus derechos fundamentales a la parte quejosa, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia invocada. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para once horas con treinta minutos del tres de agosto de dos mil quince (foja 61); Finalmente, es conveniente precisar que en el referido auto, de conforme al numeral 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y al artículo 8° de su reglamento, se les hizo saber a las partes que la sentencia dictada en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, también que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada Ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes, sin que se hayan pronunciado al respecto. Notifíquese; y, personalmente a las partes

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentran en vías de emplazamiento los terceros interesados Transportistas Unidos de la Región Carbonífera, Asociación Civil, por conducto de quien legalmente la represente, e ingeniero Gilberto Bravo García; atento a que por auto de dos de junio del año en curso, se ordenó mediante el despacho 161/2015-ds, con número de orden 989, enviado al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza; comunicación que aún no obra agregada en autos. En consecuencia, para cumplir a cabalidad el principio de expedites en la Administración de Justicia, requiérase al citado Juez para que dentro del plazo de tres días, informe a este Juzgado de Distrito, el estado procesal de dicha comunicación oficial y de estar diligenciada la devuelva a la brevedad a este Órgano Jurisdiccional, anexando las constancias relativas a las providencias dictadas en el mismo; bajo el apercibimiento que de no hacerlo o de no informar la causa legal que se lo impida, se le impondrá una multa de cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo en vigor. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las once horas con treinta minutos del tres de agosto de dos mil quince, para que tenga verificativo.

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