Ernesto Espinoza Valladares
Expediente 255/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 39 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 255/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 15/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ernesto Espinoza Valladares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Téngase por recibido el oficio INE/DERFE/STN/19586/2019, signado por el secretario Técnico Normativo de la Dirección Ejecutivo del Registro Federal de Electores, con sede en la Ciudad de México; en atención a su contenido, agréguese únicamente como constancia legal, toda vez que en veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de garantías, misma que causó ejecutoria y se mandó al archivo definitivo. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se obtiene que no obra constancia de notificación a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, del auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, en que se ordenó el archivo del presente expediente; en tal virtud, se ordena notificarle dicho proveído, a fin de que quede debidamente enterada de su contenido. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho (fojas 289 a 297), en la que se sobreseyó en el juicio; con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2, de la citada ley, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otro lado, y siguiendo con el estado de autos, se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, junto con los cuadernos incidentales. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, y no existen documentos originales exhibidos por las partes, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo primero, fracciones II y III, segundo párrafo, del Acuerdo General 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el punto DÉCIMO PRIMERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Sin que se haga pronunciamiento sobre la devolución de documentos o garantía, toda vez que no fueron exhibidos los primeros, ni la segunda en el cuaderno incidental por no haberse aperturado. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del veintiséis de octubre de dos mil dieciocho , hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo V-255/2018, promovido por Ernesto Espinoza Valladarez, por propio derecho, contra actos de: AUTORIDAD Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora. De quien reclama: Señalamiento de una fecha lejana para el desahogo de una prueba confesional en el juicio laboral J-VI-192/2016, realizado por la autoridad responsable en proveído de veintiocho de febrero de la presente anualidad, emitido en el acta de audiencia de esa data. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido del licenciado Juan Francisco Orozco Córdova, secretario que autoriza las actuaciones y da fe, encontrándose en audiencia pública la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Enseguida, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: ? Escrito inicial de demanda ; ? Auto admisorio de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho . ? Emplazamiento a juicio de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Por otra parte, en cuanto al informe justificado que obra en autos, el secretario hace relación del mismo mediante la tabla siguiente: No. AUTORIDAD FOJA SENTIDO 1 Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora. 12 Cierto El auto que lo tuvo por recibido y las documentales que adjuntó al informe la autoridad responsable. De igual forma, se da cuenta con un oficio y anexos remitido por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede; por reiterado el proveído mediante el cual se tuvo a la autoridad responsable rindiendo el informe justificado. Asimismo, téngase al Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, dando cumplimiento a lo requerido en proveído de veintiséis de septiembre, pues remite en copia certificada la audiencia celebrada el dos de agosto de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral J-VI-192/2016 de su índice. Con fundamento en el precepto 119 de la ley en la materia, téngase como pruebas documentales públicas de la citada autoridad, las copias certificadas que acompaña a su oficio. Por otra parte, no escapa a la consideración de este juzgador, que no obra el emplazamiento a juicio de los terceros interesados Eduardo Madrigal Melchor; Salvador Cervantes Cerda y la negociación denominada "Academia Kuskany y, que las constancias remitidas por la responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, no se recibieron con los ocho días de anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, aunque en este asunto se reclaman dilaciones en el trámite del juicio laboral subyacente, como lo establece el criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. Cuando de la demanda de garantías, se advierta que el acto impugnado proviene de un juicio o de un procedimiento seguido en forma de juicio en donde haya intervenido el quejoso y su contraparte, debe considerarse a este último como tercero perjudicado, aun cuando en el juicio de amparo se reclamen violaciones a las garantías consagradas en los artículos 8o. y 17 de la Constitución Federal, en específico, por la falta de acuerdo a una promoción o la omisión de alguna autoridad jurisdiccional de dictar la resolución que ponga fin a un juicio o a un procedimiento seguido en forma de juicio; pues la figura del tercero perjudicado no puede dejar de existir, en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, pues el carácter de tercero perjudicado que tiene la contraparte del agraviado, deviene expresamente de lo dispuesto en el inciso a) de la fracción III del artículo 5o. de la Ley de Amparo, y su intervención como tal en el juicio de garantías constituye un derecho procesal legalmente tutelado". En el presente juicio de control de regularidad constitucional, se reclama el señalamiento de una fecha lejana para el desahogo de una prueba confesional en el juicio laboral J-VI-192/2016, realizado por la autoridad responsable en proveído de veintiocho de febrero de la presente anualidad, emitido en el acta de audiencia de esa data, la cual la responsable afirma que ya desahogó; en tal virtud, se considera que actualizada una causal de improcedencia, la cual será estudiada en la sentencia que se dicte; por tanto, se estima innecesario el llamamiento a juicio de los terceros con interés, y el diferimiento de la audiencia para que las partes se impongan del contenido de las constancias de cuenta. Además, con base en la reforma al artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete, se impuso a los juzgadores la obligación de que en caso de no afectarse la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Se abre el período de pruebas en el que el secretario hace constar que obran las documentales que la autoridad responsable adjuntó al informe de ley y al ocurso de cuenta, consistentes en: ? Copia certificada del juicio laboral número J-VI-192/2016 del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán. ? Copia certificada la audiencia celebrada el dos de agosto de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral J-VI-192/2016 de su índice. A lo que el Juez acuerda: Ténganse por ofrecidas y desahogadas dichas probanzas, en razón de su propia y especial naturaleza y a las demás partes por perdido el derecho a ofrecerlas por lo que se cierra esta etapa. Acto continuo, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar: Que ninguna de las partes formuló alegatos; a lo que el Juez acuerda: Tomando en consideración que las partes no hicieron uso de ese derecho, se cierra esta fase. Acto seguido, procede dictar la resolución siguiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo V-255/2018; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Ernesto Espinoza Valladarez, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, lo que consideró violatorio de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 14, 16, 17 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, relató los antecedentes que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, la que se admitió a trámite mediante acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho ; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 48, 55, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque el acto reclamado se atribuye a un tribunal de trabajo que reside dentro de la jurisdicción de este órgano. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, relativa a la Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención de la promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La tesis estatuye. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con el criterio resaltado, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional a impugnar: Dilación procesal, consistente en el señalamiento de una fecha fuera del plazo previsto por la Ley Federal del Trabajo para el desahogo de una prueba confesional en el juicio laboral J-VI-192/2016, realizado por la autoridad responsable en proveído de veintiocho de febrero de la presente anualidad, emitido en el acta de audiencia de esa data. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, pues así lo manifestó en su informe con justificación, máxime que dicha circunstancia se corrobora con la copias certificada de la audiencia celebrada el veintiocho de febrero del dos mil dieciocho , la cual obra dentro de las copias certificadas del juicio laboral número J-VI-192/2016 de su índice, el cual anexó la responsable al informe con justificación; documental pública con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso ninguna de las partes manifestó la existencia de causas de improcedencia, empero, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de una de ellas, por lo cual se realizará el análisis correspondiente. En efecto, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, la cual se aborda al estudio conforme a continuación se expone: El numeral citado establece expresamente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:" [.] "XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]." De la porción normativa transcrita, se desprende que cuando el o los actos reclamados se consuman de un modo irreparable, el juicio de amparo es improcedente. Conviene destacar que la doctrina y la jurisprudencia definen como "actos consumados", aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas, ahora, para efectos de la procedencia del juicio de amparo dichos actos, atendiendo a su naturaleza, se pueden clasificar en: a) Actos consumados de modo reparable; y, b) Actos consumados de modo irreparable Los primeros, se entienden como aquéllos que, no obstante haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable [artículo 77, de la Ley de Amparo], de ahí que proceda el juicio de amparo contra actos consumados de modo reparable. Sobre el particular resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que refiere: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. OBJETO DE AMPARO. No tienen ese carácter los que pueden repararse por medio del juicio constitucional, cuyo objeto es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada." Por otro lado, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que aun cuando se concediera el amparo, ya no sería posible reparar la vulneración a los derechos fundamentales de la parte quejosa, ante la imposibilidad natural de retrotraerse las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada, es decir, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas y de ahí que resulte improcedente el juicio de amparo. Para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe atender a los efectos y consecuencias de su ejecución, no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Sustenta lo expuesto, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la Tesis I. 3o. A. 150 K, que arguye: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." En el caso concreto, la parte quejosa atribuyó a la Junta responsable el acto siguiente: ? Dilación procesal, consistente en el señalamiento de una fecha fuera del plazo previsto por la Ley Federal del Trabajo para el desahogo de una prueba confesional en el juicio laboral J-VI-192/2016, realizado por la autoridad responsable en proveído de veintiocho de febrero de la presente anualidad, emitido en el acta de audiencia de esa data. Sin embargo, debe decirse que las violaciones cometidas por la autoridad responsable con tal actuar han quedado consumadas de forma irreparable, para arribar a la anterior conclusión, es menester señalar que las constancias que obran en autos revelan lo siguiente: 1. Mediante escrito de tres de marzo de dos mil dieciséis , Ernesto Espinoza Valladares demandó a la negociación denominada estudio de grabaciones cuscani, Eduardo Madrigal Melchor, Salvador Cervantes Cerda y quien resultara responsable de la fuente de trabajo demandada ubicada en Privada cinco de mayo, número cincuenta, colonia centro de Purépero, Michoacán" . 2. En proveído de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, la Junta responsable tuvo por recibida la demanda arriba señalada, radicó el expediente bajo el número J-VI-192/2016, señaló las diez horas del treinta minutos del veintidós de junio de dos mil dieciséis para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, requirió a los demandados para que contestaran la demanda y señalaran domicilio para recibir notificaciones, reconoció la personería del apoderado jurídico del aquí quejoso y tuvo por señalado su domicilio para recibir notificaciones . 3. La negociación denominada estudio de grabaciones cuscani, Eduardo Madrigal Melchor y Salvador Cervantes Cerda fueron emplazados por medio de instructivo el diez de julio del dos mil dieciséis . 4. A las diez horas con treinta minutos del veintidós de junio del dos mil dieciséis de dos mil diecisiete, el apoderado jurídico del quejoso compareció a la audiencia de ley, sin que las demandadas así lo hubieren hecho, en virtud de que no se encontraban emplazadas . En consecuencia de lo anterior, la Junta responsable fijó nuevamente las doce horas del doce de septiembre de dos mil dieciséis para la continuación de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral J-VI-192/2016 y comisionó a la Actuaria de su adscripción para que notificara, emplazara y apercibiera a los demandados. 5. A las doce horas del doce de septiembre de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia bifásica con la comparecencia de las partes, en dicha audiencia la junta responsable señaló las once horas con treinta minutos del catorce de diciembre de dos mil dieciséis para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas . 6. En resolución de catorce de diciembre del año dos mil dieciséis señala de nueva cuenta las diez horas con treinta minutos del catorce de febrero de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en virtud de que no comparecieron las partes. 7. Previa celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la cual la Junta responsable reservó sobre la admisión y/o desechamiento de los medios de convicción ofrecidos por las partes, el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete la responsable se pronunció sobre las mismas, asimismo, señalo diversas fechas para el desahogo de las pruebas ofrecidas, en lo que aquí interesa, fijó las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de febrero del dos mil dieciocho para el desahogo de la prueba confesional a cargo de Eduardo Madrigal Melchor. 8. Ahora, el veintiocho de febrero del año dos mil dieciocho la junta acordó señalar las nueve horas con treinta minutos del dos de agosto de dos mil dieciocho para el desahogo de la prueba confesional a cargo de Eduardo Madrigal Melchor, en razón de que el apoderado del referido absolvente acreditó la imposibilidad que tuvo Madrigal Melchor, de acudir al desahogo de la prueba. (dicha determinación constituye el acto reclamado. 9. Finalmente, el dos de agosto de dos mil dieciocho , se desahogó la prueba confesional a cargo de Eduardo Madrigal Melchor, tal como se advierte de la copia certificada que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán remitió en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. [Hasta aquí los antecedentes] En ese sentido, como se observa de las constancias que obran en autos, es cierto que se fijó una fecha fuera del plazo previsto por la Ley Federal del Trabajo para el desahogo de una prueba confesional en el juicio laboral de origen. No obstante, en virtud de que en audiencia celebrada el el dos de agosto de dos mil dieciocho, la junta responsable desahogó la prueba confesional a cargo de Eduardo Madrigal Melchor, resulta inconcuso que las violaciones inherentes a su señalamiento fuera del plazo legal que establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo han quedado consumadas de modo irreparable, porque física y materialmente no puede proyectarse ni concretarse la restitución de los derechos fundamentales vulnerados a la parte aquí quejosa. Lo anterior es así, toda vez que, a la data en que se resuelve, ha transcurrido el plazo señalado por la autoridad responsable para el desahogo del medio de convección citado, - lo que además así ocurrió - por lo cual, la protección constitucional no tendría efectos, es decir, en este caso particular, resultaría inerte. Por las razones apuntadas, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. QUINTO. Sobreseimiento. El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En efecto, el numeral transcrito establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando, entre otras causas, durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas a que se refiere el capítulo de improcedencia. En el caso, este órgano jurisdiccional consideró actualizadas la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, por lo que ve al acto atribuido a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán; motivo por el cual, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. Procede decretarlo, en el juicio de amparo, cuando los actos que se reclaman han quedado consumados de modo irreparable." En esta tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados en esta vía, de conformidad con lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". SEXTO. Publicación de la sentencia. Para efectos de la publicidad, suprímanse los datos sensibles que pueda contener esta sentencia, procurando que la supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no obstante que las partes no hayan manifestado su oposición a que se hagan públicos sus datos personales durante esta primera instancia, acorde al numeral 117 de la legislación en comento. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 61, fracción XVI, 63 fracción V, 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ernesto Espinoza Valladarez, contra el acto atribuido a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán, por los motivos expuestos en el cuarto punto considerativo de la presente sentencia.
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