Ernesto Enrique Iglesias Diaz

Expediente 601/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
601/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
12/04/2023

Partes del expediente

  • Ernesto Enrique Iglesias Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, doce de abril de dos mil veintitrés. Visto; la certificación que antecede de la que se advierte que en el presente juicio de amparo, no existen documentos exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, y que se dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide con la versión impresa, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1°, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, seis de julio de dos mil veintidós. Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte interesada interpusiera recurso de revisión contra el auto de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio, sin que a la fecha se haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha causado estado; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes.

  3. Principal

    SE PUBLICA AUTO CON EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA. Zacatecas, Zacatecas, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto; el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que el juicio de amparo 601/2022-I, en que se actúa fue promovido por Ernesto Enrique Iglesias Díaz, contra actos de las autoridades que señala como responsables: 1. Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas; 2. Titular de la Secretaría de Gobernación; y, 3. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, estas dos últimas con residencia en la Ciudad de México; de quienes reclama, ".El posible, cierto y real temor fundado de que el hoy quejoso permanezca privado de su libertad y la consecuente deportación a su país de origen, así como de los actos de las autoridades migratorias, y administrativas que tengan que ver con una posible limitación a las garantías que consagra la Constitución, sobre todo con la de libre tránsito, evitando además que se les auxilie por razones humanitarias por los organismos tanto gubernamentales, como no gubernamentales y sobre todo que sean violentadas las garantías individuales consagradas en los artículos 11, 14 y 16 de la propia Constitución Federal."; que el citado juicio se encuentra en trámite, pues están señaladas las doce horas con diez minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Ahora bien, atento a la certificación de cuenta de la que se advierte que la demanda que dio origen al juicio 597/2022-I, del índice de este juzgado, fue promovida por Ernesto Enrique Iglesias Díaz, contra actos de las autoridades que señala como responsables: 1. Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas; 2. Titular de la Secretaría de Gobernación; y, 3. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, estas dos últimas con residencia en la Ciudad de México; de quienes reclama, ".El posible, cierto y real temor fundado de que el hoy quejoso permanezca privado ilegalmente de su libertad y la consecuente deportación a su país de origen en donde las condiciones políticas y sociales lo orillaron a abandonar su país por la utilización de un aparato gubernamental represivo en contra de sus ciudadanos y su libre desarrollo, así como de los actos en este país de las autoridades migratorias, y administrativa que tengan que ver con una posible limitación a las garantías que consagra la Constitución, sobre todo con la de libertad personal y de libre tránsito, evitando además que se les auxilie por razones humanitarias por los organismos tanto gubernamentales, como no gubernamentales y sobre todo que sean violentadas las garantías individuales consagradas en los artículos 11, 14 y 16 de la propia Constitución Federal."; que el citado juicio se encuentra en trámite, pues están señaladas las doce horas con veinte minutos del veintiuno de junio de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional. La suscrita juzgadora advierte que en el juicio de amparo en que se actúa sobreviene de manera notoria, manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso se advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que al efecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Cabe precisar que el referido expediente se toma como elemento de prueba, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes; ya que el mismo constituye un hecho notorio que motiva a esta autoridad federal a introducirlo como elemento de prueba respecto de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio y que promueve Ernesto Enrique Iglesias Díaz, contra actos de la referida autoridad migratoria, Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas y otras autoridades, pues la improcedencia del juicio constitucional es cuestión de orden público, y la suscrita puede tomar en cuenta, de oficio, los elementos probatorios a su alcance, máxime si se advierte de la existencia de pruebas que tienen una estrecha e íntima vinculación con los hechos materia de la investigación, éstos pueden y deben ser estimadas por el Juzgador del amparo. Al respecto, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia XXII. J/12, publicada en la página doscientos noventa y cinco, Tomo V, Enero de 1997, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que aplicada en lo conducente, dice: "HECHO NOTORIO, LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2 XXII.J/1265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO, sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento original que obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Por lo que, en el presente caso se advierte que el mismo promovente Ernesto Enrique Iglesias Díaz, reclama del Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas; Titular de la Secretaría de Gobernación; y, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, estos dos últimos con residencia en la Ciudad de México; la posible permanencia de privación de su libertad, así como la deportación del país, la posible limitación de las garantías de libertad personal y de libre tránsito, y sobre todo que sean violentadas las garantías individuales consagradas en los artículos 11, 14 y 16 de la propia Constitución Federal; actos que son los mismos que combatió en el diverso juicio de amparo 597/2022, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito, promovido por el propio quejoso contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Entonces, en tanto que los actos que se reclaman dentro del presente juicio de amparo son materia de otro juicio de amparo, que se encuentra en trámite, al estar señaladas las doce horas con veinte minutos del veintiuno de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicado en la página ochocientos diecisiete, tomo III, correspondiente al mes de Junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." En vista de lo anterior, y toda vez que se encuentran programadas las doce horas con diez minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, se procede a dejarla sin efectos, dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio constitucional; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencial: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2022, del propio Pleno.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, treinta de mayo de dos mil veintidós. Visto; el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que el juicio de amparo 601/2022-I, en que se actúa fue promovido por Ernesto Enrique Iglesias Díaz, contra actos de las autoridades que señala como responsables: 1. Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas; 2. Titular de la Secretaría de Gobernación; y, 3. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, estas dos últimas con residencia en la Ciudad de México; de quienes reclama, ".El posible, cierto y real temor fundado de que el hoy quejoso permanezca privado de su libertad y la consecuente deportación a su país de origen, así como de los actos de las autoridades migratorias, y administrativas que tengan que ver con una posible limitación a las garantías que consagra la Constitución, sobre todo con la de libre tránsito, evitando además que se les auxilie por razones humanitarias por los organismos tanto gubernamentales, como no gubernamentales y sobre todo que sean violentadas las garantías individuales consagradas en los artículos 11, 14 y 16 de la propia Constitución Federal."; que el citado juicio se encuentra en trámite, pues están señaladas las doce horas con diez minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Ahora bien, atento a la certificación de cuenta de la que se advierte que la demanda que dio origen al juicio 597/2022-I, del índice de este juzgado, fue promovida por Ernesto Enrique Iglesias Díaz, contra actos de las autoridades que señala como responsables: 1. Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas; 2. Titular de la Secretaría de Gobernación; y, 3. Comisionado del Instituto Nacional de Migración, estas dos últimas con residencia en la Ciudad de México; de quienes reclama, ".El posible, cierto y real temor fundado de que el hoy quejoso permanezca privado ilegalmente de su libertad y la consecuente deportación a su país de origen en donde las condiciones políticas y sociales lo orillaron a abandonar su país por la utilización de un aparato gubernamental represivo en contra de sus ciudadanos y su libre desarrollo, así como de los actos en este país de las autoridades migratorias, y administrativa que tengan que ver con una posible limitación a las garantías que consagra la Constitución, sobre todo con la de libertad personal y de libre tránsito, evitando además que se les auxilie por razones humanitarias por los organismos tanto gubernamentales, como no gubernamentales y sobre todo que sean violentadas las garantías individuales consagradas en los artículos 11, 14 y 16 de la propia Constitución Federal."; que el citado juicio se encuentra en trámite, pues están señaladas las doce horas con veinte minutos del veintiuno de junio de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional. La suscrita juzgadora advierte que en el juicio de amparo en que se actúa sobreviene de manera notoria, manifiesta e indudable de una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso se advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que al efecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Cabe precisar que el referido expediente se toma como elemento de prueba, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes; ya que el mismo constituye un hecho notorio que motiva a esta autoridad federal a introducirlo como elemento de prueba respecto de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio y que promueve Ernesto Enrique Iglesias Díaz, contra actos de la referida autoridad migratoria, Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas y otras autoridades, pues la improcedencia del juicio constitucional es cuestión de orden público, y la suscrita puede tomar en cuenta, de oficio, los elementos probatorios a su alcance, máxime si se advierte de la existencia de pruebas que tienen una estrecha e íntima vinculación con los hechos materia de la investigación, éstos pueden y deben ser estimadas por el Juzgador del amparo. Al respecto, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia XXII. J/12, publicada en la página doscientos noventa y cinco, Tomo V, Enero de 1997, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que aplicada en lo conducente, dice: "HECHO NOTORIO, LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2 XXII.J/1265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO, sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento original que obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Por lo que, en el presente caso se advierte que el mismo promovente Ernesto Enrique Iglesias Díaz, reclama del Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas; Titular de la Secretaría de Gobernación; y, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, estos dos últimos con residencia en la Ciudad de México; la posible permanencia de privación de su libertad, así como la deportación del país, la posible limitación de las garantías de libertad personal y de libre tránsito, y sobre todo que sean violentadas las garantías individuales consagradas en los artículos 11, 14 y 16 de la propia Constitución Federal; actos que son los mismos que combatió en el diverso juicio de amparo 597/2022, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito, promovido por el propio quejoso contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Entonces, en tanto que los actos que se reclaman dentro del presente juicio de amparo son materia de otro juicio de amparo, que se encuentra en trámite, al estar señaladas las doce horas con veinte minutos del veintiuno de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicado en la página ochocientos diecisiete, tomo III, correspondiente al mes de Junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. PROCEDE SU DESECHAMIENTO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN III, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO HABIÉNDOSE DICTADO LA SENTENCIA EN EL DIVERSO JUICIO, ESTA NO HA CAUSADO EJECUTORIA. Como en términos del artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; carece de relevancia que en dicho juicio de garantías pendiente de resolución, el fallo que lo haya decidido y aún no ha causado ejecutoria, haya sobreseído en relación con los actos reclamados, puesto que aunque dicha resolución por regla general no constituye cosa juzgada ni impide por consiguiente la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, esa regla se actualiza únicamente en relación con sentencias que han causado ejecutoria, hipótesis que no se actualiza en el caso concreto." En vista de lo anterior, y toda vez que se encuentran programadas las doce horas con diez minutos del veintitrés de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, se procede a dejarla sin efectos, dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio constitucional; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencial: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2022, del propio Pleno.

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