Ernesto Dominguez Guzman

Expediente 1357/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1357/2019
Año
2019
Actuaciones
20
Última actuación
06/12/2019

Partes del expediente

  • Ernesto Dominguez Guzman

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1357/2019-VI y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito de demanda Ernesto Domínguez Guzmán, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, de quien reclamó la orden de presentación y/o aprehensión, así como su ejecución, emitida en su contra. II.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 1357/2019-VI, se desprende que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. III.- CERTEZA DEL ACTO. La autoridad responsable Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, al rendir su informe previo negó el acto reclamado, por tanto, al no haber sido desvirtuada dicha negativa con medio probatorio alguno por la parte quejosa, se niega la suspensión definitiva. Lo anterior tiene apoyo en la tesis aislada visible en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, Enero a Junio de mil novecientos noventa y ocho, página 356, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, cuyo rubro y texto son de la literalidad siguiente: "INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Ernesto Domínguez Guzmán, respecto del acto reclamado al Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, por las razones expuestas en el punto tercero de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe. CAG.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por ERNESTO DOMÍNGUEZ GUZMÁN, a través del cual en atención al requerimiento de doce de noviembre de dos mil diecinueve, amplían su demanda por cuanto a la autoridad señalada como responsable Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos. En consecuencia, se tiene por ampliada la demanda de amparo por cuento hace a la autoridad responsable antedicha y el acto combatido que se le atribuye; lo anterior, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, córrase traslado a la aludida responsable con el escrito de cuenta y copia de la demanda de amparo, lo que se asienta para los efectos legales a los que haya lugar. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, se ordena proveer sobre la suspensión solicitada, en razón de que no fue solicitada. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve y en su lugar, se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo su desahogo. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. NOTIFICACIÓN DE LA ADMISIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. Sin que haya lugar a notificar personalmente al impetrante de garantías el presente auto, en virtud de que es obligación de los promoventes de amparo cerciorarse del auto de admisión de la ampliación de demanda; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de admisión de ampliación de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6233/2019, ante el Secretario PAULO YAIR GARCÍA MEZA, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, se ordena proveer sobre la suspensión provisional solicitada por el quejoso en su escrito de ampliación de demanda relativa al juicio de amparo 1357/2019-VI, promovido por ERNESTO DOMÍNGUEZ GUZMÁN, por su propio derecho, contra actos del JUEZ ÚNICO EN MATERIA PENAL TRADICIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS. INFORME PREVIO De conformidad con el artículo 138, fracción III de la Ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, su informe previo, el que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento de la notificación del presente auto, para cuyo efecto se envía copia simple de la demanda, apercibida que de no rendirlo dentro del término que se concede, se presumirá cierto el acto reclamado, con fundamento en el numeral 142 de la Ley de Amparo, con independencia de que en términos del artículo 260, fracción I, de la Ley de la materia, pueden ser sancionadas con una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia incidental. ACTO RECLAMADO. Es de señalarse que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de presentación y/o aprehensión, así como su ejecución. DETERMINACIÓN SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará cuando la solicite el agraviado; y cuando con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, atendiendo a que en la especie concurren los citados requisitos, pues la suspensión ha sido solicitada por la parte quejosa, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y sí, en cambio, los daños y perjuicios que se ocasionarían a la parte quejosa con la orden de presentación y/o aprehensión, así como su ejecución, serían de difícil reparación; con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a Ernesto Domínguez Guzmán, para los siguientes efectos: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional, en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que este órgano jurisdiccional estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Ahora bien, esta medida cautelar surte efectos desde luego; empero, dejará de surtirlos si la parte quejosa no cumple con los requisitos siguientes: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley de Amparo, aun cuando en el caso no se cuenta con elementos para analizar las circunstancias a que se refieren las fracciones I, II y III del precepto legal citado, tomando en consideración que la parte quejosa reclama una orden privativa de libertad, cuya cumplimentación se suspende de manera precautoria, y existe eventual riesgo de que se sustraiga a la acción de la justicia, deberá exhibir garantía por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas que establece la ley y a entera satisfacción de este juzgado, en un plazo no mayor a cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente determinación, garantía cuyo otorgamiento deberá comunicarse oportunamente a las responsables. Lo anterior, en términos de lo que establece el diverso 162 de la Ley de Amparo, que faculta a este Órgano de Control Constitucional a fijar de manera discrecional las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de garantizar la devolución de la parte quejosa a la autoridad responsable y en tanto que los requisitos antes invocados permitirán, en su caso, hacer efectiva la garantía respectiva de manera pronta y eficaz. Por analogía, cabe citar la jurisprudencia 1a./J. 16/97, del rubro "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.", de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La garantía se fija para evitar que la parte quejosa se sustraiga de la acción de la justicia, a efecto de salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal, como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad, sin perjuicio de que pueda ser modificada al resolver la suspensión definitiva, ya con los informes previos y mayores elementos para fijar su cuantía de una manera más apegada a la realidad jurídica, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 168 de la ley de la materia, que exige que para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal, que afecte la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir a la parte quejosa que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes, tomando en cuenta los siguientes elementos: a) la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa al impetrante; b) las características personales y la situación económica de la misma; y c) la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia y su monto se determina de forma discrecional, pues en la demanda de amparo no se establece la naturaleza, modalidades y características del delito por el que se libró la orden privativa de libertad, razón por la que se carece de elementos para llevar a cabo dicha ponderación. Razón por la cual la autoridad responsable ordenadora en su informe previo, en términos del artículo 168 de la Ley de Amparo, y para estar en condiciones de fijar las medidas de aseguramiento que prevé dicho precepto al resolver sobre la suspensión definitiva, deberá precisar: a. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute; b. Las características personales y situación económica del quejoso; y c. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia (según las constancias o antecedentes del caso). Asimismo, una vez que obren en autos los informes previos de las responsables, y este juzgado tenga certeza del acto reclamado y, en su caso, de qué autoridad lo emitió, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley de Amparo, se impondrá a la parte quejosa la obligación de presentarse ante la autoridad responsable cuantas veces le sea exigido, de igual forma, las veces que este Juzgado de Distrito le exija presentarse; en la inteligencia que, de no ocurrir ante el juez responsable, o ante este Juzgado las veces que sea requerido, la suspensión que se concede se le revocará, como lo dispone el numeral 166, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo vigente. III. Si la parte quejosa ya se encuentra materialmente detenida por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal ya solicitó al juez la prisión preventiva porque haya considerado que otras medidas cautelares no fueron suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, la suspensión sólo produce el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar que aquél señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Con fundamento en el artículo 167 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que esta suspensión se revocará cuando incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas y, en caso procedente, se hará efectiva la garantía a favor del erario federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 94/2001, de rubro "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA.", de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 149/2007, de rubro "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ.", sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si el delito por el que se libró la orden privativa de libertad combatida, conforme a la ley es considerado de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, la suspensión sólo tendrá por efecto el que, una vez que sea aprehendida la parte quejosa, quede a disposición de este juzgado por cuanto a la libertad personal se refiere, en el lugar en que le recluyan, y a disposición de la autoridad que corresponda, para la continuación del proceso instruido en su contra. Esta medida suspensiva se otorga siempre y cuando, no se esté en presencia de la comisión de delito flagrante, urgente o que amerite prisión preventiva oficiosa. En este caso, el imputado deberá ser puesto de inmediato a disposición de la autoridad competente, conforme al artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin perjuicio de las facultades que goza el Ministerio Público para dejar sin efecto la detención u ordenar que el detenido sea conducido ante el juez dentro del plazo a que se refiere el Artículo 16, párrafo noveno, de la Carta Magna; además, está autorizado para dejar sin efecto la detención cuando no pretenda solicitar como medida cautelar la prisión preventiva en contra del imputado y éste haya depositado la garantía fijada por el Ministerio Público para asegurar su comparecencia ante el juez, salvo que se le haya concedido la libertad bajo protesta. Lo anterior, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Debe precisarse, de forma categórica, que la concesión de esta medida suspensional únicamente se limita a paralizar los efectos de los actos reclamados consistentes en la orden de presentación y/o aprehensión, así como su ejecución, que se hubiese librado por la autoridad responsable señalada en el escrito de ampliación de demanda por la parte quejosa; además, atendiendo a la técnica jurídica que rige el juicio de amparo indirecto, la existencia de los actos debe analizarse a la luz de la fecha de presentación de la demanda de amparo, incluso aun cuando se reclamen órdenes de aprehensión, detención, presentación, búsqueda y captura, como lo ha sostenido en jurisprudencia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 57/95, y que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, resulta de observancia obligatoria para el suscrito juzgador federal. Por tal motivo, el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados por la parte quejosa, sólo comprenderá aquéllos que se hayan emitido hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo. Se fija lo anterior, a fin de dar certeza y seguridad jurídica a las partes que intervienen en el presente juicio de amparo, al tomar en consideración que el efecto de la suspensión es mantener las cosas en el estado que guardan al presentarse la demanda, para el efecto de preservar la materia del amparo y de facilitar, o de evitar que se dificulte, el retorno de las cosas al estado que tenían antes de la violación, en caso de que se otorgue el amparo; ya que de extender los efectos a actos futuros de realización incierta, se provocaría un estado de incertidumbre jurídica, y respecto de los cuales no procede esta medida suspensiva; máxime que el gobernado tiene la facultad de promover posteriormente una nueva demanda de amparo, en el caso de que el mandato de captura reclamado se hubiese librado con posterioridad a la presentación de la demanda. NOTIFICACIONES. Se instruye al Actuario judicial para que el presente acuerdo y los subsecuentes que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del incidente de suspensión; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia incidental no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, habida cuenta que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del incidente, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia incidental. EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA. Como lo solicita la parte quejosa, expídase copia certificada por duplicado de la presente determinación, autorizándose para recibirlas a las personas propuestas. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, comunicada mediante oficio CCJ/ST/6233/2019, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano