Ernesto Dominguez Garcia

Expediente 232/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
232/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Ernesto Dominguez Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintidós de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que no fue recurrido el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho. Declaración de firmeza. En tal virtud, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el 97 fracción I, inciso a) y 98 de ésta última, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos sus efectos legales. Archivo y anotaciones. Practíquense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ya que se desechó la demanda; por tanto, el presente asunto es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente. Por otra parte, una vez cumplidos tres años a partir del presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección General del Archivo y Documentación, acorde a lo dispuesto en el numeral 23 del mismo. Resolución a Disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales; hágase de su conocimiento que el auto que desechó la demanda estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de trasparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; primero de marzo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *****, por propio derecho, contra actos del Juez de Paz de Jiutepec, Morelos, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 232/2022 y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. En el particular la parte quejosa reclama: - La orden de que únicamente se reciban dos escritos por día de los expedientes y exhortos radicados en ese Juzgado, bajo el argumento de que no tiene actuario y no quiere que se le acumule el trabajo. Causales de improcedencia. Por las razones expuestas a continuación, se considera que surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, así como el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". "Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" De conformidad con las normas trascritas, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. De tal manera que es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 107, fracción I, inciso g), de la Ley de la materia, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (ya sea jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma, y por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del País, ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. Es importante precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través de juicio de amparo, actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Ahora bien, en relación al interés legítimo, dicho interés supone sólo la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De acuerdo con la explicación anterior, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. En relación con lo anterior, resulta oportuno invocar, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVII, febrero de 2013, tomo 1, página 882, con registro de localización 2002812, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen deriven de la actuación concreta de la autoridad y que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto, es decir, les corresponde a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que quiere decir que la acción constitucional de amparo únicamente puede ejercitarla quien se vea perjudicado por la actuación de la autoridad. Se desprende además, que el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Ahora bien, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que la parte quejosa sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. En esos términos se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), que se localiza en la página mil setenta y ocho, del Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." En ese sentido el auto inicial sí es propicio para examinar las particularidades de la reclamación desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés legítimo, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución del juicio; lo que de otra forma resulta ocioso, lo anterior de conformidad con la tesis 1a. CXXIII/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 1, Libro XXII, Julio de 2013, Décima Época, página 559, del rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional." De acuerdo con lo anterior el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la propia legislación de la materia. Al respecto, cabe decir que, como lo ha sostenido el Máximo Tribunal de Justicia del País, el interés legítimo, distinto al jurídico, es aquel interés personal, individual o colectivo, actual, real y jurídicamente relevante del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; o sea, se trata de un presupuesto procesal establecido constitucionalmente para que las personas accedan al juicio de amparo, en ausencia del cual los jueces constitucionales no podrían someter a examen jurisdiccional los actos de las autoridades, pues la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal establece que el juicio de amparo "se seguirá siempre a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo", fórmula que utiliza la palabra "siempre" para reflejar la intención de establecer una regla absoluta. Así, conviene precisar que en el interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, no precisamente patrimonial o económica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Respecto al interés legítimo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) de la Décima Época, Registro: 2007921, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, página 60, determinó lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." De lo anterior, se colige que las características esenciales del interés legítimo son: - La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, mismo que no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, sino que se trata de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. - Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero no se trata de un tipo de interés simple, pues para acudir a un tribunal competente, debe existir un vínculo con una norma jurídica, ya que aun cuando no se exige acreditar un derecho subjetivo, tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción de amparo. - La concesión del amparo, se debe traducir en un beneficio actual o futuro, pero cierto, con efecto positivo en la esfera jurídica del quejoso, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso se llegue a dictar. - Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. - La existencia de una situación jurídica identificable que surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial, en la cual aunque puede concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, tal asociación no es absoluta e indefectible. - Debido a su configuración normativa, pueden existir diversas posibles situaciones y supuestos del interés legítimo que deberá ser analizado, en cada caso, de acuerdo a la labor cotidiana de los juzgadores de amparo, conforme a la dinámica y alcances del propio juicio de amparo. En ese orden de ideas, para que pueda reconocerse el interés legítimo a una persona respecto a actos que no es destinataria debe alegar resentir una afectación que debe ser palpable y discernible objetivamente, pues de no ser así se convierte en abstracto o general, no susceptible de evaluarse, so pena de vulnerar el principio de división de poderes, pues no cualquier tercero, ajeno al acto, puede provocar la función de control constitucional, ya que el principio de división de poderes, que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer el interés legítimo en aquellos casos que el quejoso acredite una afectación colateral real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, pero nunca incierto. Establecido todo lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que la promovente carece de interés legítimo individual para controvertir en la vía de amparo la constitucionalidad de los actos reclamados. Lo anterior es así, pues argumenta que el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se presentó ante las instalaciones que ocupa la autoridad responsable, a fin de presentar escritos para continuar con el curso de los juicios radicados ante el Juez responsable; sin embargo, se le manifestó que sólo podían recibirle dos ocursos, en razón de que no cuenta con actuario, lo que impide la continuación de diversos juicios de los que es parte. En ese sentido, se estima que la promovente no señala actos respecto de los cuales se le afecte un derecho, pues como se indicó respecto de éstos debe resentir una afectación que debe ser palpable y discernible objetivamente, lo cual no ocurre en la especie, pues los actos reclamados son abstractos o generales; esto es, no reclama actos que evidencien la existencia de un "interés legítimo", es decir, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción, se tradujera en un beneficio jurídico en su favor, por lo que no es dable aceptar que se encuentra en una situación de afectación o lesión en sentido amplio que permita a este órgano jurisdiccional tener por actualizado el principio de parte agraviada, de lo contrario, el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado. En ese orden de ideas, atendiendo al contexto en que se formula la demanda constitucional, se advierte que no se justifica, ni en forma indiciaria, el interés legítimo que la quejosa dice que le asiste para acceder a esta instancia extraordinaria, pues no atribuye a dichos actos una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere. Así es, en el caso la parte quejosa únicamente cuenta con un interés simple para impugnar los actos materia de reclamo y no legítimo, menos aún jurídico; toda vez que de la lectura de la demanda, se observa que busca lograr un control de legalidad en abstracto sobre los actos y no defender o salvaguardar un derecho que en lo individual se reconozca a su favor. En efecto, su situación se traduce en el interés simple que tiene todo gobernado en que las autoridades cumplan con las normas de derecho objetivo, siendo que para impugnar en amparo los actos de que se trata, se requiere un principio de agravio o afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole, lo cual no se advierte en el caso. El interés planteado en la demanda, constituye únicamente un interés simple, similar al que tiene todo gobernado residente en este Estado, en que la actividad gubernamental se realice acorde a las leyes aplicables; pues el acto objeto de reclamo, no es susceptible de generar un perjuicio real y actual en los derechos de la parte quejosa, tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico del impetrante del amparo. Lo anterior se afirma, a la luz de los criterios que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues para tener por configurado un interés de tal naturaleza, se requiere de una afectación por lo menos indirecta dentro de un parametro de razonabilidad y no sólo de mera probabilidad- en la esfera jurídica del particular, derivada del acto reclamado, tal como lo exige la propia norma constitucional y en la especie, no se advierte la existencia de una afectación en específico, ni aun indirecta en la esfera jurídica de la quejosa, ante la cual una eventual sentencia de protección constitucional implique la obtención de un beneficio determinado, pues lo que se advierte es un interés simple, igual al de cualquier gobernado, ya que sólo se endereza una defensa abstracta del derecho cuestionado. De tal suerte, que si con el juicio de amparo promovido no se restituirá a la quejosa en el goce de algún derecho concreto, ni aun de manera indirecta, pues en el particular no podría otorgársele el amparo y protección de la justicia de la unión para el efecto de que las autoridades responsables reanudaran sus labores; por tanto, es claro que la promoción del juicio de amparo, no le reporta un beneficio en su esfera jurídica individual, de modo que no puede considerarse actualizado en su favor un interés legítimo. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que de suyo lleva a una declaratoria de inconstitucionalidad, pues de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto que no cumpla con el marco constitucional y legal, lo cual tornaría al juicio de amparo en un control abstracto o preventivo y no en un medio reparador. Asimismo, debe precisarse que dentro del universo de afectaciones que las personas pueden resentir, los jueces constitucionales -mediante amparo- sólo son aptos para conocer de aquellas calificables como actualizadoras del interés legítimo o jurídico y no otras, lo que no ocurre en el presente caso, al evidenciarse que se trata de interés simple, porque no se le ocasiona a la quejosa, un agravio real, palpable y cualitativamente distinto al de los demás, como lo exige la fracción I del artículo 107 constitucional, lo que no implica que el resto de afectaciones posibles no sean relevantes para el modelo de estado constitucional, simplemente no son adecuadas para dirimirse en sede jurisdiccional en este momento. Por otra parte, aunque hasta lo aquí razonado es suficiente para patentizar la improcedencia del juicio, en aras de exhaustividad, a lo expuesto cabría agregar como una razón adicional, que por sí sola soporta también la determinación de desechamiento, que cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población. Apoya a la anterior conclusión la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), visible en la página 448, libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Materia Común, Décima Época (Registro: 2009201) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Aunado a que ni siquiera menciona los números de juicio que supuestamente tramita ante la autoridad responsable, y menos aún exhibe documento alguno del que se advierta que sea parte en los mismos, por lo que no se advierte la afectación de un interés cualificado, actual y real en la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que guarde en relación con el orden jurídico. En tal virtud, al haberse actualizado la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa y por autorizadas con las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, toda vez que se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Uso de medios electrónicos. Se autoriza la consulta y toma de datos de los acuerdos que se dicten en el expediente en que se actúa, a través de cámaras digitales o diversos medios electrónicos; en el entendido que tal eventualidad será durante los horarios de atención de servicio al público, y bajo la vigilancia del funcionario respectivo, con la acotación de que deberá ser siempre con la procuración del manejo debido de este cuaderno principal. En la inteligencia de que, el uso de las constancias que se obtengan, quedará bajo la más estricta responsabilidad de las partes. Correo electrónico y número telefónico. Téngasele por señalados el correo electrónico y número telefónico que proporciona en su ocurso de cuenta, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de los cuales debe precisarse que únicamente tienen como finalidad establecer contacto y comunicación en caso de que se estime necesario, empero no para notificársele, pues esta formalidad procesal debe practicarse de manera electrónica, en términos de lo dispuesto en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno en mención, a través de un usuario, siempre y cuando lo solicite expresamente. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema "juicio en línea", en términos del último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, emitido el veintiocho de julio de dos mil diecinueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos del jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Habilitación Días y Horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, en términos del artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles, pero en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Se notifica por lista el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, a la parte quejosa. SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo.

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