Ernesto Díaz Rodríguez
Expediente 149/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 33 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 06/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ernesto Díaz Rodríguez
- Ernesto Díaz Rodríguez y Otros.
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Ejecutoria Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera el proveído de doce de agosto de dos mil veintidós, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do., se declara firme para todos los efectos legales conducentes. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que complementa el artículo décimo octavo del Acuerdo General citado en el acápite que antecede, se determina que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo-, al haberse concedido la suspensión de plano solicitada, debiendo conservarse la demanda de amparo, la resolución que puso fin al asunto, así como la determinación relativa a la medida cautelar decretada y el presente proveído.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en veinticinco de julio del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que manifestara si la menor de edad directa quejosa, de iniciales: C.D.I (de once años de edad, a la interposición de la demanda de amparo), fue inmunizada en las jornadas de vacunación COVID-19 relativas al grupo etario en que se encuentra. La anterior prevención se formuló por lo siguiente: Desde auto de ocho de junio de dos mil veintidós, el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del estado de Guanajuato (ISAPEG) informó que la menor de edad quejosa, de iniciales: C.D.I., recibió la primer dosis del fármaco Pfizer. Posteriormente, en proveído de dieciséis de junio siguiente, el apoderado legal de referencia, informó la fecha, hora y lugar para la inoculación de la menor quejosa, con la segunda dosis del fármaco en cuestión, lo cual le fue notificado electrónicamente el veintidós de junio del año actual. El veintisiete de junio de dos mil veintidós, se requirió de nueva cuenta a la parte promovente para que informara si fue aplicada la segunda dosis de la vacuna a la infante quejosa, y de ser así, que fuera acreditado con las constancias correspondientes. El auto en cuestión fue notificado electrónicamente el uno de julio del año que transcurre. Luego, en proveído de veintiocho de junio de la presente anualidad, se tuvo informando al apoderado legal en comentario, que se señalaron las trece horas del treinta de junio de dos mil veintidós, para la inoculación de las personas menores de edad de entre cinco y once años de edad, por lo que se hizo del conocimiento dicha circunstancia a la quejosa, siendo que, por razón de la premura, se comunicó vía mensajería instantánea Whatsapp. En proveído de once de julio de dos mil veintidós, el apoderado legal en cita informó que la menor peticionaria de amparo no se presentó a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, señalada para el veintiuno de junio de dos mil veintidós, y en atención a que de autos se advertía el señalamiento de una fecha diversa para su inoculación, esto es, el treinta de junio del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que informara si la menor de edad directa quejosa ya había sido inoculada con la segunda dosis de la vacuna. Dicho auto fue notificado el quince de julio del año actual. De ahí que el veinticinco de julio pasado, se dictó un auto en los siguientes términos: "[.] Visto el estado de autos, se advierte que conforme a la misiva 9172 (foja 339) el apoderado legal de la Secretaria de Salud del estado de Guanajuato, informó que la menor de edad C.D.I. debía comparecer a las nueve horas del veintiuno de junio de dos mil veintidós, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna PfizerBioNTech. Ahora bien, la notificación de ese acuerdo se practicó vía electrónica; sin embargo, de su contenido se observa que la fecha en que se tuvo por realizada fue el veintidós de junio de dos mil veintidós, esto es, una fecha posterior a la que estaba citada la menor de edad. Al margen de lo anterior, por comunicado registrado con el folio 9930 (página 360), la misma autoridad responsable informó que la menor quejosa debía asistir a las trece horas del treinta de junio del año en curso, para la aplicación de la segunda dosis del biológico. Debido a la premura con que fue informada esta potestad, se hizo del conocimiento de la quejosa la anterior circunstancia, vía mensajería instantánea whatsapp, en el teléfono que proporcionó para tal efecto; no obstante, de la revisión del presente cuaderno físico y del correspondiente electrónico, se desprende que no obra la comunicación formal por parte de la Actuaría. En ese sentido, como la notificación de aquél proveído contenía información respecto de la data de vacunación (treinta de junio de dos mil veintidós), lo cual ya aconteció, a nada práctico conduciría subsanar la omisión. Aunado a ello, en proveído de once de julio pasado se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días informara en esencia, si la menor de edad fue vacunada de la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, ya sea en las citas programadas o en la vacunación relativa a los infantes entre doce y diecisiete años; sin que a la fecha hubiese desahogado al respecto, no obstante que fue notificada vía electrónica el quince de julio del año en curso. Se requiere nuevamente. Bajo ese contexto, dadas las inconsistencias señaladas en párrafos anteriores, previo a hacer efectivo algún apercibimiento, se requiere por última ocasión a la accionante constitucional, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe si la infante fue inoculada con la segunda dosis de la vacuna, ya sea el pasado treinta de junio en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, o bien, en distinta fecha y sede. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la parte promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular a la menor de edad, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para que reciba su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento de este asunto. Lo que precede revela la posible actualización de una causal de improcedencia, por lo cual se torna necesario recabar los medios de convicción conducentes para constatar su actualización. En apoyo a lo expuesto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, visible en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL [.]" Este auto fue notificado en el usuario electrónico el veintinueve de julio siguiente, por ser ese el medio que la parte quejosa señaló para recibir notificaciones. En esas circunstancias, es decir, ante la falta de actuación y justificación por la parte quejosa, se hace efectivo el apercibimiento hecho el veinticinco de julio de dos mil veintidós (que fue una reiteración de los requerimientos anteriores) y se le tiene por desinteresada en que la menor de edad directa quejosa sea inoculada por una institución pública y consintiendo la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del promovente, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que la quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado: La existencia del acto o ley reclamados Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar porqué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a), relativo a la existencia de la omisión reclamada, debe decirse que se actualiza en la especie, pues al menos a la fecha de la presentación de la demanda (nueve de febrero del año actual), el grupo etario de entre cinco y once años al que pertenecía la menor de edad aquí quejosa (nacida el catorce de abril de dos mil diez -once años al día de la presentación de la demanda) no era considerado en la Política Nacional de Vacunación como susceptible de ser inoculado. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado, consistente en la omisión de aplicar el esquema completo de la menor quejosa de identidad reservada de iniciales C.D.I., de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que pueda enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Pues como se dijo, al momento de la interposición del ocurso constitucional que nos ocupa, el grupo etario al que pertenecía la menor quejosa no era considerado como susceptible de ser vacunado. Y aun cuando a la presente fecha ese grupo etario ya fue incluido en el documento denominado "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós, la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210-A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos a la aquí quejosa, ya le fuera aplicado el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de veinticinco de julio del año que transcurre, se entiende que hay desinterés para que la menor de edad quejosa sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. En consecuencia, de los medios de prueba en relación con la omisión de inocular a la menor de edad en cuestión, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech, circunstancia que demuestra su consentimiento frente al acto que combate. Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.
- Principal
Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que conforme a la misiva 9172 (foja 339) el apoderado legal de la Secretaria de Salud del estado de Guanajuato, informó que la menor de edad C.D.I. debía comparecer a las nueve horas del veintiuno de junio de dos mil veintidós, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Ahora bien, la notificación de ese acuerdo se practicó vía electrónica; sin embargo, de su contenido se observa que la fecha en que se tuvo por realizada fue el veintidós de junio de dos mil veintidós, esto es, una fecha posterior a la que estaba citada la menor de edad. Al margen de lo anterior, por comunicado registrado con el folio 9930 (página 360), la misma autoridad responsable informó que la menor quejosa debía asistir a las trece horas del treinta de junio del año en curso, para la aplicación de la segunda dosis del biológico. Debido a la premura con que fue informada esta potestad, se hizo del conocimiento de la quejosa la anterior circunstancia, vía mensajería instantánea whatsapp, en el teléfono que proporcionó para tal efecto; no obstante, de la revisión del presente cuaderno físico y del correspondiente electrónico, se desprende que no obra la comunicación formal por parte de la Actuaría. En ese sentido, como la notificación de aquél proveído contenía información respecto de la data de vacunación (treinta de junio de dos mil veintidós), lo cual ya aconteció, a nada práctico conduciría subsanar la omisión. Aunado a ello, en proveído de once de julio pasado se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días informara, en esencia, si la menor de edad fue vacunada de la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, ya sea en las citas programadas o en la vacunación relativa a los infantes entre doce y diecisiete años; sin que a la fecha hubiese desahogado al respecto, no obstante que fue notificada vía electrónica el quince de julio del año en curso. Se requiere nuevamente. Bajo ese contexto, dadas las inconsistencias señaladas en párrafos anteriores, previo a hacer efectivo algún apercibimiento, se requiere por última ocasión a la accionante constitucional, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe si la infante fue inoculada con la segunda dosis de la vacuna, ya sea el pasado treinta de junio en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, o bien, en distinta fecha y sede. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la parte promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular a la menor de edad, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para que reciba su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento de este asunto. Lo que precede revela la posible actualización de una causal de improcedencia, por lo cual se torna necesario recabar los medios de convicción conducentes para constatar su actualización. En apoyo a lo expuesto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, visible en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Diferimiento de la audiencia constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy se difiere y se señalan las once horas con diez minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintidós, para su desahogo.
- Principal
Estado de autos. Del estado de autos se advierte que mediante oficio registrado con folio 10358, el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado, informó que la menor de edad CH.D.I, no se presentó a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, señalada para el veintiuno de junio de dos mil veintidós. Asimismo, se advierte que mediante diverso oficio registrado con el número 9930 la citada autoridad comunicó que se fijaron las trece horas del treinta de junio del año en curso, para la inoculación de la infante en comento -con lo que se dio vista a la parte quejosa para que compareciera, no obstante ser mayor de doce años de edad-, sin que a la fecha se tenga noticia del resultado de dicha cita. Requerimiento a parte quejosa. Por tanto, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe a este juzgado federal lo siguiente: 1) Confirme si la menor de edad no compareció a la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, señalada para el veintiuno de junio de dos mil veintidós; en su caso, el motivo de ello; o 2) Si acudió a la cita fijada para el treinta de junio del año en curso; o bien, 3) Comunique si la menor de edad de referencia recibió la vacuna contra el virus COVID-19, durante la jornada de vacunación relativa a los infantes entre doce y diecisiete años; esto es, informe si tiene el esquema completo de vacunación contra el virus SARS-CoV2; debiendo adjuntar las constancias que así lo demuestren. Apercibimiento. En caso de no hacer manifestación alguna se entenderá que hay desinterés para que la menor sea inoculada por la institución pública en mención y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Requerimiento a la autoridad responsable. Sin perjuicio de lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, para que en un plazo que no exceda de tres días contado a partir de que sea notificado de este auto, informe si el menor en comento, recibió la dosis del biológico el treinta de junio del año en curso, y en su caso remita copia certificada legible de la constancia que lo acredite, o informe lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria decretada por el Ejecutivo Federal, incrementada cien días, de conformidad con los artículos 158 y 237, fracción I de la ley de la materia. Se comisiona al actuario de la adscripción para que gestione la entrega del oficio que emane de este proveído, por cualquier medio electrónico a su alcance.
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