Ernesto Diaz Lopez

Expediente 710/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
710/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
11/07/2017

Partes del expediente

  • Ernesto Diaz Lopez
  • Fiscal General del Estado de Puebla

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de julio de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Penal de Tetela de Ocampo, Puebla, por medio del cual, atento a lo requerido mediante proveído de veinte de junio de dos mil diecisiete, devuelve sin diligenciar el despacho 453/2017 deducido del presente asunto; sin que haya lugar a emitir mayor proveído atento a que dicho auto se notificó al quejoso por comparecencia personal el veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Atento a lo anterior, dese de baja el despacho 453/2017 del índice de este juzgado en el libro de gobierno.

  2. Principal

    Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el acta que contiene la diligencia de ratificación de escrito, celebrada dentro de las instalaciones de este juzgado, en la que intervino el quejoso Ernesto Díaz López, de la que se advierte que ratificó ante la presencia judicial el escrito presentado el veinte de junio de dos mil diecisiete (foja 5), por el que se desistió del presente sumario de garantías; en consecuencia, se provee: En primer término, conviene señalar que los artículos 6, 63, fracción I, y 113, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio; Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. (.)" También resulta pertinente destacar la jurisprudencia 2a./J. 33/2000 sustentada por el la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, por lo que es patente que el derecho de acción en demanda de garantías individuales lo tiene el quejoso ante el órgano jurisdiccional en contra de actos de autoridad; de ahí que existe la posibilidad jurídica de que lo retire, en cualquier momento, por una mera declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la acción. Por consiguiente, el desistimiento de la acción, ratificado plenamente por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia, e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para renunciar al ejercicio de su acción, en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Dichos artículos y jurisprudencia revelan que el juicio de amparo sólo procede a instancia de parte agraviada y que, cuando ésta desiste expresamente de la instancia, conduce al sobreseimiento en el juicio; asimismo, cuando exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia en la demanda de amparo, esta se desechará de plano. Ahora bien, de las constancias que integran el presente sumario constitucional se advierte que, mediante ocurso presentado diecinueve de junio de la presente anualidad, Ernesto Díaz López, por derecho propio, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades, la que fue turnada a este Juzgado en esa propia fecha. Luego, mediante escrito recibido el veinte de junio siguiente se desistió del juicio de amparo que accionó (foja 5). Ambos escritos fueron acordados conjuntamente el veinte de junio de dos mil diecisiete, requiriéndose al promovente para que ratificara el escrito de desistimiento, apercibido que de no hacerlo en el término indicado, se acordaría lo conducente respecto la admisión o desechamiento de la demanda. Escrito que, fue ratificado en sus términos. En esa tesitura, resulta evidente que, en la especie, ya no existe instancia de parte agraviada, como lo exige el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no es posible entablar la relación jurídico procesal que permita a este juzgado estudiar la constitucionalidad de los actos reclamados y, ya que tal desistimiento de la demanda de amparo, ocurrió en un momento procesal previo a la admisión de la demanda, por cuya abdicación se destruyeron todos los efectos jurídicos producidos con la presentación de la misma. En consecuencia, con fundamento en los artículos 6, 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede desechar la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de derechos fundamentales.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Vistos los autos y la certificación que antecede, toda vez que en la especie, por sentencia dictada el treinta de mayo de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa ************por propio derecho y en representación de los menores ******* y como dicha determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público en funciones de la titular, adscrita a la Agencia del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: (.) NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 77, fracción I de la Ley de la Materia, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Juan Carlos Cante Reyes, por derecho propio y en representación de los menores J.P.C.Z. y A.C.Z., para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público en funciones de la titular, adscrita a la Agencia del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer, realice lo siguiente: Notifíquese a Juan Carlos Cante Reyes la determinación de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, emitida en la averiguación previa 2279/2014/ AESEX, en términos de los artículos 30 Ter, 44, 45 y 46 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. Hecho lo anterior, remita la constancia de notificación respectiva. (.) Así mismo, con fundamento el artículo 192, tercer párrafo de la ley de la materia, se requiere al superior jerárquico Fiscal General del Estado de Puebla, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, ordene a la referida autoridad responsable Agente del Ministerio Público en funciones de la titular, adscrita a la Agencia del Ministerio Público de Delitos contra la Mujer, dar cumplimiento en sus términos al fallo protector de que se trata y remita a este Juzgado de Distrito las constancias necesarias a efecto de constatar que dio la señalada orden. Para dar margen a lo anterior, dicho superior jerárquico podrá decretar las medidas necesarias y hacer uso de todos los medios que tenga a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a su subalterno. Se apercibe a las citadas autoridades (responsable y superior jerárquico) que de no cumplir con lo anterior dentro del término que se les concedió, se les impondrá a cada uno y por separado una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Hágase del conocimiento de las mencionadas autoridades que, en caso de ser omisas al presente requerimiento en el plazo fijado, además de imponerse las multas con las que se les apercibió, conforme al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de sus cargos y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Por otro lado, dígase a las autoridades requeridas, que incurren en responsabilidad penal de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y último párrafo y 269 de la Ley de Amparo.

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