Ernesto de Jesús Zaragoza Maillard

Expediente 55/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
55/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
26/01/2017

Partes del expediente

  • Ernesto de Jesús Zaragoza Maillard

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, a través del cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitieron las constancias originales de del juicio de amparo principal del cual deriva el cuaderno en que se actúa, informando que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto, quedando registrado bajo el consecutivo 150/2017 de su índice. Ahora bien, al no existir trámite pendiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por ** por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 55/2017; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA. Vista la demanda de cuenta, con apoyo en el numeral 48, de la Ley de Amparo, quien esto resuelve determina que este juzgado federal carece de legal competencia para conocer del presente asunto por cuestión de MATERIA, en razón a que el acto reclamado versa sobre cuestiones de competencia económica, siendo así que el conocimiento del juicio de amparo promovido en su contra, compete a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, y no así a un Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, acorde a las consideraciones que se exponen a continuación. En efecto, la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el numeral 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los arábigos 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, además de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición del procedimiento, conforme al precepto 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la remisión de los autos al juez competente. Para que un Juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a.- Competencia por territorio; b.- Competencia por materia; c.- Competencia por razón de la vía; y, d.- Competencia auxiliar. Competencia por materia. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Ahora bien, en el caso, se impone resaltar que la parte quejosa señaló en su escrito inicial de demanda, como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: lll.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Bajo protesta de decir verdad.- Señalo las siguientes ordenadoras: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA [.] CÁMARA DE SENADORES [.] dicha autoridad responsable de la aprobación de la reforma energética deficiente. CÁMARA DE DIPUTADOS [.] A la autoridad ordenadora se les reclama la aprobación del artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2017 que entró en vigor el 1 de enero de 2017. EJECUTORAS: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA (.) con el acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación [.] COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (.) con el acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, [.]" "IV.- ACTO RECLAMADO: a).- INEQUIDAD, DESPROPORCIONALIDAD e INCERTIDUMBRE de las tarifas establecidas sobre el costo de la GASOLINA por región mismas que generaran desestabilidad económica y carestía afectando a todo el pueblo mexicano, en especial a las clases vulnerables en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 2016 emitidos por la Comisión Reguladora de Energía y el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 27 de diciembre de 2016 en relación al artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, que entró en vigor el 1 de enero de 2017. b).- DISCRIMINACIÓN Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 2016 emitidos por la Comisión Reguladora de Energía y el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 27 de diciembre de 2016 en relación al artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, que entró en vigor el 1 de enero de 2017. c).- FALTA DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN que justifique el alza desproporcionada en el aumento de los precios descritos y aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2017 que entró en vigor el 1 de enero de 2017. d).- VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL a los artículos 1, 2, 4, 25, 26, 27, 28, y 31 fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto al aprobar el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2017 que entró en vigor al 1 de enero de 2017. Además, en el libelo de cuenta, en el capítulo de hechos, en lo que interesada, el solicitante del amparo manifestó: ".SEGUNDO.- En dicha Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, se incluye transitorio que otorga facultades a el artículo décimo segundo (sic) Comisión Reguladora de Energía para determinar durante el 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel. TERCERO.- Con fecha 26 de diciembre del año 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO emitido por la Comisión Reguladora de Energía que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diesel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, en el que se establecen las regiones en que se habrán de aplicar los nuevos precios de las gasolinas en nuestro país. . (sic) Mismo que de conformidad con el considerando quinto, el 1° de Enero de 2017 entra en vigor el decreto por el cual de manera infundada e inmotivada y de manera desproporcional el gobierno de la república por medio de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, pone en vigor el decreto por el cual se libera el precio de las gasolinas, afectando con esto la economía de los mexicanos en especial de la gente marginada y de escasos recursos ya que con este aumento desproporcionado se disparan los precios de la canasta básica y de artículos de primera necesidad, así como el del transporte público y de servicios, aunado a que la situación económica del país no es alentadora debido a políticas económicas carentes de visión a corto plazo y que únicamente benefician a las transnacionales y pequeños grupúsculos del poder." De lo anterior, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa en la presente instancia constitucional, esencialmente consisten en la aprobación del artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete que entró en vigor el uno de enero del año en curso, así como el decreto previsto en dicho artículo que entró en vigor en ese mismo día, que corresponde al acuerdo número A/059/2016, emitido por la Comisión Reguladora de Energía, que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolina y diésel previsto en el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, publicado el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, como uno de los actos reclamados deriva de una disposición emitida por un órgano encargado de regular la materia energética en el País, conviene realizar algunas precisiones en torno a las reformas en materia energética. El dos de diciembre de dos mil doce, se firmó por el Presidente de la República y los líderes nacionales de las tres principales fuerzas políticas del país, el denominado "Pacto por México", el cual se compone de cinco acuerdos, de los que destacan para el tema que nos ocupa, el de "Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad". En dicho acuerdo se propuso intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía, por ser fundamental ya que la competencia, se dijo, permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural. Se expresó que para profundizar la competencia económica de México se instrumentaría una política de Estado basada en un arreglo institucional que la dotara de fuerza y permanencia. Como inicio de esa política de Estado se planteó la creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones, con el fin de dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. En dicho acuerdo se propuso realizar una reforma energética que fuera motor de inversión y desarrollo, para lo cual se señaló que se impulsaría una reforma energética que convirtiera a ese sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor. El veinte de diciembre de dos mil trece, se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, de lo que destaca la adición al artículo 28 de la Constitución, a través del cual se crea la Comisión Reguladora de Energía. Asimismo, en la iniciativa que dio origen a dicha reforma destaca lo siguiente:  Como parte de las reformas que se plantean a consideración del Congreso de la Unión, estaba el fortalecimiento de los órganos reguladores en materia energética, ya que no podría entenderse una reforma como a la que se aspiraba y la que la sociedad demandada, sin instituciones fuertes, independientes y autónomas.  Que dicho artículo se convierta en el referente constitucional de los órganos reguladores, es decir, que contemple al Banco de México como regulador de la política monetaria del país, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica, incorporados de manera reciente al texto constitucional, por lo que se reagrupaban en apartados específicos para cada uno de dichos órganos, pero además se incorporaba al Fondo Mexicano del Petróleo, a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como órganos encargados de regular la materia energética del país.  En lo que respecta a la Comisión Reguladora de Energía, se reitera se propuso se incorporara dentro del artículo 28 constitucional como parte de los órganos reguladores en materia energética, que tendrá bajo su responsabilidad el otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la generación y distribución de energía eléctrica que realizaran los particulares, así como para la refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos, conforme a las disposiciones, requisitos y condiciones que contemplara la legislación que el Congreso de la Unión aprobara.  Se señaló que como parte de los órganos reguladores propuestos la Comisión Reguladora de Energía será un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que deberá regular la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, así como el desarrollo eficiente del suministro y venta de energía eléctrica, que realizaran el Estado y los particulares. Con la reforma propuesta, se expuso, dicha Comisión será el órgano regulador de las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos que realizara el Estado por sí mismo, los operadores de manera independiente o ambos de manera conjunta. Conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los preceptos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. De lo anterior, así como de los dispositivos en cita, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal debía establecer tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Sin que sea óbice a lo anterior, que los actos reclamados se atribuyan a diversas autoridades administrativas, ya que si bien se trata de autoridades administrativas, también lo es que se trata de actos reclamados con el tema de competencia económica, lo que constitucionalmente se reservó a los Juzgados Especializados. Así las cosas, para conocer de un juicio de amparo por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido; por eso se determina, que la competencia para conocer del presente juicio, le corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. Por ello, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, del Acuerdo 22/2013, así como del artículo 6 apartado b) de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de que se reúnan o no los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley en cita, este juzgado DECLARA carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y la DECLINA a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a quien estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, por lo que ordena enviarle los autos, solicitándole que en su oportunidad se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente, así como informar la decisión que asuma en cuanto a la competencia que se declina. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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