Ernesto Crespo Vega
Expediente 1456/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1456/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/04/2018
Partes del expediente
- Ernesto Crespo Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos adscrito a este Juzgado, en el cual remite oficio rendido por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales, en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en el que adjunta un oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, el cual, por error le fue entregado a dicho Juez. Luego, se tiene por recibido el oficio y anexo signado por el Director General Jurídico de Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el cual, solicita se le tenga en vías de cumplimiento, toda vez que da a conocer cierta información que aduce se le requirió; sin embargo, agréguese a sus autos, sin mayor pronunciamiento, en virtud de que en proveído de trece de marzo del presente año, se tuvo por cumplido el fallo protector dictado en el presente juicio (fojas 268 a 270); por ello, notifíquese mediante oficio a la autoridad antes citada, a efecto de que se imponga de su conocimiento.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio de cuenta, mediante el cual, el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en representación del Titular de esa dependencia, informa que por oficio DGJ/DJC/SAF/1505/2018, de catorce de marzo del año en curso, se requirió a la Directora de Administración y Desarrollo de Personal, a efecto de que certifique las aportaciones del quejoso Ernesto Crespo Vega, al fondo de pensiones; sin embargo, agréguese a sus autos sin mayor pronunciamiento, toda vez que por acuerdo de trece del mes y año actual, se tuvo por cumplido el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional (fojas 268 a 270).
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio signado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Ernesto Crespo Vega. En relación a lo anterior, por acuerdo de veintiuno de febrero del año en curso (foja 253), se dio vista a la parte agraviada, con el oficio remitido por el Director del aludido Fondo, para que manifestara lo que a su derecho e interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el veintiséis de febrero del presente año (foja 255); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hubiere efectuado alguna manifestación. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ...En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 173 a 187), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades ahí precisadas, para el efecto de que: "1. El Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, emita la respuesta que corresponda congruente con la petición que le fue formulada por la quejosa el once de marzo de dos mil dieciséis y le sea notificada oportunamente, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, para lo cual deberá ordenar las diligencias conducentes y en su caso formular los requerimientos necesarios, con el objeto de que dentro del plazo de treinta días, que establece el artículo 61 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales para que en su oportunidad, realice la actividad que le corresponde en la elaboración del proyecto de dictamen así como en la convocatoria que debe hacer para su discusión y resolución respectivas, todo ello, en el ámbito competencial que le asiste conforme al artículo 10 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a pronunciarse en determinado sentido. 2. La Directora de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, certifique si la quejosa se encuentra al corriente de sus aportaciones al Fondo de Pensiones, a través de la elaboración de las hojas de servicio correspondientes relativas al trámite para la obtención de la pensión de retiro por edad solicitada, e informe lo anterior al Director responsable. 3. El Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, dentro del ámbito de su competencia legal, realicen en el mismo plazo (treinta días), la actividad que les corresponde para que, con plenitud de jurisdicción, concedan o nieguen la pensión solicitada por el justiciable, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 8º, fracción IV, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. 4. Hecho lo anterior, se notifique en breve término a la quejosa, por conducto de quien legalmente corresponda, la resolución que adopte respecto a la procedencia o improcedencia de la pensión solicitada, toda vez que la presente resolución no tiene el efecto de vincularla a formular dictamen en determinado sentido, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado." Resolución que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del amparo en revisión administrativo 1106/2017 (fojas 229 a 246); determinación que fue recibida por acuerdo de quince de febrero del año actual (fojas 247 a 248) y en esa misma fecha, se requirió a las autoridades responsables por su cumplimiento. Ante ello el Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante oficio sin número, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el dieciocho de febrero del presente año (foja 251), remitió copia certificada del dictamen de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio relativo al aquí quejoso, con su respectiva notificación de recibo (foja 252). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales y derechos humanos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley en comento, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho Acuerdo. En ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento alguno sobre el incidente de suspensión, en virtud de no haberse tramitado.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio signado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Ernesto Crespo Vega. En relación a lo anterior, por acuerdo de veintiuno de febrero del año en curso (foja 253), se dio vista a la parte agraviada, con el oficio remitido por el Director del aludido Fondo, para que manifestara lo que a su derecho e interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El acuerdo en mención se notificó a la parte quejosa el veintiséis de febrero del presente año (foja 255); por tal motivo, el término de tres días otorgado a dicha parte, para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta, sin que hubiere efectuado alguna manifestación. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página trescientos uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: ...En ese tenor, se tiene que por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 173 a 187), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades ahí precisadas, para el efecto de que: "1. El Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, emita la respuesta que corresponda congruente con la petición que le fue formulada por la quejosa el once de marzo de dos mil dieciséis y le sea notificada oportunamente, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado, para lo cual deberá ordenar las diligencias conducentes y en su caso formular los requerimientos necesarios, con el objeto de que dentro del plazo de treinta días, que establece el artículo 61 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, proceda con prontitud a tramitar y concluir el procedimiento conforme a los términos legales para que en su oportunidad, realice la actividad que le corresponde en la elaboración del proyecto de dictamen así como en la convocatoria que debe hacer para su discusión y resolución respectivas, todo ello, en el ámbito competencial que le asiste conforme al artículo 10 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, en el entendido de que se encuentra en plenitud de jurisdicción de determinar lo que conforme a derecho corresponda, ya que esta resolución no tiene el alcance de obligarla a pronunciarse en determinado sentido. 2. La Directora de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, certifique si la quejosa se encuentra al corriente de sus aportaciones al Fondo de Pensiones, a través de la elaboración de las hojas de servicio correspondientes relativas al trámite para la obtención de la pensión de retiro por edad solicitada, e informe lo anterior al Director responsable. 3. El Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, dentro del ámbito de su competencia legal, realicen en el mismo plazo (treinta días), la actividad que les corresponde para que, con plenitud de jurisdicción, concedan o nieguen la pensión solicitada por el justiciable, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 8º, fracción IV, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. 4. Hecho lo anterior, se notifique en breve término a la quejosa, por conducto de quien legalmente corresponda, la resolución que adopte respecto a la procedencia o improcedencia de la pensión solicitada, toda vez que la presente resolución no tiene el efecto de vincularla a formular dictamen en determinado sentido, en reparación de la violación al derecho de petición que tutela la Constitución Federal a favor de todo gobernado." Resolución que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, dentro del amparo en revisión administrativo 1106/2017 (fojas 229 a 246); determinación que fue recibida por acuerdo de quince de febrero del año actual (fojas 247 a 248) y en esa misma fecha, se requirió a las autoridades responsables por su cumplimiento. Ante ello el Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante oficio sin número, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado el dieciocho de febrero del presente año (foja 251), remitió copia certificada del dictamen de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio relativo al aquí quejoso, con su respectiva notificación de recibo (foja 252). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales y derechos humanos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley en comento, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho Acuerdo. En ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a hacer pronunciamiento alguno sobre el incidente de suspensión, en virtud de no haberse tramitado.
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