Ernesto César Cisneros

Expediente 1020/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1020/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
03/12/2020

Partes del expediente

  • Ernesto César Cisneros

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el ******************** de la Actuaria del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que comunica el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese sin mayor pronunciamiento, dado que mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se acordó lo conducente. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de la Actuaria del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que comunica el auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte. En éste, el Presidente de dicho Tribunal acusó recibo de las constancias remitidas vía interconexión, respecto del auto dictado en el juicio de amparo 1020/2020, del índice de este juzgado; lo registró con el toca Q.A.- 131/2020-V de su índice; y lo admitió a trámite. De lo anterior se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de la autorizada de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del auto de treinta de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente en que se actúa. Con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 99 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el recurso de que se trata, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja en el sentido de que es cierto que este juzgado emitió el acuerdo de treinta de octubre de dos mil veinte. Para el efecto, se remite el escrito original de agravios y las constancias relativas al presente juicio de amparo, vía interconexión, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a fin de que la Superioridad esté en posibilidad de emitir la resolución correspondiente. Se informa al Tribunal que el acuerdo impugnado es localizable en el portal de intranet. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por Ernesto César Cisneros, por propio derecho; contra actos del Subdirector de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1020/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Ernesto César Cisneros, ya que -como se explicara más adelante- se actualizan una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dispone: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia visible en la página ochocientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En primer término, debe precisarse que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Subdirector de Pensiones de la Dirección Normativa y Director, ambos de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el oficio SP/6965/2020 de uno de septiembre del año en curso, en el que se ajusta la cuota diaria pensionaria que percibe el promovente, lo anterior, en cumplimiento a la resolución dictada dentro del juicio contencioso administrativo 29851/17-17-14-2, del índice de la Décima Sala regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Precisado lo anterior y después de un estudio minucioso del escrito de demanda y anexos que se acompañan, con apoyo en lo que disponen los artículos 61, fracción XX, con relación al artículo 107 Constitucional y 113 de la ley de la materia, este órgano de control constitucional estima que debe desecharse el escrito de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia. Para demostrar la causa de improcedencia que se propone, este Juzgado de Distrito procede a exponer los siguientes razonamientos, así como a realizar la transcripción de los artículos señalados que considera resultan aplicables al caso concreto. Artículo 61, fracción XX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos previene lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley." "61. El juicio de amparo es improcedente: --- [.] ---- XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigan apara conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)." Ahora bien, la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. De acuerdo con ese lineamiento imperativo, debe puntualizarse que este juzgado, de oficio, advierte actualizada la causa de inejercitabilidad de la acción constitucional prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, pues de la revisión de autos se desprende que lo reclamado por la quejosa, sí puede ser impugnado mediante un nuevo recurso de queja ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En primer término, es conveniente tener presente que el juicio constitucional es un procedimiento de naturaleza extraordinaria, por lo que su procedencia está regida por reglas especiales y principios fundamentales. Así, dentro de dichas reglas esenciales que estructuran la procedencia del juicio de amparo, podemos localizar el principio de definitividad; regla que dirige la procedencia del juicio de derechos fundamentales únicamente respecto de actos definitivos, es decir, aquellos en los que no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. En otras palabras, la definitividad se constituye como un presupuesto de procedencia que implica que antes de acudir al juicio constitucional, se deberán agotar los recursos que prevé la Ley ordinaria, siempre y cuando sean idóneos para modificar, anular o revocar el acto u omisión de que se trate. Ahora bien, en el caso que nos ocupa de autos se desprende que, por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil diecinueve, el actor interpuso recurso de queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad, el cual se declaró fundado por interlocutoria de diez de octubre de dos mil diecinueve, requiriendo nuevamente a la autoridad demandada para que en el plazo de veinte días diera debido cumplimiento a la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Por su parte el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, antes citado dispone que para lograr el cumplimiento de las sentencias pronunciadas en los juicios de nulidad instaurados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa existen dos procedimientos, uno que se debe llevar de oficio y otro que inicia y se tramita a petición de parte. En el procedimiento de oficio la sala podrá requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes respecto del cumplimiento de la sentencia y, una vez fenecido el plazo, con informe o sin él, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso: a) Impondrá a la autoridad multa de apremio, requiriéndola para que cumpla con la sentencia en el plazo de tres días, previniéndole que, en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará a su superior jerárquico. b) Si al concluir el plazo persistiera la renuencia de la autoridad demandada a cumplir, se podrá requerir al superior jerárquico para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento se impondrá multa al superior jerárquico. c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, se podrá comisionar al funcionario jurisdiccional para que dé cumplimiento a la sentencia. d) Transcurridos los plazos señalados, la Sala pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de que se determine la responsabilidad del funcionario. En el procedimiento a petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la resolutora, la que procederá en contra de: a) La resolución que repita indebidamente el acto anulado o la que incurra en exceso o defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. b) La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido en los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, cuando se trate de una sentencia con base en las fracciones II y III del diverso 51 que obligó a la demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. c) Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. d) Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. Además en dicho precepto se precisa que la queja podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción del supuesto previsto en el inciso c), en que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento. Lo anterior se advierte de la tesis 2a. LXXVIII/2013 (10a.), que lleva por rubro: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE UNA VEZ POR CADA SUPUESTO [ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO]", así como de la jurisprudencia 2a./J. 154/2004, de rubro: "QUEJA. AQUELLA QUE BUSCA EL PUNTUAL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, PUEDE PROMOVERSE EN UNA SOLA OCASIÓN POR CADA UNO DE LOS SUPUESTOS DE SU PROCEDENCIA (ARTÍCULO 239-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN). Por esa razón, aun cuando el aquí recurrente hubiere promovido una primera queja por el defecto, eso de ningún modo excluye la posibilidad de que intente la queja por incumplimiento. Pues es evidente que lo que pretende el hoy recurrente es reclamar el incumplimiento de la sentencia, no así el defectuoso cumplimiento, ello en virtud de que la sala de origen declaró fundada su queja por defecto; cuestión que debe dilucidar la sala, para que en su caso el hoy recurrente pueda impugnar esa decisión en la vía correspondiente. En esas condiciones, previo a la promoción del juicio de amparo del que deriva el presente asunto, se debió agotar el medio de impugnación previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), por tratarse de un recurso idóneo para instar el cumplimiento de las sentencias de dicho tribunal y evitar la contumacia de las autoridades respecto de su debido acatamiento. De ahí que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XX en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo, promovida por Ernesto César Cisneros. Atención al público. Se informa a las partes que, para la atención presencial, deberán sujetarse a lo señalado en el Acuerdo General 21/2020. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizados en términos amplios a Octavio Erasmo Takami Hernández y Mónica Caballero Castillo, de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte de la Ley de Amparo; asimismo, respecto a las diversas personas mencionadas se autoriza únicamente para efecto de oír y recibir notificaciones. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Protección de datos personales y transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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