Ernesto Catanares Ferreiro
Expediente 171/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ernesto Catanares Ferreiro
- Elieser Cabrera Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: DESTINO PRINCIPAL Es depurable de conformidad con el diverso 18 fracción I, inciso a) del acuerdo general citado porque se concedió la suspensión de oficio o de plano, dicha medida cautelar tiene efectos definitivos, por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años , contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincidan en totalidad. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 171/2021, promovido por Ernesto Catanares Ferreiro y Elieser Cabrera Álvarez y R e s u l t a n d o: Primero. Por demanda presentada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla y remitida al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla el mismo día, Ernesto Catanares Ferreiro y Elieser Cabrera Álvarez, solicitan el amparo y protección de la justicia federal en contra del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, y otras autoridades, por considerar que los actos reclamados infringen los artículos 1, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos actos los hicieron consistir en la revisión migratoria 143/2019, la reclusión en la estancia migratoria desde el treinta de agosto de dos mil diecinueve. Segundo. Por acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve el citado juzgador registró, formó y admitió el juicio de amparo 2021/2020; decretó la suspensión de plano respecto de los actos reclamados, solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación de esa adscripción; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. En proveído veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, el citado juzgador federal dio vista a los impetrantes con la razón de imposibilidad de notificar los oficios dirigidos a las autoridades denominadas Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla y Titular de la Estación Migratoria en el Estado, apercibido que de no hacer manifestación alguna se dejarían de tener como responsables, sin que los impetrantes atendieran dicho requerimiento. Cuarto. Finalmente, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia en Materia Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla celebró la audiencia constitucional y el treinta de diciembre de dos mil diecinueve emitió la sentencia correspondiente. Quinto. Inconformes, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa bajo el número de toca 81/2020, mismo que en sesión de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, determinó revocar la sentencia recurrida, no así la audiencia constitucional, y declaró que el juzgado de distrito de amparo carece de competencia legal para conocer del presente asunto y ordenó remitirlo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en Puebla. Sexto. En determinación de tres de marzo de dos mil veintiuno, este juzgado tuvo por recibida la citada ejecutoria, así como los autos del referido juicio de amparo, con los cuales registro, formó y admitió el juicio de amparo 171/2021, dio la intervención que corresponde a la Representación Social de la Federación de esa adscripción; y, turno los autos para el dictado de la sentencia correspondiente. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es competente para conocer y resolver el presente juicio conforme a los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Puebla, entidad en la que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Previamente al estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y de la lectura integral del escrito de demanda y las constancias de autos, se fijan como actos reclamados por los quejosos los siguientes: a) La orden de deportación. b) La orden de revisión migratoria 143/2019 y su ejecución. c) El alojamiento, de treinta de agosto de dos mil diecinueve. d) El acuerdo en el que se prorroga dicho alojamiento por quince días más, de veinte de septiembre de dos mil diecinueve. e) Las consecuencias de los referidos alojamientos, es decir, permanecer privados de la libertad. Cabe destacar que los actos reclamados indicados en lo incisos b), c), d) y e) derivan de los procedimientos migratorios E.A. /1S.9 /ORPUE /EM /1791 /2019 y E.A. /1S.9 /ORPUE /EM /1790 /2019, así mismo debe indicarse que este último acto se precisa del análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, pues si bien los quejosos en su demanda de amparo únicamente hacen referencia al alojamiento decretado a los mismos el treinta de agosto de dos mil diecinueve lo cierto es que en su demanda en los conceptos de violación se advierte que se duelen de que a la fecha de la presentación de la demanda continúan alojados en la estación migratoria. Finalmente, cabe indicar que debe dejarse de tener como autoridades responsables a Delegado del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla y Titular de la Estación Migratoria en el Estado, lo anterior, en virtud de que a pesar de ser requeridos los impetrantes no hicieran manifestación alguna, de ahí que deba hacerse efectivo dicho apercibimiento y dejarse de tener como responsables. TERCERO. Inexistencia del acto. Es inexistente la orden de deportación. En efecto, las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron la existencia de dichos actos, negativa que se corrobora con las copias certificadas de los expedientes migratorios E.A. /1S.9 /ORPUE /EM /1791 /2019 y E.A. /1S.9 /ORPUE /EM /1790 /2019, que remitieron las autoridades migratorias no se advierte que se haya decretado la deportación de los impetrantes, sin que ellos ofrecieran prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa; de ahí que dichos mandamientos resulten inexistentes. De igual manera debe tenerse por inexistentes los actos reclamados consistentes en (c) el alojamiento (de treinta de agosto de dos mil diecinueve) y (d) su prórroga (de veinte de septiembre de dos mil diecinueve) respecto del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado y del Comisionado del Instituto Nacional de Migración; en tanto que de las constancias antes citadas se advierte que fue la Subdirectora de la Estación Migratoria quien emitió dichos actos, de ahí que respecto de esas autoridades tampoco pueda tenerse por ciertas las consecuencias de los citados actos reclamados. Finalmente, debe tenerse por inexistente el acto reclamado consistente en la (b) orden de revisión migratoria 143/2019 y su ejecución, con relación al Comisionado del Instituto Nacional de Migración y de la Subdirectora de la Estación Migratoria; pues de los referidos expedientes migratorios fue la Subdirectora de la Estación Migratoria quien emitió dicho acto; por lo que tampoco pueda tenerse por cierta la ejecución de ese acto. Por tanto, se actualiza el supuesto previsto en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, por lo cual se decreta el sobreseimiento. CUARTO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados consistentes en la orden de revisión migratoria 143/2019 y su ejecución; el alojamiento y su prórroga y sus consecuencias (identificados con los incisos b), c), d) y e), respecto del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado y Subdirectora de la Estación Migratoria, respectivamente, por así reconocerlo al rendir su respectivo informe justificado y cuya existencia se evidencia con los expedientes de migración valorados en el considerando que antecede. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo se analizan las causales de improcedencia que se advierten de oficio, cuyo estudio es preferente y de orden público. Respecto del acto reclamado consistente en orden de revisión migratoria 143/2019 atribuido a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado, su ejecución, así como como el alojamiento (decretado el treinta de agosto de dos mil diecinueve) y su prórroga de quince días (de veinte de septiembre de dos mil diecinueve) reclamadas a la Subdirectora de la Estación Migratoria, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, dado que los quejosos los consintieron tácitamente, por no promover el juicio de amparo dentro de los plazos legales. Al respecto, el artículo 17 de la Ley de la Materia, prevé el plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo. Lapso que en conformidad con el diverso 18 de ese mismo ordenamiento, correrá a partir del día siguiente: 1) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; 2) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o 3) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. De una recta interpretación del precepto citado se desprende que los supuestos antes precisados son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, respecto a la orden de revisión migratoria 143/2019 atribuida a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado, y su ejecución, así como del alojamiento, (decretado el treinta de agosto de dos mil diecinueve) reclamados a la Subdirectora de la Estación Migratoria, se advierte que el treinta de agosto de dos mil diecinueve los quejosos ya tenían conocimiento de dichos actos, puesto que respecto del primero así lo reconocen, bajo protesta de decir verdad, en su escrito de demanda pues en esencia señalan que esa data fueron objeto de la revisión que reclaman y del segundo acto se advierte que firmaron al calce el acuerdo del mismo treinta de agosto de dos mil diecinueve, por ende, en esa fecha se tienen sabedores de los referidos actos. Contexto en el que el término de quince días transcurrió en exceso pues comenzó a computarse el dos de septiembre siguiente y concluyó el veintiuno de ese mes y año, descontándose de dicho cómputo los días siete, ocho, catorce, quince y dieciséis, por ser días inhábiles. Por tanto, si la demanda de amparo la presentó hasta el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, es evidente que la acción de amparo contra la citada revisión y su ejecución, así como del alojamiento decretado el treinta de agosto del actual, se promovió en forma extemporánea. De igual manera, el juicio de amparo resulta extemporáneo respecto de la prórroga del alojamiento de quince días (de veinte de septiembre de dos mil diecinueve) reclamados a la Subdirectora de la Estación Migratoria, lo anterior en virtud de que de los expedientes migratorios E.A. /1S.9 /ORPUE /EM /1791 /2019 y E.A. /1S.9 /ORPUE /EM /1790 /2019 se advierte que dichos actos les fueron notificados a los impetrantes el propio veinte de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que surte efectos el mismo día conforme al artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aplicado de manera supletoria a la Ley Nacional de Migración, en términos de su artículo 77. En consecuencia, el término de quince días transcurrió en exceso pues comenzó a computarse el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve y concluyó el once de octubre de la antepasada anualidad, descontándose de dicho cómputo los días veintiocho y veintinueve de septiembre, cinco y seis de octubre de dos mil diecinueve. Por tanto, si la demanda de amparo la presentó hasta el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, es evidente respecto de dicho acto la acción de amparo también se promovió en forma extemporánea. Sin que sea obstáculo a la conclusión anterior que los quejosos señalara en su escrito de demanda que su autorizado tuvo acceso a los actos reclamados hasta el siete de octubre de dos mil diecinueve, en tanto que en autos está demostrado que tuvieron conocimiento los actos reclamados el treinta de agosto y vente de septiembre de dos mil diecinueve, por lo que debe partirse de estas últimas datas para realizar el computo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues de lo contrario se permitiría a la particular decidir discrecionalmente la promoción del juicio de amparo, aun cuando previamente ya había tenido conocimiento. Ante ello, resulta inconcuso que respecto los actos reclamados consistentes en la orden de revisión migratoria 143/2019 atribuido a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado, su ejecución, así como como el alojamiento (decretado el treinta de agosto de dos mil diecinueve) y su prórroga de quince días (de veinte de septiembre de dos mil diecinueve) reclamadas a la Subdirectora de la Estación Migratoria procede sobreseer en el juicio de garantías en conformidad con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. Finalmente, respecto del acto identificado con el incido e) consistente en las consecuencias de los referidos alojamientos, es decir, que continuaran privados de la libertad, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en tanto que han cesado los efectos del acto reclamado. Para precisar los alcances de la expresión "cesado los efectos" resultan útiles las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar lo dispuesto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, por que dicha disposición y la transcrita son idénticas. La sala en cita estimó que la improcedencia del juicio por cesación de efectos ocurre cuando éstos fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo a la parte quejosa; esto es, como si el acto no hubiera invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, ya que la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá en la esfera de derechos de los quejosos. La interpretación aludida puede advertirse en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". En el caso, se actualiza la hipótesis legal en comento, pues de los autos que integran el presente juicio de amparo se desprende lo siguiente: I. Los impetrantes reclaman las consecuencias de los referidos alojamientos, es decir, que continuaran privados de la libertad en la estancia migratoria, derivado del alojamiento y prorrogas decretados en los expedientes migratorios E.A. /1S.9 /ORPUE /EM /1791 /2019 y E.A. /1S.9 /ORPUE /EM /1790 /2019. II. Por su parte, se advierte que el siete de enero de dos mil veinte la Subdirectora responsable dejó en libertad a los quejosos bajo la figura de custodia, a cargo de Paola Romero Méndez, al haber exhibido la carta responsiva correspondiente y los billetes de depósito por la cantidad de quince mil pesos moneda nacional ($15,000.00), por cada uno de los quejosos. Lo cual, pone de manifiesto que cesaron los efectos del acto reclamado consistente en las consecuencias de los alojamientos decretados, en tanto que los impetrantes fueron puestos en libertad, bajo la figura de custodia a cargo de Paola Romero Méndez; en consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. No es obstáculo a lo anterior que en un principio la libertad de los impetrantes también fuera ordenada a consecuencia de la concesión de amparo otorgara en sentencia pronunciada por el Juez Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y del Trabajo y de Juicios Federales en el treinta de diciembre de dos mil diecinueve dentro de los autos del juicio de amparo 2021/2019 de su índice y que con posterioridad dicha sentencia fuera revocada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en el toca 81/2020; pues como se dijo en párrafos precedentes los impetrantes fueron puestos en libertad bajo la figura de custodia, a cargo de Paola Romero Méndez, figura que se encuentra legalmente reconocida por la Ley Nacional de Migración, en su artículo 102; de ahí que el que se revocara la sentencia citada, en modo alguno puede trastocar el citado beneficio otorgados a los impetrantes. En tales condiciones, al actualizarse las referidas causas de improcedencia procede sobreseer en el presente juicio de garantía, en términos del artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 63, fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Amparo se, RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Ernesto Catanares Ferreiro y Elieser Cabrera Álvarez, respecto de los actos consistentes en orden de revisión migratoria 143/2019, su ejecución, así como como el alojamiento (decretado el treinta de agosto de dos mil diecinueve) y su prórroga de quince días (veinte de septiembre de dos mil diecinueve) y que como consecuencia los quejosos continuaran privados de su libertad, precisados en el considerando tercero y quinto, por los motivos expuestos en el diverso cuarto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando sexto de este fallo.
- Principal
Puebla, Puebla, dieciséis de marzo de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por medio del cual en cumplimiento al auto de dos de marzo del año en curso, remite copia de la lista de notificación publicada el ocho del presente mes y año, en los estrados del órgano jurisdiccional de su adscripción, lo cual se toma en consideración a fin de que surta los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, y tomando en consideración que el quejoso Ernesto Catanares Ferreiro y otro, a la fecha no ha señalado domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, en tal virtud, se le hace efectivo el apercibimiento de fecha dos de marzo de dos mil veinte, y con fundamento en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, notifíquese por lista a la referida parte el presente proveído, así como los subsecuentes aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto.
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