Ernesto Castruita Varela
Expediente 1118/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1118/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ernesto Castruita Varela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA .DEL PROVEIDO DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Como del estado procesal que guardan los autos y de la certificación de cuenta se advierte que ha fenecido el término de quince días que establece el artículo 202, en relación con el 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el proveído de quince de abril de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de garantías, sin que en ese lapso se hayan inconformado; en consecuencia, se declara que dicho auto ha CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, mientras que el juicio en que se actúa y el original del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN, dado que se concedió el amparo, y se concedieron la suspensión provisional y la definitiva, lo anterior en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos originales exhibidos en autos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos correrán la misma surte que el juicio de amparo en que se actúa. ";.LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
. CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE:" Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado procede a pronunciarse respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante resolución de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, este juzgado CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a -, en contra de los actos que reclamó al Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia y actuario de su adscripción, en los términos siguientes: ".Por consiguiente, lo procedente es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia de la Unión a -, para el efecto de que el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia y en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo: 1. Deje sin efectos el embargo trabado el veintiséis de enero de dos mil diez, dentro del juicio ejecutivo mercantil 940/2015 de su índice, así como todos los actos tendentes a afectar los derechos que tiene la parte quejosa sobre el bien inmueble embargado consistente en la parte alícuota del predio rústico denominado -", ubicado en el rancho del mismo nombre del Municipio -, Michoacán, incluidos los actos de ejecución de sentencia tendentes a valuar, y rematar dicho bien; y, 2. Ordene al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio de este Estado de Michoacán, la cancelación de las anotaciones derivadas del embargo trabado en el juicio de origen, respecto del bien inmueble descrito en punto anterior, únicamente sobre los derechos que correspondan a la parte quejosa, a fin de restituirla en el pleno goce de sus derechos violados en términos del artículo 77 de la ley de la materia. Concesión de amparo que se hace extensiva al acto reclamado de la autoridad responsable ejecutoria actuario adscrito al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pues al resultar ilegal el embargo, debe concluirse lo mismo respecto a su ejecución y consecuencias ". Por auto de once de marzo del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia; se les requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días (fojas 73 y 74). Posteriormente mediante oficio 520/2019 recibido el quince de marzo de dos mil diecinueve, el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, adjuntó el auto de fecha trece del mismo mes y año en mención en el cual dejó sin efectos el embargo trabado el veintiséis de enero de dos mil diez, dentro del juicio ejecutivo mercantil 940/2015 de su índice así como todos los actos tendientes a afectar los derechos que tiene la parte quejosa - sobre el bien inmueble embargado consistente en la parte alícuota del predio rústico denominado - ubicado en el rancho del mismo nombre del Municipio de Acuitzio de Canje, Michoacán, incluidos los actos de ejecución de sentencia tendientes a valuar y rematar dicho bien, actos que se ven reflejados en los proveídos de veintidós de junio de dos mil dieciséis, donde se pusieron los autos en estado de ejecución y se ordenó sacar a remate la parte alícuota del predio en cuestión, el auto de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete donde se tuvo por exhibido el avalúo del inmueble en cita, auto de dos de febrero de dos mil diecisiete, donde se declaró firme el avalúo referido, y todos los demás actos tendientes a la ejecución y/o remate del bien inmueble multireferido. Asimismo, ordenó la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de las anotaciones derivadas del referido embargo, y para ese efecto giró oficio al Director del Registro Público en el Estado para que procediera a cancelar la inscripción referida al embargo que registró bajo el número 26, del tomo 8423. Seguidamente, a través del diverso oficio 586/2019 recibido en este órgano jurisdiccional el veintiséis de marzo del año en curso, el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, comunicó y acreditó con las constancias respectivas, la cancelación del registro descrito en el párrafo que antecede (fojas 86-95). Es así, que este Juzgador estima que las autoridades han dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el juez responsable dejó sin efectos el embargo trabado dentro del juicio ejecutivo mercantil 940/2015 y ordenó al Director del Registro Público en el Estado la cancelación de la inscripción relativa, lo que así acreditó. Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria emitida en esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." ;. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
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Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado procede a pronunciarse respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante resolución de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, este juzgado CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a -, en contra de los actos que reclamó al Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia y actuario de su adscripción, en los términos siguientes: ".Por consiguiente, lo procedente es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia de la Unión a -, para el efecto de que el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia y en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo: 1. Deje sin efectos el embargo trabado el veintiséis de enero de dos mil diez, dentro del juicio ejecutivo mercantil 940/2015 de su índice, así como todos los actos tendentes a afectar los derechos que tiene la parte quejosa sobre el bien inmueble embargado consistente en la parte alícuota del predio rústico denominado -", ubicado en el rancho del mismo nombre del Municipio -, Michoacán, incluidos los actos de ejecución de sentencia tendentes a valuar, y rematar dicho bien; y, 2. Ordene al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio de este Estado de Michoacán, la cancelación de las anotaciones derivadas del embargo trabado en el juicio de origen, respecto del bien inmueble descrito en punto anterior, únicamente sobre los derechos que correspondan a la parte quejosa, a fin de restituirla en el pleno goce de sus derechos violados en términos del artículo 77 de la ley de la materia. Concesión de amparo que se hace extensiva al acto reclamado de la autoridad responsable ejecutoria actuario adscrito al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pues al resultar ilegal el embargo, debe concluirse lo mismo respecto a su ejecución y consecuencias ". Por auto de once de marzo del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia; se les requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días (fojas 73 y 74). Posteriormente mediante oficio 520/2019 recibido el quince de marzo de dos mil diecinueve, el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, adjuntó el auto de fecha trece del mismo mes y año en mención en el cual dejó sin efectos el embargo trabado el veintiséis de enero de dos mil diez, dentro del juicio ejecutivo mercantil 940/2015 de su índice así como todos los actos tendientes a afectar los derechos que tiene la parte quejosa - sobre el bien inmueble embargado consistente en la parte alícuota del predio rústico denominado - ubicado en el rancho del mismo nombre del Municipio de Acuitzio de Canje, Michoacán, incluidos los actos de ejecución de sentencia tendientes a valuar y rematar dicho bien, actos que se ven reflejados en los proveídos de veintidós de junio de dos mil dieciséis, donde se pusieron los autos en estado de ejecución y se ordenó sacar a remate la parte alícuota del predio en cuestión, el auto de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete donde se tuvo por exhibido el avalúo del inmueble en cita, auto de dos de febrero de dos mil diecisiete, donde se declaró firme el avalúo referido, y todos los demás actos tendientes a la ejecución y/o remate del bien inmueble multireferido. Asimismo, ordenó la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de las anotaciones derivadas del referido embargo, y para ese efecto giró oficio al Director del Registro Público en el Estado para que procediera a cancelar la inscripción referida al embargo que registró bajo el número 26, del tomo 8423. Seguidamente, a través del diverso oficio 586/2019 recibido en este órgano jurisdiccional el veintiséis de marzo del año en curso, el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, comunicó y acreditó con las constancias respectivas, la cancelación del registro descrito en el párrafo que antecede (fojas 86-95). Es así, que este Juzgador estima que las autoridades han dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el juez responsable dejó sin efectos el embargo trabado dentro del juicio ejecutivo mercantil 940/2015 y ordenó al Director del Registro Público en el Estado la cancelación de la inscripción relativa, lo que así acreditó. Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria emitida en esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADO MEDIANTE LISTA AL TERCERO INTERESADO ., DEL PROVEÍDO DE QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ". Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este juzgado procede a pronunciarse respecto al cumplimiento realizado por la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Mediante resolución de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, este juzgado CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a -, en contra de los actos que reclamó al Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia y actuario de su adscripción, en los términos siguientes: ".Por consiguiente, lo procedente es CONCEDER el amparo y protección de la Justicia de la Unión a -, para el efecto de que el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia y en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo: 1. Deje sin efectos el embargo trabado el veintiséis de enero de dos mil diez, dentro del juicio ejecutivo mercantil 940/2015 de su índice, así como todos los actos tendentes a afectar los derechos que tiene la parte quejosa sobre el bien inmueble embargado consistente en la parte alícuota del predio rústico denominado -", ubicado en el rancho del mismo nombre del Municipio -, Michoacán, incluidos los actos de ejecución de sentencia tendentes a valuar, y rematar dicho bien; y, 2. Ordene al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio de este Estado de Michoacán, la cancelación de las anotaciones derivadas del embargo trabado en el juicio de origen, respecto del bien inmueble descrito en punto anterior, únicamente sobre los derechos que correspondan a la parte quejosa, a fin de restituirla en el pleno goce de sus derechos violados en términos del artículo 77 de la ley de la materia. Concesión de amparo que se hace extensiva al acto reclamado de la autoridad responsable ejecutoria actuario adscrito al Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pues al resultar ilegal el embargo, debe concluirse lo mismo respecto a su ejecución y consecuencias ". Por auto de once de marzo del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia; se les requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días (fojas 73 y 74). Posteriormente mediante oficio 520/2019 recibido el quince de marzo de dos mil diecinueve, el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, adjuntó el auto de fecha trece del mismo mes y año en mención en el cual dejó sin efectos el embargo trabado el veintiséis de enero de dos mil diez, dentro del juicio ejecutivo mercantil 940/2015 de su índice así como todos los actos tendientes a afectar los derechos que tiene la parte quejosa - sobre el bien inmueble embargado consistente en la parte alícuota del predio rústico denominado - ubicado en el rancho del mismo nombre del Municipio de Acuitzio de Canje, Michoacán, incluidos los actos de ejecución de sentencia tendientes a valuar y rematar dicho bien, actos que se ven reflejados en los proveídos de veintidós de junio de dos mil dieciséis, donde se pusieron los autos en estado de ejecución y se ordenó sacar a remate la parte alícuota del predio en cuestión, el auto de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete donde se tuvo por exhibido el avalúo del inmueble en cita, auto de dos de febrero de dos mil diecisiete, donde se declaró firme el avalúo referido, y todos los demás actos tendientes a la ejecución y/o remate del bien inmueble multireferido. Asimismo, ordenó la cancelación de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de las anotaciones derivadas del referido embargo, y para ese efecto giró oficio al Director del Registro Público en el Estado para que procediera a cancelar la inscripción referida al embargo que registró bajo el número 26, del tomo 8423. Seguidamente, a través del diverso oficio 586/2019 recibido en este órgano jurisdiccional el veintiséis de marzo del año en curso, el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, comunicó y acreditó con las constancias respectivas, la cancelación del registro descrito en el párrafo que antecede (fojas 86-95). Es así, que este Juzgador estima que las autoridades han dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el juez responsable dejó sin efectos el embargo trabado dentro del juicio ejecutivo mercantil 940/2015 y ordenó al Director del Registro Público en el Estado la cancelación de la inscripción relativa, lo que así acreditó. Por consiguiente, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable en cita, a la ejecutoria emitida en esta instancia constitucional, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."; LO ANTERIOR POR ESTAR ASÍ ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, TODA VEZ QUE DICHO TERCERO INTERESADO A LA FECHA NO SE HA APERSONADO NI HA DESIGNADO DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN ESTA CIUDAD.
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