Ernesto Carlos Sanchez Molina

Expediente 174/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
174/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Ernesto Carlos Sanchez Molina

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta, mediante la cual el actuario judicial informa la imposibilidad que tuvo para notificar al promovente el proveído de diecisiete de marzo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele dicha determinación, así como las subsecuentes actuaciones personales, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado... Tijuana, Baja California, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte que el directamente agraviado Ernesto Carlos Sánchez Molina, no ratificó la demanda de derechos fundamentales promovida en su favor por Eduardo Espinoza Luna; en consecuencia, se tiene por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efectos las providencias dictadas en auto de quince de marzo del año en curso, de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado...

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve Eduardo Espinoza Luna, en su carácter de asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública, en favor de Ernesto Carlos Sánchez Molina, contra actos del titular del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad, por considerar que se vulneran en perjuicio del directamente agraviado los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 11, 14, 16 y 21 constitucionales; por lo tanto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 174/2021-F. Se decreta la suspensión de plano Considerando que en la demanda se precisan como actos reclamados, entre otros, el inminente peligro a ser deportado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute la orden de salida del país o deportación si es que a la fecha no lo ha sido, y en caso de haberse llevado a cabo dicho acto hasta antes de la materialización de la deportación, permanezca el quejoso en el lugar donde se encuentre, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad; debiendo quedar el agraviado a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad administrativa que corresponda en cuanto a la continuación del procedimiento respectivo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, diciembre de 2007, tomo XXVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Además, las autoridades responsables, deberán bajo su más estricta responsabilidad, salvaguardar la integridad física y la vida del directamente agraviado. Por otra parte, en cuanto a los actos consistentes en la ilegal detención o privación de la libertad, con fundamento en el numeral 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que pongan a Ernesto Carlos Sánchez Molina, a disposición del Ministerio Público correspondiente, si su detención deriva de la comisión de un delito. En la inteligencia que si la detención del directamente agraviado, no tiene relación con la comisión de un delito deberá ser puesto en libertad, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables; lo anterior, en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia PC.X. J/15 K sustentada por el Pleno del Décimo Circuito, visible en la página 879, libro 78, septiembre de 2020, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. Cuando una persona con calidad de migrante solicita el amparo contra su posible deportación o repatriación y simultáneamente reclama actos restrictivos de su libertad personal, efectuados por autoridades administrativas distintas al Ministerio Público, el juzgador de amparo, en atención a los principios de continencia de la causa y pro persona, deberá otorgar la suspensión de oficio y de plano respecto de ambos actos en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y fijar los requisitos de eficacia que estime pertinentes conforme lo establecen los artículos 138, fracción I y 164, del referido ordenamiento, aun cuando el primero de los indicados artículos se refiere a la suspensión provisional. Lo anterior en razón de que no se puede ordenar la libertad del quejoso, sin que se fijen medidas de eficacia y tampoco se pueden desvincular los actos privativos de la libertad consistentes en la deportación del quejoso, pudiendo en su caso, tomarse como parámetro, sin ser vinculantes, las condicionantes establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración." Informe de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, rindan informe en acato a la suspensión de plano, apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo, y 215 del Código Penal Federal. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 de la ley de la materia, requiérase al directamente agraviado para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada, quedando sin efectos las providencias dictadas; por tanto, se comisiona indistintamente a cualquiera de los actuarios de este juzgado, a fin de que proceda a su localización en el lugar que refiere el promovente en el ocurso de demanda. Asimismo, se instruye al fedatario judicial de la adscripción para que al momento de la notificación del presente proveído, asiente las condiciones físicas en las que se encuentre el directamente agraviado. De igual manera, de advertirse que se encuentra a disposición de alguna autoridad no señalada como responsable, se le conmina que lo requiera para que en el acto de la notificación, manifieste si es su interés ampliar la demanda por la autoridad correspondiente. Se faculta al fedatario judicial adscrito, para que una vez apersonado en los domicilios en los que se encuentren ubicadas las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir el comunicado a ellas dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Domicilio y autorizados Se reserva acordar lo conducente respecto del domicilio procesal y designación de autorizados, hasta en tanto sea ratificada la demanda. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 9,757 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano