Ernesto Camarillo Cortés
Expediente 261/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ernesto Camarillo Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Córdoba, Veracruz, once de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veinte de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que todas las autoridades se encuentren notificadas o que les transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; toda vez que el sentido de la sentencia no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte fue concedida y por la otra negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente..
- Incidental
Córdoba, Veracruz, once de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el veinte de abril de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que todas las autoridades se encuentren notificadas o que les transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; toda vez que el sentido de la sentencia no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte fue concedida y por la otra negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados; debiendo conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente...
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Córdoba, Veracruz, a las diez horas del veinte de abril de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 261/2020 promovido por ., ..A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente: escrito de demanda de amparo presentado por .; y con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Acto seguido, la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Abierto el periodo probatorio, la Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por el quejoso, mismas que fueron relacionadas, admitidas y desahogadas mediante proveído de diez de junio de dos mil veinte. Asimismo, con las constancias remitidas por el 1. y 2. Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz; y por el 3. .; mismas que fueron relacionadas mediante proveídos de seis de agosto, once de noviembre, ambos de dos mil veinte, y diez de febrero del año en curso. Acto continuo, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas relacionadas, dada su especial naturaleza; luego, al no haber más pruebas que relacionar, se da por concluida esta etapa. Abierto el período de alegatos, la Secretaria hace constar que mediante proveído de tres de septiembre de dos mil veinte, se tuvo al quejoso ., formulando alegatos, sin que las demás partes hayan hecho uso de ese derecho. Acto continuo, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de la Materia, se tienen realizadas las manifestaciones de la parte quejosa; luego, al no existir alegatos formulados por las partes, se da por concluido este periodo procesal. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, por lo anterior se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar sentencia. Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 261/2020, promovido por ., contra actos del 1. Presidente de la Junta Especial número Cincuenta y cuatro, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 5, 4, 14, 16 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de junio de dos mil veinte, ante el Secretario de Guardia de este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, . acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de las autoridades responsables que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Presidente de la Junta Especial número Cincuenta y cuatro, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz. 2. Junta Especial número Cincuenta y cuatro, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz. ACTOS RECLAMADOS: "(.) PRIMERO.- Del Presidente y de la Junta Federal No 54 de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Orizaba, Ver., reclamo la emisión del MEMORANDUN, sin fecha publicado en la entrada de esa autoridad por parte del PRESIDENTE de esa Junta en el cual se emiten medidas mediante el cual suspende todas las audiencias y diligencias programadas, pues con esta suspensión de actividades no puedo requerir de pago el cumplimiento al IMSS del laudo dictado en los autos del expediente ., para que ese organismo se vea obligado a reactivar mis derechos a la prestación del servicio médico, ya que por mi edad soy más vulnerable al COVID-19 que el resto de la población y además a la fecha no se me han reactivado mis derechos relativos al cobro de pensión, por lo cual no tengo medio alguno para hacerme de mis propios alimentos. SEGUNDO.- Así como los efectos que lleguen a producir los actos reclamados, en este caso serían las dilaciones SUBSECUENTES, en que inminentemente incurriría la Junta responsable". SEGUNDO. Prevención de la demanda de amparo. El cinco de junio de ese año, se previno al quejoso para que dentro del término de cinco días legalmente computado, precisara si también era su deseo señalar como acto reclamado el comunicado emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México, el veintiocho de mayo de dos mil veinte, y como autoridades responsables a la citada Junta y a la Delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Orizaba, Veracruz (fojas 16 y 17). En cumplimiento a dicha prevención, mediante escrito presentado el nueve de los citados mes y año, el peticionario manifestó que sí era su deseo señalar como acto reclamado el referido comunicado y como autoridades responsables a la citada Junta Federal y al Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 19). Asimismo, el impetrante precisó que lo reclamado al Instituto Mexicano del Seguro Social es que "(.) a pesar de haber sido requerido por la Junta federal no ha reactivado la prestación del servicio médico y los derechos relativos al pago de la pensión y la falta de pago del laudo relativo a los autos del expediente . (.)". TERCERO. Admisión y trámite de la demanda de amparo. El diez de junio del año pasado, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y citó a las partes a la audiencia constitucional (fojas 20 a 21). CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. El día de hoy, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ello debido a que, de ser ciertos los actos reclamados, sus efectos se producirían en el territorio comprendido dentro de la jurisdicción territorial asignada a este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlos, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda, así como del contenido de los informes justificados, se advierte que aquéllos consisten en: De la 2. Junta Especial número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, y de su 1. Presidente: a) El memorándum sin fecha, relativo a la suspensión de labores de, entre otras actividades, audiencias y diligencias programadas en los asuntos tramitados ante dicha Junta. Del 3. Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Orizaba, Veracruz: b) La abstención de reactivar la prestación del servicio médico al quejoso. c) La abstención de reactivar los derechos relativos al pago de la pensión y de realizar el pago de lo condenado. Lo anteriores dos actos, en cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral ., del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz. De la 4. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México: d) El comunicado publicado en el boletín laboral el veintiocho de mayo de dos mil veinte, en el que se informa que se amplía el periodo de suspensión de las audiencias y diligencias programadas desde el uno de junio de ese año, hasta que la autoridad sanitaria competente dicte las medidas necesarias para la reanudación de las actividades presenciales y determine que no existe riesgo epidemiológico relacionado con la apertura de actividades. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta vía constitucional. TERCERO. Inexistencia de un acto reclamado. No es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable denominada 3. Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en b) la abstención de reactivar la prestación del servicio médico al quejoso en cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral ., del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz. Lo anterior, toda vez que así lo manifestó dicha autoridad responsable al rendir su informe justificado, por conducto de su apoderado legal (foja 54). Lo que se corrobora con el contenido de la copia certificada del laudo de once de julio de dos mil diecinueve, dicado en el expediente laboral . (fojas 136 a 142), de cuya lectura se advierte que lo que esencialmente reclamó el peticionario en dicho asunto fue la rectificación de la cuantificación del monto de su pensión, sin que se aprecie que éste haya planteado que le fue suspendida la prestación del servicio médico. En congruencia con ello, del análisis de tal resolución no se aprecia que el demandado, Instituto Mexicano del Seguro Social, haya sido condenado a reactivar la prestación del servicio médico al impetrante. Documental pública que cuenta con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de . aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido certificada su autenticidad por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Luego, no es cierto que el referido instituto se haya abstenido de llevar a cabo la reactivación del servicio médico en los términos en que fue planteado por el quejoso, esto es, incumpliendo con lo condenado en el citado laudo. De ahí que el mencionado acto resulte inexistente y, por ende, deba sobreseerse en el presente juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados precisados en los incisos a), c) y d), atribuidos respectivamente a las autoridades responsables denominadas 1. Presidente y 2. Junta Especial Número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, 3. Instituto Mexicano del Seguro Social, los tres con sede en Orizaba, Veracruz, y 4. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. Lo anterior, pues si bien las autoridades identificadas con los números 1, 2 y 4, al rendir sus respectivos informes justificados manifestaron negar los actos, de la lectura integral de los mismos se advierte que en realidad aceptan su existencia (fojas 95, 96 y 73 a 75). Por lo que respecta a la autoridad identificada con el número 3, simplemente acepta su existencia (fojas 40 a 57). Lo que se corrobora con las copias certificadas deducidas del expediente laboral . y del comunicado publicado en el boletín laboral el veintiocho de mayo de dos mil veinte, emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la Ciudad de México. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido certificada su autenticidad por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. De ahí que deban considerarse ciertos los actos reclamados a que se contrae este considerando. QUINTO. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En el caso, la suscrita advierte -de oficio- que se actualizan diversas causas de improcedencia en relación con la totalidad de los actos reclamados, por lo que, para la mejor claridad del respectivo estudio, serán analizadas por separado. - Causa de improcedencia en relación con el acto reclamado consistente en c) la abstención de reactivar los derechos relativos al pago de la pensión y de realizar el pago de lo condenado, en cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral . En relación con dicho acto se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1, 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, toda vez que no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se explica. Los indicados artículos establecen: 'Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)". De la interpretación sistemática de dichos preceptos, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. En relación con ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis 2a. CCIV/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, página 39, sostuvo lo siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De conformidad con el criterio anterior, para los efectos del juicio de amparo, las notas distintivas de acto de autoridad se rigen por los siguientes elementos: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. 3) Que emita actos unilaterales en los que cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. 4) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de . hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En el entendido de que, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo, de la fracción II, del artículo 5, de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos del párrafo primero de la indicada fracción, y sus funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, el acto reclamado consiste en la c) la abstención del 3. Instituto Mexicano del Seguro Social, de reactivar los derechos relativos al pago de la pensión y de realizar el pago de lo condenado, en cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral . Por tanto, este juzgado considera que la determinación que se combate no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, por dos razones: - Tratándose de prestaciones de seguridad social otorgadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, no se satisface la nota distintiva precisada en el inciso a), porque si bien dicho instituto está facultado para determinar respecto del otorgamiento, modificación o cancelación de ese tipo de prestaciones, no está investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, pues la relación entre el ente asegurador y sus asegurados o beneficiarios es de coordinación y no de supra a subordinación. - Porque de conformidad con el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, en su redacción vigente en la fecha de emisión del acto reclamado, las controversias entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los asegurados o sus beneficiarios deben resolverse por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; juicio en el que el citado instituto no acude como autoridad, sino en un plano de igualdad. En el caso, la abstención del Instituto Mexicano del Seguro Social de reactivar los derechos relativos al pago de la pensión y de realizar el pago de lo condenado, en cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral ., no es un auto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que el incumplimiento que se atribuye a la referida autoridad responsable es respecto de un laudo emitido en un juicio laboral en el que figuró como parte demandada, esto es, no acudió en su calidad de autoridad, sino en un plano de igualdad. Sirve de apoyo a lo anterior, por el razonamiento contenido, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 134/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1511, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia". Asimismo, por la afirmación que se subraya, sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 66/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 898, del Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo". De ahí que se actualice la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con los numerales 1 y 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. - Causa de improcedencia en relación con los actos reclamados consistentes en a) el memorándum sin fecha, relativo a la suspensión de labores de, entre otras actividades, audiencias y diligencias programadas en los asuntos tramitados ante dicha Junta, y d) el comunicado publicado en el boletín laboral el veintiocho de mayo de dos mil veinte. En relación con dichos actos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por haber cesado sus efectos. El artículo y la fracción invocada establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, (.)". De la exégesis del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica del peticionario, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la actuación de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este sentido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Esto es, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; o bien, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que tal derecho exija. Previo a exponer las razones por las que se actualiza la aludida causa de improcedencia es pertinente precisar que el contenido de dichos actos es, en esencia, el siguiente: En d) el comunicado publicado en el boletín laboral el veintiocho de mayo de dos mil veinte, la 4. Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, informó que ampliaba el periodo de suspensión de las audiencias y diligencias programadas desde el uno de junio de ese año, hasta que la autoridad sanitaria competente dictara las medidas necesarias para la reanudación de las actividades presenciales y determinara que no existe riesgo epidemiológico relacionado con la apertura de actividades. Por su parte, en a) el memorándum sin fecha que se reclama, la 1. y 2. Junta Especial Número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, que ésta fijó en la entrada a sus instalaciones, básicamente reprodujo la información contenida en el comunicado precisado en el párrafo anterior, con la finalidad de hacerlo del conocimiento de las personas interesadas que acudieran ante ese órgano jurisdiccional. Hechas estas precisiones, como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que con posterioridad a la emisión del comunicado y el memorándum que se reclaman, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, expidió diverso comunicado de catorce de julio de dos mil veinte, consultable en la página oficial de dicha junta (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/5 63372/jfca20200714.pdf), de cuya lectura se advierte que estableció, entre otras medidas, la reanudación de las audiencias y diligencias programadas en las Junta Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a partir del dieciséis de julio de dos mil veinte, en las entidades federativas en las que el semáforo de riesgo epidemiológico implementado por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, se encontraran en color naranja. Como puede advertirse, este último comunicado sustituyó al que se reclama, al ordenar la reanudación de las audiencias y diligencias programadas en las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a partir del dieciséis de julio de dos mil veinte, en las entidades federativas que cumplieran con el indicado requisito. En ese orden, de la revisión de las copias certificadas remitidas por la Junta Especial Número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, se advierte que el cuatro de noviembre de dos mil veinte se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo al demandado Instituto Mexicano del Seguro Social; actuación cuya suspensión con motivo del comunicado y memorándum reclamados, a decir del peticionario, es lo que le causaba agravios, al impedirle procurar la ejecución del laudo dictado en el juicio 453/2016 (fojas 147 a 149). Más aún, se observa que el uno de diciembre de dos mil veinte, el quejoso acudió a las instalaciones de la Junta responsable a recibir un cheque expedido por una institución bancaria, librado en nombre del instituto demandado y en favor del impetrante, por la cantidad líquida que a esa fecha estaba determinada en relación con lo condenado en el laudo emitido en el contencioso de origen (fojas 154 y 155). De lo que se obtiene que, en determinando momento, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, dejó de operar la suspensión de audiencias y diligencias programadas en la Junta Especial Número Cincuenta y cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Orizaba, Veracruz, por encontrarse al menos en color naranja el semáforo epidemiológico implementado por la Secretaría de Salud del Gobierno de México, que es lo que le causaba agravio al impetrante, e incluso éste obtuvo el cumplimiento parcial del laudo emitido en el juicio natural, como lo acordó el presidente de la junta responsable en la citada diligencia de uno de diciembre de dos mil veinte. De ello deriva que los efectos de la suspensión de actividades reclamada han sido revocados, lo que implica que tales efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página 38, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia a que se ha hecho mención en este considerando, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, del mismo ordenamiento legal. Ante el sobreseimiento decretado, no es posible entrar al examen de los conceptos de violación vertidos. Es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/58 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado Del Segundo Circuito, visible en la página 57, materia común, tomo 70, correspondiente al mes de octubre de 1993, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." También es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y cuatro, materia común, tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo." SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar, que por auto de diez de junio de dos mil veinte (fojas 20 y 21), se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 1, 5, 61 fracción XXIII, 63 fracción V, 73, 74, 75 y 77, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por . contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de las presentes actuaciones, se advierte que mediante proveído de diez de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz, remitiendo diversas constancias relativas al expediente laboral 453/2016; las cuales se pusieron a vista de las partes por el término de ocho días de conformidad con lo establecido por el artículo 117 de la Ley de Amparo, el cual a la fecha transcurre. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y objetivamente atendiendo a la carga de trabajo y disponibilidad de fechas en la agenda, se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO para su celebración; la cual se llevará a cabo sin la presencia física de las partes, atendiendo al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; toda vez que no se requiere, ya que el acto reclamado no se encuentra dentro de alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, en los que puede alegar verbalmente. En el entendido de que de conformidad con el artículo3° de la Ley de Amparo, y 5°, fracción II, segunda parte, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. Finalmente, resulta innecesario librar oficios a las autoridades responsables para comunicarle el motivo por el cual se difirió la audiencia constitucional, en razón que se encuentran en aptitud legal de consultar la nueva fecha en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo_ini.asp.
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