Ernesto Caballero Santos
Expediente 500/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 24/01/2019
Partes del expediente
- Ernesto Caballero Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
Ensenada, Baja California, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta y ya que el día de la fecha se tuvo por cumplida la sentencia de amparo emitida en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente, ordenando el archivo de aquél expediente; en consecuencia al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos de los artículos Décimo Primero, Vigésimo, fracción II y último párrafo, y Vigésimo Primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que en virtud de que en el presente expediente por acuerdo de ocho de enero de dos mil dieciocho, por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión provisional; en interlocutoria de uno de febrero del mismo año, por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración, motivo por el cual, el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento del citatorio dejado en veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en el domicilio procesal de la parte quejosa Ernesto Caballero Santos y se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, el contenido del acuerdo de veinticuatro de enero del año en curso, que a la letra dice: Ensenada, Baja California, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Vista, la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles otorgado a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver al respecto con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es pertinente precisar que por sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 448 a 461), en la cual se determinó por una parte sobreseer el presente juicio de amparo y por otra conceder el amparo impetrado por el quejoso Ernesto Caballero Santos, a efecto de que la autoridad responsable Comisión de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Baja California: "1.-Decrete la prescripción de la facultad sancionadora contemplada en el párrafo segundo del artículo 184 de la Ley de Seguridad Pública del estado de Baja California, dentro del expediente CDP/001/2017 de su índice, seguido en contra del aquí quejoso Ernesto Caballero Santos." Luego, ya que no fue recurrida la sentencia de amparo, en auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria (fojas 478 a 481); y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio que presentó la Secretaria Técnica de la Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, con sede en Mexicali, el quince de mes y año en curso, informó y acreditó con las copias certificadas respectivas, que la Comisión de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Baja California; mediante resolución de tres de enero de dos mil diecinueve, decretó la prescripción de la facultad sancionadora contemplada en el párrafo segundo del artículo 184 de la Ley de Seguridad Pública del estado de Baja California, dentro del expediente CDP/001/2017 de su índice, seguido en contra del aquí quejoso Ernesto Caballero Santos. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Con el contenido de dichas documentales, en proveído dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días hábiles para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, término que, como se advierte de la certificación de cuenta, ha transcurrido para las partes, sin que hayan hecho argumento alguno al respecto. En las relatadas condiciones, este juzgador federal advierte que la autoridad responsable Comisión de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Baja California, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que acreditó que mediante resolución de tres de enero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo CDP/001/2017, decretó la prescripción de la facultad sancionadora contemplada en el párrafo segundo del artículo 184 de la Ley de Seguridad Pública del estado de Baja California, en el expediente CDP/001/2017 de su índice, seguido en contra del aquí quejoso Ernesto Caballero Santos. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al determinarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, dictado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General 1/2009. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto decimotercero del Acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, ya que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento del citatorio dejado en veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en el domicilio procesal de la parte quejosa Ernesto Caballero Santos y se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, el contenido del acuerdo de veinticuatro de enero del año en curso, que a la letra dice: Ensenada, Baja California, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Vista, la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte, que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles otorgado a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver al respecto con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es pertinente precisar que por sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 448 a 461), en la cual se determinó por una parte sobreseer el presente juicio de amparo y por otra conceder el amparo impetrado por el quejoso Ernesto Caballero Santos, a efecto de que la autoridad responsable Comisión de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Baja California: "1.-Decrete la prescripción de la facultad sancionadora contemplada en el párrafo segundo del artículo 184 de la Ley de Seguridad Pública del estado de Baja California, dentro del expediente CDP/001/2017 de su índice, seguido en contra del aquí quejoso Ernesto Caballero Santos." Luego, ya que no fue recurrida la sentencia de amparo, en auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria (fojas 478 a 481); y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Mediante oficio que presentó la Secretaria Técnica de la Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, con sede en Mexicali, el quince de mes y año en curso, informó y acreditó con las copias certificadas respectivas, que la Comisión de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Baja California; mediante resolución de tres de enero de dos mil diecinueve, decretó la prescripción de la facultad sancionadora contemplada en el párrafo segundo del artículo 184 de la Ley de Seguridad Pública del estado de Baja California, dentro del expediente CDP/001/2017 de su índice, seguido en contra del aquí quejoso Ernesto Caballero Santos. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. Con el contenido de dichas documentales, en proveído dieciséis de enero de dos mil diecinueve, se ordenó dar vista a las partes por el término de tres días hábiles para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, término que, como se advierte de la certificación de cuenta, ha transcurrido para las partes, sin que hayan hecho argumento alguno al respecto. En las relatadas condiciones, este juzgador federal advierte que la autoridad responsable Comisión de Desarrollo Profesional de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Baja California, ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que acreditó que mediante resolución de tres de enero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo CDP/001/2017, decretó la prescripción de la facultad sancionadora contemplada en el párrafo segundo del artículo 184 de la Ley de Seguridad Pública del estado de Baja California, en el expediente CDP/001/2017 de su índice, seguido en contra del aquí quejoso Ernesto Caballero Santos. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al determinarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, dictado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General 1/2009. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto decimotercero del Acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General conjunto mencionado. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, ya que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Ensenada, Baja California, diecisiete de enero de dos mil diecinueve. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el telegrama que remite la suplente de la Secretaria Técnica de la Comisión de Seguridad Pública de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado en proveído de cuatro del mes y año en curso, informa que los oficios 27626/2018 y 27627/2018, en los cuales se les requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector, fueron recibidos en dos de enero del presente año, de lo que este juzgado toma nota para los efectos legales correspondientes. Sin que sea el caso ordenar actuación subsecuente, toda vez que en dieciséis del mes y año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese.
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