Ernesto Bernal Narvaez y Otros.
Expediente 1533/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1533/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ernesto Bernal Narvaez
- Ernesto Bernal Narvaez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta presentado por Evaristo Hernández Romero, autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, dígasele al promovente que por el momento no ha lugar a realizar el requerimiento que solicita, en virtud que para proceder en los términos que lo pide, es necesario primero emitir el pronunciamiento respecto al cumplimiento o no de la sentencia de amparo. Por lo cual, se analizará la procedencia de su solicitud una vez fenecido el término otorgado a las partes para manifestar lo que a sus intereses convenga respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo, que de acuerdo a la certificación secretarial aún se encuentra transcurriendo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por Daniel Alejandro Fuentes Nava, en su carácter de delegado de la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, mediante el cual informa que la Junta Directiva de ese Instituto, señaló las diez horas del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria, donde se pondrá a consideración el cumplimiento del fallo protector. Gestiones que se toman del conocimiento para los efectos legales conducentes. Por tanto, en atención a la prórroga que solicita el promovente, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que tenga verificativo la Primera Sesión Ordinaria de ese Instituto señalada para las diez horas del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, remita copias certificadas de las constancias que justifiquen haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, que lo obliga a: Dejar sin efectos el acuerdo 228/2022 de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, a través del cual declaró improcedente el otorgamiento de la pensión por viudez que solicitó Ernesto Bernal Narváez por el fallecimiento de su esposa Patricia Cano Serrano. En su lugar emitir otra determinación con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, en donde atienda nuevamente la solicitud de otorgamiento de pensión que pidió Ernesto Bernal Narváez por el fallecimiento de su esposa Patricia Cano Serrano, pero esta vez apartándose de exigirle como requisitos para su otorgamiento la acreditación de mayoría de sesenta años de edad, incapacidad física o psíquica para trabajar y su dependencia económica, a que se refieren los artículos 4 fracción VIII inciso f) y 115 fracción III, ambos de la Ley Número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, como tampoco podrá negarla por el hecho que el solicitante reciba otra pensión por jubilación. Notificar al quejoso tal determinación, y comprobarlo ante este órgano jurisdiccional con las constancias correspondientes. Con la precisión que, de existir algún impedimento para su otorgamiento y que sea ajeno a los aspectos analizados en esta sentencia, la autoridad debe hacerlos valer exponiendo los motivos que para ello tenga en cuenta e invoque los preceptos legales que sustenten su aseveración, en observancia a los numerales 14 y 16 Constitucionales. Apercíbase a la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria a cada una se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jonny Reyes Infante, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta presentado por Evaristo Hernández Romero, en su carácter de autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual causó ejecutoria la sentencia emitida en autos y se requirió su cumplimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), residente en esta ciudad (a través de la Directora General), esto es a Verónica Montoya Garduño, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obliga a: Deje sin efectos el acuerdo 228/2022 de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, a través del cual declaró improcedente el otorgamiento de la pensión por viudez que solicitó Ernesto Bernal Narváez por el fallecimiento de su esposa Patricia Cano Serrano. En su lugar emita otra determinación con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, en donde atienda nuevamente la solicitud de otorgamiento de pensión que pidió Ernesto Bernal Narváez por el fallecimiento de su esposa Patricia Cano Serrano, pero esta vez apartándose de exigirle como requisitos para su otorgamiento la acreditación de mayoría de sesenta años de edad, incapacidad física o psíquica para trabajar y su dependencia económica, a que se refieren los artículos 4 fracción VIII inciso f) y 115 fracción III, ambos de la Ley Número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, como tampoco podrá negarla por el hecho que el solicitante reciba otra pensión por jubilación. Notificar al quejoso tal determinación, y comprobarlo ante este órgano jurisdiccional con las constancias correspondientes. Con la precisión que, de existir algún impedimento para su otorgamiento y que sea ajeno a los aspectos analizados en esta sentencia, la autoridad debe hacerlos valer exponiendo los motivos que para ello tenga en cuenta e invoque los preceptos legales que sustenten su aseveración, en observancia a los numerales 14 y 16 Constitucionales. Apercíbase al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), residente en esta ciudad (a través de la Directora General), esto es a Verónica Montoya Garduño, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional); y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 2381, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: 1 El salario mínimo que prevé este precepto en términos del artículo tercero transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se entiende referido a la Unidad de Medida y Actualización. "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrieron en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
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