Ernesto Barea Pérez
Expediente 783/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Ernesto Barea Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
::. Agréguese a los autos la promoción de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que comunica que la consulta de turno planteada por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, es improcedente.
- Principal
::. Agréguese a los autos la promoción del órgano federal señalado en el que comunica que en auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós determinó plantear consulta ante la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal...
- Principal
::. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, por medio del cual determinó returnar este juzgado de distrito, el expediente de amparo *** por considerar que el conocimiento corresponde por razón de turno a este juzgado de distrito... no se acepta el cambio de turno propuesto... se ordena devolver dicho juicio, al juzgado de referencia para los efectos legales conducentes.
- Principal
::. Agréguese a los autos la promoción de cuenta, firmada electrónicamente por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, a través de la cual remite los anexos de cuenta y comunica que por proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintidós emitido en el juicio de amparo indirecto 810/2022-III de su índice, del que se desprende que el titular de dicho órgano jurisdiccional consideró que a quien corresponde continuar conociendo de dicho juicio constitucional, por razón de turno, es a este órgano jurisdiccional. Ahora, de la lectura integral del oficio de cuenta, se advierte que el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, fundó su determinación de cambio de turno en lo previsto por los artículos 45, fracción II, 46, fracción XIII y 46 Quater del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil veintidós. Lo anterior, al considerar que este juzgado debe seguir conociendo del juicio de amparo 810/2022-III de su índice, toda vez que tanto en aquél como en el presente asunto (juicio de amparo indirecto 783/2022-V del propio índice), los actos reclamados son idénticos y ambas demandas fueron promovidas por el mismo quejoso Ernesto Barea Pérez. En ese sentido, de manera respetuosa este juzgador no comparte las consideraciones que postula el mencionado juez federal, pues de la lectura integral de las demandas de amparo relativas a los juicios de amparo indirecto 783/2022-V del propio índice y 810/2022-III del consecutivo del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, no se advierten datos objetivos que corroboren de manera fehaciente que en ambos juicios de amparo se reclaman exactamente los mismos actos reclamados. En efecto, del escrito de demanda de amparo relativo al juicio amparo indirecto 810/2022-III, específicamente del apartado denominado "ACTOS RECLAMADOS", el quejoso Ernesto Barea Pérez, por propio derecho, señala los siguientes: "De las Autoridades señaladas como Responsables del número 1 a la 45, se reclaman: - - - a.- La orden de ejecución de búsqueda, localización, detención, aprehensión, presentación, arraigo, así como de cualquier auto que atente contra el Derecho Humano a la libertad del suscrito. - - - b.- La orden de ejecución de Alojamiento del suscrito, en alguna Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración: - - - c.- La orden por las autoridades del Instituto Nacional de Migración, de ejecutar en contra del suscrito, el retorno asistido y mi deportación a mi país de origen. - - - d.- La orden de privarme arbitraria e ilegal del Derecho Humano a gozar de mi libertad personal. - - - e.- La orden de no garantizarme el Derecho Humano de mi necesidad de protección internacional conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. - - - f.- La orden de no reconocer mi condición de potencial solicitante de asilo y del reconocimiento de la condición de refugiado - - - g.- La orden de no respetar mi Derecho Humano a solicitar y recibir asilo en México. - - - h.- La orden de no respetar mi internamiento y estancia en México, como potencial solicitante de asilo y de la condición de refugiado, ante la inminente necesidad de protección internacional i- La orden de aplicar en contra del suscrito una alerta migratoria "restrictiva", en ausencia de garantías de debido proceso, incluyendo la ausencia de notificación y de derecho de audiencia. De la Autoridad señalada como Responsable con el número 46, se reclaman: a. La aprobación y emisión de los artículos 3, fracciones III, XIV XXIII, XXIV y XXV en concordancia con el diverso 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Migración, mismos que establecen el sistema normativo que regula a las alertas migratorias, su emisión, información y efectos, mismos que son inconstitucionales al no garantizar el debido proceso de los extranjeros afectados por estas. De las Autoridades señaladas como Responsables con los números 47 y 48 se reclaman: a. La discusión, aprobación y emisión de los artículos 99, 100, 101 de la Ley de Migración, mismos que regulan la presentación de extranjeros en estaciones migratorias para su privación del Derecho Humano a la libertad, en ausencia de garantías indispensables frente a toda privación de libertad, principalmente la falta de un adecuado control de la detención." Por su parte, en este juicio de amparo indirecto, Héctor Donato Zertuche Gloria en favor de Ernesto Barea Pérez, promovió demanda en la se señaló como actos reclamados los siguientes: De las Autoridades señaladas como Responsables del número 1 a la 68, se reclaman: a.- La orden de búsqueda, localización, detención, aprehensión, presentación, arraigo, así como de cualquier acto que atente contra el Derecho Humano a la libertad del suscrito. b.- La orden de ejecución de Alojamiento del suscrito, en alguna Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración; c.- La orden de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, de ejecutar en contra del suscrito, el retorno asistido y mi deportación a mi país de origen. d.- La orden de privarme arbitraria e ilegal de mi Derecho Humano a gozar de mi libertad personal. e.- La orden de no garantizarme el Derecho Humano de mi necesidad de protección internacional conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. f.- La orden de no reconocer mi condición de refugiado en México. g.- La orden de no respetar mi Derecho Humano a solicitar y recibir asilo en México. h.- La orden de no respetar mi internamiento y estancia en México, como potencial solicitante de la condición de refugiado, ante la inminente necesidad de protección internacional. i.- La orden de aplicar en contra del suscrito una alerta migratoria "restrictiva", en ausencia de garantías de debido proceso, incluyendo la ausencia de notificación y de derecho de audiencia. De la Autoridad señalada como Responsable con el número 69, se reclaman: a. La aprobación y emisión de los artículos 3, fracciones III, XIV XXIII, XXIV y XXV en concordancia con el diverso 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Ley de Migración, mismos que establecen el sistema normativo que regula a las alertas migratorias, su emisión, información y efectos, mismos que son inconstitucionales al no garantizar el debido proceso de los extranjeros afectados por estas. De las Autoridades señaladas como Responsables con los números 70 y 71 se reclaman: a. La discusión, aprobación y emisión de los artículos 99, 100, 101 de la Ley de Migración, mismos que regulan la presentación de extranjeros en estaciones migratorias para su privación del Derecho Humano a la libertad, en ausencia de garantías indispensables frente a toda privación de libertad, principalmente la falta de un adecuado control de la detención." En ese tenor, como se advierte de la transcripción del apartado de "actos reclamados" de ambas demandas de amparo, la voluntad de la parte quejosa es impugnar, en forma genérica, ordenes de búsqueda, localización, detención, aprehensión, presentación, arraigo o privativa de libertad; de alojamiento en alguna estación migratoria, de retorno asistido y deportación, de no garantizarle el derecho de protección internacional, de no reconocer su condición de potencial solicitante de asilo en México y de la condición de refugiado y de aplicar en su contra una alerta migratoria. Sin embargo, como ya se dijo, de la lectura de ambos escritos de demanda, no se advierten datos que de manera objetiva y sin lugar a duda permitan colegir que los actos de autoridad reclamados en la demanda de amparo que originó el juicio 810/2022-V del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo se traten de los mismos que se impugnaron de igual forma, de manera genérica, en el juicio biisntancial en el que se actúa. En efecto, del análisis de ambas demandas de amparo no se advierte que la parte quejosa haya realizado manifestación o haya aportado prueba alguna de la que emerja la fecha de emisión de los actos de autoridad que reclama en cada una de las demandas de amparo que promovió con ocho días de diferencia entre cada una de ellas, de manera que se llegue a la inobjetable conclusión de que efectivamente existe identidad de actos reclamados en ambos juicios de amparo, como lo sostiene el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, pues se insiste, dichos actos no fueron individualizados en las demandas de amparo que se analizan. Además, la parte quejosa no hizo referencia en las demandas de amparo a que los actos reclamados en ellas provengan de un mismo expediente administrativo, con el cual tengan relación dichos actos. No pasa desapercibido que las demandas de amparo también se impugnan normas generales, a saber, los artículos 99, 100 y 101 de la Ley de Migración, así como 3º, fracciones III, XIV XXIII, XXIV y XXV y 60 del Reglamento de la Ley de Migración; sin embargo, como se dijo, no existe certeza de que los actos de aplicación de dichas normas sean los mismos en ambas demandas de amparo, por lo que se actualiza la hipótesis de exclusión de relación de demandas, prevista en la parte final de la fracción XIII, del artículo 46 del Acuerdo General . En todo caso, la idéntica redacción de demandas de amparo no genera per se certeza de que se reclamen los mismos actos de autoridad dado que dichos actos no se encuentran individualizados. Ahora, el artículo 46, fracción XIII, del del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del quince de marzo de dos mil veintidós, en lo conducente, señala: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] XIII. Las demandas de amparo o recursos que se refieran al mismo acto de autoridad, con excepción de aquellos presentados por distintos quejosos en contra de una misma norma general u omisión o cuando se trate de un diverso acto de aplicación de la norma; [.]" Con base en lo anterior, es posible advertir que el planteamiento en consulta toma como punto de partida el turno basado en el sistema de relación, que impone verificar si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado por encontrarse en la siguiente hipótesis: ? Que el juicio de amparo indirecto promovido contra los mismos actos de autoridad, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con ese asunto. Bajo esa premisa, como ha quedado de manifiesto, en el presente caso no se surte la hipótesis que invoca el homólogo juzgador, al estimar que este órgano jurisdiccional deba conocer, por turno (antecedente), del juicio de amparo 810/2022-III de su índice, toda vez que -se insiste- no existe certeza de que los actos reclamados tanto en aquél como en éste sean idénticos ya que los actos de autoridad no fueron individualizados, sino que fueron señalados de manera genérica en las demandas de amparo, lo cual también actualizaría la hipótesis de exclusión de relación de demandas, prevista en la parte final de la fracción XIII, del artículo 46 del Acuerdo General, por lo que hace a las normas generales impugnadas. Bajo esa premisa, no se actualiza el supuesto que invoca el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, toda vez que en los juicios de amparo en comento, no existen actos reclamados idénticos, en términos de lo prescrito por el artículo 46, fracción XIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En ese orden de ideas, como se adelantó, este órgano jurisdiccional determina no avocarse al conocimiento del juicio de amparo indirecto 810/2022-VII del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad. En consecuencia, se ordena devolver dicho juicio, así como sus anexos, al juzgado de distrito de referencia, para los efectos legales conducentes.
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