Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza

Expediente 417/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
417/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
14/07/2023

Partes del expediente

  • Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza
  • Juan Carlos Benavides Jiménez
  • Tribunal Superior Agrario

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se acuerda: I. Archivo y valoración. Toda vez que en la sentencia dictada en el presente asunto, se resolvió: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege. Y que el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se resolvió infundado el recurso de inconformidad ********************, interpuesto por ********************, contra el auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo dictada en autos; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. Al ubicarse en los supuestos por el artículo 17, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y derivado de que el presente asunto no tiene relevancia documental, se considera conservable; lo cual deberá anotarse en su carátula la valoración dada así como la fecha del presente proveído. Notifíquese.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diez de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación y cuenta que anteceden, se acuerda: I. Recepción del oficio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, de lo que este Tribunal toma conocimiento. II. Correo de contacto. Se tiene como correo de contacto el que indica, para el efecto de informar que existe un acuerdo publicado en el Portal de Servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal; lo que no implica que estos medios se tengan para oír y recibir notificaciones personales, puesto que la Ley de Amparo no lo contempla. Notifíquese. Lo acordó y firma electrónicamente el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Magistrado Alberto Roldán Olvera, quien actúa con el secretario de tribunal que da fe, licenciado Fabián Valenzuela Urrea. David

  3. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de abril de dos mil veintitrés.****************************************Vistas la certificación y cuenta que anteceden, se acuerda:********************I. Recepción de escrito.********************Se tiene por recibido el escrito de cuenta. ****************************************II. Remisión del oficio de cuenta a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez.****************************************Previa copia que obre en el presente expediente, remítase el escrito de cuenta a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; para que lo registre y compense como recurso de inconformidad y la devuelva a este Tribunal Colegiado; esto con el fin de estar en posibilidad de acordar lo conducente.********************************************************************************Notifíquese.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación y cuenta que anteceden, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede al examen de los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, a fin de verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Concesión del amparo. En sesión de nueve de junio de dos mil veintidós, este Tribunal Colegiado, concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia de siete de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal Superior Agrario, en el recurso de revisión 210/2010-10; para los siguientes efectos: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada, dictada el sentencia siete de julio de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión 1210/2021-10. 2. Emita otra en la que analice de manera congruente y exhaustiva, la totalidad de los argumentos formulados por el recurrente en el recurso de revisión, incluyendo las dos razones por las cuales estima en el primer agravio, que se actualiza la figura de la caducidad en el juicio agrario; y con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda. II. Análisis del cumplimiento de la ejecutoria de amparo Mediante oficio número DAJ/0005078/2022, de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, la Directora de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, remitió copia certificada del acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en el que: 1. En el punto Segundo, dejó insubsistente la sentencia pronunciada por el Tribunal Superior Agrario, el siete de julio de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revisión 210/2021-10, que corresponde al juicio agrario 34/2014, relativo a la acción de restitución. 2. En el punto Tercero, se ordenó turnar a la Magistratura Numeraria 102, copia certificada de la resolución de amparo a que se le estaba dando cumplimiento, así como los expedientes originales del recurso de revisión y del juicio agrario referidos, para que siguiendo los lineamientos de la misma, en su oportunidad, formulara el proyecto de sentencia correspondiente y lo sometiera a la consideración y, en su caso, aprobación del Pleno del Tribunal Superior Agrario. Por otra parte, mediante oficio número DAJ/0006109/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la Directora de Asuntos Jurídicos del Tribunal Superior Agrario, remitió copia certificada de la sentencia dictada el siete de septiembre de dos mil veintidós, en la que resolvió: a) Es infundado el primer agravio, en el cual el recurrente refiere que hay una violación a las leyes del procedimiento con el desconocimiento de la promoción de la caducidad del juicio, la cual se justificó de manera plena en dos ocasiones; que la primera se dio a partir del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, donde el recurrente cuestionó el dictamen pericial emitido por su contrario y que de esta fecha inició el término para contar la caducidad del juicio agrario a que se refiere el artículo 190 de la Ley Agraria; que además el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, presentó su escrito solicitando se declarara la caducidad, habiendo transcurrido casi siete meses y que el Tribunal no acordó de conformidad, argumentando que la falta de actividad en el expediente no era imputable a las partes; y que la segunda oportunidad para declarar la caducidad del juicio agrario fue a partir del veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, que se concedió término a las partes para expresar alegatos, que a partir de esta fecha se contabilizó el plazo de la caducidad de cuatro meses y que el treinta de mayo de dos mil diecisiete, que presentó escrito solicitando la declaración de caducidad, el Tribunal negó la procedencia diciendo que no había lugar acordar de conformidad, atendiendo al estado que guarda el sumario, que esto constituye violaciones de procedimiento a los derechos del recurrente. b) De ningún modo se acredita que en el juicio agrario de origen se actualice la caducidad a que se contrae el artículo 190 de la Ley Agraria, pues no se prueba la inactividad procesal o la falta de promoción del actor, además de que tampoco existe violación al procedimiento, lo cual hace que el primer agravio que hace valer el recurrente resulte infundado, porque quedó demostrado que la inactividad fue imputable al Tribunal Unitario, en cuya realización las partes no tienen injerencia, ya que a este último le corresponde otorgar plazo a las partes para formular alegatos y turnar el asunto para emitir la sentencia que en derecho corresponda, como lo hizo mediante los proveídos de veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis y uno de agosto de dos mil diecisiete, respectivamente; y por tanto, no se justifica que el actor padezca los efectos perjudiciales derivados de una omisión que no le es atribuible, como es la caducidad, ya que se actualiza un principio de adjudicación en clave de progresividad, en su vertiente de no regresión, el cual permite imprimir efectos de máxima protección a las personas justiciables, para que no soporten la sanción procesal de caducidad, por causas atribuibles al operador jurídico, lo cual inhibe a su vez el concepto de "carga mínima", puesto que las partes no se encuentran en la hipótesis de ser responsables por un modelo de culpa in vigilando, respecto de la función jurisdiccional. Las actuaciones reseñadas ponen de manifiesto que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se tiene por cumplida. Por otra parte, no se aprecia que la autoridad responsable hubiese incurrido en exceso o defecto alguno, pues únicamente llevó a cabo los actos conducentes y necesarios para lograr que las cosas quedaran restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida. III. Manifestaciones del quejoso. Con la resolución dictada en cumplimiento, mediante proveído de tres de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes a fin de que expresaran lo que a su interés conviniera; la parte quejosa ejerció su derecho mediante escrito presentado el veintidós de noviembre siguiente. Como quedó establecido en la tesis 2a.CXIV/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, Enero de dos mil catorce, Tomo II, página 1593, registro digital 2005257, de rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO DEBE RESPONDER EXHAUSTIVAMENTE A LAS OBJECIONES FORMULADAS POR LAS PARTES ANTES DE DECLARAR SU CUMPLIMIENTO."; el suscrito magistrado presidente está obligado a dar respuesta exhaustiva a las objeciones formuladas por las partes, cuando hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que pretende cumplir la autoridad responsable, pues si no fuera así, carecería de sentido el mandamiento del legislador para que previo a dicha calificación los interesados expusieran su parecer. Sentado lo anterior, la parte quejosa manifiesta lo siguiente: ( La autoridad responsable nada nuevo dijo, reiteró lo que ya había resuelto y que el Tribunal Colegiado, consideró que con eso no resolvía el problema. ( Si se dejara el impulso procesal a la autoridad responsable para hacerlo de oficio, jamás habría existido la caducidad del juicio por inactividad procesal, porque siempre debe existir una promoción de las partes interesadas para el impulso procesal. ( El Tribunal responsable no cumplió con la ejecutoria de amparo, porque no resolvió la cuestión de caducidad, siendo un presupuesto de estudio preferente, por lo que se cumplió con defecto. ( El análisis del Tribunal Superior Agrario, no se apoya en las pruebas del sumario, al mencionarlas de manera genérica, pero sin demostración alguna, al hablar de una dotación, y de unas ampliaciones del Ejido, pera sin indicar que resoluciones abarquen los terrenos del quejoso del juicio de amparo. ( El Tribunal de Amparo, ordenó que al cumplir la ejecutoria federal, lo hiciera de manera congruente, por lo que se debe revisar el Decreto de dotación, las ampliaciones de Ejido y los planos existentes, para demostrar que en ninguno de esos documentos se describe la fracción territorial del quejoso, como parte del Ejido. ( Lo realizado por la autoridad responsable son especulaciones sin sustento probatorio, contrario al resultado de la prueba documental consistente en un plano emitido por la autoridad agraria en copia certificada, que demuestra que las tierras que posee el quejoso demandado sirven de límite entre los dos Ejidos, de Apasco y de Tequixquiac. Son impropios los argumentos expresados por la autoridad responsable, en el sentido de que existe peritaje que le favorece al Ejido de Apasco, pero revisando la sentencia que emitió el Tribunal Unitario Agrario, se concluye que no admitió uno de los peritajes que practicó la actora y por tanto, al ser prueba colegiada, no se puede hablar de la prueba pericial que beneficie a la parte actora del juicio agrario. ( El ejido de Apasco, actor del juicio agrario, al presentar su demanda de reivindicación, lo hizo mencionando como elemento de identificación del bien a reivindicar, que se trata de predio de aproximadamente treinta hectáreas, lo cual hace improcedente la acción, pues requiere la identificación de bien, sin hablar de aproximaciones. ( Una prueba documental que cite un antecedente, no puede determinar la validez de un acto jurídico, al presentar una escritura es válida hasta que no sea declarada nula por autoridad competente, pero no hacerla ineficaz por el dicho de una autoridad. ( El aspecto fundamental para considerar si el terreno que reclama el Ejido actor, es de su propiedad, es que eso no se ha demostrado, porque únicamente se aluden documentos que al analizarse no producen un elemento de convicción. Los argumentos vertidos son ineficaces; porque de la lectura integral de la sentencia emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que la autoridad responsable analizó la totalidad de los argumentos formulados por la parte recurrente en el recurso de revisión, incluyendo las dos razones por las cuales estimó en el primer agravio, que se actualizaba la figura de la caducidad en el juicio agrario; resolviendo con libertad de jurisdicción la litis planteada. Asimismo, son ineficaces los argumentos resumidos porque en el acuerdo que se dicte para determinar si la autoridad responsable cumplió o no con los efectos señalados en el fallo protector, el órgano jurisdiccional no debe hacer estudio de legalidad alguno, en relación a lo resuelto por la responsable, sino que únicamente debe analizar cuestiones vinculadas a la materia de cumplimiento. Lo anterior es así, ya que la materia de análisis referida debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el acuerdo de cumplimiento, para lo cual deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada. Es aplicable, por similitud de razón, la jurisprudencia 2a./J.14/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces. III. Medio de impugnación en contra de la presente resolución Conforme a los artículos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, las partes cuentan con el plazo de quince días para interponer, si lo estiman pertinente, recurso de inconformidad en contra de la presente resolución, el que será del conocimiento del Pleno de este órgano colegiado. Una vez que transcurra el plazo para la interposición del recurso de inconformidad, acuérdese lo conducente con relación al archivo del expediente acorde con lo previsto en el artículo 214, de la ley en cita. IV. Notificaciones. Para los fines antes indicados, notifíquese por lista a la parte quejosa. Finalmente, hágase del conocimiento de esta determinación a la autoridad responsable por medio de oficio, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en los términos indicados. Lo acordó y firma electrónicamente el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, magistrado Benjamín Rubio Chávez, quien actúa con el secretario de tribunal que da fe, licenciado David Tagle Islas.Se hace constar que la presente foja corresponde a la parte final del acuerdo de fecha veinte de febrero de dos mil veintitrés dictado en el juicio de amparo directo 417/2021, girándose los oficios 3285. Conste.

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