Ernesto Arturo Gutierrez Cuellar
Expediente 1916/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1916/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ernesto Arturo Gutierrez Cuellar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, al advertirse que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la determinación dictada el trece de febrero de dos mil diecinueve, sin que ninguna de las partes hiciera uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el 2° de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo, como en el expediente principal se concedió el amparo, es susceptible de depuración, por lo que, se conservará la demanda y la sentencia respectiva. En términos del puntos décimo primero, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que el Titular de la Unidad de Asuntos Internos del Municipio de Temixco, Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1916/2018-I, promovido por ERNESTO ARTURO GUTIÉRREZ CUELLAR. RESULTANDO PRIMERO. DEMANDA. El quejoso ERNESTO ARTURO GUTIÉRREZ CUELLAR, por demanda presentada el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnada al día siguiente a este Juzgado, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana de Temixco, Morelos. SEGUNDO. TRÁMITE. Por acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de ser diferida inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: El acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de remoción de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho dictado en el expediente DAI/PA/026/2018-10, por el Director de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana del municipio de Temixco, Morelos. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO. Es cierto el acto que se reclama al Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana de Temixco, Morelos. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las constancias del procedimiento antes referido que la autoridad responsable remitió, que al reunir las características de un documento público al haber sido expedidas por autoridad competente en ejercicio de sus funciones, tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º (anexo I). CUARTO. ESTUDIO DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado, consistente en el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en el cual se inició el procedimiento administrativo DAI/PA/026/2018-10. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes o cuya actualización se advierta oficiosamente, lo procedente es analizar el fondo del asunto a la luz de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. Los conceptos de violación son inoperantes e infundados para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal, por las razones que se sustentan en párrafos posteriores, sin que se advierta queja deficiente que suplir, con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento la Jurisprudencia 7/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 12, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA." En esencia, el quejoso manifiesta lo siguiente: a) Por lo que hace al artículo 1° Constitucional, no se le otorgó la protección más amplia de sus derechos, ya la responsable omitió su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo obligación de la responsable, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, y en lugar de cumplir con ello viola sus derechos de audiencia, seguridad jurídica, presunción de inocencia y debido proceso. b) Viola en su perjuicio lo que establece el artículo 16 Constitucional, pues la responsable no funda ni motiva debidamente. c) La violación de sus derechos humanos, ya que el treinta de mayo de dos mil dieciocho se expidió el resultado de sus evaluaciones de control y confianza, resultando aprobado, y el veintitrés de octubre siguiente, mediante oficio FGE/DGCECC/DJyN/157/2018, dejan sin efectos las evaluaciones de mayo y determinan que no fue aprobado por no acreditar el toxicológico por consumo de marihuana; considerando ese oficio violatorio, al no existir facultades del emisor para dejar sin efectos una evaluación, lo cual debió determinarlo la responsable y decidir que los resultados de treinta de mayo de dos mil dieciocho tenían vigencia y por ende no dar inicio al procedimiento de responsabilidad seguido en su contra, por no aprobar exámenes de control y confianza, cuando los tiene vigentes. Señalando literalmente como concepto de violación: "La Autoridad Responsable Director de Asuntos Internos al momento de la emisión del acuerdo de inicio de procedimiento no toma en consideración la vigencia de las evaluaciones obtenidas el 30 de mayo de 2018 y por su parte otorga validez a un oficio FGE/DGCECC/DJyN/157 /2018, que deja sin efectos esas evaluaciones, lo cual a mi juicio es improcedente, infundado y falto de motivación, por lo que enuncio enseguida:" Enunciando, substancialmente lo siguiente: 1. El resultado emitido por el centro de evaluación considera está en desapego a la legalidad y es violatorio de seguridad y legalidad, ya que le habían hecho un examen o evaluación el treinta de mayo de dos mil dieciocho, entregándole el diecisiete de agosto siguiente su certificado único policial, al acreditar entre otras evaluaciones, la de permanencia de control y confianza, que incluye el examen toxicológico de treinta de enero de dos mil dieciocho, con vigencia de tres años a partir de su emisión; el cual debió ponderarse por encima de la nueva evaluación obtenida fuera de la de control y confianza para su permanencia en el cargo que ostenta como policía . 2. Que no transgredió el objeto de la certificación que se establece en los artículos 96 y 97 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al no obrar prueba alguna que demuestre haber incumplido el resultado de treinta de mayo de dos mil dieciocho que se encuentra vigente y debe tomarse en cuenta para su permanencia en la institución; por lo que bajo protesta de decir verdad no ha consumido la droga que se le imputa, por lo cual se sometió a dos evaluaciones, obteniendo resultados negativos. 3. Los resultados que se incluyen en el expediente administrativo, no adquieren validez porque hay unos preexistentes válidos por tres años; por lo que los resultados recientes son carentes de sustento jurídico y quien los emitió no cuenta con las facultades o capacidades suficientes para dejar sin efecto los resultados de treinta de mayo de dos mil dieciocho, por lo cual los tacha de nulos. 4. Además, los resultados incluidos en el expediente administrativo se encuentran incompletos dejándole en indefensión jurídica, puesto que la responsable únicamente le corrió traslado con los resultados de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho y no de los de treinta de mayo aludidos, que fueron dejados sin efecto, siendo también una causa para que la responsable atribuyera nulidad al auto en que determinó dar inicio al procedimiento administrativo; existiendo con ello, violación a la legalidad y seguridad jurídica al no proporcionarle los resultados completos para llevar una adecuada defensa. 5. Con base en el argumento de la vigencia de las evaluaciones el treinta de mayo de dos mil dieciocho, continúan acreditadas y vigentes, sobre las diversas del veintitrés de agosto siguiente como parte de una evaluación de control y confianza sin serlo; por ende al dejar sin efectos las primeras evaluaciones, se afectan sus derechos. 5.1 El artículo 1 Constitucional establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 5.2 A su vez, el artículo 14 constitucional referente a que las autoridades deben cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, a fin de hacer efectivo el derecho de audiencia y para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación, consistentes en: 1.) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2.) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3.) La oportunidad de alegar; y, 4.) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. 5.3 Por otra parte el artículo 16 Constitucional involucra el análisis de los actos de autoridad a la luz del principio de legalidad, que pueda implicar una molestia en la esfera jurídica de los gobernados, deba cumplir con determinados requisitos, a saber: a) Que conste por escrito; b) Que provenga de autoridad competente; y, e) Que esté fundado y motivado; esto es, la garantía de legalidad relativa a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. 5.4 El artículo 17 constitucional, establece el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, mismo que no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación. Cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera necesario sujetar a un lapso temporal su actuación, ya que de otra forma no se entendería el porqué de su establecimiento. Para el caso la vigencia de las evaluaciones de control y confianza hechos valer como conceptos de violación. 5.5 El artículo 20, apartado B, fracción 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alude al principio de presunción de inocencia, que se define como el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad y que, por su naturaleza, es propio del derecho sancionador. Luego, las Unidades de Asuntos Internos, realizarán investigaciones suficientes para allegarse los datos necesarios para poder determinar de manera fundada y motivada sus actuaciones, así como los reconocimientos y sanciones preventivas o definitivas que propongan ante el Consejo de Honor y Justicia de cada institución de seguridad pública; y si bien es cierto, refiere el quejoso, existe un procedimiento, también lo es que el mismo debe estar fundado, y en su acuerdo de inicio de procedimiento la responsable no se pronunció respecto a la vigencia de sus evaluaciones o a la legalidad del oficio FGE/DGCECC/DJyN/157/2018, por el que se dejó sin efectos los resultados de treinta de mayo de dos mil dieciocho; considerando la parte quejosa que el titular del instituto de evaluación no tiene facultades para dejar si efectos una evaluación anterior, con un examen que no formó parte de un proceso de evaluación, que debe ser avisado oportunamente, calendarizado como parte de un proceso de evaluación y no una prueba aislada o una prueba sorpresa. El concepto de violación contenido en el inciso a) y punto 5.1, es inoperante, pues si bien es una obligación de toda autoridad prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, acorde a lo que regula el numeral 1° constitucional, así como el de observar ciertos principios de optimización interpretativa, entre éstos, el de interpretación más favorable a la persona, también lo es que, el referido principio no conlleva que las autoridades en ejercicio legítimo de sus funciones dejen de observar en su labor los diversos principios y restricciones previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicables a los procedimientos de que conocen. Por otra parte, el ejercicio de control constitucional o convencional está supeditado, tratándose del que debe ejercerse a petición de parte, a que se cumplan los requisitos mínimos del planteamiento respectivo, aunado a que se pida la aplicación del principio pro persona o se impugne su falta de aplicación por la autoridad responsable, se señale también cuál es el derecho humano cuya maximización se pretende, se indique la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental restringido y se precisen los motivos para preferirlos en lugar de otras normas o interpretaciones posibles, desde luego, todo esto con incidencia en la estimación de que el acto reclamado es inconstitucional o inconvencional, por lo que debido a que la parte quejosa se limitó a invocar la aplicación del principio pro persona o del nuevo modelo de control constitucional, como causa de pedir, pero no cumplió con los aludidos parámetros mínimos para la eficacia de esta solicitud, por ello, deviene inoperante su argumento de disentimiento. Por similitud jurídica, es aplicable a la jurisprudencia localizable en la Décima Época, con registro 2010532, de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV, en Materia Común, Tesis IV.2o.A. J/10 (10a.), cuyo rubro señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE, ADEMÁS DE NO CONTROVERTIR EFICAZMENTE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA, SE LIMITAN A INVOCAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA O DEL NUEVO MODELO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, COMO CAUSA DE PEDIR, PERO NO CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS MÍNIMOS PARA LA EFICACIA DE ESTA SOLICITUD.". Luego para contestar el inciso c) y los puntos 1., 2., 3., 4., 5. y 5.4 es necesario precisar lo que resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 31/2018 (10a.), del rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.", que en la parte conducente señala: ".Ahora bien, al respecto resulta necesario destacar que esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 312/2015, emitió el criterio relativo a la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno, con motivo de las violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto. Lo anterior, toda vez que dicho supuesto constituye un acto de imposible reparación, en virtud de que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la prohibición expresa de reinstalar a los miembros de instituciones policiales, aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento instaurado en su contra. Dicha resolución dio origen a la tesis de jurisprudencia de esta Segunda Sala 2a./J. 49/2016 (10a.), que se cita bajo los siguientes rubro y texto: ""PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. (Se transcribe) De dicho criterio se desprende que esta Segunda Sala consideró que las violaciones cometidas durante el inicio del procedimiento de separación son de imposible reparación, toda vez que de hacerse valer hasta concluido dicho procedimiento se haría nugatorio el derecho del servidor público, dado que aun cuando obtenga sentencia favorable, no podría ser reinstalado en su cargo. Al efecto, se trascribe la parte considerativa de la referida ejecutoria. "Por tales motivos, en aras de respetar la garantía de acceso a un recurso judicial efectivo, es que debe estimarse que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra del inicio del procedimiento administrativo de separación de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales, ya que de esta manera, aquéllos tendrían la posibilidad de evitar la separación injustificada e inminente de sus cargos frente a diversas ilegalidades que pudieron darle origen al inicio de un procedimiento de este tipo. ""En este sentido, es menester precisar que el solo inicio del procedimiento administrativo de separación seguido en contra de algún servidor público sujeto al sistema de carrera ministerial, policial y pericial, no es suficiente para acudir al juicio de amparo indirecto a controvertir tal determinación, sino que es necesario que dicha impugnación se sustente en alguna violación a las reglas del procedimiento determinadas en la legislación que resulte aplicable a cada caso en concreto y, que por tanto, de no subsanarse, pudiera causar la irreparabilidad de la violación del derecho sustantivo al trabajo y a no ser separado injustificadamente de él, en los términos apuntados en esta ejecutoria. "Al respecto, es válido mencionar que dichas impugnaciones pueden versar sobre la incompetencia de la autoridad administrativa, ilegalidad de la notificación de la resolución con la que se inicia el procedimiento administrativo de separación, indebida notificación de esa determinación, falta o indebida motivación y fundamentación del acto, entre otros aspectos. "Por tanto, lo afirmado en el párrafo que antecede, no es limitativo en cuanto a las violaciones procesales que pueden hacerse valer en el juicio de amparo indirecto seguido en contra del acto que determina iniciar el procedimiento administrativo de separación, ya que como quedó precisado, debe analizarse en cada caso en concreto, las reglas procesales que las legislaciones que resulten aplicables prevean al respecto. "De esta manera, con la procedencia del juicio de amparo indirecto en estos casos, idóneamente se protege la situación jurídica infringida (derecho al trabajo y a no ser separado de él sin causa justificada) y, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor,(10) se permite la posibilidad de obtener una reparación adecuada (en caso de que en la sentencia correspondiente se determine conceder el amparo, ésta tendría por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación,) por lo que de esta manera no se transgrediría de ninguna forma la proscripción contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal."" Analizado lo anterior, por lo que hace al punto de contradicción, se llega a la conclusión de que la violación a las reglas del proceso de evaluación del cual se obtuvo un resultado no aprobatorio, debe ser considerada dentro de las que se pueden llegar a cometer durante el inicio del procedimiento de separación, ya que dicho resultado negativo actualiza el supuesto de incumplir con un requisito de permanencia, aspecto que trae como consecuencia la apertura inmediata del procedimiento. De ahí que deba afirmarse que las violaciones cometidas en el proceso de evaluación del que se obtuvo el resultado de "no aprobado" sí causan afectación a la esfera jurídica del servidor público, las cuales de no ser subsanadas pudieran causar la irreparabilidad de la transgresión al derecho sustantivo de prestación del servicio público y a no ser separado injustificadamente del cargo. En efecto, la única instancia mediante la cual podría analizarse la legalidad del proceso de evaluación es el juicio de amparo indirecto promovido en contra del acuerdo de inicio del procedimiento de separación, dictado con motivo del resultado no aprobatorio en la evaluación de los requisitos de permanencia. En consecuencia, en el amparo indirecto que se promueva en contra del auto de inicio del procedimiento de separación, instaurado con motivo de incumplir un requisito de permanencia consistente en la no aprobación de las evaluaciones respectivas, deberán hacerse valer las violaciones a las reglas previamente establecidas que se consideren cometidas en el proceso de evaluación." De lo anterior se obtiene que en los casos en que el acto reclamado en un juicio de amparo se trate del acuerdo por el que se inicia el procedimiento administrativo de separación seguido en contra de algún servidor público sujeto al sistema de carrera policial, es necesario que su impugnación se sustente en alguna violación a las reglas del procedimiento determinadas en la legislación que resulte aplicable a cada caso en concreto y, que por tanto, de no subsanarse, pudieran causar la irreparabilidad de la violación del derecho sustantivo al trabajo y a no ser separado injustificadamente de él; asimismo, que dichas impugnaciones pueden versar sobre la incompetencia de la autoridad administrativa, la ilegalidad de la notificación de la resolución con la que se inicia el procedimiento administrativo de separación, la falta o indebida motivación y fundamentación del acto, entre otros aspectos, siempre y cuando se refieran a las reglas procesales que las legislaciones que resulten aplicables prevean al respecto. De ahí, que solamente puedan analizarse violaciones a los derechos sustantivos en ese auto, pero no transgresiones o contravenciones que pudieran acaecer posteriormente al citado auto, como son las actuaciones dentro del procedimiento administrativo. Derivado de lo anterior, en primer lugar, son inoperantes los argumentos del quejoso respecto: a) La vigencia de los resultados obtenidos el treinta de mayo de dos mil dieciocho, con los que en aquella fecha acreditó los exámenes de control y confianza para permanecer en el cargo de policía de tránsito adscrito a la Secretaría Ejecutiva, Administrativa y de Protección Ciudadana del municipio de Temixco, Morelos, que aduce deben predominar sobre los diversos resultados arrojados el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho; en específico, sobre el resultado de la evaluación toxicológica que se le practicó, y que impulsara la investigación que dio origen al acuerdo de inicio de procedimiento administrativo de que se queja; b) Así como lo expuesto, en el sentido de que la Directora General del Centro de Evaluación y Control de Confianza no tiene facultades para dejar sin efectos la evaluación de treinta de febrero de dos mil dieciocho, como se desprende del oficio CECC/S.C.DE.RES/0661/2018 de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho; y c) La argumentación concerniente a que la responsable no le corrió traslado con las constancias totales del expediente administrativo iniciado en su contra, de las que en específico, se adviertan los documentos correspondientes a los resultados de las evaluaciones de treinta de mayo de dos mil dieciocho, y por ello, quedó en estado de indefensión jurídica al desconocer de lo que va a alegar o defenderse. Resultan inoperantes porque dichos argumentos escapan de las formalidad o reglas procesales que se requieren para el dictado de un acuerdo de inicio de procedimiento, como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 31/2018 (10a.), además de que el resultado de las evaluaciones controvertidas por el quejoso y las pruebas que los sustentan, serán materia del procedimiento administrativo, en el cual, tendrá la oportunidad de formular contestación a la citada determinación, así como la posibilidad de ofrecer y desahogar las pruebas que a su derecho convengan y de formular los alegatos en su defensa, como se advierte del propio numeral 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. De la misma forma, resulta inoperante su argumento en el que aduce la falta de competencia de la Directora General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, para dejar sin efectos una evaluación anterior en la que el quejoso, sí acreditó los exámenes de control y confianza al tener una vigencia de tres años; lo anterior es así, toda vez que la incompetencia que se puede analizar en el presente juicio de amparo, se constriñe a la de la autoridad que inició el procedimiento administrativo del que se duele el quejoso, y no de una autoridad diversa. Incluso, el planteamiento relativo a la existencia de una evaluación previa que le era favorable y que refiere no fue atendida o pasada por alto, que como se observa sostiene el diverso disenso atinente a la falta de capacidad de la evaluadora en dejar insubsistente el previo examen, se itera, no puede ser analizado en esta vía de amparo, pues la incompetencia como formalidad debe recaer en la dependencia que apertura el procedimiento administrativo, y en caso de atender tal concepto de violación, incluso transgrediría el juicio de amparo; pues para ello se partiría de un análisis ajeno a la materia del juicio, introduciendo elementos que ni siquiera han sido expuestos ante la instancia ordinaria y que por ende, no pueden serle reprochados como desatendidos. En otro orden de ideas, resultan inoperantes los motivos de disenso sintetizados en el punto 5.5 al alegar una violación al principio de presunción de inocencia, pues aduce que la autoridad responsable pretende dar por hecho que el quejoso desplegó las conductas que se le atribuyen sin allegarse de pruebas que acrediten plenamente su responsabilidad y porque las pruebas que se recabaron no son idóneas, pertinentes ni suficientes para demostrar los hechos que se le imputan. Son inoperantes porque contrario a lo que afirma el accionante, dentro de los procedimientos de separación de los servidores públicos mencionados, es inaplicable el principio constitucional de presunción de inocencia, en virtud de que éste sólo es exigible cuando en el procedimiento subyace el ejercicio de una facultad punitiva del Estado y no una relación de coordinación, aun cuando ésta derive de un régimen especial regulado por normas de carácter administrativo, en términos del citado artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional. En la parte conducente, orienta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 162/2017 (10a.) de la Décima Época, con registro 2015635, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, materia constitucional administrativa, página 551, que dice: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN Y POLICÍAS FEDERALES MINISTERIALES, POR NO ACREDITARSE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESULTA INAPLICABLE ESE PRINCIPIO." De lo anterior deriva también la inoperancia de los conceptos de violación relativos a la transgresión del principio de presunción de inocencia, debido a la "valoración" de los resultados de las evaluaciones, pues alega el quejoso en forma general que carecen de sustento y que no se tiene facultades para dejarlas sin efectos, por ende se trata de apreciaciones subjetivas de quien lo realizó, carente de fundamentación y motivación y, que por lo tanto, no debió de darse valor probatorio para iniciar el procedimiento administrativo en su contra, violando con ello el principio de legalidad. Es inoperante porque, además de que como ya se estableció, el principio de presunción de inocencia resulta inaplicable en el procedimiento de separación de elementos policiacos por no acreditarse los requisitos de permanencia; también, porque el acto reclamado no contiene una valoración de pruebas para imponer una sanción al quejoso y, mucho menos, en forma definitiva, sino por el contrario, es el auto que inicia el procedimiento administrativo, el cual permite hacerle del conocimiento los motivos, razones y medios de convicción en que se sustentará el procedimiento iniciado, buscando que el quejoso cuente con los medios procesales a su alcance para ejercer su derecho de defensa. Además, el alcance probatorio y valor legal que se otorgue a los elementos de prueba, debe hacerse por la autoridad competente al resolverse el fondo del asunto en el procedimiento administrativo, motivo por el cual todo lo relativo a pruebas y el resultado de la valoración deberá plantearla el quejoso en contra de la resolución definitiva, pues en el acto reclamado, al ser el auto inicial, no se realizó justipreciación alguna de pruebas, sino que solamente se enunció cuál de ellas sirvió para instruir el procedimiento, que en el caso, fue la evaluación de control de confianza realizada al quejoso, la cual, es suficiente conforme a la ley de la materia para iniciar el procedimiento correspondiente. En otro orden de ideas, son infundados los conceptos de violación en el inciso b) y en los puntos 5.2 y 5.3, en los que alega el quejoso, violación a su garantía de audiencia y la indebida fundamentación y motivación del acto reclamado; para tal conclusión, conviene tener presente el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la parte quejosa estima violados en su perjuicio. El artículo 14 constitucional, establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)". El artículo constitucional transcrito, consagra la garantía de audiencia que se traduce en la posibilidad de defensa de los gobernados frente a los actos que pretendan privarlo de su libertad, propiedad, posesiones y derechos. La garantía de audiencia implica la existencia de un juicio previo, frente a actos privativos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, el cual debe sustanciarse ante tribunales previamente establecidos observando las formalidades esenciales del procedimiento y dictarse apoyado en las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. Por su parte, el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." El citado artículo regula, entre otras garantías, la de seguridad jurídica, cuya finalidad es proteger el respeto de los derechos personales, patrimoniales y cívicos de los gobernados en sus relaciones con las autoridades, a efecto de que éstas no realicen sus funciones arbitrariamente, sino en conformidad con las reglas establecidas en la ley, para que el particular esté cierto de que el actuar de la autoridad no es caprichoso ni arbitrario, sino apegado a la ley. Resulta necesario reiterar que el artículo 14, párrafo segundo, constitucional prevé el derecho de defensa que debe tener todo gobernado frente a actos que tiendan a privarlo de sus derechos, el cual se integra, a su vez, con cuatro derechos específicos de seguridad jurídica, que son: a) Que en contra de la persona a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos tutelados por la disposición constitucional, se siga un juicio. b) Que el juicio se substancie ante tribunales previamente establecidos. c) Que en el juicio se observen las formalidades esenciales del procedimiento; y, d) Que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con anterioridad al hecho. En ese sentido, las formalidades esenciales del procedimiento son aquellas que resultan necesarias e indispensables para garantizar una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo, de tal suerte que su omisión o infracción produzca indefensión al afectado, o lo coloque en una situación que afecte gravemente su defensa. Por su parte, el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza que a toda persona a la que se le pretenda causar una molestia en su esfera jurídica, por parte de los órganos del estado, se le deberá entregar por escrito el acto debidamente fundado y motivado; encontrándose las autoridades obligadas además a fundar su competencia. Al respecto, cabe precisar que por acto de molestia se debe entender aquella actuación de la autoridad que provoca una mera perturbación en la esfera jurídica del gobernado; y que tal acto no constituye el fin último, ya que la afectación no es de manera definitiva o permanente, sino que es de carácter provisorio o transitorio. El artículo 16 constitucional permite a cualquier autoridad, emitir actos de molestia contra los gobernados, sin embargo, la emisión de ellos debe cumplir con ciertos requisitos, a saber: a) Que provenga de autoridad competente; b) Que se encuentre fundado y motivado, y c) Que conste por escrito. Se considera entonces, que un acto de molestia emitido por autoridad competente se encuentra fundado cuando en él se citan con precisión los preceptos legales aplicables al caso, y para razonar que se encuentra motivado la autoridad debe exponer todas aquellas circunstancias o hechos que estimó al momento de emitir el acto reclamado, siendo necesario, además, que los hechos aducidos por la autoridad encuadren en la hipótesis normativa citada, si por el contrario, la autoridad no cumple con dicho requisito, daría cabida entonces a declarar la inconstitucionalidad del acto. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, Tomo XIV, Noviembre de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 57/2001, de rubro siguiente: "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO." Cabe agregar que el principio de tipicidad es aplicable a las infracciones y sanciones administrativas. Dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una "lex certa" que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En principio, con base en las explicaciones que anteceden, se determina que el acuerdo del inicio del procedimiento administrativo de responsabilidades que se reclama en este juicio de amparo, no se rige por el derecho de audiencia previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que, en todo caso, está sujeto al cumplimiento de los requisitos del diverso artículo 16 constitucional, referentes a que el acto respectivo debe constar por escrito, ser emitido por la autoridad competente, y estar debidamente fundado y motivado, puesto que atento a la naturaleza jurídica del acto reclamado, el propio momento procesal en que se emite y los efectos que produce, no pudiera catalogarse como un acto privativo, ya que no priva o restringe de manera definitiva al gobernable de derecho alguno, sino que por el contrario sería a partir de éste que se garantiza y tutela el debido proceso en su vertiente de defensa adecuada y garantía de audiencia, de manera previa al acto que en definitiva se emite en el procedimiento administrativo de que se trata. De ahí que no pueda sostenerse que se le dejó en estado de indefensión al quejoso, al tratarse de un acto de molestia y no de un acto privativo, el que se hizo sabedor por medio de un citatorio en el que se le emplazó al procedimiento administrativo, logrando tener pleno conocimiento de los hechos o conductas que se le atribuyen y que motivaron el procedimiento de origen, al estar insertado en ese documento el acuerdo de inicio de mérito, quedando en esos términos fijada la imputación de la autoridad, por lo que desde ese momento se respetó su garantía de defensa y debido proceso; motivo por el cual no es dable estimar como violatorio del artículo 14 Constitucional, contrario a lo alegado. Siguiendo con este orden de ideas, en lo tocante al tema de la debida fundamentación y motivación, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas consideradas infractoras o merecedoras de sanción debe gozar de tal claridad y univocidad que la autoridad pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, del estudio del acto reclamado, no asiste razón al quejoso, porque es evidente que la autoridad responsable sí motivó adecuadamente su actuar, al exponer las razones lógico-jurídicas que le llevaron a iniciar el procedimiento administrativo contra la parte quejosa, pues consideró que con el resultado integral de la evaluación y control de confianza seguido al quejoso tuvo como "no aprobado", se acreditaba que la conducta del elemento policiaco ERNESTO ARTURO GUTIÉRREZ CUELLAR, encuadra dentro de las hipótesis que contemplan los ordinales 100, fracción XV y 159, fracción XXIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, razón por la que, con fundamento en los artículos 164 y 171, fracción I de la citada Ley, era procedente el inicio del procedimiento administrativo correspondiente. Además, la responsable precisó los motivos que aparecen en la evaluación, por los cuales no fue aprobado, colmando con ello las exigencias formales indicadas en el artículo 16 constitucional, para permitir al imputado del procedimiento una defensa adecuada, ya que citó la parte medular de las conclusiones de las indicadas valoraciones, consistentes en el oficio FGE/DGCECC/DJyN/157/2018, signado por la Directora General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, mediante el cual informó el resultado de la evaluación de pertenencia de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, en el que se estableció que ERNESTO ARTURO GUTIÉRREZ CUELLAR, resultó no aprobado en las evaluaciones de permanencia. Sin que obste que el quejoso afirme en sus conceptos de violación, que la conducta que se le atribuye no puede ser valorada como vigente en el acuerdo de inicio de procedimiento de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, ya que será al momento de dictar resolución definitiva y una vez analizadas las pruebas que integran el expediente, que se determine la conducta que en específico y de manera concreta realizó el quejoso, para lo cual, la autoridad indicará qué obligación y deber no fueron atendidos como integrante de la Institución de Seguridad Pública; de ahí que, contrario a lo alegado, era suficiente la invocación normativa vertida por la responsable, ya que tales preceptos regulan diversos principios y obligaciones que se estimaron infringidos y suficientes para dar inicio a esa instancia administrativa. También en oposición a lo alegado por el quejoso, como ya se indicó, se aprecia que se le inició procedimiento porque su conducta encuadra en las hipótesis previstas por los artículos 100, fracción XV y 159, fracción XXIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. En este tenor, estaba facultada la autoridad responsable para iniciar el procedimiento administrativo contra el quejoso, en el que en respeto a su derecho de defensa debe notificarle formalmente de su inicio y los motivos por los cuales se abría; sede administrativa en la cual se determinará si la actuación del servidor público, como integrante de la institución policial, cumplió con los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, de conformidad con el artículo 21 constitucional; asimismo, con las obligaciones que establece el artículo 100 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, o bien, desahogadas las etapas de ese procedimiento, se determinará si existe una causa justificada de remoción. Lo anterior, también se robustece, dado que no se trata de la investigación por la comisión de una falta o conducta irregular sancionada administrativamente en perjuicio del quejoso, sino que en todo caso, el inicio al procedimiento administrativo para la posible remoción del cargo como elemento de seguridad pública, conforme lo prevé la fracción I del citado numeral 171; por ende, es suficiente que se ubique en la hipótesis normativa invocada por la responsable consistente en la no acreditación de los exámenes de control de confianza para que la responsable esté en posibilidad de incoarle el procedimiento respectivo, observando incluso, que no es la resolución final en la que se realiza una valoración de las pruebas que integran las evaluaciones y exámenes de control de confianza, la que aquí se impugna. Razón por la cual, si para el inicio del procedimiento administrativo en contra del quejoso, la autoridad responsable solamente consideró el resultado de la evaluación y examen de control de confianza contenido en el oficio FGE/DGCECC/DJyN/157/2018, que tuvo como resultado "NO APROBADO", entonces su actuar sí se ubica en lo previsto por los preceptos legales antes analizados, sin que sea necesario obtener pruebas lícitas, idóneas y materiales, ni los elementos fácticos como circunstancias de modo, tiempo y lugar. En las relatadas condiciones, al ser inoperantes e infundados los conceptos de violación, y no advertirse deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitado. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ERNESTO ARTURO GUTIÉRREZ CUELLAR, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para el efecto indicado en el considerando cuarto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe hasta hoy trece de febrero de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar el anexo I, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cliserio Vargas Suárez, que autoriza y da fe. Ser*
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio proveniente del TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y DE PROTECCION CIUDADANA DE TEMIXCO, MORELOS, por medio del cual solicita una prórroga a efecto de dar cumplimiento al oficio 47260/2018 por el cual se le requirió su informe justificado; agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda. En atención a lo manifestado por la autoridad oficiante, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, por única ocasión, se concede al TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA ADMINISTRATIVA Y DE PROTECCION CIUDADANA DE TEMIXCO, MORELOS, una prórroga de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para rendir su informe con justificación en el presente juicio de garantías, así como para remitir las constancias en que apoye dicho informe; en la inteligencia que de no hacerlo así, se hará efectivo el apercibimiento contenido en el auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, por el que se le solicitó dicho informe con justificación. A efecto de dar tiempo a lo anterior, es procedente diferir anticipadamente la audiencia constitucional señalada en autos, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Finalmente, se instruye al fedatario de la adscripción para que en caso de que las autoridades a la que se libre oficio en vía de notificación se encuentren gozando de su periodo vacacional, una vez que éstas reanude labores, proceda a notificar el oficio correspondiente, así como las demás notificaciones que se ordenen durante su periodo vacacional. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que da fe.
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