Ernesto Arturo Giacopello Vizcaino

Expediente 472/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
472/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
10/08/2021

Partes del expediente

  • Ernesto Arturo Giacopello Vizcaino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de agosto de dos mil veintiuno. AUTORIDAD ACUSA RECIBO Agréguense a los presentes autos, el oficio de cuenta signado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio 9321 por el que se le remitieron las constancias que acompañó como sustento de su informe justificado; quien esto provee, toma conocimiento para los efectos legales conducentes SE ORDENA ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil veintiuno. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de mayo de la presente anualidad, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Ernesto Arturo Giacopello Vizcaino; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de pruebas que la autoridad responsable -Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad- adjuntó a su informe. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 472/2020-X, promovido por Ernesto Arturo Giacopello Vizcaíno, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado ante la autoridad señalada como responsable el tres de marzo de dos mil veinte, recibido el once siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, Javier Arturo Silva Loza, en cuanto apoderado de Ernesto Arturo Giacopello Vizcaíno, compareció a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en los términos siguientes: "SENTENCIA DEFINITIVA RECLAMADA.- La pronunciada con fecha 7 siete de febrero del 2020 dos mil veinte, dictada dentro de los autos del Toca número I-14/2020, derivado del recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia definitiva dictada por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del distrito judicial de Morelia, Michoacán, dentro del Juicio Sumario Civil número 179/2019 sobre Cumplimiento de Contrato de Compraventa y otras prestaciones, incoado por la señora MARÍA TRINIDAD HORTAL ARZAT, frente al quejoso directo ERNESTO ARTURO GIACOPELLO VIZCAINO.". En ese ocurso la parte quejosa formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados en su perjuicio las garantías individuales que contemplan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Incompetencia. Por razón de turno, el asunto correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Décimo Primer Circuito bajo el expediente A.D.C. 196/2020, de su índice, órgano pluripersonal anotado que, mediante resolución plenaria de dieciocho de marzo de dos mil veinte, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por lo cual ordenó su remisión al Juzgado de Distrito en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común. TERCERO. Avocamiento y trámite del juicio. Por auto de dieciocho de agosto de dos mil veinte este Juzgado Tercero de Distrito se avocó al conocimiento del asunto bajo el progresivo 472/2020, se admitió a trámite la demanda sin que hubiese sido necesario requerir a la responsable de su informe justificado al ya obrar dentro de autos, de manera que éste se puso a la vista de las partes y se ordenó dar intervención a la representación social adscrita a este órgano federal. En el mismo proveído se reconoció el carácter de tercero interesada a María Trinidad Hortal Arzat, en términos de lo que dispone el inciso b) de la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo, sin que haya sido necesario ordenar su emplazamiento dado que ello fue efectuado por la autoridad responsable. Finalmente, el dos de diciembre de dos mil veinte tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se impugna un acto emitido por una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en el que este órgano federal tiene jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. En ese tenor, de análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: ? La resolución de siete de febrero de dos mi veinte, dictada dentro del toca I-24/2020, que confirma la sentencia pronunciada el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dentro de los autos que integran el juicio ordinario civil 179/2019 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial; determinación anterior en la que el juez de primer grado ordenó la reposición del procedimiento. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia el acto que se le atribuyó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278. Además, la certeza de que se habla se corrobora con los autos del juicio ordinario civil 179/2019 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de Primera Instancia de este Distrito Judicial, así como las diversas constancias que integran el Toca I-24/2020 del índice de la responsable, en donde particularmente se observa la resolución de siete de febrero de dos mi veinte que se reclama en este juicio constitucional.1 Documentales a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de actuaciones llevadas a cabo por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta Época: 1 Fojas 18 a 26 del tomo II de pruebas. Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: DOCUMENTOS PUBLICOS. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Lo anterior, en términos de las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca, Tomo LXVIII, página 335. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos. Sentado lo anterior, es menester señalar que de oficio se advierte que, en la especie, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo2, por considerarse que el acto reclamado es de índole intraprocesal; empero, no irroga una afectación de imposible reparación para la sucesión quejosa. De los numerales antes invocados se obtiene que el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendidos como aquellos que vulneren los derechos sustantivos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales; lo cual a su vez implica que aquellos actos que únicamente vulneren derechos adjetivos de las partes podrán combatirse sólo a través del juicio de amparo directo que eventualmente se promueva contra la sentencia que ponga fin al proceso, como violaciones procesales. Ahora, de las constancias que integran el juicio que se examina se obtiene lo siguiente: 1. El veintisiete de febrero de dos mil diecinueve María Trinidad Hortal Arzat promovió demanda en la vía sumaria civil frente a Ernesto Arturo Giacopello Vizcaíno, de quien demandó el cumplimiento de contrato de compraventa de veinte de abril de dos mil catorce, y otras prestaciones. 2. Ese ocurso correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil de este Distrito Judicial 2 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" bajo el progresivo 179/2019, quien mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil diecinueve admitió la demanda y ordenó correr traslado a la parte reo. 3. En auto de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve se tuvo al demandado por contestando la demanda y oponiendo excepciones y defensas en la forma y términos de su ocurso. 4. Seguido el juicio por todas sus etapas, el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva que ordenó reponer el procedimiento principalmente por las siguientes consideraciones: "Bajo tal contexto legal, es que se afirma que en el caso, se surte la figura del litisconsorcio que se comenta, ya que la demandante expone que con fecha 20 veinte de abril de 2014 dos mil catorce, en esta ciudad de Morelia, Michoacán, celebró contrato escrito de compraventa con el señor Ernesto Arturo Giacopello Vizcaíno, en sus respectivas calidades de compradora y vendedor en su orden, respecto de los siguientes bienes inmuebles." "Y por su parte, el demandado Ernesto Arturo Giacopello Vizcaíno, al dar contestación a la demanda entablada en su contra expuso, que efectivamente ambos aquí colitigantes firmaron el aludido contrato de compraventa a sabiendas que el predio "LA PALMA" ubicado en Tacícuaro, municipio de Morelia, Michoacán, al cual se refiere el contrato de compraventa no era de su propiedad, ya que la propietaria lo era su señora madre Ana María Vizcaíno, quien debía recibir de los señores Filogonio Pérez Dimas y Martha Ortega Pérez, la escritura respectiva, sin que, arguye, haya sucedido tal evento permaneciendo a la fecha la propiedad a nombre de los últimos citados ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado; de donde es palmario que un contrato así, es imposible realización por no tener él facultad legal alguna para disponer de lo que no era suyo, y en modo alguno obliga a su señora madre o sus causahabientes a las reglas convencionales ahí contenidas." "Así de lo anteriormente expuesto, queda de manifiesto el interés jurídico que tiene la señora Ana María Vizcaíno Pacheco, en cuanto cesionaria de la fracción del predio rústico denominado "LA PALMA", ubicado en la tenencia de Tacícuaro, municipio de Morelia, Michoacán, dentro del cual se encuentran inmersos los lotes de terreno objeto del contrato escrito de compraventa celebrado entre el señor Ernesto Arturo Giacopello Vizcaíno y la señora María Trinidad Hortal Arzat, en sus calidades de vendedor y compradora respectivamente, con data 20 veinte de abril de 2014 dos mil catorce. De ahí que se reitere, en la especie se actualiza la figura jurídica del litisconsorcio pasivo necesario, con relación a la citada Ana María Vizcaíno Pacheco, con el carácter indicado, quien debe ser llamada a juicio, dado el interés jurídico que le asiste, pues de otro modo no podría dictarse sentencia que declarara la escrituración de los lotes objeto del contrato de compraventa que encuentran inmersos dentro de la superficie que constituye la fracción de la cual ella es cesionaria y es ella quien tiene el dominio real y material de los inmuebles objeto del presente contradictorio, por ende, debe dársele la oportunidad de intervenir en el juicio, para que así pueda hacer valer las defensas que estime pertinentes y pueda quedar obligada legalmente por la sentencia que en el presente asunto se llegue a emitir; y, al no haber sido así, se violan en su perjuicio, las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagradas por los artículos 14 y 16 Constitucionales. A consecuencia de todo lo anterior, al haberse actualizado la figura del litisconsorcio pasivo necesario, lo que procede en el caso concreto es ordenar se requiera a la actora para que amplíe su demanda en contra de la señora Ana María Vizcaíno Pacheco, en términos del numeral 306 relacionado con el 109, ambos del Código Adjetivo Civil, a fin de integrar debidamente la relación procesal, llamando a todos los litisconsortes que pudieran resultar afectados con la sentencia que válidamente se emita; por lo que, se decreta insubsistente todo lo actuado a partir del auto de data 28 veintiocho de junio de 2019 dos mil diecinueve, mediante el cual, se ordenó citar a los contendientes ante el personal de este juzgado a la audiencia de conciliación prevista por los artículos 118 y 604 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.". [Lo destacado es propio]. 5. Inconforme con la anterior determinación, el demandado Ernesto Arturo Giacopello Vizcaíno interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento, por razón de turno, correspondió a la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, donde se radicó el asunto como el toca I-24/2020; y, por resolución de siete de febrero de dos mil veinte se determinó confirmar la reposición del procedimiento decretada pero por razones diversas a las señaladas por el juez civil: ".es que se concluye que ANA MARÍA VIZCAÍNO PACHECO, carece de legitimación pasiva respecto al contrato accionado, pues al no haber intervenido en éste, ella carece de interés jurídico, sin que pueda considerarse que de algún modo se substituyó en ese acuerdo de voluntades a ERNESTO ARTURO GIACOPELLO VIZCAÍNO, porque el acto por el que ella adquirió, es de fecha posterior a aquel contrato, razón ésta por la que se conviene con el disidente cuando señala que no se actualiza un litisconsorcio pasivo necesario, en la medida en que dicha persona no comparte con el demandado un mismo interés jurídico, ya que dada la específica conformación de la controversia de origen, como se ha detallado, se advierte que la acción se ejercitó con base en el contrato de compraventa celebrado entre GIACOPELLO VIZCAÍNO y MARÍA TRINIDAD HORTAL ARZAT, en el que aquella no tuvo ninguna participación ni se da una substitución, lo que de suyo implica que, en ese contrato, no existe ningún derecho u obligación atribuible a dicha persona. Sin embargo, lo anterior no resulta suficiente para variar el sentido de la sentencia apelada, pues es insoslayable que ANA MARÍA VIZCAÍNO PACHECO, cuenta con un interés jurídico diverso, pero relacionado con el que es materia de este contradictorio." ".si bien es cierto que en este caso ANA MARÍA VIZCAÍNO PACHECO, no cuenta con legitimación pasiva en la acción de cumplimiento de contrato, en la medida que ella no fue parte en el mismo; también lo es que, no debe soslayarse que, en forma concomitante al contrato cuyo cumplimiento se demanda, se está aludiendo a la existencia de un acto jurídico posterior en el que sí fue parte, conforme al cual surgirían derechos y obligaciones entre ella y los aquí contendientes, pues al habérsele cedido la totalidad del predio denominado La Palma y habiendo sido materia del contrato base de la acción cinco fracciones de ese predio, se puede presentar entre ellos una diversidad de situaciones que deben ser dilucidadas a fin de satisfacer en forma plena el referido derecho fundamental; más aun cuando no es razonable, necesario ni proporcional, que se condicione el derecho de la actora a que acuda a otro juicio para lograr el reconocimiento del derecho adquirido por medio de la compraventa, cuando está visto que ese derecho fundamental tiene precisamente a permitir a los gobernados un acceso flexible y libre de tecnicismos a los tribunales, quedando éstos obligados a velar por ese derecho, evitando en lo posible la imposición de nuevos trámites o de requisitos innecesarios" "Luego entonces, si en la especie MARÍA TRINIDAD HORTAL ARZAT, reclama la escrituración a su favor de cinco lotes del terreno denominado La Palma, pero en caso de que obtuviere sentencia favorable, el demandado formal y materialmente no podrá otorgar la escritura respectiva, ante la falta de continuidad de los títulos, pues no se formalizó la adjudicación hecha en favor de ERNESTO ARTURO GIACOPELLO VIZCAÍNO, ni tampoco se ha formalizado la cesión a favor de ANA MARÍA VIZCAÍNO PACHECO o incluso efectuada ésta igualmente faltaría dicha continuidad (lo que implica que el tribunal tampoco estaría en condiciones de ordenar la escrituración en rebeldía del demandado), es que se torna indispensable la intervención de la citada VIZCAÍNIO PACHECO, a fin de que en este juicio se agote cualquier punto de controversia que pudiere existir entre ella y los aquí contendientes, pues ello permitirá tanto que aquella se apersone en juicio y haga valer su derecho, como que se evite una multiplicidad de juicio respecto a un mismo objeto, de ahí que atendiendo al referido derecho fundamental de tutela judicial efectiva, se le debe integrar en la relación jurídico procesal por medio de la denuncia del juicio a tercero." "Ante las relatadas circunstancias, dado que aun cuando fue desacertada la determinación de la juez de origen en el sentido de que se actualiza un litisconsorcio pasivo necesario, a través de las consideraciones vertidas por este tribunal de alzada ha quedado de manifiesto que ANA MARÍA VIZCAÍNO PACHECO debe ser llamada a juicio en cuanto tercera con interés, por lo que se impone confirmar el sentido de la sentencia apelada; en el entendido de que, la reposición del procedimiento es para el efecto de que se dé vista a la actora para que dentro del término de 3 tres días, comparezca a manifestar lo que corresponda a sus intereses en cuanto a la cesión de derechos efectuada por el demandado en favor de ANA MARÍA VIZCAÍNO PACHECO y señale algún domicilio en que ésta pueda ser localizada; igual término se concederá al demandado para que también informe si conoce el domicilio de dicha persona; transcurrido dicho término, se mandará notificar personalmente con las formalidades de su emplazamiento a ANA MARÍA VIZCAÍNO PACHECO, sobre la existencia de este juicio en el que puede tener interés, dándosele vista con copia de los escritos que fijaron la litis, de las manifestaciones que, en su caso, realice la actora respecto a la cesión de derecho y de esta ejecutoria; concediéndole el término de 3 tres días para que manifieste lo que a su interés corresponda, quedando con ello legitimada procesalmente para actuar en el presente.". [Lo destacado es propio]. Esta determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. De lo expuesto hasta el momento se obtiene que el acto reclamado lo constituye la resolución de segundo grado a través de la cual se confirma el fallo de primera instancia por medio del cual se ordenó la reposición del procedimiento, con el propósito de llamar a juicio a Ana María Vizcaíno Pacheco, por considerarse que ésta cuenta con un interés jurídico diverso, pero relacionado con el que es materia de este contradictorio, al habérsele cedido la totalidad del predio denominado "La Palma" y habiendo sido materia del contrato base de la acción cinco fracciones de ese predio, pudiéndose presentar entre ella y los contendientes una diversidad de situaciones que deben ser dilucidadas a fin de satisfacer en forma plena el referido derecho fundamental. Ahora, es menester precisar que la figura del tercero con interés o la intervención procesal de terceros en un juicio, constituye una institución jurídica que tiene por fundamento el reconocimiento de que la actividad de las partes actora y demandada en el procedimiento, puede generar de modo directo o reflejo determinadas consecuencias jurídicas, lesivas de los derechos e intereses de otras personas no oídas en juicio por no haber sido parte. Dichos terceros son aquellas personas que sin ser parte en el juicio, se encuentran en cierta posición respecto de los derechos que en el mismo se dirimen; de manera que la existencia de una sentencia constituye un hecho jurídico producido, que puede tener consecuencias en la esfera jurídica de tales terceros, causándoles perjuicio en sus intereses jurídicos. Así, la intervención procesal de terceros supone un proceso ya iniciado por demanda, en que el tercero era inicialmente ajeno por no ser codemandante o no haber sido demandado, pero ingresa posteriormente al proceso adquiriendo de modo más o menos pleno la condición de parte. La intervención procesal de terceros se clasifica en: a) Principal: supone que, pendiente el proceso, un tercero se enfrenta a las partes primitivas, demandando al primitivo actor y demandado, y pretende ser titular del derecho sobre el objeto litigioso, derecho conexo e incompatible con el del originario actor. b) Litisconsorcial: puede definirse como la introducción en un proceso pendiente entre dos o más partes, de un tercero que alega un derecho propio discutido en el proceso, defendido por alguna de las partes. Esta intervención se inscribe en el ámbito de la legitimación propia, porque el tercero afirma ser cotitular de la misma relación jurídica deducida en el proceso y defiende intereses propios, no ajenos. c) Adhesiva simple: constituye una hipótesis de legitimación extraordinaria en que el tercero afirma ser titular únicamente de una relación dependiente de la debatida en el proceso, es decir, no afirma ser cotitular de dicha relación jurídica.3 Con base en lo anterior, válidamente puede afirmarse que, en la especie, el acto reclamado no irroga efectos de imposible reparación respecto de la esfera jurídica del peticionario del amparo, al no vulnerar sus derechos sustantivos; es decir, que no impide el libre ejercicio de un derecho, ni genera un detrimento al patrimonio, a la vida, la libertad, la posesión o la propiedad del quejoso. 3 CONTRADICCIÓN DE TESIS 370/2017. Resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 28433, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo I, página 80. Lo anterior, precisamente porque en la determinación que se combate no se realizó un pronunciamiento sobre el tema a dilucidar y el hecho de que la secuela procedimental sea repuesta sólo genera efectos intraprocesales o adjetivos; se insiste, porque únicamente se determinó que para estar en aptitud de resolver lo atinente al fondo del asunto era necesario que se incorporara a la relación procesal a llamar a juicio a Ana María Vizcaíno Pacheco, por considerarse que ésta cuenta con un interés jurídico diverso, pero relacionado con el que es materia de este contradictorio al habérsele cedido la totalidad del predio denominado "La Palma" y habiendo sido materia del contrato base de la acción cinco fracciones de ese predio, pudiéndose presentar entre ella y los contendientes una diversidad de situaciones que deben ser dilucidadas a fin de satisfacer en forma plena el referido derecho fundamental. Incluso, se observa que al dictarse la resolución reclamada el Magistrado responsable precisó que, en caso de que obtuviere sentencia favorable, el demandado formal y materialmente no podrá otorgar la escritura respectiva, ante la falta de continuidad de los títulos, pues no se formalizó la adjudicación hecha en favor de Ernesto Arturo Giacopello Vizcaíno, ni tampoco se ha formalizado la cesión a favor de Ana María Vizcaíno Pacheco o incluso efectuada ésta igualmente faltaría dicha continuidad; lo cual deja en evidencia que, eventualmente, hasta que se dicte la sentencia relativa que declare procedente la acción se actualizaría un perjuicio y, en su caso, el aquí quejoso se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior en lo conducente, la tesis que, por identidad de razón, se inserta enseguida: "Época: Décima Época Registro: 2015272 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV Materia(s): Común, Civil Tesis: (X Región)4o.2 C (10a.) Página: 2488 LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA. Amparo en revisión 1409/2016 (cuaderno auxiliar 26/2017) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Juana Alicia Urbano Ruiz. 20 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Rodríguez Maldonado. Secretario: Andrés Guillermo Ríos Vizcaíno. Amparo en revisión 169/2017 (cuaderno auxiliar 344/2017) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Eloisa Menchaca Lucio. 27 de abril de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Alejandro González Salazar. Secretario: Jacinto Hernández Hernández. Esta tesis se publicó el viernes 06 de octubre de 2017 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Máxime, que al recurrir la sentencia de primera instancia el aquí quejoso no discutió los efectos de la reposición del procedimiento, los cuales quedaron confirmados en la resolución de alzada; además de que, tanto en la primera como segunda instancia se absolvió del pago de costas. No obsta que, al resolver la contradicción de tesis 63/2003, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, haya determinado que el juicio de amparo procede contra la resolución de segundo grado que deja insubsistente el fallo primigenio y ordena la reposición del procedimiento, por actualizarse un litisconsorcio pasivo necesario; y, que con motivo de ello, se haya emitido la jurisprudencia que se reproduce a continuación: "Época: Novena Época Registro: 179548 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Enero de 2005 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 106/2004 Página: 199 LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. La resolución de segunda instancia que deja insubsistente la sentencia de primer grado y ordena reponer el procedimiento de un juicio natural, para efecto de integrar el litisconsorcio pasivo necesario, no es un acto definitivo contra el que procede el amparo en la vía directa, porque no pone fin al juicio, de manera que su impugnación sólo podría efectuarse en la vía indirecta. Para ello, sin embargo, se requiere que dicho acto satisfaga el atributo de ser de imposible reparación. Y en efecto, constituye un acto procesal equiparable a los de imposible reparación, contra el cual procede el amparo en la vía indirecta, porque afecta en grado predominante o superior a la parte que obtuvo una sentencia con la que está conforme, pues por virtud de la resolución de alzada, se encuentra con que queda insubsistente aquel fallo, para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, y que eventualmente puede no ser un litisconsorcio pasivo necesario, con lo que el nuevo juicio que se instaure podría, a la postre, ser inútil. Además, atendiendo a los efectos concretos que en cada caso resulten de la reposición del procedimiento, podrían existir consecuencias de imposible reparación que también hagan mérito para la procedencia del amparo indirecto, tales como 1) el que por virtud de la orden de reponer el procedimiento se nulifiquen actuaciones procesales ya practicadas, como el desahogo de pruebas que, ya para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran de vuelta (piénsese, por ejemplo, en el fallecimiento de testigos que ya rindieron testimonio o la destrucción de documentos), o 2) los requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados a la actora de cumplir con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. Contradicción de tesis 63/2003-PS. Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 8 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López. Tesis de jurisprudencia 106/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de octubre de dos mil cuatro. Nota: Por ejecutoria del nueve de noviembre de dos mil once, la Primera Sala declaró improcedente la solicitud de modificación de jurisprudencia 21/2011 derivada de la solicitud de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, toda vez que estimó innecesario modificar la presente tesis jurisprudencial al tenor de las razones expuestas en la solicitud respectiva." (El énfasis es añadido) Es así, porque el criterio reproducido fue formulado con cimiento en la anterior Ley de Amparo, la cual preveía que el juicio de amparo procedía contra actos de imposible reparación y contra aquellos que generasen una afectación de grado predominante o mayor; sin embargo, ya quedó establecido que la actual Ley de Amparo establece que el juicio de control constitucional procede contra actos intraprocesales, únicamente cuando afecten de manera inmediata y directa los derechos sustantivos de las partes, lo cual implica que actualmente los actos que generen una afectación de grado predominante o mayor, como podría ser el caso, sólo pueden ser analizados a través del juicio de amparo directo que eventualmente se promueva contra la sentencia que ponga fin al proceso, como violaciones procesales. Cimientan lo anterior, las tesis que se insertan a continuación: "Época: Décima Época Registro: 2009478 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo I Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a. XLVIII/2015 (10a.) Página: 1070 ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. Amparo en revisión 804/2014. Rocío Cárdenas Mendoza. 22 de abril de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno. Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación." "Época: Décima Época Registro: 2009477 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 19, Junio de 2015, Tomo I Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a. L/2015 (10a.) Página: 1069 ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Si bien es cierto que durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada era posible controvertir a través de la vía biinstancial las violaciones procesales que afectaban al gobernado en grado predominante o superior, no menos lo es que tal posibilidad se generó con motivo de la jurisprudencia indicada, ante la necesidad de brindar seguridad jurídica, pues en aquella época no existía disposición alguna que definiera a los actos de imposible reparación previstos en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo señale que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, no implica una violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresividad, por estimar que limita y restringe el nivel de protección alcanzado en la jurisprudencia, debido a que por regla general, la jurisprudencia -que resuelve cualquier problema de legalidad-, emitida por este Alto Tribunal, no es obligatoria para la autoridad legislativa de acuerdo con los artículos 94 de la Ley Suprema y 217 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría vulnerar el principio de división de poderes que es la base de nuestro orden constitucional, sino por el contrario, la amplia libertad de configuración del legislador está limitada únicamente a respetar a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; luego, si el legislador federal, en uso de la facultad de libertad de configuración legislativa, estableció un concepto de "actos de imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto que por disposición legal no existía, sino que por la función interpretativa de la jurisprudencia se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, no es posible declarar su inconstitucionalidad bajo dichos parámetros, máxime si se toma en consideración que la jurisprudencia aludida no otorgó algún derecho subjetivo que no estuviera tutelado en la Ley de Amparo abrogada, concretamente, por lo que respecta a la posibilidad de impugnar tanto actos de imposible reparación, como violaciones procesales. Amparo en revisión 804/2014. Rocío Cárdenas Mendoza. 22 de abril de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno. ______________ Nota: (*) La tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO." Esta tesis se publicó el viernes 26 de junio de 2015 a las 09:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación." En tal virtud, al haberse actualizado las hipótesis de improcedencia indicadas con antelación; en términos de lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo4, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio respecto de aquellas actuaciones. 4 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en contra de los actos combatidos. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "Época: Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 81/90. Pablo Zacatenco Ríos. 10 de mayo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Fernando Hernández Piña. Amparo en revisión 258/91. Esperanza Martínez de Rodríguez. 21 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretario: Pedro A. Rodríguez Díaz. Recurso de revisión 433/91. Nacional Financiera, S.N.C. 6 de febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 108/92. Felipe de Jesús Negrete Sotomayor. 20 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco. Amparo en revisión 130/93. Dominique Javier Bagnoud Lalquette. 18 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Narváez Barker. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Segunda Parte, tesis 1028, página 708." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido Ernesto Arturo Giacopello Vizcaíno, contra del acto que reclamó a la autoridad responsable precisada, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este juzgado.

  4. Principal

    POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA MARIA TRINIDAD HORTAL ARZAT EL SIGUIENTE ACUERDO QUE EN LA PARTE QUE INTERESA DICE: es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido Ernesto Arturo Giacopello Vizcaíno, contra del acto que reclamó a la autoridad responsable precisada, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este juzgado

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