Ernesto Andrés Méndez Cedillo y Otros.

Expediente 1122/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1122/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Ernesto Andrés Méndez Cedillo y Otros.
  • Ernesto Andrés Méndez Cedillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    V. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1122/2023-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este órgano jurisdiccional el uno de septiembre siguiente, ********************, por derecho propio, y en representación de sus menores hijos de iniciales ********************. y ********************., solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juzgado Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. II. Por auto del cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró bajo el número 1122/2023-V, se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó la designación de un representante especial de los menores de iniciales ********************. y ********************., mismos que el licenciado ********************, en su carácter de asesor jurídico, aceptó el cargo conferido; se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada ********************, y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que el acto reclamado se atribuye a una autoridad residente dentro de la jurisdicción y ámbito de competencia que corresponde a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado consiste en: La resolución del catorce de agosto de dos mil veintitrés, que resolvió el recurso de revocación, interpuesto por el quejoso, contra el auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, que estableció un régimen de convivencias de sus menores hijos de iniciales ********************. y ********************., en el expediente 1472/2016 relativo al procedimiento judicial no contencioso de ratificación de convenio promovido por ******************** y ********************, emitido por el Juzgado Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juzgado Séptimo de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación del 2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, cuyo rubro y contenido son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado el juez responsable, consistentes en copia certificada de lo actuado en el expediente 1472/2016 relativo al procedimiento judicial no contencioso de ratificación de convenio, a las que se concede pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Esto, con base en la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dispone: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, sea que las partes lo aleguen o no, debe examinarse la procedencia de la acción de amparo, por ser de orden preferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia II.1o. J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, Materia Común, página 95que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". No habiéndose invocado de manera destacada causa de improcedencia, este Órgano de Control Constitucional procede al estudio del fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación de la parte quejosa son los siguientes: "Que la autoridad responsable vulnera sus garantías previstas en los artículos 1o, 4o, 14, 16 y 17 constitucionales, al tenor de las siguientes consideraciones: Que en la resolución reclamada que resolvió el recurso de revocación que interpuso el quejoso en contra del auto de catorce de julio de dos mil veintitrés, que la juez responsable formuló diversas consideraciones inexactas que carecen de sustento legal, que se violaron los principios de congruencia y certeza jurídica, estricto derecho, legalidad, que ello vulneró las garantías contenidas en los artículos 1o, 4o, 14, 16 y 17, segundo párrafo, constitucionales; y en estrecha violación con los diversos 3, 4 y 6 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 1,2,5, fracción XXII de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, expone que se violentó en perjuicio de sus menores hijos de iniciales ********************. y ********************., el acceso efectivo a la justicia como derecho fundamental, que es su interés superior como una protección máxima, consistente en sus esferas físico, psicológico y emocional, que ello implica que dichas esferas deben ser vigiladas por parte de las autoridades para garantizar a mayor estabilidad de los mismos, que la autoridad debe garantizar que reciban una actividad jurisdiccional, así, como cumplir con el principio de exhaustividad, sus garantías procesales de manera completa que involucren el derecho preferente de los menores, sea completa, fundada y motivada, velando por su interés superior. Expone que de la resolución reclamada el juez responsable no protegió el interés superior de los menores al permitir que convivan con su progenitora sin tener las pruebas desahogadas en el procedimiento, que se acreditó la violencia que su madre ejerció contra los menores, que la responsable textualmente manifestó que: "sin pasar por alto los indicios de que existen respeto del estilo de crianza poco asertivo de la madre hacia sus hijos"-que con ello la responsable reconoció la estilo de crianza poco asertivo de la tercero interesada con los menores, que la propia juez puso ciertas medidas, ordenó la prueba pericial en psiquiatría para determinar el grado de afectación que los menores tuvieron con su progenitora. Que dicha prueba se encuentra pendiente de desahogo y que de manera poco asertiva la responsable sin tener las pruebas completas y desahogadas no tomó en cuenta como se acreditó que los menores fueron víctimas de violencia familiar por parte de su progenitora, lo que refiere se encuentra acreditado con las constancias en copia certificada de la carpeta de investigación NIC: CGV/UGM/00/MPI/842/02583/22/12 y NUC: ECA/CGV/UGM/82/376040/22/12, que promovió el quejoso en contra de ********************, así como el estado procesal que guarda el asunto. Que resulta indispensable contar con la valoración de la prueba en psiquiatría con el fin de ver el estado de sus menores hijos por la violencia sufrida por parte de su progenitora, con lo que debe contar la responsable para determinar lo que es más benéfico al interés superior del menor, expone que la resolución reclamada carece de protección constitucional, que no es legal, que no está debidamente fundada y motivada, que está incompleta porque no se desahogaron las pruebas requerida. Que la juez responsable ordenó la prueba pericial en psiquiatría hacia sus menores hijos con el fin de saber el grado de afectación por la violencia que su progenitora ha ejercido hacia ellos, que dicha prueba se encuentra pendiente de desahogo, que resulta necesaria para llegar a la verdad de los hechos y priorizar los derechos y bienestar de los menores, que dicha obligación está establecida en el artículo 4o constitucional. Que la responsable no tomó en consideración el desahogo pendiente de dicha probanza y que sin atender dicha circunstancia, la misma resulta indispensable para saber el estado de los menores y las secuelas que les ha dejado la violencia que tuvieron con su progenitora, que para que la autoridad responsable llegara a una determinación como una convivencia temporal con su madre quien refiere es violenta, la juez debió analizar las pruebas para emitir una decisión al interés superior de acuerdo con las condiciones específicas del caso, que debió vigilar el respeto de los principios humanos contenidos en el artículo 1o., constitucional, que el quejoso no es ajeno a esa situación pues aduce tener la patria y potestad y los cuidados de sus hijos, que es el responsable de velar por los derechos, que la juez de origen no veló por los derechos de la niñez que la obliga como autoridad a velar y cumplir con el principio de interés superior de los mismos para proteger y garantizar su derechos. Insiste que hasta el día de hoy no se han recabado la totalidad de los elementos necesarios, como la prueba pericial en materia de psiquiatría, para que la responsable pueda resolver de manera fundada y motivada lo que resulte más beneficioso para los menores involucrados, conforme a sus propias necesidades y que con eso determinara la procedencia o no del régimen de visitas supervisado o la forma de relacionarse y revincularse con su progenitora, que conforme al artículo 4o, constitucional se adviertan datos objetivos de los que derivados de las afectaciones sufridas con motivo de la violencia, la juez responsable tenga elementos objetivos para decretar la medida del régimen de visitas supervisado, que la responsable fue omisa al no tomar en cuanta y no tener los elementos necesarios con el fin de no causar un perjuicio irreparable a los menores, que con el cumulo de pruebas emitidas y desahogadas en su totalidad se estarían poniendo en riesgo a los menores, que se afectaría su integridad que de ninguna manera se debe permitir hasta no tener certeza que las convivencias de ninguna manera afecten física, emocional o psicológicamente. Que esa situación no fue valorada por la juez responsable, que sin tener las pruebas completas, ni elementos que acreditaran que la convivencia no resulta perjudicial, emitió una determinación en la que se pudiera poner en riesgo la estabilidad emocional, física, emocional y psicológica de los menores, que es evidente que la responsable violentó los artículos 1o, 4o, 14, 16 y 17 constitucionales. Que el bien jurídico tutelado es el que debe prevalecer dentro del procedimiento, que es el interés superior de sus menores hijos, y no sobre los intereses personales de sus progenitores, que los menores han sido afectados en su esfera psico emocional como resultado de actos de violencia realizados por su progenitora y que aduce que se acreditó que aún no se desahogan las pruebas, que no existe sustento jurídico para que la juez de origen hubiese determinado un régimen de visitas y convivencias que se acreditó la ilegalidad de la determinación recurrida al violentar las garantías humanas del debido proceso, formalidades esenciales del procedo, emitir una determinación sin haber analizado, estudiado el cumulo de pruebas necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos, que vulneró el interés superior de los menores que tuvieran una efectiva protección a sus derechos humanos fundamentales así como a una protección con una efectiva tutela jurisdiccional, que se ha vulnerado el interés superior de los menores que ello lo establecen los artículos 5.1, 5.3 bis, fracción I y 5.16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en relación con los artículos 1o, 4o, 14 y 16 constitucionales, así como lo previsto en los artículos 3 y 19 de la Convención sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 1, 2, 5, fracción XXII de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, que ello es una transgresión de los derechos fundamentales de los menores. Que la juez responsable estimó determinar el régimen de visitas y convivencias entre sus menores hijos con su progenitora, que manifestó que en la plática con los menores manifestaron que si querían ver a su mamá, que dicha determinación se basó entre otras consideraciones es contraria al interés superior de sus menores hijos, aduce que carece de sustento legal, insiste que es un violación a los principios de congruencia, certeza jurídica, estricto derecho y legalidad, reitera que vulneraron las garantías contenidas en los artículos 1o, 4o, 14, 16 y 17, segundo párrafo constitucionales, en intrínseca y estrecha violación a lo establecido 3, 4 y 6 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 1,2,5, fracción XXII de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, que se violentó en perjuicio de los menores el acceso efectivo a la justicia como derecho fundamental que es su interés superior, expone que es su protección máxima, que la consideración de la responsable debió obedecer preponderantemente a que las esferas de los menores en su ámbito físico, psicológico y emocional no sean vulnerados, reitera que la juez de origen debe basar sus determinaciones con el cumulo de pruebas desahogadas en su totalidad con el fin de proteger su interés superior, que debe tener desahogadas en su totalidad las pruebas para determinar si es viable o no llevar a cabo la convivencia entre su progenitora y los menores para que no corran ningún riesgo. Que los menores expresaron que querían ver a su madre de vez en cuando, que así lo manifestaron dado que convivieron con la misma, que conforme a los principios generales de derecho que la misma cuente con todo el caudal probatorio para que emita una determinación apegada el interés superior de los menores, para evitar que sigan siendo víctimas de violencia por parte de la progenitora, que debe garantizarse el interés superior de los mismos, expone que la responsable no se pudo basar en una plática cuando no contó con elementos técnicos, científicos para determinar la convivencia". Dichos conceptos son infundados. Para evidenciar lo anterior conviene citar los artículos 8°, numeral 1, y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen: "Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (.) Artículo 19. Derechos del Niño Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. (.)". Tales preceptos establecen el principio de igualdad procesal, de cuyo contenido se advierte que se encuentra encaminado a garantizar que las partes contendientes, incluso donde son parte los menores, tengan los mismos derechos de ser escuchados, de ofrecer pruebas, alegar y recurrir las resoluciones que no les resulten favorables. Respecto a dicho principio, su connotación es más amplia, pues exige el reconocimiento a la igualdad entre las partes, de modo que el juzgador tiene prohibido favorecer o dar ventajas a alguna de las partes con base en las cualidades personales de éstas, pues un proceso debe ser tramitado sin considerar la clase de las personas que intervienen en la relación procesal. Asimismo, se establece como prioridad que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Sobre el particular, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 9, numerales 1 y 3, disponen lo siguiente: "1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. (.) 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño". De lo anterior se infiere la prohibición de las autoridades de separar contra la voluntad de sus padres a los menores hijos, excepto cuando las autoridades competentes lo determinen en base a la ley y derivado de un procedimiento seguido con las formalidades esenciales del procedimiento atendiendo a la necesidad de garantizar el interés superior del niño. Además de que existe obligación de que los Estados deberán respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si eso es contrario al interés superior del niño. Sobre este tema la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 123/2009, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J.97/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 176, del rubro: "PATRIA POTESTAD. SU PÉRDIDA NO CONLLEVA INDEFECTIBLEMENTE IMPEDIR QUE EL MENOR EJERZA EL DERECHO DE CONVIVENCIA CON SUS PROGENITORES", se pronunció en el sentido de que el derecho de convivencia no es exclusivo de los padres, sino también de los hijos, pues de conformidad con el artículo 4°. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 9, punto 3 y 10, punto 2, de la Convención sobre los Derechos del Niño, éstos tienen derecho a que se propicien las condiciones que les permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, para lo cual, en la mayoría de los casos, resulta indispensable la convivencia con ambos progenitores independientemente de que ejerzan o no la patria potestad sobre ellos. Ahora, en el caso que nos ocupa, la Juez responsable al emitir el acto reclamado estableció, entre otras cosas, que el auto combatido se encontraba debidamente ajustado a derecho, pues en él se salvaguardaron los derechos de los menores, al buscarse únicamente que convivieran con su progenitora hasta en tanto se estuviera en la posibilidad de resolver sobre la ejecución o inejecución del convenio. Además de que en atención a su obligación de velar por su interés superior, esto es, que no se vean afectados en cuanto a su convivencia a la que tienen derecho con su progenitora, es que determinó que ésta sea supervisada, ello, tomando en cuenta su escucha, además de que no pasó por alto los indicios de violencia, lo que generó decretarla mediante supervisión por especialistas del Centro de Convivencias del Poder Judicial del Estado de México, quienes rendirían informes de cómo se desarrolla la convivencia de la madre con sus hijos. En ese sentido, se considera que es acertada la decisión de la responsable, pues con ella se garantiza el derecho humano de los menores en convivir con su progenitora, lo que permite que éstos tengan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, al continuar con las relaciones personales con sus progenitores. Aunado a que si bien existen indicios de violencia familiar, es que se estima correcto que la salvaguarda de los hijos menores, sea mediante la convivencia supervisada con su progenitora en el centro antes mencionado. De ahí que no le resulta la razón al quejoso en señalar en sus conceptos de violación que era indispensable contar con la valoración de la prueba en psiquiatría para estar en posibilidad de decretar la convivencia, pues lo cierto es que de hacerse así, se estaría retrasando el ejercicio de un derecho humano a favor de sus menores hijos, esto es el de convivencia, generando con ello una afectación a su desarrollo psicológico y emocional. Además de que, con la presente determinación, no se está dejando en estado de indefensión a las partes, pues será hasta en tanto se desahogue la prueba en comento y que de ésta se desprendan nuevos elementos, cuando, en su caso, se estará en posibilidad de variar la forma en que se han decretado las medidas de convivencia que nos ocupan. Por todo lo anterior y al resultar infundados los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. Por lo anterior se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por derecho propio, y en representación de sus menores hijos de iniciales ********************. y ********************., por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; personalmente a ********************, en su carácter de representante especial de los menores de iniciales ********************. y ********************.; personalmente a la tercero interesada ********************; por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público Adscrito. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Sofía García Carrera, secretaria quien da fe, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, que las labores de este Juzgado Federal lo permitieron. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por hecha la certificación de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Visto el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito remitiendo los autos originales del incidente de suspensión 541/2023-V, de este índice, y el testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión ordinaria virtual del veintiocho de septiembre pasado, emitida en la revisión incidental 191/2023, mediante la cual confirmó la resolución interlocutoria impugnada y negó la suspensión definitiva a la parte quejosa. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes y acúsese recibo al órgano colegiado vía interconexión. Háganse las anotaciones correspondientes y glósense a estos autos únicamente las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso en cita. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de octubre de dos mil veintitrés. Téngase a la tercero interesada ********, apersonando se este juicio de amparo, conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos; como autorizadas a las personas que menciona, en el entendido de que si es en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. De igual manera, se tienen como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito, por encontrarse dentro de la residencia de este juzgado federal. Finalmente, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído del dos de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia Comisionada como Supernumeraria en el Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpande Juárez. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a la responsable, toda vez que dicha circunstancia no le irroga algún perjuicio. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de octubre de dos mil veintitrés. Téngase a la Juez de Primera Instancia Comisionada como Supernumeraria en el Juzgado Séptimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con él dese vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. En términos del ordinal 119 de la ley de la materia, téngase como prueba de la autoridad responsable las constancias que en cinco legajos certificados y un disco versátil formato dvd, adjuntó a su informe con justificación, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la audiencia constitucional. Dado la voluminosidad de las constancias certificadas, para facilitar su manejo y evitar el deterioro, se ordena formar cinco tomos de prueba por separado. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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