Ernesto Alonso LòPez Sauri
Expediente 799/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- J. A. L. C.
- Ernesto Alonso LòPez Sauri
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
MESA VIII.- Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto la cuenta que antecede, SE ACUERDA: toda vez que en acuerdo del día dieciséis de junio de este año, en autos del expediente principal se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto, del cual derivan este incidente de suspensión, por tanto se declara que quedan sin efecto las providencias precautorias dictadas en este incidente de suspensión, para todos los efectos legales procedentes. Hágase lo anterior del conocimiento de las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA VIII.- Mérida, Yucatán, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que de la lectura integral de la demanda de amparo y de las restantes constancias que integran el controvertido en que se actúa, se desprende que la parte quejosa *** en su carácter de representante legal del menor de edad ***, reclama de las autoridades responsables en esencia, la omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer a los niñas y niños de cinco a once años en adelante, contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Cesación de efectos del acto reclamado Este Juzgado Federal considera que respecto de dicho acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no estar surtiendo efectos. En ese sentido, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe implicar la desaparición total de los efectos del acto, por lo que es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tiene aplicación la jurisprudencia 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Sostener lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia; circunstancia que es contradictoria al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Expuesto lo anterior, debe decirse que para resolver sobre la actualización de la causa de improcedencia que se estima, es oportuno tener como hecho notorio que en la página oficial de la plataforma Twitter, el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, publicó que a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abriría el pre-registro para niñas y niños de cinco a once años de edad, a fin de que reciban la vacuna contra el Covid 19. En dicho comunicado explicó que se tendría que acceder a la página de internet: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, como se evidencia en la imagen que se inserta: Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 88 y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles -aplicado supletoriamente-. Tiene aplicación la jurisprudencia 24, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 2470, Tomo XXIX, Enero de 2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que reza: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." En ese tenor, si se toma en consideración que el directo quejoso de iniciales ***, a la presente fecha, cuenta con una edad de ocho años, de acuerdo al acta de nacimiento que anexó a su demanda de amparo; es evidente que, ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. Ante esas eventualidades, es palmario que las omisiones reclamadas, relativas a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los niños y niñas de cinco a once años, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como la omisión de aplicar dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus, han cesado en sus efectos, puesto que el directo quejoso a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, está en posibilidad de poder vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de su residencia, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Por tal motivo, las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los niños y niñas de cinco a once años de edad, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia del directo quejoso. Cobra vigencia al caso, por la razón jurídica que contiene, la jurisprudencia 198, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a septiembre de 2011, Tomo II, Volumen 1, Materia Procesal Constitucional, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo que implica que en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo se restituyó a la garante en el derecho que aducía vulnerado. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 415, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, que expresa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ante esas eventualidades, es palmario que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, en términos del ordinal 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Tiene aplicación la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y sinopsis siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la promovente manifestó que aún no ha recibido las vacunas el menor de edad, toda vez que ya se encuentra en aptitud de inscribirse para tal efecto y ya es considerado en el plan nacional de vacunación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Incidental
MESA V.- Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días que refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a las partes mediante acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo conducente respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, por lo que de oficio, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En consecuencia, la suscrita considera que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo y, por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dado los lineamientos de la sentencia y el análisis de las constancias remitidas, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de quince días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que, en caso de no hacerlo, se tendrá por consentido el presente proveído. Finalmente, tómese nota que la sentencia de amparo quedó cumplida el veintitrés de febrero del año en curso. Notifíquese.
- Incidental
MESA III.- Vista la certificación que antecede, en la que se asentó que mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria en este juicio y se apercibió a las partes que en caso de que no hicieran manifestación alguna en el término de tres días, este Tribunal acordaría lo que en derecho procediera, sin que lo haya hecho; por tanto, conforme al artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver si dicha sentencia se encuentra cumplida o no. En ese tenor debe decirse que en el presente asunto se AMPARÓ Y PROTEGIÓ a ..., para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad: De conformidad con el numeral 17 Constitucional, de inmediato procedan a ordenar girar el oficio de toma de razón de los embargos trabados al Registro Púbico de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial y al Secretario de Hacienda y Crédito Público y ordene a la parte demanda ponga a disposición de dicha junta responsable los activos fijos y circulantes embargados en el expediente 903/2016, a fin de dar cumplimiento al laudo dictado. En cumplimiento a la sentencia dictada en autos, la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió mediante oficio 1412/2021 de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno las constancias relativas al acuerdo dictado el veintitrés de agosto del año dos mil veintiuno en el cual ordenó girar los oficios correspondientes al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que tomen razón de los embargos trabados en la diligencia de requerimiento de pago y embargo; así como el oficio 1972/2021 de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual remitió el oficio suscrito por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán en el cual le remitió las boletas de inscripción de anotación por orden de autoridad del embargo realizado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, en autos del juicio laboral 903/2016; acuerdo que le fue notificado a la parte quejosa el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de las constancias que obran agregadas en autos. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo y protección de la justicia federal y se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, por lo que debe concluirse que resulta procedente declarar que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. Con lo anterior, hágase del conocimiento de las partes que tienen el término de quince días, contados a partir de aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, para interponer el recurso de inconformidad establecido en el numeral 201, fracción I de la Ley de Amparo en vigor, en contra de la presente resolución, y una vez transcurrido dicho plazo, sin que hubieren interpuesto el citado recurso, se ordenará el archivo definitivo de este asunto, conforme al cuarto párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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