Ernesto Alonso Heredia Ruiz

Expediente 116/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 31 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
116/2022
Año
2022
Actuaciones
31
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Ernesto Alonso Heredia Ruiz
  • GUARDIA NACIONAL, calle Nicolas Bravo numero 145, entre Avenida Ignacio Zaragoza y Callejón Culiacán, colonia centro, Guamuchil, Salvador Alvarado, Sinaloa. C.P. 81400

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de lo que se advierte que la autoridad responsable Titular de la Subestación de Seguridad a Vías de Comunicación Guamúchil, de la Guardia Nacional, con residencia en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, a través de su oficio recibido en éste juzgado el trece de octubre del año en curso, comunico el cumplimiento dado a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, éste Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, por lo que, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, corresponde a este Juzgador Federal asumir la responsabilidad de verificar el acatamiento que la autoridad responsable debe a la sentencia protectora. Lo anterior, porque el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es una cuestión de orden público; de modo tal que, con el desahogo de la vista o sin ella, debe determinar si la ejecutoria está cumplida o no, o si hubo exceso o defecto, de modo que se entenderá cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin ningún vicio. El reclamo de la parte quejosa esencialmente lo hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- DE LAS 3 AUTORIDADES RESPONSABLES, les reclamo la LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA EN EL ARTÍCULO 8 CONSTITUCIONAL, la cual fue debidamente firmada y sellada de recibido por dicha autoridad responsable el día 03 DE DICIEMBRE DE 2021.". Por otra parte, visto el estado procesal de los autos se advierte en sentencia de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Sentencia que fue recurrida por la licenciada Mónica Cecilia Luna Barrientos, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a éste juzgado, mismo que toco conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa. Mediante proveído de doce de septiembre del año en curso, se agregó a los autos el oficio 12970/2022 suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en el cual remitió la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión 558/2022, en la cual se confirmó la sentencia dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el presente juicio En esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable Titular de la Subestación de Seguridad a Vías de Comunicación Guamúchil, de la Guardia Nacional, con residencia en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, para efecto de que realizara lo siguiente: "E*****************. Con lo anterior se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de dieciséis de octubre del año en curso, por el término de tres días, con el apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, este juzgado resolvería sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obren en el presente juicio y los datos aportados por las autoridades responsables. En consecuencia, si el amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, otorgara respuesta a la petición del quejoso *********** de manera completa y coherente al escrito de tres de diciembre de dos mil veintiuno, y, hecho lo anterior le hiciera saber en breve término su contestación; lo cual en la especie ya aconteció; por tanto, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, restituyéndose a la impetrante en el pleno goce de sus garantías violadas, en términos de lo que establecen los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO POR ESTE JUZGADO DE DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE A LA LETRA DICE: Los Mochis, Sinaloa, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta suscrito por el Titular de la Subestación de Seguridad a Vías de Comunicación Guamúchil de la Guardia Nacional, con residencia en Guamúchil, Sinaloa, mediante el cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite diversas documentales; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Finalmente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

  3. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la autoridad responsable Titular de la Subestación de Seguridad a Vías de Comunicación Guamúchil, de la Guardia Nacional, con residencia en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, no ha dado cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés, esto es, informar respecto al cumplimiento dado a la sentencia constitucional dictada por éste juzgado el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, misma que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta (vía ordinaria y vía estafeta) a la citada autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, contado a partir de la recepción del oficio respectivo, otorguen cabal y puntual cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, o, al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx. En el entendido de que la concesión del amparo fue para el efecto de que: ".....". Para lo cual se apercibe a la citada autoridad que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria dentro del plazo indicado, se les impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo, acorde a lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 59/2014 sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra establece: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Asimismo, se invoca al respecto la Jurisprudencia 54/2014, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.".

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, por medio del cual remite copia certificada de la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión número ********************, de su índice en la que resuelve lo siguiente: "PRIMERO. Queda firme el SOBRESEIMIENTO decretado en el considerando tercero de la sentencia recurrida, en relación con el acto reclamada al Coordinador Estatal Sinaloa en la Guardia Nacional, con residencia en El Sauz, Culiacán, Sinaloa, por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. ES IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Los Mochis, conforme a lo precisado en el considerando sexto de esta resolución. TERCERO. En consecuencia, en la materia de la revisión SE CONFIRMA la sentencia recurrida. CUARTO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, por el acto reclamado al Titular de la Subestación de Seguridad a Vías de Comunicación Guamúchil, a la Guardia Nacional, con residencia en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, en los términos y para los efectos indicados en la sentencia sujeta a revisión"; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo previo desglose de las copias que obran en el cuaderno principal, esto para evitar duplicidad de constancias, hágase lo anterior del conocimiento oportuno de las partes. Acúsese recibo mediante oficio en el que se transcriba el presente proveído. En atención a lo anterior, requiérase a la autoridad responsable Titular de la Subestación de Seguridad a Vías de Comunicación Guamúchil, de la Guardia Nacional, con residencia en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, remitiéndose copia de la resolución dictada por la superioridad, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, e informe sobre el cumplimiento, o bien, los actos que esté realizando para tal efecto. En el entendido de que los efectos para los cuales se concedió el amparo son los siguientes: "En el plazo de tres días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, otorgue respuesta a la petición del quejoso ******************** de manera completa y coherente al escrito de tres de diciembre de dos mil veintiuno; y, 2. Le hagan saber en breve término su contestación; en la inteligencia de que la protección constitucional obsequiada tiende a asegurar una determinación sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido...". Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, se les impondrá multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos de los numerales 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo.

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