Ernesto Alejandro Velazquez Padilla

Expediente 1464/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1464/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/08/2022

Partes del expediente

  • Ernesto Alejandro Velazquez Padilla

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se haya presentado promoción encaminada a impugnar el auto de uno de julio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el presente juicio es susceptible de depuración, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, dentro de los siguientes noventa días, se verificará la depuración del presente expediente; y terminado ese proceso, deberá realizarse una transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Luego, atento a lo dispuesto en el numeral 18 del acuerdo en cita, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de noventa días, contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, comparezca a este Juzgado a recoger la documental que exhibió, apercibida que de no hacerlo en el aludido término, dicho documento podrá ser destruido junto con este expediente. En el entendido, de que para acudir por el referido documento, deberá generar cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, "Agenda OJ", tal como lo prevé el "Capítulo II. Atención al público en general", del ACUERDO GENERAL 9/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE VIGENCIA Y LAS FACULTADES DE LA COMISIÓN ESPECIAL. Finalmente, notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por el apoderado de la parte quejosa, contra actos de autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, contra actos de autoridad, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHARLA DE PLANO, por actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. De la interpretación gramatical de los numerales 112 y 113 de la ley de la materia, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, de la ley en cita, pues se está ante un acto emitido en el procedimiento de ejecución de laudo que no constituye la último resolución en el mismo, no es de imposible reparación ni autónomo. Cierto, como se desprende del contenido integral de la demanda de amparo, la parte promovente señaló como acto reclamado el siguiente: El acuerdo dictado el siete de julio de dos mil veintidós por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el expediente 643/2018-D2, en el que hizo efectivo el requerimiento en diverso auto e impuso una multa a la Entidad Pública demandada, Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, Jalisco, y requirió nuevamente por el cumplimiento del laudo, apercibida que de no hacerlo se aplicaría una sanción económica en lo personal establecida en el artículo 143 de la ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, sin que se hubiese apercibido de suspender del cargo, al titular de dicha dependencia. Ahora, la Ley de Amparo, dispone: [se omite transcripción] Del contenido del numeral aludido se aprecia que tratándose de actos emitidos en ejecución de laudo el juicio de amparo indirecto únicamente será procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Asimismo, que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Así, se evidencia la intención de legislador de limitar el abuso del ejercicio del juicio de amparo, motivo por el cual para que resulte procedente respecto de actos dictados en ejecución de sentencia o laudo resulta menester que constituya la última resolución emitida en el mismo. Efectivamente, los actos dictados en el procedimiento de ejecución pueden revestir las siguientes características: a) actos dictados directamente en ejecución de sentencia o laudo; b); resoluciones sobre liquidación de sentencia o laudo; c), resoluciones sobre incidentes de nulidad de actuaciones; d), actos ajenos al objeto de la ejecución sentencia o laudo (verbigracia: la aprobación de un convenio); y, e) actos atientes a la imposición de sanciones y medidas de apremio. Ahora, al tener en cuenta los antecedentes del caso, los términos en que se dictó el proveído que constituye el acto reclamado y el marco jurídico indicado, es indudable que se materializa la causa de improcedencia antes mencionada, en la medida de que el acto reclamado constituye un proveído emitido dentro de la etapa de ejecución del juicio, siendo que el proveído referido no constituye la última resolución, siendo aquélla la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordenan el archivo definitivo del expediente, por lo que, como se señaló en líneas que anteceden, no es el momento oportuno para acudir a esta instancia judicial. Luego, como quedó evidenciado el acto reclamado no es ajeno ni autónomo a la ejecución del fallo sino vinculado al mismo, pues el mismo incide en el procedimiento de ejecución de la cosa juzgada, al ser dictado dentro de la ejecución referida, y no constituyen la última resolución dictada en el mismo ni determina la imposibilidad de cumplimiento del lauto, por tanto, será hasta ese momento cuando pueda acudir a esta instancia y, en su caso, hacer valer las violaciones que en dicho proceso tendiente a la ejecución estime se hayan realizado en su perjuicio. Tampoco puede considerarse de imposible reparación, puesto que sin prejuzgar sobre su constitucionalidad, no paraliza el procedimiento de ejecución, por el contrario, requiere su acatamiento y el hecho de que no haya sido dictado en los términos pretendidos por la parte quejosa no implica que sea de imposible reparación, pues estimarlo así implicaría que cada resolución emitida en el procedimiento de ejecución que no satisfaga los intereses de las partes pueda ser reclamada en el juicio de amparo, lo que es contrario a la intención del legislador. En consecuencia, al actualizarse las hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la presente demanda de garantías. Se tienen como autorizados de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a quienes señala, por así haberlo solicitado y en razón de que el presente asunto es materia laboral, y la parte quejosa es el trabajador actor, por lo que no requieren contar con cédula profesional inscrita en el Registro Único de Profesionales del Derecho Se habilitan días y horas inhábiles en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, por estimarse pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. También, indíquesele a la parte quejosa que el uso que den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Por otra parte, se le tiene solicitando autorización para la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto; se acuerda favorable su solicitud, y se comisiona al Secretario del Juzgado habilite la vía electrónica de acuerdo con las condiciones que la misma requiera, con fundamento en el artículo 3 de la ley de la materia. Luego, con relación a la práctica de sus notificaciones por medio electrónico; se acuerda favorable su solicitud, y se comisiona al Actuario adscrito para que practique las notificaciones, incluso las de carácter personal, en la citada vía, dado que la parte quejosa lo solicitó expresamente. Por otro lado téngase por presentadas como herramientas tecnológicas de comunicación instantánea para la atención de comunicaciones no procesales del citado, los propuestos; lo anterior, con fundamento en el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del propio Consejo relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19. Se exhorta al resto de las partes, para que si le es posible, actúen de manera electrónica, desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir que procuren actuar en la presente contienda, utilizando de los medios electrónicos proporcionados por el portal citado, igualmente como método eficaz para evitar la propagación del virus que asola a la nación. Luego, como lo prevé el "Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes", se les invita a las partes a que a continuar con la tramitación de esta contienda mediante el esquema denominado "juicio en línea", y para tal efecto, es necesario utilizar los medios electrónicos disponibles del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; esto es que realicen las gestiones necesarias para que soliciten la consulta del expediente electrónico, así como notificaciones por esa misma vía.Adicionalmente, para comunicaciones no procesales y entablar contacto de manera expedita con las personas justiciables, si así lo desean, podrán proporcionar "correos electrónicos"; y "servicios de mensajería instantánea", cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Adicionalmente, para comunicaciones no procesales y entablar contacto de manera expedita con las personas justiciables, si así lo desean, podrán proporcionar "correos electrónicos"; y "servicios de mensajería instantánea", cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.Finalmente dígasele a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículo 1, 3, fracciones IX, X, y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV, y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones así como la sentencia que se emitan en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se emitan se publicarán sin supresión de datos.

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