Ernesto Alejandro León Armenta
Expediente 1454/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1454/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ernesto Alejandro León Armenta
Actuaciones
- Principal
Se advierte que feneció el plazo de cinco días, para que se recurriera el auto de diecinueve de los actuales, en el que se desechó su demanda de amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes y archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un plazo de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida contra actos de la Subdirección General de Ingresos y Dirección de Ejecución del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, con residencia Salamanca; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 1454/2022-II. De conformidad con lo que dispone el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Así, una vez hecho un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el diverso 113 del mismo ordenamiento legal, lo procedente es desechar la demanda por su manifiesta e indudable improcedencia. En el caso, el quejoso reclama la multa de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, emitida por la Subdirección General de Ingresos y Dirección de Ejecución del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, con residencia Salamanca, por la omisión de la presentación de la declaración mensual del Impuesto Cedular por la prestación de servicios profesionales de diciembre de dos mil veintiuno y pago de honorarios de notificación. Dicho acto es susceptible de impugnarse, pues el Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, prevé un medio de defensa con el cual pueden modificarse, revocarse o anularse sus efectos. En contra de los actos reclamados procede el recurso de revocación previsto en el artículo 133 y 134 de la ley en comento. Bajo ese contexto, el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que el acto reclamado se subsume en la hipótesis de la fracción I, inciso b) del artículo 7, del señalado ordenamiento, por lo que en su contra procede el juicio de nulidad.Por tanto, en contra del acto reclamado en esta instancia constitucional procede la impugnación directa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Es así, porque los artículos 268 al 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevén la posibilidad de que se suspendan los efectos del acto reclamado (sin prejuzgar sobre su procedencia), sin mayores requisitos de los que impone el artículo 128 de la Ley de Amparo. Acorde con lo expuesto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, el quejoso debió recurrir el acto reclamado consistente en la multa impuesta por la Subdirección General de Ingresos y Dirección de Ejecución del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, con residencia Salamanca, por omitir presentar su declaración mensual del Impuesto Cedular por la prestación de servicios profesionales de diciembre de dos mil veintiuno y pago de honorarios de notificación, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con la finalidad de cumplir con el principio de definitividad, para luego estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Lo anterior máxime que a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de los actos reclamados, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. Además, el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; no consisten en ordenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad; no se trata de un tercero extraño al procedimiento, ni es un auto de vinculación a proceso. Aunado a lo anterior, el acto reclamado no carece de fundamentación y motivación y la parte quejosa no sólo alega violaciones directas a la Constitución, sino cuestiones de legalidad -indebida fundamentación y motivación-. Por tanto, debió observar el principio de definitividad al reclamar, además de violaciones constitucionales, cuestiones de legalidad. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida. Otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que el usuarioreciba notificaciones por dicha vía. Asimismo, ténganse sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Además, ténganse como formas especiales y expeditas de contacto de su parte, el correo electrónico y el número telefónico que señala. Finalmente, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.
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