Ernesto Aguilar Antonio y Otros.

Expediente 798/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 28 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
798/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
28/07/2017

Partes del expediente

  • Ernesto Aguilar Antonio y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II B "... Vista la demanda de amparo promovida por Ernesto Aguilar Antonio, Valentino Aguilar García, Aurelia García Antonio, Alejandro Aguilar Hernández, Eucario García, Ansberto García Hernández, Fidela Sánchez García, Domingo Hernández Hernández y Marcos Hernández Sánchez, contra actos del Secretario de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el Libro correspondiente con el juicio de amparo indirecto 798/2017. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio constitucional es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. El principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Por otra parte, los artículos 1, 3 y 96 fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en la parte que interesa, establecen: "ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y procedimientos que desarrollen las dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por la dependencias de estos y por sus entidades Paramunicipales, en los términos establecidos por el artículo111, segundo párrafo, inciso C de la Constitución Política del Estado. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca y la impartición de justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. ARTÍCULO 3.- Esta ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas, reglamentos, bandos y demás ordenamientos que tengan vigencia en el Estado de Oaxaca. [.] ARTÍCULO 96.- Las Salas Unitarias del Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en con contra de: [.] I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 7 de ésta ley; Los artículos transcritos revelan que cuando un acto administrativo emana de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas; lesionan los derechos del gobernado, éste tiene expeditos sus derechos para interponer el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables Secretario de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca, y otras: la orden de revocar las concesiones que se les han otorgado para prestar el servicio de pasaje y carga en la localidad de asunción Ocotlán, Distrito de Ocotlán, y sancionar con multa. Contra ese acto, se actualiza la causa de improcedencia aludida porque de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, fracciones X y XI de la Ley de Transporte del Estado de Oaxaca, compete a la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, las órdenes y determinaciones de transferencia y revocación de concesiones para el servicio de transporte público, por ser una resolución emitida por autoridades del ejecutivo del Estado, por ende, procede el Juicio Contencioso Administrativo. Como se ve, al tratarse lo reclamado de un acto administrativo emitido por el Secretario de Vialidad y Transporte en el Estado de Oaxaca, la ahora quejosa está jurídicamente obligada a agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado, a través del cual puede ser revocado, modificado o confirmado; además, en ese juicio de nulidad pueden pedir la suspensión del acto reclamado; medida que no requiere más requisitos que los que exige la Ley de Amparo. Máxime que la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca en su artículo 66, establece que para poder acudir al Juicio de Garantías, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en esta ley, y por otra parte, la impetración del mismo suspende la ejecución del acto administrativo, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo requiere para conceder la suspensión del acto administrativo reclamado. Luego, si la parte quejosa tiene a su alcance el mencionado medio ordinario de defensa para combatir el acto de molestia aquí reclamado, es inconcuso que no se cumplió el principio de definitividad de la ley, pues en todo caso debió haber agotado la instancia jurisdiccional administrativa referida, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado de Oaxaca; empero al no ocurrir así, se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 fracciones XX, se desecha de plano la demanda de amparo. Ahora, toda vez que señala los estrados de este Juzgado, para oír y recibir notificaciones, el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se les practicarán por lista de acuerdos. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente..."

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