Ernesto Adrián Mendiola Morán
Expediente 749/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 749/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ernesto Adrián Mendiola Morán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 749/2023, promovido por ERNESTO ADRIÁN MENDIOLA MORÁN Y/O ERNESTO ADRIÁN MENDIOLA por conducto de su apoderada legal Paloma Jazmín Mendiola Carmona. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, vía electrónica, el cuatro de agosto de dos mil veintitrés y turnado a este órgano jurisdiccional el siete de agosto siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-6). SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído de ocho de agosto de la presente anualidad, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, emplazar a la parte tercera interesada (fojas 10-13). Mediante diligencia de nueve de agosto siguiente, se emplazó al presente juicio a la tercera interesada Rocío Ortega Turren (foja 19). Asimismo, se recibió en autos el informe justificado de la responsable (foja 25) por lo que integrado que estuvo el asunto, se fijó fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en el horario y día señalados (fojas 32-34). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por cuestión de la vía, al tratarse de un acto dictado en un proceso civil, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de recibir alimentos. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, ya que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fijan los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al analizar en su integridad la demanda de amparo, se precisa el acto reclamado por la parte quejosa, que consisten en: La resolución de veintidós de junio de dos mil veintitrés, emitida dentro del juicio ordinario civil 1566/2021 de la estadística del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por la que se resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la parte demandada en el juicio de origen (aquí quejoso) en la que se confirmó la pensión alimenticia fijada de manera provisional, Dicha resolución reclamada le fue notificada a la parte quejosa por lista de acuerdos en la misma data, esto es, el veintidós de junio de la presente anualidad. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos al Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, en razón que al rendir su informe justificado, reconoció la existencia de la resolución reclamada de veintidós de junio de dos mil veintitrés (foja 25). Lo que se corrobora en razón de que dicha autoridad remitió copias certificadas de las constancias que integran el juicio ordinario civil 1566/2021 de su índice estadístico, de las que se advierte la determinación reclamada (fojas 293-302 del tomo único de pruebas) las cuales tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Procedencia. Definida la certeza del acto reclamado, a continuación es menester examinar si resulta procedente la acción de amparo, dado que en caso de no ser así, las causas de improcedencia son de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto. En esas condiciones, quien esto resuelve advierte, oficiosamente, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa presentó su demanda de garantías de forma extemporánea al no interponerse la misma dentro de los plazos marcados en la propia ley. MARCO NORMATIVO. Los numerales, fracciones y tesis señalados con anterioridad, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación armónica y sistemática de los artículos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente si éste no se promueve dentro del término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, según corresponda, y que el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, el cual debe contarse a partir del día siguiente al que se actualice cualquiera de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 18 de la mencionada ley, a saber: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Cabe señalar que las reglas de temporalidad señaladas tienen aplicabilidad al caso, pues no se reclama una norma general, no se trata de una sentencia definitiva en un proceso penal, ni de un asunto que pueda afectar derechos agrarios de núcleos de población ejidal, ni comunal. Del mismo modo, el acto señalado como reclamado no se encuentra contemplado en la hipótesis que señala la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor que dispone: "cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Así pues, en aplicación del marco jurídico previamente establecido, el suscrito encuentra que en el caso la demanda se promovió extemporáneamente. Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES Para una mejor comprensión del asunto, se destacan los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable (tomo único de pruebas): 1). Por escrito de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, Rocío Ortega Turren por propio derecho y en representación de sus hijos de identidad reservada identificados con las iniciales I.S.M.O. y B.A.M.O., promovió juicio ordinario civil donde demandó a ERNESTO ADRIÁN MENDIOLA MORÁN Y/O ERNESTO ADRIÁN MENDIOLA el cumplimiento y pago de pensión provisional alimenticia y, en su oportunidad definitiva, así como la guarda y custodia de los niños involucrados y la disolución del vínculo matrimonial (fojas 2-12). 2). Por auto de cinco de noviembre siguiente, el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, acordó: admitir la demanda y radicarla con el número 1566/2021; fijar una pensión alimenticia de carácter provisional, a razón de tres salarios mínimos diarios, esto es, un salario mínimo y medio para cada niño menor de edad; asimismo, ordenó el emplazamiento de la parte demandada (aquí quejoso) mediante carta rogatoria número 399 dirigida al Consulado General de México en South Jordan, Estado de Utah, en Estados Unidos de América (fojas 16-21 y 26-33). 3). En proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno, el órgano jurisdiccional responsable decretó a favor de la aquí tercera interesada Rocío Ortega Turren, la medida cautelar de pensión alimenticia provisional equivalente a un salario mínimo y medio diarios (fojas 23-25). 4). Una vez emplazado el demandado (fojas 170-183) por escrito presentado el siete de julio de dos mil veintidós, éste contestó la demanda, reconvino e hizo valer recurso de reclamación contra la pensión provisional alimenticia decretada (fojas 51-84). 5). Seguida la secuela procesal, mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se turnaron los autos a fin de resolver el recurso de reclamación interpuesto por el deudor alimentario (foja 252). 6). El veintidós de junio de dos mil veintitrés, el juez responsable resolvió el recurso de reclamación promovido por el amparista, en los términos siguientes: "R E S U E L V E: PRIMERO.- Por las razones expuestas, en la parte considerativa de la presente resolución, se declaran infundados los motivos de inconformidad expuestos por el señor VALENTE MORENO HERNÁNDEZ representante legal del accionado ERNESTO ADRIÁN MENDIOLA MORAN, en contra de la pensión alimenticia provisional fijada en autos. SEGUNDO.- Por todo lo anterior, se CONFIRMA el monto alimentario provisional, fijado mediante los autos de fecha cinco de noviembre y tres de diciembre de dos mil veintiuno, consistente en cuatro salarios y medio mínimos diarios (los cuales anualmente determina la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y en aquel año se encontraban a razón de ciento cuarenta y un pesos 70/100 M.N. por lo que en suma ascendían, en ese momento, a la cantidad de seiscientos treinta y siete pesos diarios) para sus acreedores, la señora ROCÍO ORTEGA TURRÉN y los infantes I.S.M.O. y B.A.M.O., correspondiendo un salario y medio mínimo a cada uno de los acreedores, monto que se considera proporcional a las necesidades de los acreedores y a la capacidad económica del demandado, dado que a pesar de la reclamación no hay prueba que acredite lo contrario, esto sin perjuicio de lo que llegue a resolverse con mayores elementos probatorios en sentencia definitiva. (.)" Fojas 293-302. Ésta determinación constituye el acto reclamado en esta instancia. 7). Finalmente, mediante lista de acuerdos de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se notificó a las partes la resolución reclamada de misma fecha, incluyendo al quejoso (foja 302). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En el caso, se concreta el primero de los supuestos del artículo 18 de la Ley de Amparo, atinentes a la causa de improcedencia que se analiza. La parte quejosa acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra la resolución dictada el veintidós de junio de dos mil veintitrés dictada en el expediente 1566/2021 del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia, Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación interpuesto en contra de la pensión alimenticia provisional fijada. Ahora bien, no obstante que fue notificado de tal resolución en la misma data por lista de acuerdos, el quejoso omitió presentar su demanda de amparo dentro de los quince días siguientes al en que surtió efectos la notificación aludida. Ello es así, pues en las constancias del expediente 1566/2021 del índice del Juzgado responsable se advierte, que la resolución de veintidós de junio de dos mil veintitrés, fue notificada a las partes por medio de lista de esa propia fecha (foja 302 del tomo de prueba). Forma de notificación prevista en el numeral 74, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, y que resulta aplicable al no tratarse, el citado acuerdo, de alguno de los supuestos previstos en el artículo 81 del citado cuerpo de leyes. Asimismo, con relación a la citada forma de notificación, el código procesal en comento señala en sus dispositivos 77, párrafo segundo y 78, que la notificación podrá hacerse de forma personal a los interesados o sus representantes si acuden al local del Juzgado con ese objeto, ya sea el mismo día o al día siguiente que se dictó la resolución correspondiente y en caso de no hacerlo así, se tendrá por hecha la notificación y surtirá todos sus efectos legales al siguiente día de su publicación por lista o estrados en el órgano jurisdiccional. Circunstancia que pone en evidencia que, a partir del día siguiente hábil en que surtió efectos dicha notificación, que lo fue el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, empezó a transcurrir el término de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar su demanda de amparo, el cual inició el veintiséis de junio del presente año y feneció el dieciocho de julio siguiente. Lo anterior, tal como se ilustra a continuación: De lo que se colige que el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa para presentar la demanda de amparo contra el acto reclamado, transcurrió del veintiséis de junio al dieciocho de julio de la presente anualidad, sin contar los días inhábiles veinticuatro y veinticinco de junio, uno, dos, ocho, nueve, quince y dieciséis del año en curso, en términos del artículo 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como los días tres y cuatro de julio del presente año, de conformidad con la Circular número 19 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión extraordinaria de veintitrés de mayo del presente año, en el que se acordó declarar dichos días como inhábiles con motivo de la celebración de las festividades del tradicional Carnaval de Veracruz. Por ende, si del escrito de demanda de amparo se advierte que fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta localidad, el cuatro de agosto de dos mil veintitrés (foja 2) documental a la que en términos del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le confiere pleno valor probatorio, ya que se advierte el sello y rúbrica de recepción de la encargada de la citada Oficina de Correspondencia Común, servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley y no está contradicho su contenido por otras pruebas; por tanto, es evidente que ya se encontraba vencido dicho plazo, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo. Puntualizando que, aun y cuando inició el periodo vacacional de verano del Juzgado responsable, el diez de julio de dos mil veintitrés, según lo estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en sesión extraordinaria celebrada el seis de enero de dos mil veintrés, que dio lugar a la emisión de la circular número 1; tal circunstancia no eximía al promovente de presentar su demanda de amparo en tiempo y forma. Esto es así, pues de conformidad con lo dispuesto en los artículos 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la citada circular número 1, en los Juzgados de Primera Instancia que tengan competencia respecto de la materia familiar, las vacaciones serán disfrutadas por turno; en los recintos judiciales que conozcan de asuntos familiares, se deberá establecer guardias de servicio asignando el personal mínimo que se llegaren a presentar; en los distritos judiciales donde están dos o más juzgados especializados (en la ciudad de Veracruz hay Juez Octavo, Juez Décimo, Juez Décimo Segundo y Juez Décimo Cuarto, todos de Primera Instancia, Especializados en Materia de Familia) las guardias deberán ser cubiertas por el juzgado que conforme al turno le corresponda, con el personal indispensable para atender las diligencias que se llegaren a presentar; y las labores de los juzgados en materia familiar no se interrumpirán durante las vacaciones. Al efecto, resulta conveniente transcribir en lo que interesa, el contenido de los citados numerales 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que dicen lo siguiente: "Artículo 194. Los Juzgados de Primera Instancia que tengan competencia respecto de las materias penal o familiar, las vacaciones serán disfrutadas por turno. En los recintos judiciales que conozcan de asuntos de familia, se deberá establecer guardias de servicio asignando el personal mínimo que se llegaren a presentar. Al reanudarse las labores, el secretario dará inmediata cuenta al juez de los asuntos urgentes que haya conocido para el efecto de su continuación procesal. El personal de guardia disfrutará de sus vacaciones en las fechas que fije el Consejo de la Judicatura....". "Artículo 195. Las labores de los Juzgados en Materia Penal y Familiar no se interrumpirán durante las vacaciones.". Asimismo, de la citada Circular 1 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de seis de enero de dos mil veintitrés, en el apartado de acuerdo, punto primero, fracción IX, se advierte lo siguiente: "IX.- En materia familiar, de conformidad con los numerales 194 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no se interrumpirán las labores durante las vacaciones, por lo que, en los distritos judiciales donde están dos o más juzgados especializados, en congruencia con los numerales 194 y 195 antes citados, las guardias deberán ser cubiertas por el juzgado que conforme al turno le corresponda, con el personal indispensable para atender las diligencias que se llegaren a presentar. Informando a esta dependencia con toda oportunidad, en relación al personal de guardia asignado que cubrirá el periodo vacacional, para efecto de control.". Lo anterior, brinda soporte a la resolución que al efecto se emite, en el sentido de que aun cuando el Juzgado responsable gozó de su periodo vacacional de verano del diez al veintiocho de julio de dos mil veintitrés, ello de ninguna forma impidió que el quejoso presentara su demanda de amparo, pues al efecto estuvieron en posibilidad de acudir ante el juzgado de guardia en caso de estimarlo necesario para la formulación de su demanda; y al no haberlo hecho así, es claro que para cuando presentó su libelo de garantías, esto es, el cuatro de agosto de dos mil veintitrés, lo hizo en forma extemporánea. Sirve de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar". De igual forma, resulta aplicable la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DE LA. CUANDO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DIAS EN QUE LAS RESPONSABLES GOZAN DE VACACIONES. Para realizar el cómputo del término al que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, debe contarse el tiempo en que los empleados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz disfrutan del período vacacional, si consta que durante ese período quedó una sala de guardia, ya que no debe perderse de vista lo que dispone el artículo 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en el sentido de que: "En el Tribunal Superior de Justicia, funcionará durante los dos períodos de vacaciones una sala de guardia integrada por un Magistrado de cada una de las Salas regulares y un secretario, para el despacho de los asuntos urgentes, personal que será designado por el Magistrado presidente y que posteriormente hará uso de sus vacaciones. Se consideran asuntos urgentes los casos de desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio Público; los referidos a demandas de amparo ...". Lo anterior es así, ya que conforme con el artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo, en este caso, es de quince días, pues el acto reclamado en este asunto no lo constituye una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en que el plazo de presentación de la demanda es de treinta días. Tampoco se está ante una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, donde el plazo para presentarse es hasta de ocho años. Mucho menos se promovió el presente asunto contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, donde el plazo para promoverla será de siete años. Asimismo, el auto reclamado no constituye un acto que ataque la libertad personal fuera de procedimiento judicial. Tampoco se advierte que con la emisión de la misma, exista en perjuicio de la parte quejosa, peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o incorporación forzosa al servicio del Ejército o Armada Nacionales. Por lo que se evidencia que no se está en presencia de alguna de las hipótesis de excepción establecidas por el citado precepto legal. Y si en la especie, se tiene como fecha cierta, a partir de la notificación del acto reclamado, es decir, el veintidós de junio de dos mil veintitrés, al haberse notificado a la parte quejosa la resolución reclamada de esa misma fecha, es evidente que a partir del día siguiente hábil en que surtió sus efectos la misma, se inició el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, resultando claro que la misma es extemporánea y, por ende, el destacado acto reclamado debe considerarse tácitamente consentido. Sin que sea obstáculo para lo expresado, que se trate de un asunto en materia familiar y por ello, proceda la suplencia de la queja en su favor en términos del artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo, toda vez que en términos del ya mencionado artículo 17 de la ley en comento, la parte quejosa estuvo obligada a presentar oportunamente su demanda de amparo dentro del plazo de quince días establecido en dicho numeral, y la citada suplencia de la queja no tiene el efecto de superar la existencia de una causal de improcedencia probada. Guarda relación la tesis de jurisprudencia P./J. 7/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo." CONCLUSIÓN. En mérito de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 ambos de la Ley de Amparo, en lo que ve al acto reclamado analizado en el presente considerando. Resulta importante señalar, que la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, puesto que las garantías contenidas en dichos numerales, no implican que las partes se encuentren exentas de cumplir con las formalidades y cargas jurídico procesales que les correspondan en cada caso, según la legislación aplicable. Sustenta lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Sin que sea necesario analizar los argumentos alegados por el impetrante de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio del fondo del asunto, puesto que éste sólo puede estudiarse de resultar procedente el juicio de amparo, según la jurisprudencia del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ERNESTO ADRIÁN MENDIOLA MORÁN Y/O ERNESTO ADRIÁN MENDIOLA por conducto de su apoderada legal Paloma Jazmín Mendiola Carmona, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito enviado por Paloma Jazmín Mendiola Carmona, apoderada legal de la parte quejosa, recibido en línea y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, téngasele desahogando la vista dada respecto del informe justificado rendido por el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz; y haciendo diversas manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de éstos, en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta signado por el el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, así como por recibidas las constancias que en copia certificada acompaña, deducidas del juicio ordinario civil 1566/2021-II, por lo que, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la aludida responsable la documental que acompaña, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Ahora, dadas las características de la aludida documental, se ordena formar un cuaderno de pruebas por separado para el mejor manejo del presente asunto. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En otro aspecto, de la certificación con que se da cuenta se obtiene que, entre la presente fecha en que se atiende el informe, y la fecha de la audiencia constitucional (señalada para el ocho de septiembre próximo) no mediará el plazo de ocho días de vista. Así las cosas, si conforme a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, entre la vista del informe y la audiencia constitucional deben mediar cuando menos ocho días hábiles, es inconcuso que la data que se encuentra fijada en el caso concreto (ocho de septiembre del año en curso) no da oportunidad al otorgamiento de la referida vista. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del invocado artículo 117 de la Ley de Amparo, en aras de los principios de administración de justicia pronta y expedita, por economía procesal, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, ante la posibilidad de diferir oficiosamente la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 115 de la Ley de Amparo, es que el suscrito determina diferirla anticipadamente y, en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración; en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, atento al escrito y sus anexos de cuenta (registro 15049) recibido en línea y signado de manera electrónica por la apoderada legal del aquí quejoso, se advierte que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, por tanto, provéase lo conducente: Téngasele ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que acompaña, así como las que menciona, y haciendo sus manifestaciones en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de las primeras y tener por reproducidos sus alegatos en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos de los artículos 119 y 124, ambos de la Ley de Amparo. En relación con las documentales, se hace de su conocimiento que el artículo 75 de la ley de la materia establece que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad, lo anterior, para los efectos legales procedentes. Por último, atento a las constancias de autos, se advierte que mediante diligencia de nueve de agosto del año en curso, fue emplazada en su carácter de tercera interesada a Rocío Ortega Turren, quien en dicho acto señaló domicilio procesal, a lo que, el suscrito acuerda: DOMICILIO PROCESAL Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto precisa, esto es, en calle Avestruz número 14, Manzana 21, lote 14, de la colonia Reserva Tarimoya, entre Ave Lira y Pelicano, en Veracruz, Veracruz. Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
RESULTANDO PRIMERO. ********************, en su carácter de apoderado legal de ********************o********************, señaló a la siguiente autoridad responsable: AUTORIDAD RESPONSABLE FOJA SENTIDO Juez Decimosegundo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar 23 CIERTO Veracruz, Veracruz De la que reclaman el acto que más adelante quedará precisado. SEGUNDO. Por auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, se negó la suspensión provisional respecto del acto reclamado, se solicitó su informe previo a la autoridad responsable y se fijó hora y fecha para celebrar la audiencia incidental, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver realizar bajo los siguientes:CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, en virtud que éste Órgano Jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. De la lectura total de la demanda de amparo y demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama en esta instancia la resolución de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************juicio ordinario civil, del índice juzgado responsable, en donde se confirma el monto alimentario provisional fijado en fechas cinco de noviembre y tres diciembre de dos mil veintiuno, consistente en cuatro salarios y medio mínimos diarios para sus acreedores Rocío Ortega Turren y los infantes de identidad reservada bajo las iniciales ******************** y ********************. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. Se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º, a la constancia exhibida por la parte quejosa (instrumento notarial con el que se acreditó personalidad) ya que se trata de copia certificada expedida por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. Asimismo, con fundamento en el artículo 207 del precitado Código Federal de Procedimientos Civiles, se otorga valor indiciario a las diversas documentales exhibidas por la parte quejosa junto al escrito atendido en la audiencia que antecede (en línea) al tratarse de copias fotostáticas simples que no fueron objetadas por las partes. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Decimosegundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, manifestó ser cierto el acto que se le reclama, tal como se desprende de la lectura de su informe previo. QUINTO. Pronunciamiento. Con fundamento en los artículos 128 y 138, de la Ley de Amparo, en concordancia con los criterios de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado consistente en la resolución de veintidós de junio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ********************del índice juzgado responsable; puesto que la misma no puede tener el efecto que pretende la parte quejosa, esto es, dejar sin efectos la pensión alimenticia decretada a su cargo, ya que ello impediría a la parte acreedora alimentaria de recibir la protección necesaria para su subsistencia, en contravención de las disposiciones legales de orden público que la han establecido y se afectaría el interés social; de donde resulta que no se surte el requisito exigido por la fracción II, del citado artículo 128, para concederla. En efecto, el artículo 128 de la Ley de Amparo establece como requisitos para el otorgamiento de la medida, la solicitud del quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, y en el artículo 129 siguiente consigna una lista de trece supuestos específicos, en los que el ordenamiento considera que se siguen perjuicios al interés social o se contraría el orden público, en caso de concederse la suspensión. En la fracción IX incluye que se impida el pago de alimentos. Esta hipótesis legal se actualiza en el caso sujeto a estudio, pues los alimentos decretados por el juez responsable tienen como destinataria a la parte tercera interesada, quien según se desprende de autos, es su concubina y sus hijos. Sin que pasen inadvertidas para el suscrito las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, ni las documentales que como pruebas exhibió; sin embargo, se trata de cuestiones que van encaminadas a controvertir el fondo del asuntos, y entrar a su estudio en este momento se estaría prejuzgando sobre la eventual suspensión de descuento en las percepciones de aquél, pues ello es propio, como se dijo, de la materia de fondo del asunto en el amparo indirecto, e inclusive, de la controversia en el natural. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo se;RESUELVE ÚNICO. SE NIEGA a ********************o********************, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad citada en el considerando cuarto de esta interlocutoria, por los motivos y razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese en términos de ley.
Quedan 5 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Erika Patricia Pulido Gómez671/2023
- Erika Rodríguez Alejo727/2017
- Erika Silva Hernández925/2021
- Erika Valencia Palacios1036/2019
- Ernestina Ignacia Vela Lara1115/2016
- Ernestina Ramírez Díaz462/2022
- Ernesto Alafita García1116/2017
- Ernesto Antonio Domínguez Rodríguez133/2017
- Ernesto Castro Chávez131/2012
- Ernesto Corro Verduzco962/2018
- Ernesto Corro Verduzco452/2020
- Ernesto Corro Verduzco453/2020