Ernesto Abel Pacheco Cabañas

Expediente 660/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
660/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
13/09/2017

Partes del expediente

  • Ernesto Abel Pacheco Cabañas

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el ocurso de cuenta, a través del cual, el quejoso .... realiza diversas peticiones, por lo que al respecto se provee: Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a ....... asimismo, para los efectos precisados en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las demás personas que refiere el promovente en su escrito, lo anterior, tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta. Asimismo, se tiene al quejoso revocando todos y cada uno de los nombramiento realizados con anterioridad. Se autoriza al quejoso y sus autorizados a la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas a este expediente, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pero se les informa que deberán conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya emitido por las autoridades responsables clasificada como reservadas o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ......... Expídanse las copias certificadas que solicita el amparista, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa toma de razón que por su recibo obre en autos.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que hubieren recurrido el auto de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por...; por lo que se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa... es susceptible de destrucción el expediente principal. Notifíquese.

  3. Principal

    RADICACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo presentada por el ........., contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Investigadora A-7, Sin Detenido dependiente de la Fiscalía de Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México); fórmese expediente impreso y electrónico y regístrese con el número 660/2017, tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DESECHAMIENTO Una vez asentado lo anterior, este juzgado de Distrito estima que la demanda que se analiza, resulta notoriamente improcedente, por las siguientes razones y fundamentos legales: El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: Artículo 113: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, la parte quejosa en la demanda de amparo refiere como actos reclamados los siguientes: ".La abstención (omisión) de determinar la carpeta de investigación numero ........ y emitir pronunciamiento respecto de la acción penal en dicho expediente." Al respecto, este Juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. .......... Ahora, es pertinente señalar que, la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal, de corte acusatorio y oral, tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios constitucionales rectores que rigen a dicho sistema a saber: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Cabe resaltar que dichos principios son la base y unificación que dota de coherencia y funcionalidad al nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro País; de ahí que las actuaciones (obligaciones y facultades) de los Jueces de tal sistema, como operadores de éste, debe ceñirse en todo momento a tales máximas contempladas en la Constitución Federal y a los diversos instituidos en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 128, 129 y 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ......... Así, de la interpretación de los preceptos transcritos, se colige que el Ministerio Público es quien constitucionalmente tiene la encomienda de la investigación de los ilícitos, y para ello tiene a su alcance no solamente los mecanismos que las leyes secundarias le otorguen, sino aquellos elevados a rango constitucional y los del ámbito internacional. Asimismo, que tan pronto el Ministerio Público, reciba la "noticia criminis", deberá dirigir la investigación penal, de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, cuya actuación en todo momento debe ser acorde con los principios de lealtad, objetividad y debida diligencia. Entendiéndose el primero de estos - lealtad- como aquel deber de informar de manera veraz sobre la investigación cumplida y los conocimientos alcanzados, y el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso. .......... Los preceptos transcritos, revelan que el Juez de Control tiene competencia constitucional para ejercer las atribuciones desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de inicio a juicio en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: a) Control sobre medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control (artículo 16 Constitucional párrafo décimo cuarto). b) Control posterior sobre detenciones realizadas por el Ministerio Público (artículo 16 constitucional párrafo séptimo). c) Control sobre cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales en la fase de investigación artículo 16 Constitucional párrafo décimo cuarto). Control sobre omisiones o determinaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; resoluciones de reserva; no ejercicio de la acción penal; desistimiento de la acción penal; suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, y aplicación del criterio de oportunidad (Artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional). ........ En ese contexto, analizadas en su conjunto las disposiciones constitucionales y legales, se obtiene que al Juez de Control, corresponde en la etapa de investigación resolver en forma inmediata y por cualquier medio, entre otros, sobre el respeto y protección de los derechos de las víctimas del delito; controlar las facultades del fiscal investigador; otorgar autorizaciones y exigir el cumplimiento de los principios y garantías procesales y constitucionales. Luego, ante la determinación de la representación social en la investigación de los delitos en el nuevo sistema de justicia penal, es necesario acudir ante la autoridad competente, siendo en este caso, el Juez de control, quien en su calidad de garante de la tutela judicial efectiva y conforme a los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, Apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, velará por la regularidad del proceso, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe. ........... En ese sentido, es de advertirse que en el caso que nos ocupa y, de acuerdo al principio de igualdad procesal de conformidad con el artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido, al igual que el imputado, tiene el derecho de impugnar ante el Juez de Control, las omisiones y determinaciones del Fiscal o Agente investigador en el ejercicio de sus funciones. En atención a lo anterior, el promovente del amparo tiene a su alcance la prerrogativa constitucional y legal, de impugnar ante el Juez de control competente, el acto reclamado, consistente en: La abstención (omisión) de determinar la carpeta de investigación numero ...... y emitir pronunciamiento respecto de la acción penal en dicho expediente. ........... De ahí que el imputado- debe acudir primeramente ante el Juez de Control, pues acorde a su naturaleza, es la autoridad facultada de salvaguardar desde la etapa de investigación, los derechos previstos a favor de la víctima, ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa investigativa. En esa tesitura, como ya se dijo, el propio precepto 61, en su fracción XXIII, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues se reitera, acorde a los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las omisiones y/o determinaciones del Agente del Ministerio Público en la investigación de los delitos, son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial de control; siendo que un Juez de Distrito, cuya función consiste en el control de regularidad constitucional de los actos de autoridad, no se encuentra facultado para realizar prima facie, las funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del Juez de Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal. ............ Máxime que no estimarlo así, desnaturalizaría el juicio de amparo, considerándolo como un medio común de defensa, a pesar de su carácter de extraordinario, lo que significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido las instancias jurisdicciones establecidas en la ley.

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