Ernestino Barradas Cordova

Expediente 1064/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1064/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Ernestino Barradas Cordova

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso Ernestino Barradas Córdova, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de noviembre de la presente anualidad, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos. Por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Asimismo, remítase copia certificada de las constancias que integran el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a través de su Oficina de Correspondencia Común, al que se anexa el escrito original de agravios, y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado, para la substanciación de la queja en comento.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el auto de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, no fue recurrido por la parte promovente y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones I y II, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años, se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Con fundamento en lo establecido por los artículos 27, fracción I, inciso c) y el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo Vigente, se notifica por lista de acuerdos a la parte quejosa la determinación siguiente: "Xalapa, Veracruz, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Ernestino Barrada Córdova, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de Misantla, Veracruz y otras autoridades. Al respecto se acuerda: FÓRMESE EXPEDIENTE Y REGÍSTRESE bajo el número 1064/2019. Al respecto, se acuerda: PRECISIÓN Y NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Analizada íntegramente la demanda de amparo el suscrito advierte que los actos reclamados por el quejoso a las autoridades señaladas como responsables, es el siguiente: - La orden de requerir la entrega de bienes inmuebles ubicados en el municipio de Colipa, Veracruz, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 432/2004, respecto a la mitad de la casa y solar urbano ubicados en calle Independencia, del poblado de Colipa, fracción del lote rústico 40, localizado en la congregación del El Zapotal, así como el lote cuarenta y uno, de la congregación Ocotillo, municipio de Colipa, Veracruz. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro : DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, toda vez que el suscrito se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página un mil novecientos diez, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DESECHAMIENTO. Es un hecho notorio para el Juzgado de Distrito, como lo establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en concordancia al criterio de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE", que con el número 8/2018, se encuentra registrado el juicio de amparo promovido por Ernestino Barradas Córdova, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de Misantla, Veracruz, y otras autoridades, en la que reclamó el auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 432/2004/II, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Misantla, Veracruz, a través del cual se tuvo al actor Antonio Amor Garrido designando Notario Público para que elabore la escritura pública correspondiente a la adjudicación directa a favor del expresado actor, de los bienes inmuebles descritos en el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, así como la orden para ejecutar la entrega de los bienes adjudicados a favor de Antonio Amor Garrido, en el que el dieciocho de septiembre de dos mi dieciocho, se dictó sentencia en el sentido de sobreseer el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de la materia, toda vez que no era extraño al procedimiento natural, ya que lo conoció a través de su causante. Se cita en lo conducente, la jurisprudencia 2ª./J.27/97 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento diecisiete, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial.". Lo anterior, se refuerza con la manifestación expresa bajo protesta de decir verdad del quejoso en el ocurso que se provee, mismo en el que manifestó que el acto que ahora impugna ante este juzgado deviene del juicio ejecutivo mercantil 432/2009, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Misantla, Veracruz, atribuyéndoselo a las mismas autoridades. En esas condiciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo que dispone el numeral 61, fracción XI del mismo ordenamiento legal; cuya observancia debe acatarse de oficio, atenta su naturaleza de orden público; por ende, debe desecharse de plano la presente demanda, en razón de que el acto reclamado ha sido materia de otro juicio de amparo tramitado anteriormente ante este Juzgado y por tanto, constituye cosa juzgada. La fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." El precepto antes transcrito establece como hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, cuando el acto reclamado que los señalados en el presente juicio de amparo. En efecto en la demanda que dio origen al juicio de amparo 1064/2019, que ahora se provee, se advierte que el quejoso señaló como autoridad responsable al Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Misntla, Veracruz y otras autoridades, y además señaló como acto reclamado la orden de requerir la entrega de bienes inmuebles ubicados en el municipio de Colipa, Veracruz, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 432/2004, respecto a la mitad de la casa y solar urbano ubicados en calle Independencia, del poblado de Colipa, fracción del lote rústico 40, localizado en la congregación del El Zapotal, así como el lote cuarenta y uno, de la congregación Ocotillo, municipio de Colipa, Veracruz. Ahora bien, del contenido de la sentencia dictada en el juicio de amparo 8/2018 del índice del este juzgado, promovido por el mismo quejoso Ernestino Barradas Córdova, contra las mismas autoridades y acto reclamado (la orden de requerir la entrega de los bienes inmuebles antes descritos dentro del juicio ejecutivo mercantil 432/2004), se advierte que se sobreseyó el mismo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de la materia, toda vez que el quejoso no era tercero extraño a juicio sino causahabiente de Benito Zarate Vidal, confirmando dicha sentencia el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad en el amparo en revisión 530/2018, de su índice. En ese contexto, resulta inconcuso que existe cosa juzgada, en razón de que, el quejoso en ambos juicios de amparo reclamó la orden de entrega de bienes, derivada del juicio ejecutivo mercantil 432/2004, además que señaló las mismas autoridades responsables; en consecuencia, existe determinación firme que declara la inatacabilidad del acto reclamado en el presente juicio al haberse determinado en uno diverso, que el quejoso es causahabiente de Benito Zarate Vidal, contra el mismo acto reclamado a la misma autoridad responsable ordenadora, lo cual constituye una razón o circunstancia que hace inejercitable la acción de amparo de modo absoluto contra dicho acto y que no puede ser desconocida en un nuevo juicio de amparo. Aunado a que la causal de improcedencia preinvocada, es evitar que un mismo acto sea analizado en dos o más juicios de amparo, con el inminente riesgo de atentar contra la cosa juzgada, que constituye verdad legal. En esas condiciones, es evidente que se actualiza, de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto que se reclama en la presente demanda de garantías fue materia de otro juicio de amparo, constituyendo por tanto cosa juzgada, por las razones que fueron expuestas en este proveído. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia I.11o.C.J/6(10a) visible en el Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada. Se relaciona por su contenido, la tesis I.11o.C.29 K (10a) visible en el Libro 63, Febrero 2019, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DIFERENCIA ENTRE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XI Y X DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo citado, tiene como finalidad preservar la cosa juzgada, pues no permite que se tramite una nueva demanda de amparo en la que se reclame a la misma autoridad, por el propio quejoso, el acto que ya fue reclamado en un juicio anterior que se encuentre concluido, no sólo cuando se analiza su constitucionalidad mediante una sentencia que decida el fondo de la controversia, sino también cuando se ha decidido en definitiva sobre su inatacabilidad por diverso juicio constitucional, de manera que se haya atendido a circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, pues esta determinación no puede desconocerse en el nuevo juicio de amparo que se promueva, ya que sólo así se dota de certeza jurídica a la decisión asumida en el primer amparo. De esta manera, esta porción normativa salvaguarda la cosa juzgada constituida por una primera sentencia de amparo que ha quedado firme, y es el fundamento del principio de seguridad jurídica. En este sentido, por virtud de la cosa juzgada se impide que una controversia ya dirimida en sentencia firme pueda nuevamente ser examinada en diverso juicio, es decir, significa la inmutabilidad de la resolución judicial, lo cual implica que sobre el tema resuelto no podrá volver a plantearse controversia alguna, sea porque ya se juzgó en forma firme sobre el fondo del asunto, o bien, porque la improcedencia de la acción traiga como consecuencia la inejercitabilidad de una nueva sobre la misma controversia. Así, para que esta causa de improcedencia opere, deben satisfacerse algunos de los requisitos esenciales previstos en la diversa fracción X, esto es, que el segundo o ulteriores juicios de amparo: a) sean promovidos por el mismo quejoso; b) en contra de las mismas autoridades responsables; y, c) por el mismo acto o norma general. La diferencia sustancial con la litispendencia radica en que en este supuesto ya debe existir cosa juzgada respecto del acto que se reclama; esto es, que en un anterior juicio de amparo ya se haya decidido sobre la constitucionalidad del mismo acto o norma general reclamados a las mismas autoridades responsables o, en su caso, que en sentencia firme se haya resuelto sobre la imposibilidad absoluta de que el quejoso ejerza la acción constitucional sobre los actos o normas generales que se combaten en un segundo o ulteriores juicios de amparo. En efecto, para que opere esta causa de improcedencia, no es requisito indispensable que en el anterior amparo se haya entrado al fondo del asunto; la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que cuando en sentencia firme se determina, por ejemplo, que el quejoso consintió los actos reclamados o que carece de interés jurídico, y esa improcedencia produzca el sobreseimiento en el juicio por sentencia firme, ello origina que la acción constitucional no pueda volver a ejercitarse por el mismo quejoso contra el mismo acto reclamado y las mismas autoridades responsables. Si la causa de improcedencia por la que se sobreseyó en el anterior juicio de amparo en sentencia firme, no es de aquellas que hace inejercitable de nueva cuenta el amparo ello, por excepción, sí permitirá al quejoso intentar nuevamente la acción constitucional contra los mismos actos reclamados a las mismas autoridades responsables, siempre y cuando, por la naturaleza del acto reclamado o por la extensión de tiempo en que se hubiera resuelto ese primer amparo, no existan problemas de temporalidad para el ejercicio de una nueva acción constitucional. Por otra parte, existe la posibilidad de promover un segundo amparo, que se presenta a pesar de haberse sobreseído en uno primero mediante sentencia firme, por ejemplo, cuando se reclama una norma general -por estimarse inconstitucional- con motivo de su aplicación en perjuicio del quejoso, y durante el juicio se evidencia que el acto de aplicación reclamado no se sustentó en esa norma; o bien, cuando se reclama alguno de los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y en sentencia se sobresee, al estimarse que no se señalaron como responsables a todas las autoridades que participaron en la emisión y ejecución de los actos reclamados. En el primer caso, si en el primer amparo se evidenció que la norma general reclamada no se aplicó en perjuicio del quejoso y ello motiva el sobreseimiento en el juicio, ese pronunciamiento no impide el ejercicio de una nueva acción constitucional cuando la norma referida efectivamente se aplique en perjuicio del quejoso. Lo anterior, pues aun cuando en un primer amparo se hubiere resuelto que la norma general reclamada no afectaba el interés jurídico del quejoso, ello se sustenta en la falta de aplicación en perjuicio de éste, por lo que su legitimación para ejercer nuevamente la acción constitucional nace cuando dicho supuesto normativo le es aplicado, y el nuevo juicio de amparo será procedente en virtud de que no se ha resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma reclamada. En el segundo supuesto, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, la acción constitucional no se encuentra sujeta a plazo alguno para su ejercicio, por lo que si fue un impedimento técnico lo que impidió resolver sobre el fondo del asunto por no haber llamado a juicio a todas las autoridades que debieron intervenir en éste, ninguna imposibilidad existirá para que el quejoso promueva un segundo amparo. Sostiene la determinación por su contenido, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y uno, del Tomo 181-186 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCION IV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEIDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando, por regla general, una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías.". En tales condiciones, en términos del artículo 113 de la propia Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo en comento. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en la demanda de amparo y como sus autorizados con las restricciones que impone el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Dolores Amador Benito y Abraham Contreras Martínez, ya que el primero de los nombrados, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no cuentan con el registro correspondiente, amén de que tampoco acreditaron contar con dicho documento y el segundo su registro se encuentra suspendido por el aludido sistema. SE HABILITAN HORAS Y DÍAS HÁBILES AL ACTUARIO JUDICIAL. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a cualquiera de los actuarios que le corresponda practicar alguna notificación relativa al presente expediente. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Pablo Alberto Ochoa Blanco, secretario que autoriza y da fe."

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