Ernestina Vásquez Ramírez
Expediente 1787/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1787/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/12/2022
Partes del expediente
- Ernestina Vásquez Ramírez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de diciembre de dos mil veintidós. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/690/2022 de veintiséis de octubre del año en curso, el secretario ejecutivo de adscripción informó a la licenciada Edna Matus Ulloa, que en sesión ordinaria de esa misma fecha el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó su primera adscripción como Jueza en este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, lo que se notifica a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que sin decidir en lo principal lo dio por concluido. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente y verifíquese que el expediente electrónico generado con la FIREL como el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincida en su totalidad. Por otra parte, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido Acuerdo General. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Edgar Jesús Ramos Bautista, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado correspondiente, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9º de la citada ley, se le tiene designando como delegados a las personas que cita en el oficio que se acuerda. De conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompaña a su informe justificado Ahora bien, de las constancias que se anexan al informe justificado se advierte en lo que interesa, que el diecisiete de octubre de dos mil veintidós la autoridad señalada como responsable acordó el escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós por la parte actora Ernestina Vásquez Ramírez -aquí quejosa- señalando fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de recepción de pruebas, dentro del expediente D-65/2022 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla. Documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa Ernestina Vásquez Ramírez, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de acordar el escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós en el expediente 65/2022 del índice del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla a través del cual solicitó se señalara fecha y hora para el desahogo de las pruebas ofrecidas en el referido expediente; y, la autoridad responsable el diecisiete de octubre de dos mil veintidós acordó el escrito de mérito en el citado expediente señalando día y hora para que tenga verificativo la audiencia de recepción de pruebas; lo que acredita con la constancia que adjuntó a su informe justificado. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo y posteriormente la responsable dejó de ser omisa, pues acordó el escrito. Por tanto, si la circunstancia aquí apuntada sobrevino después de la presentación de la demanda de amparo, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos de los actos reclamados pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En este contexto, resulta innecesario dar vista a la parte quejosa con el informe justificado, pues con ningún medio podría desvirtuarse que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, acordó el escrito de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dado que ello ha quedado plenamente acreditado con la constancia remitida por la autoridad responsable, siendo evidente que la omisión reclamada por la quejosa, ha cesado. Es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." . En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del siete de noviembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma María Guadalupe Cruz Arellano, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta de la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, a través del cual informa que el doce de septiembre de dos mil veintidós, el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México, realizó la inscripción correspondiente, así como la cancelación del certificado parcelario 1088514 y generó el título propiedad de origen parcelario 103419, solicitado por Elvira Sánchez Hernández -aquí quejosa-, respecto de la parcela 177-1 Z-01 P1/1, del ejido Cacaloxuchil, municipio de Huaquechula, Puebla, en virtud de la Calificación Registral Positiva, de ocho de julio de dos mil veintidós, recaída a la solicitud 21220002800. Por lo anterior, manifiesta que una vez que la Dirección General de Registro y Control Documental, turne a esa Delegación la solicitud de trámite 21220002800, para su impresión y firma correspondiente, se encontrará en aptitud de remitir a la Dirección de Catastro en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, el título de propiedad de origen parcelario referido, con la finalidad de que sea generada la cuenta predial y clave catastral, previo pago de derechos. Asimismo, hecho lo anterior, la autoridad oficiante estará en posibilidades de remitirlo al Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial correspondiente, para su inscripción, previo pago de derechos; y, una vez culminados dichos trámites el Título de Propiedad de Origen Parcelario le será entregado a la parte quejosa. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional tiene por recibida la constancia que adjunta al ocurso de mérito, la cual será tomada en consideración al momento de proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; de igual forma, se toma conocimiento de lo informado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere vía mensajería acelerada "estafeta" a la Dirección General de Registro y Control Documental, con residencia en la Ciudad de México y a la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, siguientes al en que sean debidamente notificados del presente proveído, realicen lo siguiente: 1. El Director General de Registro y Control Documental, con residencia en la Ciudad de México: De inmediato turne a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, la solicitud de trámite 21220002800, para su impresión y firma correspondiente. 2. La Encargada de la Delegación en Puebla del Registro Agrario Nacional: a) Informe si el Director General de Registro y Control Documental, con residencia en la Ciudad de México, le turnó la solicitud de trámite 21220002800, para su impresión y firma correspondiente. b) En caso afirmativo, informe el estado procesal del trámite correspondiente, tendiente a lograr la entrega del título de propiedad correspondiente a Elvira Sánchez Hernández. Para acreditar lo anterior, deberán remitir copia certificada de las constancias conducentes. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta para que obre como corresponda, toda vez que el mismo carece de la firma autógrafa del Encargado de la Oficina de Amparos del Departamento de Juicios Laborales del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Puebla, o en su caso, de la evidencia de seguridad criptográfica correspondiente a la firma electrónica de quien lo promueve, por tanto, el ocurso que se provee es equiparable a una copia simple, la cual no tiene ningún valor probatorio, puesto que no se encuentra avalado mediante el nombre y firma de quien lo presenta, y a nadie puede responsabilizarse de su contenido. Atento a lo anterior, esta juzgadora se encuentra impedida para acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido, en atención a lo descrito en el párrafo que antecede. Sustenta lo anterior la tesis jurisprudencial VI.2o. J/354, siguiente: ...
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