Ernestina Sofía Miro Rivera

Expediente 45/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
45/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
23/03/2017

Partes del expediente

  • Ernestina Sofía Miro Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    visto...se aprecia que no se recurrió la sentencia...ha causado ejecutoria...archívese este asunto...

  2. Principal

    VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 45/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Ernestina Sofía Miro Rivera, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. Ejecutora Secretario de Seguridad Pública Municipal. Ambas con domicilio en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS "Reclamo de la Autoridad señalada como Responsable Ordenadora la ilegal e improcedente ORDEN DE PRESENTACIÓN POR MEDIO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA, ordenada por el JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, del cual tuve conocimiento con fecha 14 de enero del 2017, cual buscaban mi domicilio elementos de la policía de seguridad pública. De la autoridad señalada como responsable ejecutora reclamo: LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO QUE PRETENDAN DARLE A LA ILEGAL ORDEN DE PRESENTACIÓN POR MEDIO DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA ordenada en mi contra." SEGUNDO. Por proveído de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo la cual quedo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 45/2017; solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención legal correspondiente; ordenó notificar a los terceros interesados Edgar Ernesto Torres Mejía y Manuela Etelvina Jiménez Trespalacios; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto emitido dentro de juicio que afecta a una persona extraña, mismo que se sigue ante una autoridad jurisdiccional que tiene su residencia en el lugar donde este juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa reclama por esta instancia, la orden de presentación por medio de la fuerza pública, emitida en su contra en diligencia de veintiséis de septiembre del año pasado, dentro del incidente de modificación de convenio (alimentos) tramitado en vía incidental en el expediente 876/2012, relativo al juicio especial de alimentos promovido por Manuela Etelvina Jiménez Trespalacios en contra de Edgar Ernesto Torres Mejía; así como su ejecución. TERCERO. ES CIERTO el acto reclamado a la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir informe con justificación (foja 21); manifestación que basta para tener a dicha conducta por plenamente evidenciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expediente 876/2012 (tomo I de prueba) que remitió, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la invocada legislación adjetiva civil. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que el Secretario de Seguridad Pública Municipal, residente en esta ciudad, al rendir informe con justificación negó el acto que se le atribuye, su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto el mismo, ya que dado el carácter de ejecutora con el que fue señalado en el presente juicio, e independientemente de que conozca o no la orden de presentación por medio de la fuerza pública cuya certeza se verificó en el párrafo que antecede, es evidente que se encuentra en posibilidad de ejecutarla. CUARTO. Ya que de oficio no se advierte la actualización de causal de improcedencia alguna, y las partes no las hicieron valer, se procede a analizar la constitucionalidad de la conducta reclamada a partir de los conceptos de violación vertidos por la quejosa en su demanda. En ese sentido, es necesario destacar los antecedentes de la orden de presentación reclamada, los cuales se obtienen de la copia certificada de las constancias que integran el expediente 876/2012 (tomo I de prueba), que adjuntó a su informe la Sala responsable, que fueron valoradas en el considerando que antecede, advirtiéndose los siguientes datos: 1) Mediante escrito presentado el veinticinco de noviembre de dos mil catorce en el juicio especial de alimentos 876/2012, el aquí tercero interesado Edgar Ernesto Torres Mejía, demandó en vía incidental la modificación del convenio de alimentos que celebró con la también tercera Manuela Etelvina Jiménez Trespalacios, el veintidós de abril de dos mil trece y que fue elevado a categoría de cosa juzgada el trece de marzo del año siguiente. 2) El veintisiete de noviembre de dos mil catorce, la juez responsable admitió a trámite el incidente de modificación de convenio y entre otros, ordenó correr traslado a la demandada Manuela Etelvina Jiménez Trespalacios, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniere y ofreciera las pruebas que considerara pertinentes. 3) Por auto de seis de mayo de dos mil quince, se dictó auto admisorio de pruebas, admitiéndose entre otras, la prueba testimonial ofrecida por la demandada con cargo a la aquí quejosa Ernestina Sofía Miro Rivera, a la que se ordenó citar por medio del actuario de la adscripción para que compareciera a las doce horas de dos de julio de dos mil quince para el desahogo de dicha diligencia, bajo el apercibimiento de que en caso de no acudir sin justa causa, además de imponerle una multa, se ordenaría su presentación por medio de la fuerza pública. 4) El quince de julio de dos mil quince, se fijaron las once horas del tres noviembre siguiente para el desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, turnándose los autos al fedatario adscrito a fin de que preparara las pruebas que así lo requirieran. 5) El diecisiete de noviembre siguiente, en atención a lo solicitado por el actor incidentista se señalaron las diez horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil dieciséis para que tuviera lugar el desahogo de las pruebas admitidas, requiriéndose nuevamente al fedatario adscrito para que realizara la diligencia encomendada. 6) En la fecha indicada se desahogaron únicamente las pruebas consistentes en la confesional y declaración de parte con cargo al actor y la demandada. 7) En proveído de trece de julio del año pasado, en atención a lo solicitado por el actor incidentista se señalaron las doce horas del veintiséis de septiembre siguiente para que la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos, por lo que se ordenó turnar los autos al actuario correspondiente a fin de que preparara las pruebas faltantes. 8) Con fecha diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se llevó al cabo la citación de la testigo hoy quejosa Ernestina Sofía Miro Rivera. 9) En diligencia de veintiséis de septiembre de la anualidad anterior, se hizo constar la inasistencia de la testigo, aquí quejosa Ernestina Sofía Miro Rivera, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de seis de mayo de dos mil quince y se le impuso una multa por el equivalente a veinte días de salario mínimo general vigente en la región a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado por desacato a un ordenamiento judicial y se ordenó su presentación por medio de la fuerza pública, así como girar oficio al Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal de esta ciudad (lo cual constituye el acto reclamado), asimismo se señalaron las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete para el desahogo de la prueba testimonial. 10) El tres de octubre de dos mil dieciséis se tuvo a la demandada incidentista exhibiendo una receta médica para justificar la inasistencia de la quejosa a la audiencia de veintiséis de septiembre anterior, con lo que se dio vista a su contraria para que manifestara lo que a su derecho conviniere. 11) Con fecha diez de octubre del año pasado se libró el oficio número 4420 al Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal para efectos de que comisionara elementos de la corporación a su cargo y presentara a la testigo en la fecha indicada. 12) El veintiocho del mismo mes, en atención a lo manifestado por el actor incidentista no se tuvo por justificada la inasistencia de la testigo, ahora quejosa, en razón de que la justificación debió hacerse valer precisamente en la audiencia de pruebas de veintiséis de septiembre del año pasado. 13) En proveído de veinticuatro de noviembre del año anterior, se tuvo por devuelto el oficio número 4420 por lo que se ordenó librarlo nuevamente dirigido al Secretario de Seguridad Pública Municipal. 14) Finalmente, el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, al no encontrarse preparada la testimonial a cargo de la quejosa, se difirió la continuación de la audiencia de pruebas y se fijó para su verificativo las diez horas con treinta minutos del once de abril del año en curso. Precisados los antecedentes del acto reclamado, se tiene que resultan infundados los conceptos de violación que hace valer la quejosa como se expone a continuación. A manera de preámbulo, es menester señalar que la medida de apremio es un acto por medio del cual, el Juez en uso de su facultad coactiva conferida por la ley, hace valer su autoridad a fin de que se cumplan en sus términos los mandatos por él mismo ordenados, lo que claramente es justificable, ya que de no existir esta atribución de las autoridades jurisdiccionales, los particulares de mala fe, fácilmente podrían evadir el cumplimiento de las órdenes dadas por la autoridad judicial. En el particular, dicha facultad coactiva es regulada por el artículo 144 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, que literalmente señala: "Artículo 144. Medios de apremio. Los juzgadores, para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio: I. Multa de veinte hasta doscientos salarios mínimos generales que se duplicarán en caso de reincidencia. La multa deberá pagarse dentro de un plazo máximo de cinco días comprobándose ante el juzgador de su cumplimiento, mediante la presentación de certificado o recibo correspondiente; II. El auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse en el momento en que sea solicitado; III. El arresto hasta por treinta y seis horas, después de haberse aplicado la medida a que se refiere la fracción I; y IV. La ruptura de cerraduras por orden escrita. Si la falta de cumplimiento llegare a implicar la comisión de un delito, se denunciarán los hechos a la autoridad competente. Los secretarios y notificadores podrán solicitar directamente y deberá prestárseles el auxilio de la fuerza pública, cuando actúen para cumplimentar una determinación del juzgador y podrán fijar sellos; pero sólo en tanto concluyen la diligencia respectiva." Como se aprecia, el legislador a través de la norma faculta al Juez, a fin de que pueda cumplir con su labor jurisdiccional y hacer valer su imperio, el uso de diversos medios coactivos, entre los que se encuentra hacer uso de la fuerza pública, los cuales, cabe destacar, la propia disposición legal que los contempla, no prevé un orden o prelación para su imposición, de suerte que ante la ausencia de un orden preestablecido por la ley, el Juez debe imponer las medidas de apremio que considere corresponden al caso, a su libre arbitrio, ajustando su actuar de acuerdo con la experiencia, la lógica y el buen sentido, con objeto de vencer la conducta reacia y desobediente del interesado, por el medio que juzgue eficaz para compeler al contumaz al cumplimiento de su determinación, con la única limitante, de que, como en cualquier acto de autoridad, respete las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en la Ley Suprema. Así, de una interpretación lógica de los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, las medidas de apremio deben cumplir las formalidades siguientes: a) La existencia de una determinación judicial, fundada en el precepto legal aplicable y debidamente motivada. b) Que deba ser cumplida por el quejoso, y c) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento que, de no obedecerla, se le aplicaría una medida de apremio precisa y concreta. En ese sentido, de la documental que el Juez responsable adjuntó a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias que integran el expediente 876/2012, de donde deriva el acto reclamado y, las cuales, se insiste, merecen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2, se advierte que en contraposición a lo alegado por la quejosa, dichas formalidades sí se cumplieron a cabalidad. Ello es así, pues las exigencias enunciadas en los incisos a) y b), se satisfacen con el proveído emitido en el juicio de origen el seis de mayo de dos mil quince, del que se advierte, en lo medular, que se conminó a la testigo, aquí quejosa Ernestina Sofía Miro Rivera, para que compareciera ante el Juez responsable a efecto de desahogar una diligencia testimonial, bajo apercibimiento que de no acudir sin justa causa, se le impondría una multa, sin perjuicio de ordenar su presentación por medio de la fuerza pública. La actuación de referencia, en la parte que aquí atañe, dice: "Con fundamento en los numerales 320, 321, 322, 323, 326, 327 del código adjetivo civil, cítese a los testigos ROCÍO CONCEPCIÓN BORJA LOZANO y ERNESTINA SOFÍA MIRÓ RIVERA, para que comparezcan a contestar el interrogatorio que en el acto se les formule, y deberán traer consigo credencial oficial que los acredite con el nombre con que se ostenta tales como la credencial de elector, pasaporte o cartilla del servicio militar nacional, ya que de no comparecer sin justa causa se harán acreedores a una multa de veinte días vigente en la región, que contempla el artículo 321 de ley que se viene invocando, a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, multa que se considera prudente y adecuada, ya que esta autoridad guarda un equilibrio de mesura y discreción, en virtud de que el precepto legal contempla hasta cincuenta días de salario mínimo multa, además de que sería la primera sanción; aunado a lo anterior no ocasionaría perjuicio alguno a los atestes, en caso de justificar su inasistencia o bien comparecer a la audiencia, dado que el legislador propuso lograr el mayor grado de realización de justicia; por ello este órgano sirve con exactitud al mismo fin del legislador, ya que de otra óptica el testigo que no justifique su inasistencia desacataría un mandamiento judicial, de ahí que la multa prevista se considera conveniente para que las personas que deban declarar ante esta autoridad judicial al ser citados en forma oportuna y legal no se aparten de su estricto deber de obediencia al ordenamiento positivo y tengan conocimiento de la consecuencia de su inasistencia injustificada lo anterior sin perjuicio de ser presentados por medio de la fuerza pública sanción prevista por los diversos 321 y 322 del ordenamiento legal que se viene invocando, ya que dada la trascendencia de la prueba se considera necesaria la medida prevista en virtud de que el retardo en el desahogo de alguna prueba se traduce en perjuicio para la pronta y oportuna administración de justicia que tutela nuestra Constitución Política y el principio de economía procesal previsto por el artículo 14 de la Ley procesal civil; al no dársele la celeridad debida en todo procedimiento (.)." Lo mismo ocurre con la formalidad citada en el inciso c), ya que de las constancias de referencia, se pone de relieve que existió una comunicación oportuna, mediante notificación personal, la cual, además de que se efectúo directamente con la obligada en el domicilio proporcionado por la oferente de la prueba, cumplió con los requisitos previstos en los artículos 153 y 322 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que señalan: "Artículo 153. Forma de las notificaciones personales. Las notificaciones personales se harán al interesado en el domicilio señalado para ello; en caso que el notificador no encontrare a la persona que deba notificar, le dejará cédula, misma que deberá contener los siguientes requisitos: a) El nombre y apellido del promovente; b) El tribunal que mande practicar la diligencia; c) La determinación que se mande notificar, individualizándola por su fecha, y por la mención del negocio y expediente en que se dictó; d) La fecha y hora en que se deja; e) El nombre y apellido de la persona a quien se entrega; y f) El nombre, apellido y cargo de la persona que practique la notificación." "Artículo 322. Citación de los testigos. El juzgador mandará citar a los testigos sólo cuando las partes que los ofrezcan manifiesten bajo protesta de decir verdad, que no pueden presentarlos para que declaren, debiendo hacérseles la citación con anticipación no menor de tres días de la fecha de la diligencia. A los que citados legalmente, dejaren de comparecer sin causa justificada, o habiendo comparecido se nieguen a prestar la protesta de decir verdad o a declarar, se les hará efectivo el apremio fijado en la citación y podrá ordenarse la presentación de los que no hayan asistido, por medio de la fuerza pública, o el arresto, independientemente de su consignación por desobediencia a la autoridad." Se concluye así, pues la notificación se realizó con más de tres días de anticipación, se precisó el nombre y apellido del promovente; el tribunal que mandó practicar la diligencia; la determinación que se mandó notificar, individualizada por su fecha y la mención del negocio y expediente en que se dictó; la fecha y hora en que se dejó; el nombre y apellido de la persona a quien se entregó y la firma de la funcionaria que la practicó; datos que indudablemente le permitieron conocer el alcance de la notificación y su factibilidad para acudir en forma correcta y oportuna a desahogar la prueba para la que fue citada, pues como se dijo, la notificación la recibió personalmente, todo lo cual, dejó asentado la fedataria pública responsable. El citatorio, que en realidad constituye la notificación misma, porque se insiste, desde un inicio la aquí quejosa fue localizada por la funcionaria que le realizó la notificación, en la parte que interesa, señala: "En cumplimiento a los proveídos de fecha seis de mayo del dos mil quince y trece de julio del dos mil dieciséis, dictados en el expediente número 876-3/2012, relativo al INCIDENTE DE MODIFICACIÓN DE CONVENIO promovido por EDGAR ERNESTO TORRES MEJÍA, en contra de MANUELA ETELVINA JIMÉNEZ TRSPALACIOS, la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, ordenó la preparación de las pruebas admitidas a las partes, por lo cual, en ese cumplimiento se le cita para que comparezca personalmente a la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, señalada para LAS DOCE HORAS DEL DÍA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, para contestar el interrogatorio que en el acto se le formule, y deberá traer consigo credencial oficial que lo acredite con el nombre con que se ostenta tales como la credencial de elector, pasaporte o cartilla del servicio militar nacional, ya que de no comparecer sin justa causa se hará acreedora a una multa de veinte días vigente en la región, que contempla el artículo 321 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, multa que se considera prudente y adecuada, ya que esta autoridad guarda un equilibrio de mesura y discreción, en virtud de que el precepto legal contempla hasta cincuenta días de salario mínimo multa, además de que sería la primera sanción; aunado a lo anterior no ocasionaría perjuicio alguno a los atestes, en caso de justificar su inasistencia o bien comparecer a la audiencia, dado que el legislador propuso lograr el mayor grado de realización de justicia; por ello este órgano sirve con exactitud al mismo fin del legislador, ya que de otra óptica el testigo que no justifique su inasistencia desacataría un mandato judicial, de ahí que la multa prevista se considera conveniente para que las personas que deban declarar ante esta autoridad judicial al ser citados en forma oportuna y legal no se aparten de su estricto deber de obediencia al ordenamiento positivo y tengan conocimiento de la consecuencia de su inasistencia injustificada lo anterior sin perjuicio de ser presentada por medio de la fuerza pública sanción prevista por los diversos 321 y 322 del ordenamiento legal que se viene invocando, ya que dada la trascendencia de la prueba se considera necesaria la medida prevista en virtud de que el retardo en el desahogo de alguna prueba se traduce en perjuicio para la pronta y oportuna administración de justicia que tutela nuestra Constitución Política y el principio de economía procesal previsto por el artículo 14 de la Ley procesal civil; al no dársele la celeridad debida en todo procedimiento." De lo hasta aquí expuesto, se advierte que no se violó garantía alguna contra la quejosa ya que, como se ha visto, además de ser las medidas de apremio una facultad coactiva que la ley otorga a los Juzgadores a efecto de hacer cumplir sus determinaciones; en el particular, su imposición cumple con los requisitos que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen, de tomar en consideración que se le hizo del conocimiento no sólo el mandamiento de la autoridad judicial, sino también la consecuencia que se generaría para el caso de no cumplirlo sin causa justificada, de ahí que la medida de apremio impugnada, es apegada a la legalidad, pues no obstante de tener pleno conocimiento del apercibimiento origen del acto reclamado, la quejosa se mantuvo renuente, esto es, sin causa justificada desacató el mandamiento legítimo de autoridad, por lo que, resulta patente que la responsable actuó conforme a derecho al hacerlo efectivo. Sin que obste a lo anterior que Lizette González Díaz, autorizada de la demandada incidentista mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, exhibió una receta médica de veintidós del mismo mes para justificar la inasistencia de la aquí quejosa a la audiencia de veintiséis de septiembre siguiente; ya que como lo indicó el juez de origen en acuerdo de veintiocho de octubre del año pasado, tal documental al no presentarse en la audiencia de pruebas pese a que la citada profesionista compareció a la diligencia, no era suficiente para tener por justificada su inasistencia. Corolario de lo razonado, ante lo infundado de los motivos de inconformidad esgrimidos por la impetrante de garantías Ernestina Sofía Miro Rivera, lo que procede es negar la protección que de la justicia Federal solicitó, pues como se vio, el medio de apremio ordenado por el Juez de la causa, consistente en su presentación por medio de la fuerza pública, tiene como única finalidad conseguir el cumplimiento de una determinación decretada en el juicio de origen, en el particular, el desahogo de una prueba a su cargo, la cual, además de no ser restrictiva de libertad, fue implementada cumpliendo cabalmente los requisitos estatuidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la que adolece el acto de la autoridad ordenadora, que como se ha visto no es violatorio de garantías. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las tesis de jurisprudencia invocadas a pie de página en este asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente juicio, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Ernestina Sofía Miro Rivera, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de la licenciada Lorena Morales Saldierna, Secretaria del propio juzgado que autoriza. Doy fe.-

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; quince de febrero de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tienen por rendidos los informes justificados de la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares y del Secretario de Seguridad Pública de Acapulco, Guerrero, residentes en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Asimismo, en términos del numeral 9 de la Ley de Amparo, téngase de la autoridad mencionada en segundo término, como sus delegados a las personas que designa en su informe de mérito. Respecto de las constancias remitidas por la primera autoridad citada anteriormente, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta copia certificada del expediente 876-3/2012, del que derivan los actos reclamados; fórmense por separado el tomo I, de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte del Secretario de este órgano jurisdiccional.

  4. Incidental

    Vistos los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 45/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO.- El quejoso Ernestina Sofía Miro Rivera, solicitó la suspensión definitiva de los actos y autoridades que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORA: 1.- Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares. EJECUTORA: 2.- Secretario de Seguridad Pública. Residentes en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: La orden de presentación por medio de la fuerza pública, la cual refiere fue emitida por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, mediante auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, dentro de las actuaciones que integran el expediente 876/2012-III, del índice de dicho órgano jurisdiccional, lo anterior con motivo de su inasistencia a la audiencia de pruebas de veintiséis de septiembre del año pasado, del citado juicio, en el que tiene el carácter de testigo. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión; se proveyó lo procedente respecto de la suspensión provisional; se pidió a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. El Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, al rendir su informe previo aceptó el acto que se le reclama, el cual quedo precisado en el primer considerando de esta interlocutoria. Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública, residente en esta ciudad al rendir su informe previo negó la conducta que se le atribuye, sin embargo, se tiene por cierta la ejecución de los mismos, dada la certeza respecto del Juez citado anteriormente, pues dada la calidad de ejecutora con la que fue designado, en cualquier momento pueden recibir órdenes para cumplimentar la orden de presentación. Ahora, ante la certeza de los actos reclamados y al cumplirse los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, puesto que la medida cautelar fue solicitada y no se sigue el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que no sea detenida con motivo de la orden de presentación dictada en su contra; hasta en tanto reciban notificación de la resolución que se dicte sobre la sentencia ejecutoriada que se dicte en el fondo del amparo. Esta medida cautelar surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe ante este juzgado federal dentro del término de cinco días garantía en billete de depósito de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $8,000.00 (ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, pero de elegir que aquélla la constituirá en billete de depósito, en éste se debe indicar que será para que surta sus efectos la suspensión definitiva; a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar a la parte tercero interesada con la concesión de esta medida suspensiva, en caso de que la resolución del juicio de amparo del que deriva este asunto sea adversa a sus intereses, suma que además, se fija en uso de la facultad discrecional que a este Órgano de Control Constitucional confiere el numeral 135 de la Ley de Amparo, por no contar con datos precisos de los que pudiera desprenderse la cuantificación de los daños o perjuicios que pudieran generarse. Sin que lo anterior, releve a la parte quejosa de la obligación impuesta por el juez responsable de presentarse al desahogo de la prueba a su cargo, pues conforme con el artículo 271 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, está obligada en todo tiempo a prestar auxilio a los tribunales en la averiguación de la verdad; por lo que, con apoyo en el artículo 138 de la ley de la materia, queda obligada la incidentista a acudir ante el juez responsable al desahogo de la prueba ofertada a su cargo, tantas veces sea citado; en el entendido que de no hacerlo así, una vez que este órgano jurisdiccional fuere informado de su omisión se revocará la suspensión concedida. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 128, 138, 140 y 144, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se concede a Ernestina Sofía Miro Rivera, la suspensión definitiva que solicitó en términos de lo expuesto en el único considerando de esta resolución. Notifíquese.

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