Ernestina Sánchez Santiago

Expediente 1683/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1683/2014
Año
2014
Actuaciones
3
Última actuación
17/02/2015

Partes del expediente

  • Ernestina Sánchez Santiago

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V A Agréguese el oficio I-556, signado por el juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por el que acusa recibo del diverso 867, con el que se remitió el juicio de amparo 1683/2014 del índice de este Juzgado, e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto. En consecuencia, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente cuaderno como concluido. Por otra parte, se estima que este cuaderno de antecedentes carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento; por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a su destrucción, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I, del invocado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA V A Vistos los autos de los que advierte que la quejosa ERNESTINA SÁNCHEZ SANTIAGO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades: NÚM. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DE INFORME FOJA 1 DELEGADO ESTATAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN OAXACA. NIEGA 54 2 SUBDELEGADA DE PRESTACIONES DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. ACEPTA 55 a 60 De quienes reclamó: IV.- ACTOS RECLAMADOS: - - -a) La aplicación por parte de las autoridades responsables, a esta parte quejosa de una norma general que ya ha sido declarada inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007. - - -b) Como consecuencia la aplicación de la norma general declarada inconstitucional (artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007) los inconstitucionales descuentos realizados por parte de las autoridades responsables a mi pensión ´por viudez, misma a la que tengo derecho como se justifica en el cuerpo de la presente demanda. - - -c) Como consecuencia de la aplicación de la norma general a que me he referido anteriormente, se reclama de las autoridades responsables la violación a mis derechos fundamentales contenidos en el artículo 123 apartado B, fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, conviene destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de la naturaleza ejecutable o no del acto reclamado en el juicio constitucional, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Establecido lo anterior, debe destacarse que la peticionaria del amparo, esencialmente, reclama a través del presente juicio del delegado Estatal y subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, los descuentos realizados a su pensión por viudez bajo el concepto 48 "compatibilidad de pensión artículo 51" . Por tanto, si los actos reclamados por la quejosa se hacen consistir en los descuentos realizados a su pensión por viudez bajo el concepto 48 "compatibilidad de pensión artículo 51"; es claro que estos actos tienen naturaleza positiva. De ahí que resta distinguir si se ejecutan en un lugar o en diferentes para ubicarlos en el primer párrafo o en el segundo, según corresponda, del citado numeral 37 de la Ley de Amparo. En tal sentido, conviene destacar que de acuerdo con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el pago de pensión está intrínsecamente ligado al lugar del domicilio del pensionado, tal como se aprecia de los siguientes numerales: LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete): ARTÍCULO 80. Si un pensionista desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los familiares derechohabientes con derecho a la pensión, disfrutarán de la misma en los términos del artículo 76 con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del pensionista, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el pensionista se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus familiares. Cuando se compruebe el fallecimiento del pensionista, la transmisión será definitiva. LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (vigente a partir del 1º de abril de dos mil siete): ARTÍCULO 16. El Pensionado que traslade su domicilio al extranjero, continuará recibiendo su Pensión, siempre que los gastos administrativos de traslado de los fondos respectivos corran por cuenta del Pensionado. Esta disposición será aplicable a los seguros de riesgos del trabajo, invalidez y vida, y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. ARTÍCULO 105. El PENSIONISSSTE tendrá las facultades siguientes: I. Abrir, administrar y operar las Cuentas Individuales de los Trabajadores en los mismos términos que las Administradoras; II. Recibir las Cuotas y Aportaciones de seguridad social correspondientes a las Cuentas Individuales y los demás recursos que en términos de esta Ley puedan ser recibidos en las Cuentas Individuales, excepto las de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda; (.) VII. Enviar, por lo menos dos veces al año, al domicilio que indiquen los Trabajadores, sus estados de cuenta y demás información sobre sus Cuentas Individuales y el estado de sus inversiones, destacando en ellos las Aportaciones de las Dependencias y Entidades, del Estado y del Trabajador, y el número de días de cotización registrado durante cada bimestre que comprenda el periodo del estado de cuenta, así como las comisiones cobradas; (.) ARTÍCULO 137. Si un Pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva. Conforme estos numerales, tanto la anterior Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como la vigente, ligan el pago de pensión al domicilio del pensionado, situación que atiende a una lógica natural por ser razonablemente el lugar en el que cobre y disfrute de su pensión, toda vez que al causar baja del servicio activo ya no está ligado a su lugar de trabajo sino a su domicilio particular en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza. En esa tesitura, puede afirmarse válidamente que la retención y descuentos realizados a las pensiones de viudez y jubilación, así como su falta de pago, que se traducen en un pago de forma incorrecta hacia el pensionado, tienen efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito privado o íntimo de las personas, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio de éstas, por lo que, en consecuencia, dichos efectos se materializan también en este atributo de la personalidad. En relación con el domicilio, cabe decir que el Código Civil Federal, establece: ARTÍCULO 29. El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encontraren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses. ARTÍCULO 30. El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. ARTÍCULO 31. Se reputa domicilio legal: I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto; II. Del menor de edad que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; III. En el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte conforme a las circunstancias previstas en el artículo 29; IV. De los cónyuges, aquel en el cual éstos vivan de consuno, sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el artículo 29; V. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados; VI. De los servidores públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses; VII. De los funcionarios diplomáticos, el último que hayan tenido en el territorio del Estado acreditante, salvo con respecto a las obligaciones contraídas localmente; VIII. De las personas que residan temporalmente en el país en el desempeño de una comisión o empleo de su gobierno o de un organismo internacional, será el del Estado que los haya designado o el que hubieren tenido antes de dicha designación respectivamente, salvo con respecto a obligaciones contraídas localmente; y IX. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido. ARTÍCULO 32. Cuando una persona tenga dos o más domicilios se le considerará domiciliada en el lugar en que simplemente resida, y si viviere en varios, aquel en que se encontrare. Del artículo 29 se advierte que se tiene como domicilio de las personas físicas: El lugar donde residen habitualmente, entendiéndose por esto, donde permanecen por más de seis meses; a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de estos dos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar en donde se encontraren. Los artículos 30 y 31 definen, uno, lo que debe entenderse por domicilio legal y, otro, los supuestos que se deben reputar como tal, debiéndose resaltar que si bien se prevé cuál será el domicilio legal de los servidores públicos (lugar donde prestan sus servicios), no se precisa cuál será el de los que ya no tengan esa calidad, caso en el cual por cuestión lógica se aplicará lo establecido en el aludido artículo 29, es decir, su domicilio convencional. En relación con el domicilio de las personas físicas, se advierte que los artículos 29 y 32 del Código Civil Federal establecen un sistema de exclusión, partiendo de reconocer que es aquel en donde éstas residen habitualmente y presumiendo que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses; en defecto de esa hipótesis, dichos numerales prevén otras que van excluyéndose hasta llegar a aquélla en que se tiene como domicilio a aquel en el que se encontrare la persona. Por tanto, la regla general de lo que debe considerarse como domicilio de una persona física es la que deriva de ese supuesto primario, esto es, aquel en donde reside habitualmente; lo anterior significa que sólo en el caso de que no se pueda determinar esa residencia deben aplicarse, en su orden, las hipótesis consecutivas, o bien, las del domicilio que se reputa legal. De este modo, si de acuerdo con lo expuesto, la retención y descuentos realizados a la pensión por viudez bajo el concepto 48 "compatibilidad de pensión artículo 51", tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito de los derechos pensionarios de las personas, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio de éstas; es evidente, en consecuencia, que dichos efectos se materializan, por seguridad jurídica, en el lugar de su domicilio y no en varios, de ahí que no tenga aplicación al caso la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo relativo a que: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda." Entonces, cuando se reclame los descuentos realizados a la pensión de viudez, debe considerarse competente, conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, primer párrafo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, en términos de lo que al respecto establece el Código Civil Federal, al ser éste el lugar en que debe entenderse tuvieron o tienen ejecución tales actos. Conclusión que es acorde con la voluntad del legislador acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de Amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos humanos. Bajo estas premisas debe decirse que de las pruebas aportadas por la quejosa, anexas a su demanda de amparo consistentes en los talones de pago (fojas 15 a 22), se conoce que la concesión de pensión por viudez, tiene radicado como lugar de pago en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Por tanto, es evidente que los descuentos realizados a la pensión por viudez bajo el concepto 48 "compatibilidad de pensión artículo 51", que se derivan con motivo de las normas que aquí se reclaman, se ejecutan en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. En tal virtud, toda vez que el lugar de pago de las pensiones por jubilación y por viudez a que se alude, está instrínsecamente ligado al domicilio de la beneficiaria por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unida a su centro de trabajo y, éste, en el caso, se ubica en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, pues como se ve, los descuentos, retenciones y falta de pago de que se duele la impetrante fueron ejecutados en ese lugar; la competencia para resolver este juicio de amparo se surte a favor del juez de Distrito en turno con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, en cuya jurisdicción tienen ejecución dichos descuentos, retenciones y falta de pago. Ello es así, toda vez que la población de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, se encuentra dentro del ámbito en el que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercen competencia, por razón de territorio, de conformidad con lo establecido en el punto cuarto, apartado XIII, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estatuye: ".CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: - - - XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de distrito con residencia en Salina Cruz. - - - Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: (.)Juchitán de Zaragoza,(.)". Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para resolver este juicio de amparo y, por ello, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, al que se estima competente para que siga conociéndolo, a quien se ordena remitir el expediente principal del presente juicio de amparo, así como el original y duplicado del cuaderno incidental, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado con copia certificada de las constancias respectivas. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 168, Tomo VII Conflictos Competenciales Primera Parte - SCJN Segunda Edición, materia administrativa, Novena Época del Apéndice 1917-septiembre de 2011, del tenor literal siguiente: PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Así también, se invoca en apoyo a esta determinación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 73, Volumen 217-228, Tercera Parte, materia común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto que a continuación se transcriben: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado. Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    POR LISTA: MESA V A Vistos los autos de los que advierte que la quejosa ERNESTINA SÁNCHEZ SANTIAGO, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las siguientes autoridades: NÚM. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DE INFORME FOJA 1 DELEGADO ESTATAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN OAXACA. NIEGA 54 2 SUBDELEGADA DE PRESTACIONES DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN OAXACA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. ACEPTA 55 a 60 De quienes reclamó: IV.- ACTOS RECLAMADOS: - - -a) La aplicación por parte de las autoridades responsables, a esta parte quejosa de una norma general que ya ha sido declarada inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007. - - -b) Como consecuencia la aplicación de la norma general declarada inconstitucional (artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007) los inconstitucionales descuentos realizados por parte de las autoridades responsables a mi pensión ´por viudez, misma a la que tengo derecho como se justifica en el cuerpo de la presente demanda. - - -c) Como consecuencia de la aplicación de la norma general a que me he referido anteriormente, se reclama de las autoridades responsables la violación a mis derechos fundamentales contenidos en el artículo 123 apartado B, fracción XI, inciso A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, conviene destacar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de la naturaleza ejecutable o no del acto reclamado en el juicio constitucional, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, y 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Establecido lo anterior, debe destacarse que la peticionaria del amparo, esencialmente, reclama a través del presente juicio del delegado Estatal y subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, los descuentos realizados a su pensión por viudez bajo el concepto 48 "compatibilidad de pensión artículo 51" . Por tanto, si los actos reclamados por la quejosa se hacen consistir en los descuentos realizados a su pensión por viudez bajo el concepto 48 "compatibilidad de pensión artículo 51"; es claro que estos actos tienen naturaleza positiva. De ahí que resta distinguir si se ejecutan en un lugar o en diferentes para ubicarlos en el primer párrafo o en el segundo, según corresponda, del citado numeral 37 de la Ley de Amparo. En tal sentido, conviene destacar que de acuerdo con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el pago de pensión está intrínsecamente ligado al lugar del domicilio del pensionado, tal como se aprecia de los siguientes numerales: LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete): ARTÍCULO 80. Si un pensionista desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los familiares derechohabientes con derecho a la pensión, disfrutarán de la misma en los términos del artículo 76 con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del pensionista, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el pensionista se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus familiares. Cuando se compruebe el fallecimiento del pensionista, la transmisión será definitiva. LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (vigente a partir del 1º de abril de dos mil siete): ARTÍCULO 16. El Pensionado que traslade su domicilio al extranjero, continuará recibiendo su Pensión, siempre que los gastos administrativos de traslado de los fondos respectivos corran por cuenta del Pensionado. Esta disposición será aplicable a los seguros de riesgos del trabajo, invalidez y vida, y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. ARTÍCULO 105. El PENSIONISSSTE tendrá las facultades siguientes: I. Abrir, administrar y operar las Cuentas Individuales de los Trabajadores en los mismos términos que las Administradoras; II. Recibir las Cuotas y Aportaciones de seguridad social correspondientes a las Cuentas Individuales y los demás recursos que en términos de esta Ley puedan ser recibidos en las Cuentas Individuales, excepto las de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda; (.) VII. Enviar, por lo menos dos veces al año, al domicilio que indiquen los Trabajadores, sus estados de cuenta y demás información sobre sus Cuentas Individuales y el estado de sus inversiones, destacando en ellos las Aportaciones de las Dependencias y Entidades, del Estado y del Trabajador, y el número de días de cotización registrado durante cada bimestre que comprenda el periodo del estado de cuenta, así como las comisiones cobradas; (.) ARTÍCULO 137. Si un Pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, disfrutarán de la misma en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el Pensionado se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus Familiares Derechohabientes. Cuando se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la transmisión será definitiva. Conforme estos numerales, tanto la anterior Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como la vigente, ligan el pago de pensión al domicilio del pensionado, situación que atiende a una lógica natural por ser razonablemente el lugar en el que cobre y disfrute de su pensión, toda vez que al causar baja del servicio activo ya no está ligado a su lugar de trabajo sino a su domicilio particular en el cual recaen las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza. En esa tesitura, puede afirmarse válidamente que la retención y descuentos realizados a las pensiones de viudez y jubilación, así como su falta de pago, que se traducen en un pago de forma incorrecta hacia el pensionado, tienen efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito privado o íntimo de las personas, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio de éstas, por lo que, en consecuencia, dichos efectos se materializan también en este atributo de la personalidad. En relación con el domicilio, cabe decir que el Código Civil Federal, establece: ARTÍCULO 29. El domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de éstos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde se encontraren. Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses. ARTÍCULO 30. El domicilio legal de una persona física es el lugar donde la ley le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente. ARTÍCULO 31. Se reputa domicilio legal: I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto; II. Del menor de edad que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor; III. En el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte conforme a las circunstancias previstas en el artículo 29; IV. De los cónyuges, aquel en el cual éstos vivan de consuno, sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el artículo 29; V. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados; VI. De los servidores públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses; VII. De los funcionarios diplomáticos, el último que hayan tenido en el territorio del Estado acreditante, salvo con respecto a las obligaciones contraídas localmente; VIII. De las personas que residan temporalmente en el país en el desempeño de una comisión o empleo de su gobierno o de un organismo internacional, será el del Estado que los haya designado o el que hubieren tenido antes de dicha designación respectivamente, salvo con respecto a obligaciones contraídas localmente; y IX. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido. ARTÍCULO 32. Cuando una persona tenga dos o más domicilios se le considerará domiciliada en el lugar en que simplemente resida, y si viviere en varios, aquel en que se encontrare. Del artículo 29 se advierte que se tiene como domicilio de las personas físicas: El lugar donde residen habitualmente, entendiéndose por esto, donde permanecen por más de seis meses; a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; en ausencia de estos dos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar en donde se encontraren. Los artículos 30 y 31 definen, uno, lo que debe entenderse por domicilio legal y, otro, los supuestos que se deben reputar como tal, debiéndose resaltar que si bien se prevé cuál será el domicilio legal de los servidores públicos (lugar donde prestan sus servicios), no se precisa cuál será el de los que ya no tengan esa calidad, caso en el cual por cuestión lógica se aplicará lo establecido en el aludido artículo 29, es decir, su domicilio convencional. En relación con el domicilio de las personas físicas, se advierte que los artículos 29 y 32 del Código Civil Federal establecen un sistema de exclusión, partiendo de reconocer que es aquel en donde éstas residen habitualmente y presumiendo que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando permanezca en él por más de seis meses; en defecto de esa hipótesis, dichos numerales prevén otras que van excluyéndose hasta llegar a aquélla en que se tiene como domicilio a aquel en el que se encontrare la persona. Por tanto, la regla general de lo que debe considerarse como domicilio de una persona física es la que deriva de ese supuesto primario, esto es, aquel en donde reside habitualmente; lo anterior significa que sólo en el caso de que no se pueda determinar esa residencia deben aplicarse, en su orden, las hipótesis consecutivas, o bien, las del domicilio que se reputa legal. De este modo, si de acuerdo con lo expuesto, la retención y descuentos realizados a la pensión por viudez bajo el concepto 48 "compatibilidad de pensión artículo 51", tiene efectos jurídicos o consecuencias materiales en el ámbito de los derechos pensionarios de las personas, el cual se desenvuelve principalmente en el domicilio de éstas; es evidente, en consecuencia, que dichos efectos se materializan, por seguridad jurídica, en el lugar de su domicilio y no en varios, de ahí que no tenga aplicación al caso la hipótesis prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo relativo a que: "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda." Entonces, cuando se reclame los descuentos realizados a la pensión de viudez, debe considerarse competente, conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, primer párrafo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, en términos de lo que al respecto establece el Código Civil Federal, al ser éste el lugar en que debe entenderse tuvieron o tienen ejecución tales actos. Conclusión que es acorde con la voluntad del legislador acerca de que al atribuir competencia se atiende a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de Amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus derechos humanos. Bajo estas premisas debe decirse que de las pruebas aportadas por la quejosa, anexas a su demanda de amparo consistentes en los talones de pago (fojas 15 a 22), se conoce que la concesión de pensión por viudez, tiene radicado como lugar de pago en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Por tanto, es evidente que los descuentos realizados a la pensión por viudez bajo el concepto 48 "compatibilidad de pensión artículo 51", que se derivan con motivo de las normas que aquí se reclaman, se ejecutan en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. En tal virtud, toda vez que el lugar de pago de las pensiones por jubilación y por viudez a que se alude, está instrínsecamente ligado al domicilio de la beneficiaria por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unida a su centro de trabajo y, éste, en el caso, se ubica en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, pues como se ve, los descuentos, retenciones y falta de pago de que se duele la impetrante fueron ejecutados en ese lugar; la competencia para resolver este juicio de amparo se surte a favor del juez de Distrito en turno con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, en cuya jurisdicción tienen ejecución dichos descuentos, retenciones y falta de pago. Ello es así, toda vez que la población de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, se encuentra dentro del ámbito en el que los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercen competencia, por razón de territorio, de conformidad con lo establecido en el punto cuarto, apartado XIII, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que estatuye: ".CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: - - - XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de distrito con residencia en Salina Cruz. - - - Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: (.)Juchitán de Zaragoza,(.)". Por consiguiente, con apoyo en lo previsto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara que carece de competencia legal, por razón de territorio, para resolver este juicio de amparo y, por ello, declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, con residencia en Salina Cruz, al que se estima competente para que siga conociéndolo, a quien se ordena remitir el expediente principal del presente juicio de amparo, así como el original y duplicado del cuaderno incidental, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado con copia certificada de las constancias respectivas. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 168, Tomo VII Conflictos Competenciales Primera Parte - SCJN Segunda Edición, materia administrativa, Novena Época del Apéndice 1917-septiembre de 2011, del tenor literal siguiente: PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Así también, se invoca en apoyo a esta determinación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 73, Volumen 217-228, Tercera Parte, materia común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto que a continuación se transcriben: COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado. Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese personalmente.

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